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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07649-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07649-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que ejerció la señora Rosalba Sarasti Noguera, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.5. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rosalba Sarasti Noguera Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-07649-00 TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07649-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de febrero de 2024

Demandante: Rosalba Sarasti Noguera
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07649-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07649-00
Demandante: ROSALBA SARASTI NOGUERA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - no supera el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció la
señora Rosalba Sarasti Noguera contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito enviado el 19 de diciembre de 2023 al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Rosalba Sarasti Noguera, por conducto
de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Nariño y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales a la «A LA SEGURIDAD SOCIAL,
VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y
DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL»1

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del Tribunal Administrativo de Nariño proferida el 6 de abril
de 2022 que confirmó la sentencia del 16 de diciembre de 2019 dictada por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 52001-33-33-008-
2016-00220-01.

1 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rosalba Sarasti Noguera
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07649-00

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en amparo a los
derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 06 de abril de 2022, que
CONFIRMÒ la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la demandante, y no accedió a la solicitud de
adición mediante el auto notificado el 12 de julio de 2023. En consecuencia,
ordene reliquidar la pensión de mi asistida teniendo en cuenta el equivalente al
75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a
la fecha de retiro efectivo.
[…]

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Rosalba Sarasti Noguera trabajó como técnico administrativo en el
Instituto Nacional de Vivienda de Intereses Social y Reforma Urbana en Nariño
hasta el 9 de marzo del 2002, fecha en la que se retiró del servicio en razón a que
cumplió más de 20 años de trabajo.

El 30 de agosto del 2002, la señora Sarasti Noguera al alcanzar la edad requerida,
inició los trámites con el fin de obtener el reconocimiento de su derecho pensional.
Por lo que Cajanal mediante Resolución No. 12414 del 21 de abril del 2005 le
reconoció una pensión vitalicia de jubilación, conforme a la Ley 33 de 1985 y el
Decreto 1158 de 1994, la cual se hizo efectiva a partir del 30 de agosto del 2002.

El 30 de septiembre de 2015, la accionante presentó una petición ante la UGPP,
con el fin de obtener la reliquidación de su pensión para que fueran incluidos todos
los factores salariales que devengó en el último año de servicios. Mediante
Resolución RDP 002005 del 22 de enero de 2015, la entidad negó dicha pretensión,
contra la cual se interpuso el recurso de reposición. No obstante, tal decisión fue
confirmada por la entidad mediante la Resolución RDP 014618 de 2016.

Inconforme con lo anterior, la tutelante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de los referidos actos administrativos,
asunto que fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto que, a través de sentencia del 16 de diciembre de
2019, negó las pretensiones del medio de control.

Lo anterior al considerar que, a pesar de que la Ley 33 de 1985 estableció la directriz
para el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% del salario promedio
en el último año, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto
del 2018, dispuso que la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es que

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Demandante: Rosalba Sarasti Noguera
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el ingreso base de liquidación no es un elemento constitutivo del régimen de
transición y, por tanto, debe entenderse que el mismo corresponde al promedio de
los factores salariales devengados en los últimos 10 años del servicio, tal y como
quedó consignado el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En esa medida, el juzgado explicó que el reconocimiento de la pensión de vejez de
la señora Rosalba Sarasti Noguera, bajo el régimen de transición, se ajustó a
derecho, por cuanto se tuvieron en cuenta los factores que devengó y cotizó en el
periodo previsto en el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y están
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Además, en la providencia afirmó que, la demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos demandados por cuanto se expidieron conforme a la Ley y a
la jurisprudencia que rige en materia de reconocimiento pensional, razón por la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda.

La parte accionante presentó recurso de apelación contra la decisión y este fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño que, en providencia del 6 de abril
de 2022, confirmó la negativa de las pretensiones elevadas por la señora Sarasti
Noguera.

Para llegar a dicha conclusión, analizó si la accionante pertenecía al régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En esa medida,
encontró que al entrar en vigencia la referida ley, la accionante tenía más de 35
años de edad, motivo por el cual, le era aplicable el régimen de transición previsto
en esa norma que se remite a la Ley 33 de 1985. Sin embargo, con respecto del IBL
y factores salariales afirmó que se deben liquidar conforme a la Ley 100 de 1993.

