Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07636-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07636-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07636-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
8 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07636-00
Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07636-00
Demandante: MARIA LILIANA VARGAS GUZMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Prepensión. Defecto fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Liliana Vargas Guzmán contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de diciembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la señora María Liliana
Vargas Guzmán pidió la protección de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
30 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001333500820180046701.
2. Pretensiones
La actora formuló las siguientes pretensiones:
3.1. Amparar los derechos fundamentales la seguridad social, la igualdad, al debido proceso, el
trabajo, el mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN «B»
con la decisión de segunda instancia proferida el día treinta (30) de junio de dos mil veintitrés
(2023), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2018-00467-
01.
3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha 30 de junio
de 2023, previamente identificada.
3.3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren de
forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en
el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de
manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
3. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora María Liliana Vargas Guzmán estuvo vinculada en la Unidad de Servicios
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Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en el cargo de directora de Infraestructura,
código 100, grado 23, de la planta global y bajo la modalidad de libre nombramiento y
remoción, desde el 14 de septiembre de 2016.
Mediante Resolución No. 001237 del 14 diciembre de 2017, el director de la USPEC
declaró insubsistente el nombramiento del cargo de la señora Vargas Guzmán.
La señora Vargas Guzmán presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la USPEC con el objeto de que se declarara la nulidad Resolución No.
001237 de 2017 y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro al
cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría, así como el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir
desde la fecha de retiro y hasta que se hiciera efectivo el reintegro.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de
Bogotá, que, por sentencia del 29 de junio de 2021, denegó las pretensiones de la
demanda. En concreto, consideró que los actos administrativos mediante los cuales se
declara insubsistente un empleo de libre nombramiento y remoción no requieren
motivación.
Que, en todo caso, la actora tampoco demostró la condición de prepensionada, porque
conforme con el reporte de semanas expedido por Colpensiones –con actualización al
7 de marzo de 2018–, se evidenciaba que las semanas de cotización reportadas a 28
de febrero de 2018, correspondían a 1.067, es decir, que le faltaban 233 (4,4 años)
para cumplir las semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Inconforme con la anterior decisión, la actora presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
sentencia del 30 de junio de 2023, la confirmó, básicamente por las mismas razones
del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La señora María Liliana Vargas Guzmán adujo que la sentencia del 30 de junio de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por cuanto incurrió en los siguientes defectos:
Defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Que el tribunal demandado no
valoró debidamente el reporte de semanas de cotización a seguridad social pensiones.
Que, en efecto, en la decisión acusada no se tuvo en cuenta el reporte de semanas
cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones con actualización al 24 de enero de
2019 (que también obraba en el expediente). Que si el tribunal hubiese valorado ese
reporte, habría concluido que la demandante, al momento de finalización de la relación
laboral, contaba con un total de 1190.86 semanas de cotización y que, por lo tanto, sí
tenía la condición de prepensionada.
En consecuencia, sostuvo que cumplía los requisitos contemplados en la Ley 790 de
2002, T-186 de 2013, T-693 de 2015- T-055 de 2020 y sentencia de unificación SU-003
de 2018, de la Corte Constitucional.
Por otro lado, adujo que el acto acusado incurrió en una falsa motivación, por cuanto
no buscó el mejoramiento del servicio, sino una sanción disciplinaria anticipada y,
además, omitió su condición de estabilidad laboral reforzada.
5. Trámite procesal
Por auto del 12 de enero de 2024, el Despacho Sustanciador admitió la de tutela y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados, a los magistrados del
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés, a la USPEC y al juez octavo
administrativo de Bogotá.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de enero de
20241.
6. Intervenciones
La juez octava administrativa de Bogotá, rindió informe en el que manifestó que
contrario a lo sostenido por la demandante, las sentencias de primera y segunda
instancia no incurrieron en defecto fáctico porque tuvieron en cuenta la totalidad de
semanas cotizadas probadas por la actora para el 28 de febrero de 2018,
correspondientes a 1067 semanas, cálculo en el que se tuvieron en cuenta tanto los
periodos cotizados ante Colpensiones, como las laborados entre el 10 de febrero de
1988 y al 28 de agosto de 1990.
El apoderado de la USPEC solicitó la desvinculación del presente trámite de tutela, con
fundamento en que el tribunal demandado confirmó la sentencia de primera instancia,
en consideración a que no existió falsa motivación del actor demandado, que no se
probó una desviación de poder y que la estabilidad laboral reforzada no tenía carácter
absoluto.
