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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07623-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07623-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00 Actor: José Leonardo Suárez Ramírez SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07623-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro1

Tema: Acción de tutela por registro y conformación del expediente en procesos
judiciales

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Leonardo Suárez Ramírez
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caquetá.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

Caquetá, porque, a su juicio: i) la Comisión Nacional, al ser “[…] ella a quien se dirige
las peticiones de información por parte de la FGN, era su deber garantizar la
RESERVA de dichas peticiones […]” relacionadas con la “[…] INDAGACIÓN PENAL
[…] (180016000552202311665) […]”; y ii) la Comisión Seccional, al “[…] subir al
expediente disciplinario seguido en contra del suscrito, las actividades desarrolladas
en la INDAGACIÓN PRELIMINAR seguidas en contra del Magistrado Instructor […]
INDAGACIÓN PENAL que se sigue en su contra (180016000552202311665) […]
en el proceso disciplinario […] radicado 180011102002-2020-00024 […]”:
vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, “[…] El sr Magistrado de la CSDJ de Caquetá Dr […] me
adelanta un proceso disciplinario en mi contra por una queja que contra mí interpuso
un abogado litigante […]”.

4. Indicó que, al magistrado que está tramitando el proceso disciplinario iniciado
en su contra lo “[…] denunci[ó] penalmente por sus arbitrariedades […] denuncia
penal seguida en contra de este Magistrado tiene el radicado
180016000552202311665 y la adelanta la Fiscalía delegada ante la H. Corte
Suprema de Justicia […]”.

5. Señaló que, “[…] En razón a lo anterior, la Fiscalía ordena a su Policía Judicial
una serie de actividades, las cuales son reservadas pues así lo establece la ley
adjetiva penal -art 212 B Ley 906/04 – cuando se está en fase de indagación previa
[…]”.

6. Manifestó que, “[…] Esta información que es reservada pues es producto de
una investigación penal, se solicitó ante la CNDJ (sic) […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

7. Expuso que, “[…] el Magistrado instructor de mi proceso disciplinario Dr […]
dispuso anexar estas piezas procesales que son reservadas a mi proceso
disciplinario, cuando ello NO TIENE NADA QUE VER CON EL ASUNTO QUE SE
VENTILA EN MI EXPEDIENTE DISCIPLINARIO […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Solicito se tutele mi derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y DERECHO
DE DEFENSA, pues actuaciones protegidas con RESERVA (RESERVA DE LA
ACTUACION PENAL) no tienen por qué ser ventilados en un proceso disciplinario.

2. Se debe eliminar del expediente digital disciplinario 202000024 carpeta
denominada 2ªInstancia, esas órdenes a Policía Judicial dadas por la Fiscalía
delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia, ya que son piezas procesales que
gozan de reserva y solo pueden aparecer al interior del expediente penal del cual
hacen parte […]”.2

9. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:

“[…] Este proceso se ha convertido en un verdadero ejemplo de MATONEO JUDICIAL
o Bullyng judicial pues el Magistrado instructor perdiendo toda objetividad ha realizado
todo suerte de actos arbitrarios que impiden que me defienda eficazmente […]”.

[…]

“[…] ESTAS ORDENES A POLICIA JUDICIAL DADAS POR LA FISCALIA
DELEGADA ANTE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al ser desarrolladas en
la fase de indagación previa de un proceso penal seguido en contra del Magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, ostentan la calidad de ser
RESERVADAS; lo que significa que no pueden ventilarse ni publicitarse en ningún
escenario diferente al penal […]”.

[…]

“[…] En otras palabras, el Magistrado instructor que se supone debe ser imparcial
pues así lo ordena el CGD (Ley 1952 de 2019) esta dejando constancia en mi
expediente digital que él tramita, que ÉL SABE QUE LO ESTAN INVESTIGANDO
PENALMENTE LA FGN y para que quede más claro, las peticiones de información
solicitadas a su superior COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL por parte
de la Policía Judicial (Policía Nacional) en cumplimento del programa metodológico

2 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, se anexan a mi proceso disciplinario
[…]”.