La referida sentencia de segunda instancia fue notificada el 16 de mayo del 2022,
frente a la cual se interpuso solicitud de aclaración y adición, con el fin de que no se
condenará en costas procesales a la señora Rosalba Sarasti Noguera debido a que
no actuó de mala fe.

Mediante auto de 19 de mayo del 2023, la autoridad judicial indicó que no se trataba
de una adición o aclaración, sino que, era un desacuerdo con la interpretación del
tribunal sobre la imposición de costas. Sin embargo, explicó que, existe la
posibilidad de controvertir lo que disponga el juez de primera instancia al momento
de liquidar el monto y así mismo serán procedente los recursos pertinentes. Por lo
tanto, se negó la solicitud elevada.

1.3. Sustento de la vulneración

La accionante argumentó que cumplía con todos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, sostuvo
que, el fallo del 6 de abril del 2022 incurrió en un defecto fáctico al no efectuar una
valoración adecuada de las pruebas arrimadas al proceso que daban cuenta de que

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la reliquidación pensional debía incluir todos los factores devengados en el último
año de servicios.

Afirmó que, en la providencia objeto de censura el tribunal solo se limitó a definir los
requisitos que tenía la señora Sarasti Noguera para dar aplicación del régimen de
transición de la Ley 100, pero dejó de lado el análisis correspondiente al régimen
prestacional que regía en el momento del reconocimiento pensional y del cual era
acreedora la accionante.

Sostuvo que, al verificar su historia laboral, la resolución de reconocimiento de la
pensión y los antecedentes administrativos se debía definir la procedibilidad de la
aplicación del régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 1. ° de la
Ley 33 de 1985, que reclamaba la demandante, y no crear requisitos adicionales a
que los que exigía la ley.

Explicó que, la providencia objeto de cesura incurrió en un defecto sustantivo. Esto,
al considerar que, la señora Rosalba Sarasti Noguera se encontraba en el régimen
de transición establecido en la Ley 33 de 1985 al obtener más de 15 años de servicio
en la entrada de vigencia de la norma. También sostuvo que, los jueces de instancia
desconocieron el Decreto No. 1158 de 1994 que regula los factores salariales que
debían ser liquidados y aplicados a la mesada pensional de la demandante.

Adicionalmente, explicó que: «Así que, entendiendo que el accionante tuvo y tiene
derecho a los mencionados regímenes de transición, resulta sencillo pensar que se
le deben aplicar normas entre otras, Ley 33 de 1985, ley 6 de 1945, los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978; así las cosas, el juez
constitucional en aras de impartir protección a los derechos superiores que le asiste
a mi prohijado(a), debe proceder a dejar sin efectos la sentencia, ordenando al
Juzgador dictar un fallo donde corrija el defecto advertido».

Manifestó que la providencia objeto de censura incurrió en desconocimiento del
precedente al afirmar que «EL JUZGADO (08) OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, con sus
decisiones desconocen el precedente jurisprudencial aplicable al régimen de
transición contemplado en el parágrafo 2° artículo 1° de la ley 33 de 1985 a que
tiene derecho el (la) actor(a); y en el cual se ha dejado establecido que la liquidación
de la mesada debe tener en cuenta los factores salariales que el servidor devengó
durante el último año de servicios, en los términos del Decreto 1045 de 1978». A
pesar de lo anterior, no identificó la providencia en cuestión.

Igualmente, la parte accionante transcribió un aparte de la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado2 sin indicar ningún tipo de argumento
adicional. También sostuvo que, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la
sentencia del 28 de agosto del 2018 desconoció la unificación jurisprudencial de la

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

Sentencia del 10 de junio de 2019. Radicado: 11001031500020190166200.

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Sección Segunda del 4 de agosto de 2010 con el expediente 2006-7509, vigente al
momento de presentar la demanda en el trámite de la primera instancia.

Ahora bien, afirmó que, en dicha providencia se garantizaban los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas y favorabilidad en
materia laboral para liquidar las pensiones de los servidores públicos que se
encontraban amparados en el régimen de transición a los cuales se debe tener en
cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios.

También citó y analizó diferentes providencias proferidas por el Consejo de Estado
en las que se liquidó la pensión con el equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios, con los factores salariales
contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Por último, sostuvo que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fue
clara en disponer las reglas aplicables a los distintos regímenes de pensión para las
personas que se encuentra en un periodo de transición, cuestión que fue
desconocida por la autoridad judicial accionada.

