Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07642-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07642-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07642-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para el reconocimiento de una relación laboral
encubierta / Defectos fáctico y procedimental
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por Roberto David Madera Bertel, en contra
de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Roberto David Madera Bertel promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad
humana, trabajo y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Sucre, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70-001-33-33-003-2019-
00326-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la E.S.E Centro de Salud Cartagena de Indias de
Corozal, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo presunto,
por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
adeudadas con ocasión de los servicios profesionales proporcionados a través de
1
Ver índice 2 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«ED_1TUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
diversos contratos de prestación de servicios en el cargo de auxiliar de conducción
de ambulancia, del 1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2016.
ii) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo en sentencia del 31 de
enero de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó
el elemento de la subordinación. En contra de esta decisión el demandante interpuso
recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo del Sucre en sentencia del 19 de mayo de 2023 revocó
lo resuelto por el a quo al considerar que, si se acreditaron los tres elementos de la
relación laboral, incluido el de la subordinación, sin embargo, declaró probada de
oficio la excepción de prescripción extintiva en cuanto al pago de prestaciones
sociales, salvo los aportes pensionales, derivados del 1 de abril de 2012 al 31 de
enero de 2013.
iv) Sus derechos fundamentales le fueron vulnerados en tanto la corporación
demandada incurrió en defecto fáctico, en la medida en que no valoró el material
probatorio en su totalidad, pues desconoció que la vinculación fue hasta el 31 de
diciembre de 2016, al advertir «una supuesta prescripción por haber solución de
continuidad entre los contratos suscritos por el suscrito con la E.S.E. CENTRO DE SALUD
CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL, siendo que, en varios documentos aportados con
la demanda (folios 16, 37, 38, 39, 40, 41, 106, 107, 108, 109 y 110) es evidente que el nexo
causal entre las vinculaciones nunca se rompió», toda vez que además desconoció las
vicisitudes del caso, pues, dicho recaudo probatorio provenía de un proceso ordinario
laboral.
En defecto procedimental, toda vez que se apartó de la fijación del litigio realizada
por el Juzgado Segundo Promiscuo Civil Municipal de Corozal, el cual era establecer
si tenía derecho al pago de la indemnización por despido sin justa causa, la sanción
por no pago de las prestaciones y no consignación de las cesantías, así como la
reliquidación con inclusión de las horas extras y los recargos. Lo cual dista mucho
del centro del debate que se dio en el proceso administrativo, el cual sin revisar bien
el expediente retrotrajo el asunto a determinar si existía o no un contrato de trabajo,
cuando esto no era objeto de debate.
Asimismo, adujo desconocimiento del precedente judicial, por cual se inobservó los
precedentes de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aplicable a los casos
de contrato realidad.
Refirió que el magistrado Ponente Cesar Gómez Cárdenas no se declaró impedido
toda vez que fue quien conoció del proceso en primera instancia cuando ostentaba
el cargo de Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y actúo en
el momento de rechazar por error la demanda, al no haberse subsanado, cuando si
se hizo en debida forma.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
«[…] PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales del suscrito al
DEBIDO PROCESO JUDICIAL, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL DERECHO A
LA IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO AL TRABAJO, VIDA
DIGNA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DE LA LEY Y DEL PRECEDENTE JUDICIAL, los cuales fueron
conculcadas por la providencia aquí cuestionada.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de sucre dentro del
proceso en cita, y como consecuencia de ello, se dicte sentencia sustitutiva en el
presente asunto […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La E.S.E Centro de Salud Cartagena de Indias de Corozal2 solicitó se
negara el amparo pretendido ante la inexistencia de vulneración de derechos
fundamental, toda vez que el asunto se decidió conforme a las pruebas allegadas y,
las normas y jurisprudencia que regulan la materia.
No se configuraron las causales generales de procedencia y la verdadera intención
del demandante es convertir la tutela en una instancia adicional del proceso
contencioso.
Asimismo, su desvinculación del presente asunto por falta de legitimación de la
causa por pasiva en la medida que no carece de competencia para pronunciarse y
resolver sobre los hechos y las pretensiones invocadas por el accionante.
1.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo3 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
1.2.3. El Tribunal Administrativo del Sucre4 solicitó que se negara o, en su defecto,
se declarara improcedente la tutela toda vez que no se incurrió en ninguna causal de
procedencia de la tutela.
No se satisface las causales generales de procedencia, específicamente la de la
relevancia constitucional, ya que la verdadera intención del demandante es convertir
la tutela en una tercera instancia.
