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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07665-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07665-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Rosa María Anillo Calderón, Ana Victoria Cudris Torres, Miguel Eduardo Caro Villegas y David Manuel Tapias Días, quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07665-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandantes: ROSA MARÍA ANILLO CALDERÓN, ANA VICTORIA CUDRIS
TORRES, MIGUEL EDUARDO CARO VILLEGAS Y DAVID
MANUEL TAPIAS DÍAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Defectos procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente judicial y fáctico. Caducidad del término para presentar
la demanda en caso relacionado con desplazamiento forzoso.
Inobservancia del precedente constitucional contenido en la
sentencia SU-254 de 2013

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Tribunal Administrativo de Bolívar contra la sentencia de 21 de
marzo de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado, en la que se accedió a las pretensiones de la acción de tutela, así:

“Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, confianza legítima, reparación integral, igualdad y dignidad de la parte accionante. En
consecuencia,

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 17 de marzo del 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm.
13001-33-33-011-2017-00127-01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro del término de veinte (20)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión
en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que, en ejercicio del medio de control de reparación
directa1, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y el municipio de San Juan
Nepomuceno, en razón a las fallas en el servicio en que incurrieron y que conllevó
que el 12 de mayo de 2004, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia
-AUC-, ordenaran el desplazamiento forzado y el desalojo masivo de los
pobladores del corregimiento de San Agustín, entre esos, los demandantes.

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Demanda presentada el 15 de junio de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

Afirmaron que el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena en fallo de 7 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, en
razón a que no se probó la falla en el servicio y que el daño alegado fue como
consecuencia de actos ilícitos cometidos por terceros.

Sostuvieron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación, en
el que insistieron en la falla del servicio por parte de las entidades demandadas en
lo relacionado con la protección de los habitantes del corregimiento de San
Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar.

Por último, manifestaron que el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de
17 de marzo de 2023, modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa, pues “la situación de orden público en el municipio de San Juan
Nepomuceno se reestableció desde el año de 2009. En este orden de ideas, la
parte actora tenía hasta el 1° de enero de 2012 para promover la demanda. Sin
embargo, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se presentaron el 23
de agosto de 2016, y el 15 de junio de 2017, respectivamente”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la reparación integral y a la igualdad, así como el principio de confianza
legítima, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar con
la providencia de 17 de marzo de 2023, mediante la cual se modificó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa con radicado No. 13001-33-33-011-2017-
00127-01.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, para lo cual señalaron que se cumplían,
en razón a que el asunto goza de relevancia constitucional, se presentó en un
término razonable, se agotaron todos los recursos y no se cuestiona un fallo de
tutela.

De otra parte, mencionó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto, toda vez que la decisión de modificar la sentencia
apelada, en el sentido de declarar probada la excepción de la caducidad, no fue
decretada por el juez de primera instancia y la apelación y los alegatos se
relacionaban con la imputabilidad del daño a las demandadas.

Agregó que la sentencia de primera instancia se profirió cuando ya se había
conocido la sentencia de unificación de 29 de enero de 20202 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la cual no la tuvo en cuenta. Por consiguiente, los
alegatos del recurso de apelación fueron dirigidos a demostrar la responsabilidad
del Estado, no sobre la caducidad, y solo con la decisión de segunda instancia fue
que se aplicó la regla de la sentencia de unificación.

En tercer término, señaló que la sentencia objetada incurrió en desconocimiento
del precedente judicial, para lo cual se refirió de manera general a la sentencia
SU-167 de 2023, en lo que hace relación con la caracterización de este defecto, a
lo que agregó que en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 no se
modularon los efectos del fallo, por lo que no se podía trasladar a la parte actora el
peso del cambio del precedente judicial.

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Expediente No. 61033, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

Mencionó que para el momento en el que presentó la demanda de reparación
directa estaba vigente la postura consistente en que no operaba la caducidad
contenida en “Auto del 17 de septiembre de 2013”, “Sentencia del 7 de septiembre
de 2015”, “Auto del 11 de abril de 2016”, “Sentencia de 5 de septiembre de 2016”
y “Sentencia de 31 de julio de 2019”, postura que tuvo una vigencia de 10 años
aproximadamente.