1.4. Trámite de la acción de tutela

El magistrado (E) que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto
del 18 de enero del 2024, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a
la parte actora, así como al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en calidad de autoridades accionadas.

Igualmente, vinculó como tercero con interés, de conformidad con el artículo 13 del
Decreto Ley 2591 de 1991, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP. Así mismo,
requirió a las autoridades accionadas para que allegaran copia digital e integra del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 520001-33-33-
008-2016-00220-00/01.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de acuerdo con las constancias visibles
en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

La autoridad judicial mediante correo electrónico allegado el 24 de enero de 2024
solo se limitó a enviar el expediente del proceso ordinario de la Secretaria General
del Consejo de Estado, y no se pronunció con respecto a los argumentos de la
acción de tutela.

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1.5.2. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto

Mediante memorial allegado el 23 de enero del 2024, la juez solicitó que se declare
la improcedencia del amparo solicitado, por cuanto no satisface el requisito de la
relevancia constitucional. Lo anterior al considerar que, la accionante manifestó un
simple desacuerdo con la decisión que fue contraria a sus intereses.

De otra parte, explicó que las providencias judiciales abarcaron la totalidad de los
problemas jurídicos planteados con respeto de los derechos fundamentales y así
mismo, se explicó la diferencia de los regímenes que se encontraban vigentes con
lo cual se advirtió que la edad era un requisito que la accionante no cumplió y por lo
tanto no le era aplicable el régimen de transición.

1.5.3. Unidad Administrativo Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP

Mediante memorial recibido el 24 de enero de 2024, la entidad administrativa afirmó
que la acción de tutela era improcedente. Esto, al sostener que no existe una vía de
hecho que vulnere los derechos fundamentales de la accionante, sino que lo
pretendido por la parte es sustituir la decisión judicial ejecutoriada y proferida por el
juez natural de la causa, pues las decisiones judiciales aplicaron las normas y los
precedentes jurisprudenciales conforme a derecho.

Así mismo, consideró que la parte actora no cumplió con argumentar o demostrar
la existencia de un perjuicio irremediable o la afectación al mínimo vital. Además,
dispuso que tampoco se satisfacen los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, sino que lo que pretende con la acción es el
reemplazo de la autonomía de los jueces naturales de la causa y la intervención mal
intencionada del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por la señora
Rosalba Sarasti Noguera contra el Tribunal Administrativo Nariño y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333
de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los argumentos
del líbelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material probatorio
recaudado, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿El Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la señora Rosalba Sarasti Noguera, por presuntamente incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir las
decisiones de instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 52001-33-33-008-2016-00220-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) el caso en
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia.5

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre
el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada
uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no
se erige una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 20226,
la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de
este requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de
seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de
uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

6 M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

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lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias

7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.

9

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judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

En resumen, la parte accionante argumentó que la providencia objeto de reproche
incurrió en un defecto fáctico al efectuar una indebida valoración probatoria que las
pruebas allegadas en el proceso que demostraban que la señora Rosalba Sarasti
Noguera era beneficiaria del régimen de transición.

También, indicó la configuración de un defecto sustantivo por haber desconocido e
inaplicado el régimen de transición al cual era beneficiaria la accionante y, por tanto,
no liquidar su mesada pensional con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

Por último, sostuvo que existe un desconocimiento del precedente al desconocer
diferentes sentencias del Consejo de Estado, en los cuales se accedieron a las
pretensiones. También afirmó que, la sentencia de unificación del 28 de agosto del
2018 no era aplicable al caso en concreto, sino que, debía usar precedentes
anteriores a esa sentencia de unificación, las cuales que eran más beneficiosas
para la accionante, entre ellas, la sentencia de 4 de agosto de 2010 expediente
2006-7509.

Al respecto, para la Sala de Decisión la parte actora presentó argumentos
tendientes a buscar una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con lo cual pretende reabrir las etapas procesales y la controversia ya
zanjada por el juez natural de causa.