Luego de analizar el estudio de fondo, se concluyó que efectivamente los tres
elementos de una relación laboral si se configuraron, sin embargo, también el
2 Ver índice 8 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua
8»
3 Ver índice 10 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_2_2512024(.zip) NroActua 10»
4 Ver índice 11 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIAL_INFORMEDEACCIONTU(.pdf
) NroActua 11»
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
fenómeno de la prescripción de las prestaciones sociales que se derivarían del
contrato realidad, con excepción de los aportes pensionales que por su naturaleza
son imprescriptibles, y esta fue la razón por la cual se dispuso que para el
restablecimiento del derecho se debía tomar como base de liquidación el valor de los
honorarios pactados en cada uno de los contratos celebrados.
En cuanto a la solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión
de las horas extras y los recargos nocturnos, resulta improcedente en la medida en
que ello no se acreditó en el expediente.
Finalmente, respecto a la falta de declaración de impedimento por parte del
Magistrado Ponente, si bien es cierto como Juez Tercero Administrativo le
correspondió el reparto del trámite, no dictó ninguna actuación que resolviera el
fondo del asunto, ni fue quien profirió sentencia de primera instancia, no estaba
incurso en la causal de impedimento contemplada en el artículo 242 del CGP.
1.3 Sentencia de primera instancia5
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con sentencia del 19 de
febrero de 2024 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no
satisface los siguientes requisitos generales de procedencia:
• La relevancia constitucional, toda vez que la verdadera intención del demandante
es convertir la tutela en una instancia adicional del proceso ordinario, pues, la
mayoría de sus argumentos son los mismos que ya se debatieron por la autoridad
judicial demandada.
• La subsidiariedad, por cuanto el demandante pudo haber solicitado la adición de
la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se
pronunciara respecto a las pretensiones relativas al despido injustificado alegado
y respecto al señalamiento de que el Magistrado Ponente estaba impedido, pudo
acudir a «la recusación».
1.4. Escrito de impugnación6
Roberto David Madera Bertel impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en que es procedente el estudio de fondo del asunto, además de reiterar los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
La sentencia careció de un análisis riguroso de la situación, pues se limitó a desviar
el debate hacia lo insustancial, pues, no tuvo la intención de revisar los defectos
fáctico y procedimental en el cual incurrió el Tribunal Administrativo del Tolima,
cuando se refirió a múltiples fijaciones del litigio dentro del proceso.
5 Ver índice 14 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«21SENTENCIA_20230764200DOCXPDF(.pdf) NroActua 14»
6 Ver índice 18 de Samai del expediente 11001031500020230764200, en actuación denominada
«23_MemorialWeb_IMPUGNACIONDEFALLO(.pdf) NroActua 18»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
La fijación del litigio ya venía dada desde el proceso ordinario laboral, y no cuando
se declaró la falta de jurisdicción y competencia, así que no es dable otorgarle la
facultad al operador judicial de dar reapertura a etapas procesales que ya fueron
cerradas en virtud del principio de preclusión procesal.
Asimismo, basó su decisión en la separación de las vinculaciones por contratos de
prestación de servicios de los contratos laborales a término fijo y con ello desconoció
que se trataba de una única relación de trabajo sin solución de continuidad.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación
y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y; iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad?
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Roberto David Madera Bertel
De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se determinará si: ¿el Tribunal
Administrativo del Sucre vulneró los derechos fundamentales de Roberto David
Madera Bertel con ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2023 dictada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70- 001-33-33-003-
2019-00326-01, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento de
precedente judicial y en defectos fáctico y procedimental, al declarar probada la
excepción de prescripción?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia15, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Caso concreto
Roberto David Madera Bertel acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, trabajo
y acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia 19 de mayo de 2023, mediante la cual se declaró probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho que le asistía al demandante en cuanto al pago de
prestaciones sociales, salvo los aportes pensionales, derivados del siguiente período
del 1 de abril de 2012 al 31 de enero de 2013, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-009- 2022-00127-01.
