Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07626-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07626-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07626-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de abril de 2024
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07626 00
Demandante: Luis Fernando Gamba Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07626 00
Demandantes: Luis Fernando Gamba Carvajal y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defectos fácticos y desconocimiento del
precedente. Leishmaniasis. Libertad probatoria. Dictamen pericial
de parte para demostrar la pérdida de capacidad laboral de los
miembros de las Fuerzas Militares.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Luis Fernando Gamba Carvajal, Yuly Yesenia Gamba Carvajal y Paula
Andrea Gamba, quienes actúan en nombre propio, promovieron demanda en orden a
que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los
cuales consideraron vulnerados con la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 7 de diciembre
de 2023, dentro del proceso 11001 33 43 064 2018 00083 01.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el fallo acusado, y,
en su lugar, que se ordene al mencionado tribunal expedir nuevamente la sentencia
de segunda instancia y aplicar en debida forma las sentencias de unificación y las
sentencias que sobre el tema de indemnización de perjuicios observa el Consejo de
Estado y todos los tribunales y juzgados del país.
1.1.2. Los hechos
Los accionantes narraron los siguientes:
i) El señor Luis Fernando Gamba Carvajal entró de forma obligatoria a prestar servicio
militar a la Policía Nacional, en perfecto estado de salud, tal y como se certificó en los
rigurosos exámenes de ingreso.
ii) Durante la prestación del servicio militar, el señor Gamba Carvajal sufrió de la
enfermedad profesional de leishmaniasis, lo que le generó someterse a un tratamiento
glucatime y pérdida de la capacidad laboral.
iii) El Juzgado 64 Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de
la demanda de reparación directa incoada por el hoy accionante.
iv) La Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la anterior decisión.
1.1.3. Fundamentos de derecho
En sentir de los accionantes, el fallo del 7 de diciembre de 2023, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en
la violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en
atención a las siguientes circunstancias:
i) La sentencia cuestionada se profirió sin el número necesario de votos para ser
aprobada, ya que la aclaración allí presentada por uno de los magistrados es en
realidad un salvamento.
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ii) La misma Sala profirió más de 10 sentencias en las que declaró la
responsabilidad del Estado, en casos con contornos fácticos y jurídicos idénticos.
iii) Con la sentencia se volvió a la teoría del daño fisiológico, el cual ya no está
vigente en la Sección Tercera del Consejo de Estado.
iv) Se desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, dentro del expediente 68001 23 31 000
2002 02548 01 (36149), con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón (E), en
la que se fijó lo concerniente sobre el lucro cesante para los conscriptos, por no tener
una actividad laboral en el momento del daño.
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 1.º de marzo de 2024, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela de la referencia y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, como demandados, y a la Nación
(Ministerio de Defensa, Policía Nacional), y a los señores Alejandra Gamba Carvajal,
Gladys Inés Carvajal, Yenifer Gamba Carvajal, José Tito Antonio Gamba Vargas,
William Vitalino Delgado Carvajal, José Gabriel Carvajal y Esteban David Gamba
Carvajal, como terceros interesados en las resultas del proceso.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)
La mencionada entidad, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de la
presente acción de tutela, y pidió declararla improcedente, porque el asunto discutido
no tiene relevancia constitucional. Para tal efecto, argumentó lo siguiente:
i) Los accionantes pretenden utilizar la presente acción como una tercera
instancia, ya que la decisión acusada estuvo plenamente ajustada a la norma y a la
valoración de las pruebas bajo el principio de la sana crítica.
ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
para revocar el fallo de primera instancia, tuvo en cuenta los siguientes argumentos
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para denegar las pretensiones, tales como: a) para demostrar la incapacidad laboral,
la única prueba válida es la emitida por la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía; y b) no se probó la idoneidad profesional de
quien suscribió el dictamen pericial aportado por las partes.
iii) Los accionantes no desarrollaron dentro del escrito de tutela los requisitos
generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
iv) El amparo deprecado no representa la existencia de un perjuicio irremediable.