[…]

“[…] En conclusión, en mi expediente digital disciplinario NO TIENE QUE APARECER
LAS ACTUACIONES RESERVADAS QUE ADELANTA LA FGN EN CONTRA DEL
MAGISTRADO DE LA CSDJ MANUEL ENRIQUE FLOREZ […]”.3

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de enero de 2024: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá; iii)
negó la medida provisional solicitada por el actor; y iv) vinculó, como terceros con
interés legítimo, a la Fiscalía General de la Nación y a Alirio Calderón Perdomo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo su falta de legitimación en
la causa por pasiva o, en su defecto, negar las pretensiones de la acción de la
referencia. Al respecto manifestó lo siguiente:

“[…] De conformidad con los antecedentes enunciados en la acción de tutela, sea lo
primero precisar que si bien el accionante hace referencia en los hechos del ruego
tuitivo a lo acontecido con las determinaciones probatorias dictadas por los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia que han conocido del proceso penal de
radicación No. 180016000552202311665, y que aquellas fueron elevadas al
despacho de la Magistrada […], quien en segunda instancia fungió como ponente de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al conocer del recurso de queja que
interpuso el disciplinable (aquí accionante) dentro de la actuación sancionatoria de
radicación No 180011102000202000024 01, se advierte una falta de legitimidad en la
causa por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pues como viene de
verse el promotor de la tutela depreca que se ordene al Magistrado […] de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial el retiro de “todas las actuaciones de la Policía Judicial
que hiciera en desarrollo del programa metodológico de la FGN seguidas en contra
de dicho Magistrado” que obran en la “Carpeta denominada 2ª Instancia” del legajo
disciplinario señalado, petitum que solo podría cumplirse por el órgano jurisdiccional
que en la actualidad tiene bajo su competencia el proceso sancionatorio […]”.

[…]

3 Idem pie de página núm. 3 supra.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

“[…] En punto de tal responsabilidad debe decirse que ante las disposiciones
probatorias ordenadas en su momento dentro del radicado penal No.
180016000552202311665 por el doctor […] en su calidad de Fiscal 4° Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia y luego por el doctor […] también en calidad de Fiscal
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, las mismas fueron ingresadas al
expediente disciplinario No 180011102000202000024 01 por la Secretaría Judicial de
la Comisión Nacional cuando estaba al despacho el legajo para ser resuelto un
recurso de queja impetrado por el accionante, una vez resuelto el medio de
impugnación, la señalada dependencia, en cumplimiento de lo ordenado en el
resuelve de la decisión interlocutoria, mediante oficio SJ DFAV 41153 del 9 de
noviembre, remitió el cartulario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá, por lo que el expediente, se itera, ya no está bajo el conocimiento de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en cuanto a las pruebas ordenadas por los delegados del ente
acusador se encontró que la solicitud de los actos administrativos que daban cuenta
del nombramiento y posesión del Magistrado de la seccional […] no era un asunto
sobre el que la Magistrada ponente tenía la información a proveer, por lo que se
ordenó a la mentada dependencia darle trámite a la orden probatoria en lo que le era
de su resorte y correrle la solicitud de copias del expediente a la Comisión Seccional
en la que se encuentra el legajo disciplinario […]”.

[…]

“[…] si se mira lo acontecido con las pruebas ordenadas por los fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso penal No. 180016000552202311665,
que se inició con ocasión de las denuncias presentadas por el doctor José Leonardo
Suárez Ramírez, las mismas se dieron precisamente en relación con el proceso
disciplinario No. 180011102000202000024 01 y para poderlas atender debían ser
puestas en conocimiento de quienes debían armónicamente colaborar con la
autoridad judicial ordenante, luego no se vulnera la reserva legal al incorporar una
solicitud que dispuso la recolección de pruebas documentales y la inspección al
proceso disciplinario dado que aquello se encamina precisamente en atender la
prueba decretada por la autoridad competente.

Aunado a lo anterior, la reserva sumarial como garantía procesal tiene particular
relevancia respecto de los intereses del denunciado, quien podría considerar
vulnerados derechos fundamentales cuando se da a conocer el asunto que se
investiga a terceros sin legitimidad para conocer del averiguatorio; por lo que, en
atención a que a quién se denunció en el asunto penal de radicación No.
180016000552202311665 fue al Magistrado […] de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá, no se entiende como el accionante considera que se
le vulnera el derecho de defensa y el debido proceso al darle curso a la práctica de
las pruebas decretadas por los mencionados fiscales delegados […]”.