A juicio de la Sala, se tiene que los argumentos expuestos como vías de hecho, tales
como: i) la falta de valoración del recaudo probatorio del proceso ordinario laboral
que dan cuenta que el nexo causal nunca se rompió; ii) omitir que la fijación del litigio
15 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
ya estaba dada por el Juzgado Segundo Promiscuo Civil Municipal de Corozal, el
cual era establecer si tenía derecho al pago de la indemnización por despido sin justa
causa y a la sanción por no pago de las prestaciones y no consignación de las
cesantías y por el contrario, no se pronunció respecto de esto sino que limitó el
estudio del caso a determinar si existía o no un vínculo laboral, guardan relación
directa con la falta de congruencia que se le endilga al fallo cuestionado, de tal
manera, pudieron ser objeto de análisis a través de la solicitud de adición de la
sentencia, por lo que el juez de amparo constitucional no puede pronunciarse al
respecto, so pena de invadir la competencia del juez natural del asunto.
En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte actora debieron ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través de la
solicitud de adición de la sentencia acusada; tal como lo dispone el artículo 287 del
CGP, que señala:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.
De lo anterior, se tiene que la adición de la sentencia es la oportunidad en la cual el
juez puede, de oficio o a petición de parte, constatar la ausencia de decisión o
resolución de uno de los extremos de la litis o de cualquier aspecto que debía ser
objeto de pronunciamiento expreso. En este punto, se aclara que la solicitud de
adición, por regla general es facultativa, pero que, en este caso, dado que se alegan
aspectos no estudiados en la providencia acusada, a manera de vía de hecho,
resulta ser procedente acudir a dicha solicitud, la que resulta ser idónea y efectiva,
por lo que desplaza la acción de tutela.
En este orden de ideas, dicho instrumento procesal le permite al juez complementar
las omisiones en que pudo haber incurrido en el momento de dictarse una
providencia judicial, es decir, se faculta al operador judicial para que, ante la
verificación de la falta de pronunciamiento en relación con un determinado punto de
la controversia, se realice a través de sentencia complementaria, en la cual se
resuelvan los supuestos que no fueron objeto de análisis y por consiguiente de
decisión.
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Demandante: Roberto David Madera Bertel
Lo anterior, no implica una nueva oportunidad para reabrir el debate probatorio o
jurídico propio de la providencia que se complementa, pues de ser así, la solicitud
deberá rechazarse por desnaturalizar el objeto de dicho instrumento procesal.
Esta corporación, al hacer alusión al tema relacionado con la adición de las
providencias judiciales, dijo lo siguiente16:
«(…) La adición de la sentencia es un instrumento procesal que el legislador otorga a la
autoridad judicial que la emite y a las partes interesadas en la causa dentro de la cual se
profiere, para suplir las omisiones de contenido que se llegaren a presentar en cuanto a
la decisión de cualquiera de los extremos debatidos en el proceso y de cualquier otro
punto que debiera resolver (…) Conforme con la norma transcrita, hay lugar a adicionar
la sentencia cuando en ésta se omite la resolución de cualquiera de los extremos de la
litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de
pronunciamiento (…)».
Al respecto, la Sala advierte que los argumentos expuestos en sede de tutela pueden
ser alegados a través de la solicitud de adición de la sentencia. En efecto, se advierte
que se configura los supuestos del artículo 287 del CGP, pues si se omitió resolver
algún extremo de la litis o cualquier otro punto que debiera ser objeto de
pronunciamiento, como en efecto puntualiza el demandante referente a que el centro
del debate era establecer «sí tenía derecho a prestaciones sociales y al pago de horas
extras y recargo».
Por otra parte, el demandante en su escrito de impugnación solicitó «se ruega que
sean revisados en sede de tutela las pruebas aludidas, y se proceda a dictar sentencia
sustitutiva de ser procedente», lo cual se torna a todas luces improcedente, en la
medida que escapa de la órbita de competencias del juez de tutela y del mecanismo
de protección de los derechos fundamentales, que no es una tercera instancia del
proceso contencioso-administrativo.
Dicho lo anterior, se recuerda que la exigencia en la interposición de los recursos o
herramientas procesales pertinentes de manera oportuna tiene como finalidad evitar
que la solicitud de amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en el
ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias
judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial,
para la concreción de las garantías otorgadas por la Constitución Política.
Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que supere los requisitos generales de procedencia
de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera debe concluirse
que el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento del
principio de subsidiariedad, ya que la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Sucre pudo ser objeto de adición a solicitud del
demandante.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo a través de la cual
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 25000-23-27-
000-2005-90122-01. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07642-01
Demandante: Roberto David Madera Bertel
declaró improcedente, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, la solicitud
de amparo presentada por Roberto David Madera Bertel contra el Tribunal
Administrativo del Sucre.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente
la solicitud de tutela presentada por Roberto David Madera Bertel contra el Tribunal
Administrativo del Sucre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
10
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