En ese sentido, a pesar de que la parte actora expuso que sus derechos
fundamentales se transgredieron con la providencia de segunda instancia proferida
por el tribunal demandado, pues incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que la señora Sarasti Noguera no
efectuó un análisis profundo sobre la configuración de los yerros, en cuanto a que,
no explicó las razones por las cuales consideraba que se habían valorado de
manera deficiente el material probatorio allegado al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de reproche.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales,
no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Nariño en su providencia indicó que:

13 Ibid.

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No obstante, la actora no consolidó el derecho a la pensión bajo la luz
de la Ley 33 y 62 de 1985, toda vez que la edad, esto es, los 50 años los
cumplió en el año 2002, estando ya en vigencia la Ley 100 de 1993. Bajo
ese contexto, le es aplicable la Ley 100 de 1993, salvo en lo relativo a la
edad como ya se precisó, sin embargo, dicha normativa, trae consigo un
régimen de transición contemplado en el artículo 36, motivo por el cual,
corresponde examinar si cumple los requisitos que la hacen merecedora
de este beneficio. Por consiguiente, se pasa a examinar si la parte actora
cumple con los requisitos que la hacen merecedora del régimen de
transición contemplado en el artículo 36. Así respecto a la edad, la
señora Rosalba Sarasti Noguera al haber nacido el 30 de agosto de
1952, tenía más de 35 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, motivo por el cual, le es aplicable el régimen de transición previsto
en esa norma que remite a la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, monto
y tiempo de servicio, no obstante, respecto del IBL y factores salariales,
se liquidan conforme a la Ley 100 de 1993, observemos:

o Edad: 50 años – en razón a que es beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985-.
o Monto:75% o IBL: la entidad la liquidó con el último año de servicio,
pese a que, como ya se advirtió el estatus lo consolidó bajo la vigencia
de la Ley 100 de 1993.
o Factores: los señalados en el Decreto 1158 de 1994.
o Tiempo de servicio: 20 años

Contrastado lo anterior con lo liquidado por la entidad demandada, se
observa que a la actora no le asiste derecho a que se incluyan la totalidad
de factores salariales, puesto que, se reitera que únicamente son los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994 y la entidad incluyó en tal
sentido, la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

De acuerdo con lo transcrito, a pesar de que la accionante indicó que tenía derecho
a la reliquidación pensional con la inclusión de los factores salariales devengados
en el último año de servicios, se observa que lo único que controvierte es una
discusión legal sobre si le asistía o no el derecho a esta, y en esa medida, la sala
no advierte un estudio irracional o arbitrario en la decisión. Sino que la parte
manifestó su desacuerdo con el fallo en razón a que fue contrario a sus intereses.

Por otro lado, la demandante transcribió diferentes providencias de la corporación.
Sin embargo, no efectuó ninguna argumentación al respecto, por lo que, no es
previsible para la Sala estudiar ningún tipo de defecto al respecto, pues la parte
omitió una carga argumentativa clara y específica en la comisión de un posible
desconocimiento del precedente. En otras palabras, la parte actora no indicó las
reglas de derecho que presuntamente fueron omitidas.

Por otro lado, la parte sostuvo que no le era aplicable la sentencia de unificación
vigente, esto es, la del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado. Sin embargo, solo se limitó a indicar que existieron otros fallos que eran
más beneficiosos para la parte actora. En esa medida, la sala resalta que la
sentencia de unificación tiene un carácter vinculante y es una guía para que todas

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las autoridades judiciales profieran fallos de manera uniforme, por lo que no se
puede escoger la jurisprudencia al acomodo de los beneficios particulares sino con
ocasión a los aspectos jurídicos y fácticos del caso en concreto para que sean
aplicables.

Ahora bien, la omisión de la interesada en encuadrar y desarrollar rigurosamente
sus motivos en los defectos o requisitos específicos de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, evidencian la carencia de relevancia constitucional de la
controversia propuesta, pues la parte accionante solamente se limitó a sostener que
la providencia incurrió en ciertos defectos sin llegar a demostrar sumariamente la
comisión de alguno.

Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

2.6. Conclusión

La acción de tutela que ejerció la señora Rosalba Sarasti Noguera no satisface el
requisito de relevancia constitucional, puesto que mediante la acción de tutela
intentó reabrir el debate ya zanjado en la instancia correspondiente y el juez
constitucional esta vedado para intervenir en la autonomía jurisdiccional que le
fueron asignado por la Constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que ejerció
la señora Rosalba Sarasti Noguera, de conformidad con los argumentos expuestos
en el numeral 2.5. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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