Resaltó que “desde la presentación de la demanda, la contestación de las
excepciones, defendieron la tesis de la inaplicación del requisito de la caducidad,
sin embargo, el juez de primera instancia, en su sentencia, no resolvió la
sentencia, por la caducidad, sino por la falta de pruebas de la imputación del daño,
a las demandadas, razón por la cual el recurso de apelación y los alegatos de
segunda instancia, fueron dirigidos a cuestionar sobre la imputación del daño”.

En cuarto lugar, indicó que en la sentencia objetada se incurrió en defecto
fáctico, por el error de apreciación de las pruebas que obraban en el expediente,
para determinar a partir de cuándo los demandantes tuvieron conocimiento de la
antijuridicidad del daño y su imputabilidad al Estado, toda vez que se basó en
decir que se hizo una confesión en los hechos de la demanda relacionada con que
los accionantes tuvieron conocimiento a partir del día siguiente del
desplazamiento, lo que es un error, pues las afirmaciones que se hicieron en el
medio de control de reparación directa partían del precedente judicial vigente al
momento en que se radicó.

Aseguró que de la lectura de los hechos de la demanda se puede considerar que
no existía el conocimiento del daño, ni como fueron las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos del desplazamiento, no se menciona
en ellos que se conocía que agentes del Estado fueron los que cometieron el
hecho.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada “dejo de apreciar las pruebas obrantes
en el expediente, que dan cuenta de que momento los demandantes obtuvieron
dicho conocimiento, el cual es la fecha de esta Tutela, solo lo conocimos, con la
declaración de Mancuso, ante la JEP, que dijo como era el actuar y las
operaciones en conjunto con miembros de LAS FF.MM en los montes de María, y
menciono a San Agustín”.

Agregó que se desconoció o sobrevaloraron “las pruebas del proceso, que dan
cuenta de las situaciones que vivieron los demandantes que le impedían de forma
material ejercer oportunamente el medio de control, como fue el de salir huyendo,
sin más pertenencias, presos del miedo, el terror de lo vivido, irse para diferentes
partes del país a refugiarse, algunos menores de edad en su momento, su
condición de campesinos, sin educación la mayoría, la falta de orientación, el
padecimiento de irse de su lugar de nacimiento, perder su arraigo, pruebas de que
no estábamos en capacidad de saber que el estado era el responsable, que nos
limitó ir a la administración de Justicia, sobre todo por las familias se regaron por
todos lados”.

Finalmente, manifestó que solo con el precedente judicial vigente en ese
momento, fue que se atrevieron a demandar confiados en la administración de
justicia, “al igual que vimos como ya los temores habían ido desapareciendo”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

“PRIMERO: Que se nos ampare nuestros derechos fundamentales: DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONFIANZA
LEGITIMA, REPARACION INTEGRAL, LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD, SUJETOS DE
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL, defraudados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, en la sentencia judicial N°.008 del 17 de marzo de
2023, QUE MODIFICO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y EN SU ORDEN
DECLARO PROBADO LA EXCEPCION DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo tutelar, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, anular la sentencia de segunda instancia la numero
008 del 17 de marzo de 2023, y en su lugar se emita una nueva sentencia,
considerando todos los elementos probatorios que obran en el expediente, aplicando lo
dicho por la CORTE CONSTITUCIONAL, en sentencia T-117/22, para lo cual deberá
ejercer una flexibilización de la carga probatoria, para establecer si existe la
responsabilidad de las demandadas, en el DAÑO, por el desplazamiento de los
demandantes, del corregimiento de SAN AGUSTIN, municipio de San Juan
Nepomuceno”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 1 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Bolívar remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 13001-33-33-011-
2017-00127-01 correspondiente al medio de control de reparación directa que
adelantaron los demandantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Armada Nacional y el municipio de San Juan Nepomuceno.

5. Trámite procesal

Por auto de 15 de enero de 2024, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y el
municipio de San Juan Nepomuceno.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Policía Nacional

Por medio de oficio de 29 de enero de 2024, la asesora del Área Jurídica pidió que
se negaran las pretensiones de la acción de tutela por resultar improcedente al no
evidenciarse vulneración de derechos fundamentales.