[…]

“[…] Por último y no menos importante la información que se ordenó recabar en las
órdenes a policía judicial no goza de reserva alguna pues los actos administrativos
que dan cuenta del tipo de vinculación de un funcionario judicial no están bajo esa
protección y por lo mismo hacer visible tal información no comporta trasgresión alguna
para ningún sujeto procesal […]”.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

12. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá solicitó negar la
acción de la referencia. Para tal efecto, sostuvo que:

“[…] Es necesario aclarar que el oficio SJDFAV41153 del 09/11/20233 fue enviado
por correo electrónico [...]@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co el 14/11/2023 y
recibido en secretaría de la seccional al email [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co; en
tanto la carpeta que fue denominada 2aInstancia fue enviada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial tal como lo certificó la Secretaria de esta Corporación
por oficio N° 0330 del 26/01/2024, y conforme se observa en el siguiente pantallazo,
específicamente el link 18001110200020200002401 en letra azul (ítem 341 pág.3
exp. digital):

Al abrir el correspondiente link adjunto en letra azul, se ve las 2 carpetas de primera
y segunda instancia, así:

Y al dar clic en la carpeta 02SegundaInstancia se observan los mismos 28 ítems que
obran en la carpeta denominada “2aInstancia” del expediente
18001110200220200002400 a cargo del Despacho que regenta el suscrito y de la
que solicita el accionante SUAREZ RAMIREZ sea excluida; por tanto, esos 28 ítems
fueron creados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como se observa en
el siguiente pantallazo, especialmente el ítem 024 nombrada ANEXOS OFICIO
SOLICITUD EXPEDIEN…, que contiene la Orden a Policía Judicial de la cual hace
mención el accionante en su escrito tutelar, así:

7

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

Es de advertir que al descargar la carpeta 02SegundaInstancia (Del Superior) y
copiarla en el expediente digital creado en One Drive del Despacho 02 de esta
Comisión Seccional, aparecen con la fecha de creación y el usuario o correo de la
persona que realizó dicho trámite, en este caso por la Secretaría, a continuación, se
toma pantallazo como actualmente obra la carpeta 2aInstancia, siendo la misma
recibida de la superioridad “02SegundaInstancia”, como se observa […]”.

Por lo anterior, el amparo demandado por el accionante carece de fundamento, pues
no es cierto que se le vulnere el derecho al debido proceso y de defensa por parte de
esta Comisión, es claro que la carpeta de segunda instancia fue creada por la
Comisión Nacional de Disciplina en conocimiento del recurso de queja, y no es posible
por parte de este instructor ordenar que se excluya o se elimine uno de sus ítems,
pues de hacerlo estaría incurriendo en una irregularidad calificable como delito o falta
disciplinaria.

Asimismo del recuento procesal no deja lugar a dudas, de la actitud dilatoria del
accionante en el proceso N° 18001110200220200002400, y que repite al presentar
una nueva acción de tutela, achacando trámites secretariales al suscrito magistrado,
en actitud temeraria a sabiendas como abogado y funcionario judicial el trámite que
se le da a los expedientes digitales conforme a los LINEAMIENTOS FUNCIONALES
DEL PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,
DIGITALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE, Circular PCSJC20-27 del
21 de julio de 2020 y Circular PCSJC21-6 del 18/02/2021, de donde entonces, no se
configura irregularidad alguna y por consiguiente no se vislumbra violación al debido
proceso y de defensa del accionante, más en las diligencias disciplinarias se han
respetado sus derechos, por ello no puede ser de recibo el amparo solicitado por el
actor, mientras que se ha actuado bajo los lineamientos de la Ley 1952 de 2019 y la
Constitución, encontrándose en el expediente cada una de las actuaciones de la
Comisión Seccional y en la Carpeta denominada 2aInstancia las de la Comisión

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

Nacional de Disciplina Judicial, por lo que sin más argumentaciones, solicito que la
presente acción de tutela sea DENEGADA por improcedente […]”.

13. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación de la solicitud de
tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las
siguientes razones:

“[…] Conforme a lo anterior como lo manifiesta el accionante la Fiscalía General de la
Nación se encuentra realizando la respectiva investigación dentro de la noticia
criminal número 180016000552202311665, sin embargo lo pretendido por el
accionante, se relaciona con la eliminación de las publicación de unas ordenes (sic)
de policía judicial dentro del expediente disciplinario 80011102002-2020-00024 a
cargo de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, por lo que no es
competencia de la Fiscalía General de la Nación ni el titular de este ente.

Lo anteriormente expuesto conlleva a concluir que frente a la FGN y el Fiscal General
de la Nación opera el fenómeno de falta de legitimación en la causa por pasiva y por
tanto deben ser desvinculados de la presente acción y no deberían pronunciarse
frente a la misma, en tanto la solicitud del accionante es de competencia de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá quien está a cargo del
expediente disciplinario […]”.

13.1. La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] Sin embargo, una de las órdenes que anexan como soporte de la acción fue
expedida el 12 de septiembre de 2023 dentro de la actuación radicada con el
número 180016000552202312844, a cargo de este Despacho, respecto a la
cual se precisa que se trata de un acto de indagación en el que la Fiscalía
ordenó obtener copia de la integralidad del expediente radicado con el número
18001112002202000024, para cuyo efecto el funcionario de policía judicial
remitió solicitud a la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
oficio de 26 de septiembre de 2023 y en la misma fecha, mediante correo
electrónico obtuvo la información requerida.

En lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, este Despacho
precisa que una de las órdenes que el accionante cuestiona como
irregularmente incorporada a la actuación disciplinaria sí fue emitida en el
marco de la indagación 180016000552202312844, actualmente a cargo de
este despacho; para su conocimiento, anexo copia de la solicitud, el mensaje
de correo electrónico y la respuesta ofrecida por la Secretaría de la Comisión […]”.

14. Alirio Calderón Perdomo guardó silencio en esta oportunidad procesal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

20. La Sala advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía
General de la Nación solicitaron su desvinculación de la solicitud de tutela, al
considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

21. Al respecto, es preciso indicar que, por un lado, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, fue notificada como autoridad demandada, en la medida en que
el actor indicó que dicha entidad no “[…] garantiz[ó] la RESERVA de dichas
peticiones […]” relacionadas con la “[…] INDAGACIÓN PENAL […]
(180016000552202311665) […]”; y por otra parte, la Fiscalía General de la Nación,
fue vinculada como tercero con interés legítimo, en la medida en que esta fue la
entidad que elevó peticiones a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto
de las cuales presuntamente no se garantizó la reserva.

22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.

23. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Problemas jurídicos

24. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar, si se debe proteger el derecho fundamental al debido
proceso invocado por el actor, el cual considera vulnerado porque, a su juicio: i) la
Comisión Nacional, al ser “[…] ella a quien se dirige las peticiones de información
por parte de la FGN, era su deber garantizar la RESERVA de dichas peticiones […]”
relacionadas con la “[…] INDAGACIÓN PENAL […] (180016000552202311665)
[…]”; y ii) la Comisión Seccional, no debió “[…] subir al expediente disciplinario
seguido en contra del suscrito, las actividades desarrolladas en la INDAGACIÓN
PRELIMINAR seguidas en contra del Magistrado Instructor […] INDAGACIÓN

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

PENAL que se sigue en su contra (180016000552202311665) […] en el proceso
disciplinario […] radicado 180011102002-2020-00024 […]”.

25. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

9 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

Análisis del caso concreto

28. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Caquetá, porque, a su juicio: i) la Comisión Nacional, al ser “[…] ella a quien se dirige
las peticiones de información por parte de la FGN, era su deber garantizar la
RESERVA de dichas peticiones […]” relacionadas con la “[…] INDAGACIÓN PENAL
[…] (180016000552202311665) […]”; y ii) la Comisión Seccional, al “[…] subir al
expediente disciplinario seguido en contra del suscrito, las actividades desarrolladas
en la INDAGACIÓN PRELIMINAR seguidas en contra del Magistrado Instructor […]
INDAGACIÓN PENAL que se sigue en su contra (180016000552202311665) […]
en el proceso disciplinario […] radicado 180011102002-2020-00024 […]”:
vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

29. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

31.1. Anexos que allegó el actor con su escrito de tutela.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

31.2. Informes rendidos por las autoridades accionadas, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

32. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:

“[…] Este proceso se ha convertido en un verdadero ejemplo de MATONEO JUDICIAL
o Bullyng judicial pues el Magistrado instructor perdiendo toda objetividad ha realizado
todo suerte de actos arbitrarios que impiden que me defienda eficazmente […]”.