1.3.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
La referida corporación, por conducto de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por los siguientes motivos:
i) No es cierto que la sentencia cuestionada no haya sido acompañada por la
mayoría de los magistrados que integran la Sala de Decisión.
ii) No se cumplen los requisitos generales de procedencia, en especial, porque no
se explica cómo la decisión acusada afectó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
iii) Tampoco hay violación de los derechos fundamentales invocados, ya que la
sentencia de segunda instancia se surtió con el respeto de todas las garantías
procesales, así como para decidir se valoraron todas las pruebas.
iv) No hubo desconocimiento del precedente de unificación sobre el perjuicio moral
y daño a la salud, ya que, en aplicación a los criterios allí fijados, se le negó a la víctima
directa y a su núcleo familiar el reconocimiento de ese derecho.
v) Sobre el desconocimiento del precedente judicial sobre lucro cesante, este no
se materializa, pues no existe sentencia de unificación al respecto. A pesar de ello, en
el caso bajo examen se negó dicho reconocimiento, debido a que no se demostró que
la infección por leishmaniasis hubiese afectado la capacidad productiva del
demandante.
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vi) Si bien los accionantes mencionaron varias sentencias en las que se determinó
la «presunción de una actividad productiva a partir de la finalización del servicio militar
obligatorio, no se cumplió con la carga de precisar por qué esas sentencias no se
refieren a supuestos fácticos similares».
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 7 de diciembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción
de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492
de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
i) El 20 de marzo de 2018, el señor Luis Fernando Gamba Carvajal y su núcleo
familiar, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación (Ministerio de
Defensa, Policía Nacional), por los perjuicios sufridos por él en su calidad de
conscripto, debido a la enfermedad de leishmaniasis de la cual se contagió mientras
prestaba su servicio militar obligatorio.
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Para tal fin, los demandantes pidieron declarar administrativamente responsable a la
entidad accionada y, como consecuencia de ello, condenarla al pago de perjuicios
morales, daño a la salud y lucro cesante.
ii) El 3 de octubre de 2022, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Tercera, profirió sentencia de primera instancia, a través
de la cual declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación (Ministerio de Defensa,
Policía Nacional), y la condenó a pagar a los demandantes los daños materiales,
morales y a la salud.
Para efectos de lo anterior, el a quo estimó que el señor Luis Fernando Gamba Carvajal
sufrió una pérdida de su capacidad laboral del 10,5 %, derivada de la enfermedad
profesional de leishmaniasis cutánea, que se le diagnosticó mientras prestaba su
servicio militar obligatorio. En este orden, tuvo en cuenta el dictamen del 28 de febrero
de 2016, elaborado por la médica María Cristina Cortés Isaza.
iii) El 7 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por
la entidad demandada, revocó el fallo de primer grado, y denegó las pretensiones
incoadas por los hoy accionantes.