Afirmó que no es posible reconocer por vía de tutela la posibilidad de revivir el
término de caducidad del medio de control de reparación directa, al ser una figura
procesal que la ley establece con un plazo perentorio para su ejercicio, el cual fue
desconocido por parte de los demandantes.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió una decisión en el marco
del principio de legalidad, pues una vez verificó los hechos modificó lo resuelto por
parte del a quo, declarándose así la caducidad del medio de control de reparación
directa, para lo cual resaltó que la fecha en la cual inició a contar la caducidad del
medio de control, fueron dos, el primero, correspondió al 12 de mayo del 2004
cuando la parte actora manifestó que tuvo conocimiento de la participación del
Estado en el hecho de abandonar su residencia y territorio y, el segundo, ocurre a
partir del 1 de enero del 2009 cuando en jurisdicción del corregimiento San
Agustín se restableció el orden público. Agregó que existe un tercer momento en
que se estudió la caducidad, el cual corresponde al 23 de mayo del 2013 cuando
cobró ejecutoria el contenido de la sentencia SU-254 de 2013.

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Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

Para terminar, manifestó que no es posible acudir a la acción de tutela como
medio excepcional, para revivir los términos precluidos del medio de control de
reparación directa, para buscar la prosperidad de sus pretensiones, puesto que se
debió interponer dentro del término perentorio establecido en el literal (i) numeral 2
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y la jurisprudencia emitida por el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional.

6.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, el Ministerio de Defensa Nacional,
el Ejército Nacional, la Armada Nacional y el municipio de San Juan
Nepomuceno, a pesar de que se les notificó el auto admisorio en debida forma,
guardaron silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 21
de marzo de 20243, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, confianza legítima, reparación integral,
igualdad y dignidad de los accionantes. En consecuencia, dejó sin efectos la
providencia de 17 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Bolívar y
ordenó al mencionado tribunal que, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria
del fallo de tutela, se dicte una nueva decisión.

Afirmó que de los argumentos que fundamentaron la decisión objetada se
evidenciaba que el Tribunal Administrativo de Bolívar planteó la existencia de una
posición unificada frente al conteo de la caducidad en relación con los daños
originados por la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
cuya participación sea atribuible a agentes del Estado, la cual se estructuró en dos
años después de su acaecimiento, conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

Resaltó que la autoridad judicial accionada indicó que los hechos victimizantes
que dieron lugar al desplazamiento forzado ocurrieron el 12 de mayo de 2004, por
lo que la caducidad debía contarse desde el momento en que las víctimas tuvieron
conocimiento de la participación de las autoridades estatales en la producción del
daño y, en consecuencia, dispuso que los demandantes tenían hasta el 13 de
mayo de 2006 para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin
embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 23 de agosto de
2016 y la demanda se radicó el 15 de junio de 2017, es decir, luego de vencidos
los plazos legales para acudir a esta jurisdicción.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un estudio adicional
relacionado con la imposibilidad material para acceder a la jurisdicción
contencioso administrativa que hubiese podido recaer sobre los accionantes por
tratarse de un asunto de víctimas de desplazamiento forzado, para lo cual
concluyó que de conformidad con los informes de las autoridades competentes, la
situación de orden público en el municipio de San Juan Nepomuceno se
reestableció en 2009, por lo que, aun flexibilizando el término de la caducidad, la
fecha límite para presentar la demanda era en el año 2012.

Señaló que la sentencia objetada se sustentó en la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Aseveró que si bien la posición de la sentencia de unificación respecto de la
caducidad del medio de control de reparación directa es que se debe contabilizar a

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Un magistrado salvo el voto, al considerar que los fundamentos de la decisión objetada fueron razonables.
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partir del momento en que se tiene conocimiento del daño, la autoridad judicial
accionada debe centrar su estudio en el análisis de las circunstancias particulares
del caso concreto y, por consiguiente, la mencionada decisión unificadora al no
modular sus efectos, se entiende que opera hacia el futuro, por lo que el Tribunal
Administrativo de Bolívar debió dar aplicación a la jurisprudencia vigente para el
momento de la interposición de la demanda.

Aseguró que en asunto similares se ha tenido en cuenta la fecha de la
presentación del medio de control para efectos de verificar la aplicabilidad de la
sentencia de unificación, por lo que no puede desconocerse que para 2017 el
criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado establecía la
improcedencia del fenómeno jurídico de la caducidad para ser aplicado a las
acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de
los derechos humanos.