[…]

“[…] ESTAS ORDENES A POLICIA JUDICIAL DADAS POR LA FISCALIA
DELEGADA ANTE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al ser desarrolladas en
la fase de indagación previa de un proceso penal seguido en contra del Magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, ostentan la calidad de ser
RESERVADAS; lo que significa que no pueden ventilarse ni publicitarse en ningún
escenario diferente al penal […]”.

[…]

“[…] En otras palabras, el Magistrado instructor que se supone debe ser imparcial
pues así lo ordena el CGD (Ley 1952 de 2019) esta dejando constancia en mi
expediente digital que él tramita, que ÉL SABE QUE LO ESTAN INVESTIGANDO
PENALMENTE LA FGN y para que quede más claro, las peticiones de información
solicitadas a su superior COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL por parte
de la Policía Judicial (Policía Nacional) en cumplimento del programa metodológico
de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, se anexan a mi proceso disciplinario
[…]”.

[…]

“[…] En conclusión, en mi expediente digital disciplinario NO TIENE QUE APARECER
LAS ACTUACIONES RESERVADAS QUE ADELANTA LA FGN EN CONTRA DEL
MAGISTRADO DE LA CSDJ MANUEL ENRIQUE FLOREZ […]”.10

33. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que:

33.1. La carpeta que fue denominada “2aInstancia” fue enviada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Caquetá, tal como lo certificó la Secretaría de esta Corporación por oficio núm. 0330
de 26 de enero de 2024 y conforme se observa en el siguiente pantallazo:

10 Idem pie de página núm. 3 supra.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

33.2. El expediente del proceso disciplinario cuestionado por el actor, en efecto,
contiene 2 carpetas como se observa a continuación:

33.3. Dentro de los documentos que se encuentran en la carpeta denominada
“2aInstancia”, se observan las órdenes a la Policía Judicial dadas por la Fiscalía
General de la Nación y la ejecución de las mismas, conforme las cuales se le solicitó
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: i) “Documentación correspondiente al
nombramiento y posesión” del magistrado que tramita el proceso disciplinario del
actor y frente al cual el tutelante interpuso denuncia penal; y ii) allegar copia íntegra
del respectivo proceso disciplinario.

34. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, si bien el actor
manifestó que “[…] el Magistrado instructor de mi proceso disciplinario Dr […]
dispuso anexar estas piezas procesales que son reservadas a mi proceso
disciplinario, cuando ello NO TIENE NADA QUE VER CON EL ASUNTO QUE SE
VENTILA EN MI EXPEDIENTE DISCIPLINARIO […]”, lo cierto es que esos
documentos fueron anexados a dicho proceso por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

35. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, frente a haber anexado dichos
documentos al proceso disciplinario del actor, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial manifestó lo siguiente:

“[…] si se mira lo acontecido con las pruebas ordenadas por los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso penal No.
180016000552202311665, que se inició con ocasión de las denuncias
presentadas por el doctor José Leonardo Suárez Ramírez, las mismas se dieron
precisamente en relación con el proceso disciplinario No.
180011102000202000024 01 y para poderlas atender debían ser puestas en
conocimiento de quienes debían armónicamente colaborar con la autoridad
judicial ordenante, luego no se vulnera la reserva legal al incorporar una
solicitud que dispuso la recolección de pruebas documentales y la inspección
al proceso disciplinario dado que aquello se encamina precisamente en atender
la prueba decretada por la autoridad competente.

Aunado a lo anterior, la reserva sumarial como garantía procesal tiene particular
relevancia respecto de los intereses del denunciado, quien podría considerar
vulnerados derechos fundamentales cuando se da a conocer el asunto que se
investiga a terceros sin legitimidad para conocer del averiguatorio; por lo que,
en atención a que a quién se denunció en el asunto penal de radicación No.
180016000552202311665 fue al Magistrado […] de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá, no se entiende como el accionante considera
que se le vulnera el derecho de defensa y el debido proceso al darle curso a la
práctica de las pruebas decretadas por los mencionados fiscales delegados
[…]”.