A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, no rindieron informe sobre los
hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la USPEC solicitó la desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala precisa que la USPEC no fue vinculada como demandado, sino en
calidad de tercero con interés directo, toda vez que intervino en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fueron dictadas las sentencias objeto de tutela.
La decisión que se adopte en el asunto de la referencia puede afectar a la USPEC, por
cuanto están comprometidas sentencias que fueron favorables a dicha entidad.
Siendo así, se desestima la solicitud de desvinculación de la USPEC, pues, se reitera,
tiene interés en el resultado de la acción de tutela de la referencia.
1 Índice 8 de Samai.
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Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
señora María Liliana Vargas Guzmán contra la sentencia del 30 de junio de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001333500820180046701, por presuntamente incurrir en defecto fáctico.
La Sala anticipa que la providencia acusada no incurrió en defecto fáctico, porque aun
cuando el tribunal no tuvo en cuenta el reporte de semanas de cotización a que hace
referencia la demandante, lo cierto es que esa prueba no tenía incidencia en la decisión.
En consecuencia, se denegará el amparo solicitado.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y finalmente, (iii)
análisis del caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por María Liliana
Vargas Guzmán cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que la
Sala debe determinar si la sentencia del 30 de junio de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en defecto
fáctico al no tener en cuenta el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido
por Colpensiones a 24 de enero de 2019, a juicio de la demandante, hubiera dado lugar
a acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia objeto de tutela se notificó mediante correo electrónico del 5 de julio de 2023
y la acción de tutela fue presentada el 19 de diciembre de 2023, esto es, luego de 5
meses y 14 días, dentro término razonable conforme a lo establecido por la Sala Plena
de esta Corporación4.
Además, cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que contra la
sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, no procede recurso alguno.
Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión. objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene
de la presunta indebida valoración probatoria.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona la
decisión de segunda instancia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
5. Análisis del caso concreto
Para determinar si la sentencia del 30 de junio de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en defecto
fáctico, corresponde traer, en lo pertinente, el análisis probatorio realizado por esa
autoridad judicial.
En la providencia acusada, el tribunal demandado inició por relacionar las siguientes
pruebas documentales:
Acervo probatorio. Se relacionan las pruebas aportadas por las partes que guardan relación con
el objeto de estudio:
a) Resolución Nro. 000797 del 14 de septiembre de 2016, por medio de la cual la señora María
Liliana Vargas Guzmán, fue nombrada en el cargo de Directora de Infraestructura código 100 grado
23, de la planta global de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, cargo del
cual tomó posesión el 14 de septiembre de 2016. Dicho nombramiento tuvo carácter ordinario y la
posesión se efectuó́ como de libre nombramiento y remoción (fl. 3).
b) Resolución No. 01105 del 22 de noviembre de 2017, proferido por el director general de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por medio de la cual se delegó́ al cargo
de Director de Infraestructura, desempeñado por la demandante la facultad de solicitar certificados
de disponibilidad presupuestal de traslados y reducciones, de los rubros presupuestales de su
competencia, así́ mismo, contratar las obras y consultorías para los establecimientos de reclusión
con independencia de la cuantía. (fs. 8 a 10).
c) Mensaje de datos enviado vía correo electrónico el 01 de diciembre de 2017, donde consta que
el asesor de la Dirección General de la USPEC, le solicitó a la actora que presentara a más tardar
el 4 de diciembre de dicha anualidad, su renuncia protocolaria, toda vez que la entidad desde el
28 de noviembre contaba con nueva administración (fl. 5).
d) Escrito radicado el 1o de diciembre de 2017, donde la señora María Liliana Vargas Guzmán
presentó la renuncia protocolaria al cargo que venía desempeñando, dirigida al director encargado
de la entidad (fl. 6).
e) Informe de dirección de infraestructura presentado el 1o de diciembre de 2017, donde se
indican los avances de los proyectos y contratos en ejecución de acuerdo con las funciones
ejercidas como directora de infraestructura (fs. 11 a 31).
f) Cedula de ciudadanía de la señora María Liliana Vargas Guzmán, donde consta que nació́ el
27 de octubre de 1960 (fl. 32).
g) Reporte de semanas cotizadas en pensiones proferido por Colpensiones, en el cual figura que
desde el 04 de abril de 1991 al 12 de febrero de 2018, la demandante reportó 935,43 semanas (fs.