Para terminar, manifestó que el Tribunal Administrativo de Bolívar se limitó a
aplicar la sentencia de unificación sin advertir que, al momento de la presentación
del medio de control de reparación directa, esta corporación no tenía una posición
unificada que fuese aplicable frente a la figura de la caducidad, por consiguiente
por tratarse de un caso anterior a la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la autoridad
accionada debió analizar los hechos y los argumentos presentados en la demanda
de reparación directa, así como las demás particularidades de dicho proceso, con
el fin de tomar una decisión frente al término de caducidad en un caso relacionado
con delitos de lesa humanidad.

8. Escrito de impugnación4

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
magistrado ponente de la decisión objetada y presidente del Tribunal
Administrativo de Bolívar impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que
se revoque el fallo que accedió a las pretensiones de la solicitud de amparo, para
que, en su lugar, se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que el fallo objetado respetó el precedente de la Corte Constitucional y de
la Sección Tercera del Consejo Estado, corporaciones que han argumentado que
los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 son
retrospectivos, es decir, las reglas planteadas deben utilizarse para resolver los
asuntos que se encuentren pendientes de pronunciamiento judicial, para lo cual
enlistó las siguientes decisiones:

• Sentencia T-024 de 20245.
• SU-167 de 20236.
• T-044 de 20227.
• Sentencia de 19 de febrero de 2024 de la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado8.

4
En sentencia de 10 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó decisión de reemplazo. En lo relacionado
con la caducidad manifestó que en cumplimiento de lo establecido por el juez de tutela “en el sentido de que no resulta
aplicable el análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa en los asuntos donde se le endilgue la
responsabilidad administrativa del Estado por hechos daños ocasionados a raíz de crímenes de lesa humanidad, genocidios
y otras violaciones graves de derechos humanos. En ese orden de ideas, se procederá a analizar los elementos de la
responsabilidad frente al desplazamiento forzado del que fueron víctimas los demandantes”. Respecto del fondo del asunto
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
5
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
6
M.P.: Diana Fajardo Rivera.
7
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
8
Radicado No. 47001-23-33-000-2018-00389-01, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
6

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• Sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado9.
• Sentencia de 4 de mayo de 2022, dictado por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado10.
• Sentencia de 7 de diciembre de 2021, proferido por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado11.

Indicó que existe una posición pacífica frente a los efectos temporales de la
sentencia de unificación, por consiguiente, debe desestimarse el argumento
expuesto en la sentencia de 21 de marzo de 2024, relacionado con la
imposibilidad de aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020. En
consecuencia, debe darse por probada la caducidad del medio de control de
reparación directa en el presente caso.

Luego, manifestó que no se incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez
que los demandantes contaron con 2 oportunidades para pronunciarse sobre la
caducidad del medio de control de reparación directa definida en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020.

Resaltó que no se incurrió en defecto fáctico, toda vez que todos los medios de
convicción fueron reseñados en el acápite 5.5.1 de la providencia cuestionada,
además que se transcribieron los testimonios practicados en la audiencia de
pruebas, razón por la cual no se puede reprochar el análisis que se hizo.

Señaló que en el material probatorio que se incorporó al expediente ordinario se
pudo concluir que, (i) los hechos endilgados al Estado ocurrieron el 12 de mayo de
2004, (ii) los demandantes tenían la posibilidad de retornar a su lugar de origen
desde el año 2009, de acuerdo con la certificación expedida por la Brigada de
Infantería de Marina No. 001, la que no fue tachada de falsedad, (iii) el derecho de
acceso a la administración de justicia podía ejercerse en cualquier parte del país,
por ende, los accionantes podían presentar la demanda en el lugar donde se
hubiesen radicado definitivamente y (iv) aun aplicando el plazo de caducidad de la
sentencia SU-254 de 2013, hubiese ocurrido la caducidad del medio de control.