[…]

“[…] Por último y no menos importante la información que se ordenó recabar en
las órdenes a policía judicial no goza de reserva alguna pues los actos
administrativos que dan cuenta del tipo de vinculación de un funcionario
judicial no están bajo esa protección y por lo mismo hacer visible tal
información no comporta trasgresión alguna para ningún sujeto procesal […]”.
(Resaltado por la Sala)

36. Al respecto, es necesario precisar que, mediante la Circular PCSJC20-27 de
21 de julio de 202011, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la expedición de
un “[…] PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,
DIGITALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE […]”, dentro del cual se
advierte que, frente a la conformación del expediente, se estableció los siguiente:

36.1. “[…] Conformación del expediente. Esta etapa incluye el análisis de los
documentos para identificar su clasificación, ubicación y archivo dentro del
expediente electrónico correspondiente. De la misma manera como ocurre con los

11“Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las
publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

documentos en soporte papel, cada uno de los documentos electrónicos creados,
recibidos o digitalizados, contiene información que refleja las actuaciones dentro de
un proceso judicial, los cuales se van agrupando naturalmente como resultado del
desarrollo de dicho proceso y se reúnen de manera ordenada en un expediente
electrónico sin importar su origen o formato (texto, audio, imagen, video) […]”.

36.2. Respecto de las pautas generales para la conformación del expediente, se
estableció:

“[…] En cualquiera de los casos señalados, para la conformación del expediente se
debe tener en cuenta lo siguiente:

• A partir del primer documento que se reciba, se dará apertura al expediente judicial
electrónico creando una carpeta electrónica para incorporar los nuevos documentos
que aporten en este formato los intervinientes en el proceso así como los que
produzca el despacho judicial, de manera que no se fragmente el expediente y se
mantenga su integridad y unicidad.

• Para respetar el orden natural de los documentos, estos deben ingresarse
cronológicamente siguiendo el orden de las actuaciones que los originan.

[…]

• La carpeta electrónica del proceso puede subdividirse en otras carpetas para
contemplar las etapas procesales y permitir la participación de todos los
despachos y personas intervinientes, en una sola ubicación electrónica. Estas
carpetas se denominan de conformidad con las etapas procesales, antecedidas de la
numeración 01,02,03… según su orden de creación:

01PrimeraInstancia (ó 01UnicaInstancia)
02SegundaInstancia
03RecursosExtraordinarios
04Ejecucion

[…]

• La estructura de clasificación de documentos electrónicos y carpetas de series,
subseries y expedientes no debe ser modificada ya que garantiza la organización
archivística y la unicidad del expediente […]”.

37. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la finalidad del registro
de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo dentro de un proceso judicial es
garantizar la integridad del expediente, permitiéndole a las partes del proceso tener
información veraz de lo que acontece con su proceso y respecto del mismo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

38. En ese orden de ideas, frente al registro realizado en el expediente del
proceso disciplinario seguido en contra del actor de las órdenes a la Policía Judicial
dadas por la Fiscalía General de la Nación y la ejecución de las mismas, conforme
las cuales se le solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: i)
“Documentación correspondiente al nombramiento y posesión” del magistrado que
tramita el proceso disciplinario del actor y frente al cual el tutelante interpuso
denuncia penal; y ii) allegar copia íntegra del respectivo proceso disciplinario; la
Sala advierte que no se configura vulneración alguna al derecho fundamental al
debido proceso del actor, en la medida en que: i) corresponden a solicitudes
hechas respecto de dicho proceso disciplinario; ii) para la obtención de dicha
información, era necesario poner en conocimiento de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá las
solicitudes mencionadas supra, es decir, estas debían darse a conocer con el fin
de atender la prueba decretada, puesto que son las autoridades que tienen acceso
a lo requerido en el proceso penal; y iii) la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
garantizó la integridad de dicho expediente, la transparencia de las actuaciones y
la colaboración armónica que debe darse entre las entidades del Estado.