Al respecto, el ad quem, de manera previa, precisó que si bien el apoderado de los
demandantes allegó en los alegatos de conclusión diversas providencias del Tribunal
Administrativo de Antioquia y del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, en la que se le otorga valor probatorio a los dictámenes de parte,
suscritos por médicos en salud ocupacional para demostrar la pérdida de capacidad
laboral, lo cierto es que dichas decisiones «no constituyen precedente judicial porque
ninguna de las sentencias referidas es decisión que unifique el tema objeto de
discusión, esto es, la eficacia de los referidos dictámenes».3
3 Sobre este punto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, citó las siguientes
providencias de la Sección Primera, en la cuales se ha establecido que el único precedente obligatorio es el
proferido por el superior funcional, que en este caso, es la Sección Tercera del Consejo de Estado: « En esa
decisión, el Consejo de Estado cita las siguientes providencias: sentencia de 11 de febrero del 2016, Radicación
nro. 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC), C.P. Rocío Araujo Oñate. En cuanto al desconocimiento del precedente
vertical, de la Sección Primera, véase la sentencia de 9 de febrero de 2017. (C. P. María Elizabeth García
González.) Ref.: Expedientes acumulados núms (sic). 2016-02661-00, 2016-02707-00, 2016-02793-00, 2016-
02795-00, 2016-02797-00, 2016-02799-00, 2016-02801-00, 2016-02803-00, 2016-02805-00, 2016-02706-00,
2016-02708-00, 2016-02710-00, 2016-02794-00, 2016-02796-00, 2016-02798-00, 2016-02800-00, 2016-02802-00,
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Por otro lado, determinó que la enfermedad de leishmaniasis adquirida por el señor
Gamba Carvajal, durante el servicio militar es imputable a la entidad demandada; no
obstante, al momento de comprobar la calificación de la pérdida de capacidad laboral
por la prestación del servicio militar, concluyó que el Decreto 1796 de 2000 estableció
que solo las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional tienen competencia para valorar la pérdida de capacidad psicofísica de sus
miembros activos.
Pese a lo anterior, no desconoció que, sobre el tema particular, también existe libertad
probatoria, por lo que la idoneidad legal de la Junta Médico Laboral para calificar la
pérdida de capacidad laboral por la prestación del servicio militar no se opone a que
otros medios de prueba sean conducentes para definir la afectación en la salud de una
persona.
Sin embargo, en el caso sub lite, no se demostró la idoneidad de la perito que emitió
el concepto de pérdida de capacidad laboral del señor Luis Fernando Gamba Carvajal,
ya que ella no tiene la competencia legal para determinar dicha circunstancia para los
miembros de las Fuerzas Militares.
De igual modo, tampoco se demostró la existencia de los perjuicios morales, para lo
cual tuvo en cuenta la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso 50001 23 15 000 1999
00326 01 (31172) con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de La Hoz.
Por su parte, no reconoció la indemnización por daño a la salud, ya que no consta que
la leishmaniasis cutánea que sufrió el demandante cause una afectación a su
integridad psicofísica de tal magnitud que justifique una indemnización por ese
concepto.
Por último, y con relación al lucro cesante, el tribunal la negó porque ninguna prueba
acredita que el señor Gamba Carvajal percibiera algún ingreso laboral, ni consta que
2016-02804-00, 2016-02806-00, 2016-02807-00, 2016-02809-00, 2016-02808-00. ACTORES: MIGUEL ANTONIO
CARO BLANCO Y OTROS. Y las sentencias de 2 de marzo de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés)
Radicación número: 41001-23-31-000-2016- 00103-01(AC) Actores: GLORIA SOL ORTIGOZA CANGREJO, ALBA
LUZ ORTEGA PEÑA Y GLORIA ESPERANZA MARTÍNEZ OLAYA. Demandados: JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA Y OTRO y Radicación número: 11001-03-15-000-2016-
03189-00 (AC). Actor: BERNABÉ MOLINA GARCÍA. Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO -
SALA DE DECISIÓN DEL SISTEMA ORAL, entre otras».
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la lesión sufrida hubiese afectado esa capacidad, pues según la historia clínica, no
existió secuela o alteración de su aptitud física para trabajar.
iv) La magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos salvó su voto respecto de la decisión
de segunda instancia, pues, en su criterio, los elementos probatorios aportados al
plenario demuestran que el demandante sufrió una lesión durante la prestación de su
servicio militar obligatorio que, si bien no produjo una pérdida de capacidad laboral, sí
generó una secuela corporal a la víctima directa, por lo que debió reconocérseles la
indemnización por perjuicios morales y daño en la salud.