Para terminar, aseguró que lo que pretende la parte actora es utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional para cuestionar la sentencia que resultó
desfavorable a sus intereses, si se tiene en cuenta que no se configura ninguna de
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. En la sentencia impugnada se observa que se abordó el estudio de los
defectos de manera conjunta, es decir, desconocimiento del precedente judicial,
9
Radicado No. 20001-23-31-000-2012-00163-02, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
10
Radicado No. 05001-23-33-000-2018-02415-01, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
11
Radicado No. 70001-23-33-000-2016-00288-01, C.P.: Martha Nubia Velásquez Rico.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-01
Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

procedimental absoluto y fáctico, razón por la cual la impugnación se entenderá
que se presenta frente a esas causales específicas de procedencia.

2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito
de impugnación, si debe revocar la sentencia de 21 de marzo de 2024, dictada por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, confianza legítima, reparación integral, igualdad y a la dignidad humana y,
en consecuencia, dejó sin efectos el fallo de 17 de marzo de 2023, por cuanto,
según lo afirma el impugnante, la decisión objetada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial, procedimental absoluto y fáctico, al
aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en razón a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado ha sido pacífica respecto de los efectos retrospectivos de
dicha decisión.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos12 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos13, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201214, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 15, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial

12
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
13
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
14
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
15
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8

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siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico17; (ii) Defecto procedimental absoluto18; (iii)
Defecto fáctico19; (iv) Defecto material o sustantivo20; (v) Error inducido21; (vi)
Decisión sin motivación22; (vii) Desconocimiento del precedente23 y (viii) Violación
directa de la Constitución24.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo25 y de la Corte
Constitucional26.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Postura de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en casos
relacionados con el término de caducidad en el medio de control de
reparación directa por desplazamiento forzado

Esta Sección27, en los casos relacionados con la verificación de la figura de la
caducidad en asuntos de desplazamiento forzado, ha considerado que se debe
aplicar la regla jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-254 de 2013, por su carácter especial y prevalente.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 201328, estudió procesos
acumulados en los que personas víctimas de desplazamiento forzado reclamaban
indemnizaciones por vía administrativa y consideró que debía unificar los distintos

17
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
18
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
19
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
20
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
21
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
22
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
23
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
24
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
25
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
26
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
27
Sentencias de 30 de noviembre de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-05230-00, C.P.: Wilson Ramos Girón, de 7
de marzo de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-00240-00, C.P.: Milton Chaves García y de 25 de abril de 2024,
radicado No.: 11001-03-15-000-2023-04852-01, C.P.: Wilson Ramos Girón.
28
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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criterios jurídicos que habían dado lugar a diferentes consecuencias jurídicas a los
mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado.

Explicó que esa Corporación ha reconocido y protegido de manera categórica,
pacífica, reiterada, clara y expresa los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición, especialmente, frente a graves
violaciones de derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las
víctimas de desplazamiento forzado. Agregó que esos derechos deben
interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia y, que por lo tanto, las regulaciones de desplazamiento
forzado deben interpretarse tomando en cuenta los principios de favorabilidad
hacia el entendimiento y restablecimiento de derechos, la buena fe, la confianza
legítima, la preeminencia del derecho sustancial y el reconocimiento de la especial
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas.

Señaló la existencia de diferentes vías para que las víctimas individuales y
colectivas de delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos
humanos y del desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a
la reparación integral (vía judicial y administrativa).

Sobre la responsabilidad en materia de desplazamiento forzado explicó que el
Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, debe garantizar el goce efectivo de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las
obligaciones constitucionales e internacionales sobre la materia. Y que esa
garantía cobra especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y
sistemáticas a los derechos humanos, como en el caso de las víctimas del delito
de desplazamiento forzado, por lo que es deber del Estado garantizar los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Agregó que en atención a las especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado, era necesario
adoptar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los accionantes a la
reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa.

Sobre la caducidad de procesos judiciales concluyó que “los términos de caducidad
para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que
se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a
partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de
tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección
constitucional. Lo anterior, en armonía con lo resuelto en la sentencia C-099 de 2013”.

De manera reciente, la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 202329,
precisó que la sentencia SU-254 de 2013 no solo se circunscribió al estudio de la
vulneración del derecho a la indemnización administrativa de la población
desplazada, sino también al de la reparación integral, que incluye la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para obtener el resarcimiento
por los perjuicios sufridos y unificó la jurisprudencia respecto a “los distintos
criterios jurídicos que han dado lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a
partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos
supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización administrativa a
víctimas del desplazamiento forzado”.