39. Ahora bien, frente a la indagación preliminar y la figura de la reserva en
materia penal, la Corte Constitucional ha considerado12:

“[…] La actuación penal se inicia desde el momento en que la Fiscalía General de la
Nación tiene información de la noticia criminal por medio de denuncia, querella,
petición especial o por cualquier otro medio idóneo (art. 200 C.P.P.). No obstante, es
posible que la noticia criminal no tenga la información suficiente para iniciar la
acción penal, evento en cual se llevará a cabo una actuación preliminar,
anterior al proceso propiamente dicho, denominada indagación, cuya finalidad
es establecer la necesidad de darle curso al proceso y definir si el hecho
delictivo se cometió, cómo ocurrió y quiénes participaron en su realización.13

En esta primera fase de indagación, la Fiscalía determinará la existencia del hecho
delictivo, las circunstancias en que este se presentó e identificará a los autores o
partícipes. Es posible que los hechos no sean fáciles de verificar y no existan
elementos materiales que ayuden en la identificación del ilícito, siendo ese el caso,
la Fiscalía y las autoridades de policía judicial,14 deberán definir la conducta que va

12 Corte Constitucional, sentencia C-559 de 20 de noviembre de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Sentencias C-1194 de 2005, C-025 de 2009 entre otras.
14 ARTÍCULO 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro

de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso
penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes organismos: ||1. La Procuraduría General de la Nación.||
2. La Contraloría General de la República. || 3. Las autoridades de tránsito. || 4. Las entidades públicas que
ejerzan funciones de vigilancia y control. || 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los
establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

a ser objeto de investigación y juicio, mediante actividades y diligencias previas,
técnicas y científicas. Para desarrollarlas tendrá como límite el término de
prescripción de la acción penal.

Si por el contrario, existe información suficiente sobre la ocurrencia del delito, sobre
las circunstancias en que éste fue cometido y sobre sus autores, no se requiere
adelantar esta fase de indagación y se formulará la imputación.15 […]”.

[…]

“[…] Al respecto, es importante destacar que la jurisprudencia constitucional16 ha
dejado establecido que el derecho de defensa se puede ejercer desde la etapa
pre procesal de la indagación previa y durante la etapa de investigación anterior
a la formulación de imputación, ello en tanto “ni en la Constitución ni en los tratados
internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el
ejercicio del derecho de defensa. Como se ha dicho, el derecho de defensa es
general y universal, y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de
vista temporal. Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que
se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina
cuando finalice dicho proceso […]”.

[…]

“[…] Ahora, sobre la figura de la reserva en las actuaciones judiciales en materia
penal, este Tribunal en la sentencia T-920 de 200817 expresó que la misma es
excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva, por tanto “la autoridad
pública sólo tendrá la posibilidad de negar el acceso a los documentos o diligencias
cuando quiera que las mismas reúnan dichas condiciones y, esencialmente,
justifiquen la reserva de la información” Sobre el particular se afirmó lo siguiente:

“Dentro de las actuaciones judiciales la regla general es la aplicación del principio
de publicidad y que, por tanto, la aplicación de la reserva tiene carácter
restrictivo, pues debe estar definida claramente en la ley, bajo parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad (…) Así pues, la restricción del acceso del público
en general a un proceso judicial o a alguno de los componentes del expediente debe
estar explícitamente definida en la ley. Tal regla, por supuesto, es muchísimo más
exigente en lo que se refiere a las partes o intervinientes dentro del proceso,
pues respecto de éstos el acceso a las piezas procesales constituye uno de los
elementos básicos para hacer valer los derechos de contradicción y de
defensa”.

Respecto de la reserva frente a las partes, este Tribunal afirmó lo siguiente:

Penitenciario y Carcelario. || 6. Los alcaldes. || 7. Los inspectores de policía. || Parágrafo. Los directores de
estas entidades, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinarán los servidores públicos de
su dependencia que integrarán las unidades correspondientes.
15 ARTÍCULO 287. SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El fiscal hará

la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información
legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se
investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de
garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.
16 Ver entre otras, las sentencias C-799 de 2005, C-025 de 2009, C-127 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-920 de 2008 (MP: Clara Inés Vargas). En esta sentencia la Corte conoció

de un caso con los siguientes supuestos de hecho: (i) fue practicada una diligencia de allanamiento en la
residencia de un accionante sin dársele a conocer las razones que motivaban dicha actuación; (ii) el actor
pretendió ejercer su derecho de defensa cuestionando las actuaciones del órgano acusador, (iii) sin embargo,
la Fiscalía negó el acceso del afectado a la audiencia del artículo 237, manifestando que por tratarse de una
indagación preliminar dicho trámite se encontraba sujeto a reserva judicial.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