v) El magistrado Juan Carlos Garzón Martínez aclaró su voto con relación a la
sentencia de segunda instancia, bajo el argumento de que en el trámite judicial de
reparación directa existe libertad probatoria para demostrar la pérdida de capacidad
laboral.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el asunto sub lite
a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?: Sí, en la medida de que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad. Además, para la Corte Constitucional, la acción de reparación
directa desarrolla directamente el artículo 90 de la Constitución, la cual no tiene el
carácter de una controversia puramente económica, sino que tiene un alcance de
reparación integral del daño.4
De igual forma, se acredita tal presupuesto, ya que, si prosperan los argumentos
expuestos por los actores, eso demostraría la vulneración de los derechos
fundamentales referidos.
b) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez? Sí, comoquiera que
la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable, que no supera los 6
meses después de la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Administrativo de
4 Cfr. Sentencia T-018 de 2023.
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Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 7 de diciembre de 2023, dentro del
proceso 11001 33 43 064 2018 00083 01.
c) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
del medio de control de reparación directa que dio origen a la sentencia objeto
de la tutela de la referencia?
Sobre este punto, cabe advertir que este requisito se encuentra satisfecho
parcialmente, ya que si bien la providencia cuestionada se emitió en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, lo cierto es que el reparo tendiente a demostrar que la sentencia del 7
de diciembre de 2023 se aprobó con un número de votos diferente al establecido por
la ley, se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que prevé el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, el cual debe ser resuelto a través del recurso
extraordinario de revisión.5
Por consiguiente, esta corporación rechazará la acción de tutela de la referencia, solo
frente a la mencionada censura, y resolverá los demás argumentos al no enmarcarse
en alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión
o de unificación de jurisprudencia, propios de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
d) Por otro lado, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.
e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite ordinario de reparación directa.
2.5.2. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el asunto sub lite, para la Sala es pertinente aclarar que si bien los
accionantes no establecieron cuáles son los defectos que presenta la sentencia del 7
5 Al respecto, ver la sentencia del 31 de mayo de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, bajo el radicado 11001 03 15 000 2008 00294 00, con ponencia del magistrado
Mauricio Torres Cuervo. Posición reiterada recientemente en la sentencia del 15 de febrero de 2024, emitida por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001 03 25 000 2021 00194 00
(1138-2021), con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
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de diciembre de 2023, objeto de tutela, lo cierto es que los fundamentos se encuadran
en el defecto por desconocimiento del precedente vertical y horizontal en el tema de
la responsabilidad del Estado por la enfermedad de leishmaniasis de los conscriptos.
En primer lugar, los accionantes indicaron que la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció su propio precedente, toda
vez que la ponente en la sentencia objeto de tutela «consideró» que la enfermedad de
leishmaniasis en conscriptos no genera responsabilidad del Estado, máxime cuando
en otras providencias suscritas por ella sí se ha declarado esa consecuencia.
Sobre este punto, vale la pena indicar que la parte actora citó 6 sentencias emitidas el
30 de noviembre de 2023, por la referida corporación, bajo los radicados 11001 33 43
059 2020 00273 01, 11001 33 43 059 2021 00079 01, 11001 33 36 033 2020 00180
01, 11001 33 36 031 2020 00165 02 y 11001 33 43 061 2019 00244 02; sin embargo,
al revisar su contenido en el aplicativo SAMAI, se advierte que en todas ellas, al igual
que en el caso objeto de estudio, no se tuvo en cuenta el dictamen pericial de parte
para demostrar la pérdida de capacidad laboral, ya que, según lo allí considerado, solo
es conducente para tal fin el diagnóstico establecido por las autoridades médico-
laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
De igual modo, en ninguno de los casos mencionados, el tribunal reconoció perjuicios
materiales, ni el daño a la salud ni el lucro cesante, puesto que no se probó en debida
forma la pérdida de capacidad laboral de los allí demandantes, al igual que el señor
Luis Fernando Gamba Carvajal.