29
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Igualmente, resaltó que en razón a que estableció una regla específica relacionada
con la contabilización de la caducidad en los casos de desplazamiento forzado, la
sentencia SU-254 de 2013 tiene sustento en el criterio de especialidad, así como “en
el criterio de prevalencia de las normas constitucionales y del alcance e interpretación que
esta Corporación le otorgue a las mismas, tal como se expuso en el acápite de la
vinculatoriedad del precedente constitucional que, entre otros fines, persigue garantizar la
igualdad de trato y la seguridad jurídica de los ciudadanos”.

Así las cosas, la Corte Constitucional insistió en que el término de caducidad de la
acción de reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse a
partir del término de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el
23 de mayo de 2013, criterio que ha sido acogido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

4.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional contenido en la sentencia SU-254 de 2013, sin
embargo, no tiene efecto útil confirmar el amparo concedido por el a quo

4.2.1. Los señores Rosa María Anillo Calderón, Ana Victoria Cudris Torres, Miguel
Eduardo Caro Villegas y David Manuel Tapias Días, en ejercicio de la acción de
tutela, pidieron la protección constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y
a la igualdad, así como el principio de confianza legítima, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar con la providencia de 17 de
marzo de 2023, que modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa.

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 21
de marzo de 2024, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima, a la reparación
integral, a la igualdad y a la dignidad humana, dejó sin efectos la sentencia de 17
de marzo de 2023 y, en consecuencia, ordenó proferir una nueva decisión en la
que se tuviera en cuenta que al momento en que se presentó la demanda de
reparación directa no se había expedido la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 y, además, cuando se ejerció el derecho de acción no existía una
postura unificada sobre la caducidad, es decir, se debió tener en consideración el
criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado que señala la
improcedencia de la caducidad en acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos.

Por consiguiente, al considerar que era un caso anterior a la decisión de
unificación, el tribunal accionado debió analizar los hechos y los argumentos
presentados en la demanda, con el fin de determinar la manera en que se debía
aplicar dicha figura en un asunto relacionado con delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Administrativo de Bolívar impugnó la anterior decisión, al considerar
que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han considerado que la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 tiene efectos retrospectivos,
razón por la cual resultaba aplicable en el caso de los demandantes.

Adicionalmente, resaltó que a pesar de que el asunto se estudió la caducidad,
además, de acuerdo con la regla jurisprudencial desarrollada en la SU-254 de
2013 de la Corte Constitucional, es decir, a partir de la ejecutoria de dicha
decisión, el ejercicio del derecho de acción también se había superado.

11

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4.2.2. La Sala, previo a decidir si se debe confirmar o revocar la sentencia
impugnada, procederá a estudiar las diferentes actuaciones del proceso ordinario,
específicamente lo relacionado con el presupuesto procesal de la caducidad, en
los siguientes términos:

El 15 de junio de 2017, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ejército
Nacional, Armada Nacional y el municipio de San Juan Nepomuceno, en razón a
que el 12 de mayo de 2004, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia
-AUC-, ordenaran el desplazamiento forzado y el desalojo masivo de los
pobladores del corregimiento de San Agustín, como consecuencia de una falla en
el servicio de las entidades demandadas.

El Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena en fallo de 7
de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que si bien era
un hecho notorio que en el corregimiento de San Agustín había presencia de
grupos armados ilegales, lo cierto es que los demandantes no denunciaron de
manera previa y precisa los hechos de desplazamiento de los que afirmaron ser
víctimas, ni se allegaron pruebas de que se había hecho amenazas o que se
hubiesen acercado ante alguna autoridad local, departamental o del orden
nacional con el fin de solicitar ayuda de las autoridades militares o policivas. Así
mismo, consideró que no se probó la falla en el servicio y que el daño alegado fue
como consecuencia de actos ilícitos cometidos por terceros.

Sostuvieron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación, en
el que insistió en la falla del servicio por parte de las entidades demandadas en lo
relacionado con la protección de los habitantes del corregimiento de San Agustín,
municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar.