[…]

Es necesario que la Fiscalía distinga explícitamente, a partir de la Ley 906, cuáles
elementos se encuentran cobijados por la reserva y cuáles no. De hecho, frente al
caso concreto es necesario destacar que en la sentencia C-1154 de 2005 la Corte
reconoció que debido a las implicaciones inherentes a las órdenes de archivo, dicha
decisión no tiene carácter reservado sino que, por el contrario, debe ser comunicada
a las partes, especialmente a las víctimas y al Ministerio Público cuando quiera que
no exista indiciado conocido. También así, recordemos, conforme al artículo 267
debe concluirse que al indiciado se le debe comunicar el inicio de la indagación y,
especialmente, éste tiene derecho a saber las condiciones bajo las cuales se efectúa
un allanamiento y los argumentos que el juez de control de garantías aplicó para
efectuar la revisión de legalidad de la actuación (art. 238 C.P.P.)”.(Subraya fuera de
texto).

Bajo ese contexto, la Corte ha considerado que estas audiencias y diligencias de
carácter reservado tienen su origen en la “inherente prudencia” aplicable a las
actuaciones penales y desarrollada en virtud de una interpretación sistemática de los
artículos 2, 15, 28 y 74 constitucionales, “por cuanto el libre acceso de su contenido
podría atentar contra el interés general y desarticular la lógica que inspira al proceso
penal”.18

6.10. En lo que respecta a la etapa de indagación, debe entenderse que la misma
será reservada frente a algunos documentos en la medida en que se establecerá el
programa metodológico de la investigación, en virtud del cual “el fiscal ordenará la
realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos
fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al
descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la
individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación
de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.”19 Es decir, en esta
fase no existen pruebas20 y se convierte en un espacio para verificar la información
que contribuya en la materialización de una conducta punible y así, permitir la
individualización o identificación de sus probables autores o partícipes.21 […]”.

18 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
19 ARTÍCULO 207. PROGRAMA METODOLÓGICO. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal

encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación
y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo
amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación
del equipo investigativo.|| Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la policía
judicial, se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de
los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los criterios para evaluar la información; la
delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados; los
procedimientos de control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados
obtenidos. || En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la realización de
todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al
esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a
la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados
y a la asistencia y protección de las víctimas. || Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de
laboratorio serán ejercidos directamente por la po licía judicial.
20 Al respecto, en la sentencia C-1154 de 2005 la Corte Constitucional explicó lo siguiente: “En efecto, durante

la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente
‘pruebas’, salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el
indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas,
los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros”.
21 “Estructura del Proceso Penal”. Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses

Fiscalía General de la Nación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

40. La Sala precisa que: i) por regla general, las actuaciones de la
administración de justicia son públicas; ii) no es procedente eliminar los procesos
judiciales y sus actuaciones en la medida en que estos hacen parte de los archivos
de la Rama Judicial y tienen como propósito garantizar normas y principios de
orden superior; y iii) al interior de los procesos judiciales es procedente la adopción
de medidas en relación con los datos personales de carácter privado, semiprivado
o sensible.

41. Al respecto, la Sala advierte que la información que se ordenó obtener en
las órdenes a policía judicial no tiene reserva, en la medida en que corresponde a
un acto que certifica la vinculación de un funcionario judicial y a un expediente de
un proceso disciplinario en el que, por un lado, el sujeto disciplinable es la misma
persona que interpuso la denuncia en el proceso penal y, por otra parte, confluye
en la misma persona el denunciado en el proceso penal y el magistrado
sustanciador del proceso disciplinario, quien, cabe mencionar, ya ha de estar
informado sobre el inicio de la indagación; por lo cual, se insiste en que no se
advierte vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso del actor.

Conclusiones de la Sala

42. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones de la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307623-00
Actor: José Leonardo Suárez Ramírez

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra las
autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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