33 a 38).
h) Copia del certificado de periodos de vinculación laboral de la demandante, expedido por el
Municipio de Popayán, donde consta la vinculación de la señora Vargas Guzmán en dicha entidad
territorial durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1988 al 28 de agosto de 1990.
i) Resolución Nro. 001237 del 14 de diciembre de 2017, por medio de la cual el director general
(e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, declaró insubsistente el
nombramiento de la señora María Liliana Vargas Guzmán en el cargo de Directora de
Infraestructura código 0100 grado 23, de libre nombramiento y remoción a partir del 14 de
diciembre de 2017, acto administrativo que le fue comunicado a la parte actora el 18 de diciembre
de 2017, por medio de Oficio I-2017-028219 suscrito por la coordinadora del grupo administración
de persona (fs. 38 y 39).
j) En diligencia adelantada en estrados judiciales por la juez Octava (8a) Administrativo del Circuito
de Bogotá, el día 6 de agosto de 2020, se recepcionaron los siguientes testigos quienes
manifestaron lo siguiente: (…)
Seguidamente, el tribunal demandado citó la sentencia SU-003 de 2018 de la Corte
Constitucional a partir de la cual consideró que la estabilidad laboral reforzada que la
actora perseguía no era absoluta y que el hecho de estar próxima a consolidar el estatus
pensional no producía un fuero de estabilidad relativa en el empleo de libre
nombramiento y remoción, más cuando era de dirección.
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Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
El tribunal precisó que, en todo caso, la actora tampoco acreditó los requisitos para ser
considerada prepensionada, pues conforme al reporte de semanas de cotización le
faltaban 4,4 años para cumplir las semanas mínimas. En los siguientes términos se
expresó la autoridad judicial:
En razón a lo expuesto, la Sala advierte que la estabilidad laboral reforzada que la actora persigue
en el sub-lite no tiene un carácter absoluto, y concretamente en este caso el hecho de estar
próximo a consolidar el status pensional, con el cumplimiento de los requisitos legales, no produce
un fuero de estabilidad relativa en el empleo de libre nombramiento y remoción, máxime si dicho
cargo es de dirección, adicional a esto como lo evidencio la a quo el número de semanas de
cotización reportadas para el 28 de febrero de 2018, se desprende que la demandante solo
contaba con 1.067, es decir, le faltaban 233 semanas (4,4 años) para cumplir las semanas
mínimas, por lo que tampoco acredita los dos requisitos para ser considerada prepensionada.
Con claridad frente a la relación probatoria y el análisis efectuado en la sentencia objeto
de tutela, la Sala comienza por decir que el tribunal demandado tuvo en cuenta el
reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones a 7 de marzo de 2018
(aportado con la demanda), mas no al que hace alusión la actora –reporte de semanas
a 24 de enero de 2019–, que fue radicado ante el juzgado de primera instancia el 25
de enero de 2019 y que arroja un número de semanas que difiere del reporte inicial.
No obstante, aun cuando la autoridad judicial demandada omitió la valoración de esa
prueba, lo cierto es que no incidía en la decisión que se adoptó en la sentencia del 30
de junio de 2023, pues, al margen de las semanas de cotización a pensiones, el tribunal
consideró que la actora no gozaba de estabilidad laboral reforzada porque el cargo que
ocupaba era de libre nombramiento y remoción de nivel directivo, argumento que, valga
señalar, la actora no cuestiona en el escrito de tutela.
De hecho, como se dijo, el tribunal se apoyó en la sentencia de unificación SU-003 de
2018 –que es la misma a la que hace referencia la demandante en el escrito de tutela–
, decisión en la que la Corte Constitucional señaló: “estas razones, asociadas, bien al
ejercicio de funciones de dirección, conducción u orientación institucional, ora de un alto grado
de confianza, justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso
a la carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en la aplicación de
los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de “prepensión”, en los términos de la
primera regla de unificación de esta sentencia. En consecuencia, tal como allí se indicó, por
regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que relaciona el
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada como
consecuencia, bien, de las funciones a su cargo o de la suma confianza que exige su labor”.
Lo anterior permite concluir que la sentencia del 30 de junio de 2023 no incurrió en
defecto fáctico y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela
presentada por la señora María Liliana Vargas Guzmán.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora María
Liliana Vargas Guzmán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
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Demandante: María Liliana Vargas Guzmán
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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