El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de 17 de marzo de 2023,
modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa. En primer
lugar, se refirió a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se estableció que en los
procesos en los que se pretenda la indemnización por delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y similares, para aplicar la caducidad se debía observa que “i)
en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley”. Al respecto, destacó que esa tesis fue respaldada
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020.

En segundo lugar, se refirió a los hechos probados e hizo mención a cada una de
las pruebas allegadas y practicadas en debida forma al proceso ordinario. Por
consiguiente, al resolver el caso concreto a partir del material probatorio y de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado30 y la
Corte Constitucional31, evidenció que los daños alegados por los demandantes
debían demandarse en los términos establecidos en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011.

30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 25 de febrero de 2016, C.P.: Olga Mélida Valle De De
La Hoz, radicado No.: 18001-23-31-000-2005-00189-01, sentencia del 22 de febrero de 2019, C.P.: Jaime Enrique
Rodríguez Navas, radicado No. 25000-23-26-000-2006-01719-01 y sentencia del 29 de julio de 2019, C.P.: Nicolás Yepes
Corrales, radicado No. 20001-23-31-000-2008-00136-01.
31
SU-312 de 2020, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12

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Luego, al referirse sobre los efectos de la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, precisó que “tiene efectos retrospectivos, es decir, las reglas definidas en esta
providencia deben aplicarse a situaciones no consolidadas antes de su vigencia. Bajo
estos términos, el criterio unificado del órgano debe aplicarse al presente caso, aun
cuando la demanda se hubiese promovido antes de proferirse esta decisión unificada”. Lo
que sustento con las sentencias de 7 de diciembre de 2021, 4 de mayo de 2022 y
10 de octubre de 2022 de la Sección Tercera, Subsecciones “A” y “B” del Consejo
de Estado.

Ahora bien, el tribunal consideró que la parte actora no ejerció oportunamente el
medio de control de reparación directa con el fin de obtener una indemnización en
virtud del desplazamiento del que fue víctima, con sustento en lo siguiente:
“i) Los demandantes alegan haber sido víctimas de desplazamiento forzado el pasado 12 de mayo
de 2004. En este tipo de eventos, la caducidad debe empezarse a contar desde del momento en
que las víctimas tuvieron conocimiento de la participación de las autoridades estatales en la
producción daño.

Así pues, la Sala considera que los demandantes tuvieron conocimiento del daño al momento de
su ocurrencia. Al revisar la demanda, se infiere que los accionantes les endilga responsabilidad a
las entidades demandadas, por cuanto, no previnieron la situación de desplazamiento de la que
fueron víctimas, a pesar de tener conocimiento previo de la situación de orden púbico que
aquejaba al corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno.

En el recurso de apelación, la parte actora hizo énfasis en que, la situación de orden público para
aquella época era crítica. Tanto así, que el Gobierno Nacional dictó el Decreto 2002 de 2002,
donde declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional. Además, relata la
conformación de consejos de seguridad para tratar de remediar las alteraciones a la seguridad del
territorio. Al omitir el deber de salvaguardar la integridad personal de los accionantes, considera
que las entidades demandadas incurrieron en falla del servicio.

Como se puede observar, existe una confesión por parte del apoderado judicial de la parte
demandante. A lo largo del proceso judicial, reconoció que sus poderdantes tuvieron
discernimiento de la participación del Estado en la producción del daño a partir de su consumación,
en la medida que, las entidades encargadas de velar por su protección -bajo su criterio- no
emprendieron las medidas para prevenir la ocurrencia de su desplazamiento forzado. Sobre la
validez de la confesión de apoderado judicial como medio de prueba, téngase en cuenta el artículo
193 del Código General del Proceso, así como la Sentencia C-551 de 2016, por medio de la cual,
se declaró la constitucionalidad de esta norma.

Esta conclusión se refuerza con los testimonios de Luis Alberto Caro Guete, Dariluz Caro Guete, y
Miguel Antonio Díaz Escobar. Los declarantes señalaron que la Fuerza Pública era consciente de
los atentados promovidos por los grupos al margen de la ley en el corregimiento de San Agustín.
Refieren que, desde el año de 1998 se habían presentados desmanes de orden público en el
territorio, por lo cual, consideran que era de público conocimiento este hecho por parte de las
autoridades públicas competentes.