No obstante, y a pesar de que en los referidos procesos sí se reconoció el pago de
perjuicios morales por las secuelas sufridas por los demandantes, debido a las
afectaciones físicas derivadas de la leishmaniasis cutánea de la que fueron
diagnosticados mientras prestaban su servicio militar; lo cierto es que, en el caso sub
examine, el ad quem estableció que no había lugar al reconocimiento de dichas sumas
porque que no se probó la «aflicción, o el sentimiento de congoja de los padres y los
hermanos del señor Gamba Carvajal, ni conduce a inferir el trato familiar o afectivo
existente entre ellos, o la convivencia en el mismo hogar», lo cual no implica que se
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hayan desconocido los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de
los hoy accionantes.
Además, es claro que la autoridad judicial cuestionada, en virtud de su autonomía,
valoró las pruebas allegadas al plenario, para concluir que no había lugar a declarar la
responsabilidad del Estado deprecada.
En segundo lugar, los tutelantes adujeron que se desconoció la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, dentro del expediente 68001 23 31 000 2002 02548 01 (36149), con ponencia
del magistrado Hernán Andrade Rincón (E), en la que se fijó lo concerniente al lucro
cesante para los conscriptos, por no tener una actividad laboral en el momento del
daño.
No obstante, la Sala no comparte tal argumento, puesto que en la mencionada
sentencia se fijaron los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de
los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y el criterio para
reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona
que se privó injustamente de su libertad, lo cual no guarda identidad fáctica y
jurídica con la situación particular del señor Luis Fernando Gamba Carvajal.
Por último, la parte actora indicó que negar el daño a la salud, por no acreditar una
afectación funcional de un órgano, es un retroceso jurisprudencial, ya que, en su
parecer, se estaría aplicando el daño fisiológico que ya se abolió, lo cual desconoce
que el daño a la salud procede cuando se genera una alteración negativa a la salud y
no es necesario que exista una limitación de la función de un órgano.
Sobre este punto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en la sentencia tutelada, concluyó lo siguiente:
75. El daño a la salud es [un] perjuicio inmaterial causado por «una lesión o
alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del
derecho a la salud del individuo». Es decir que, contrario a lo afirmado por el
apelante, su reconocimiento depende de que se pruebe «la pérdida o alteración
anatómica funcional que disminuya la integridad corporal de la víctima».
76. Por eso, la tesis mayoritaria de esta sala es que la prueba de la disminución
de la capacidad laboral no determina una presunción o demostrar hechos como la
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Demandante: Luis Fernando Gamba Carvajal
alteración a la salud, o a las condiciones de vida, o al desempeño de actividades
cotidianas, entre otras.
77. Para el caso, no consta que la leishmaniasis cutánea que sufrió el
demandante cause una afectación a su integridad psicofísica de tal
magnitud que justifique una indemnización por ese concepto.
78. Entonces, como no se demostró la alteración a la salud o a las condiciones de
vida y al desempeño de actividades cotidianas del señor Luis Fernando Gamba
Carvajal, se revocará la indemnización reconocida por este concepto.
(Negritas fuera del texto)
De acuerdo con los apartes transcritos, no le asiste razón a los tutelantes, ya que no
es cierto que el tribunal de instancia hubiese exigido la acreditación de la afectación
funcional de un órgano para reconocer la mencionada indemnización. Por el contrario,
el ad quem, conforme a las pruebas del plenario, no encontró demostrada la afectación
a la salud del señor Luis Fernando Gamba Carvajal y, por ello, no accedió a la referida
pretensión.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo invocado, ya que el
defecto por desconocimiento del precedente no prosperó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, respecto del
argumento de que la sentencia del 7 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, fue aprobada con
un número de votos inferior al establecido en la ley, por las razones expuestas en el
literal c) del numeral 2.5.1., ut supra.
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Demandante: Luis Fernando Gamba Carvajal
Segundo. Denegar el amparo invocado por los señores Luis Fernando Gamba
Carvajal, Yuly Yesenia Gamba Carvajal y Paula Andrea Gamba, de acuerdo con lo
expuesto en este proveído.
Tercero. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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