Así entonces, puede concluirse que los demandantes tenían hasta el 13 de mayo de 2006 para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La solicitud de conciliación prejudicial fue
presentada el 23 de agosto de 2016, y a su vez, la demanda se radicó el 15 de junio de 2017. En
este orden de ideas, se entiende que se dejaron vencer los plazos legales para acudir a esta
jurisdicción.

ii) Otro aspecto que se ha valorado para el estudio de la caducidad, son los eventos donde los
demandantes demuestran haber estado en la imposibilidad material para acceder a la jurisdicción
contenciosa administrativa. Al respecto, la Sala evidencia que existe una certificación expedida por
la Brigada de Infantería de Marina No. 01 de la Armada Nacional, en la que se informa que la
desarticulación de los grupos armado ilegales de las FARC, ELN y ERP se produjo entre los años
de 2007 a 2009, cuando se realizaron las operaciones militares de “Alcatraz” y “Mariscal”.
Igualmente, el Batallón de Infantería de Marina No. 13, precisó que, el 14 de julio de 2005 se llevó
a cabo la desmovilización del grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los documentos en cuestión revisten de presunción de autenticidad, por cuanto, no fueron
cuestionados respecto a su veracidad al momento de incorporarse al expediente judicial. En otras
palabras, no se promovió la tacha de falsedad prevista en el artículo 269 del Código General del
Proceso a fin de desvirtuar su contenido, por lo cual, se encuentra acreditaba la veracidad de las
afirmaciones expuestas.

En este punto, el Consejo de Estado ha señalado que, “para contar la caducidad en materia de
desplazamiento forzado no se requiere acreditar que, en efecto, los afectados hubiesen vuelto a su
lugar de origen, sino que lo determinante es que se dieran las condiciones para que ello ocurriera,

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al margen de que los afectados hubiesen decidido hacerlo o no, o lo hubiesen hecho en épocas
posteriores” [subrayas fuera de texto].

De esta manera, esta Colegiatura acoge las consideraciones del órgano de cierre, y en
consecuencia, advierte que la situación de orden público en el municipio de San Juan
Nepomuceno se reestableció desde el año de 2009. En este orden de ideas, la parte actora tenía
hasta el 1° de enero de 2012 para promover la demanda. Sin embargo, la solicitud de conciliación
prejudicial y la demanda se presentaron el 23 de agosto de 2016, y el 15 de junio de 2017,
respectivamente. Por lo anterior, es claro que se dejaron vencer los plazos previstos por el
Legislador para demandar a las entidades demandadas por este hecho dañoso.

iii) Ahora bien, cabe destacar que, en la Sentencia SU-254 de 2013, la Corte Constitucional
dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “para efectos de la caducidad de futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener
en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.

Para esta Sala, no debe utilizarse como referencia la ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013
para efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa. La sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado no indicó ninguna
limitación en cuanto a la aplicación de este criterio jurisprudencial en el tiempo. Por consiguiente,
debe considerarse que sus efectos son retrospectivos, es decir, las reglas definidas en esta
sentencia deben aplicarse a situaciones no consolidadas antes de su vigencia.

Esta posición jurídica fue defendida recientemente por la Corte Constitucional, en Sentencia T-044
de 2022, donde precisó que, “para los efectos del presente caso, el fallo de unificación [del
Consejo de Estado] tiene efectos retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque
darle efectos retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la regla general es que
los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales e inmediatos; tercero, debido a que,
según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el
precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y,
cuarto, porque, esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección
Tercera” [subrayas fuera de texto].

En igual sentido, el Consejo de Estado sostuvo esta misma tesis mediante providencias del 3 de
febrero y del 19 de julio de 2022, explicando que, la interpretación adoptada en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 resultaba vinculante y obligatoria para los casos pendientes
por resolver, por encima, incluso, de la posición adoptada en la Sentencia SU-254 de 2013.

Pero, si en gracia de discusión, se aceptara la tesis contraria, respecto al conteo de la caducidad
desde la fecha de ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013, la conclusión sería la misma. La
providencia en mención cobró ejecutoría a partir del 23 de mayo de 2013, por ende, los
demandantes tenían hasta el 24 de mayo de 2015 para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Al interior del proceso, está ampliamente demostrado que los demandantes presentaron el 23 de
agosto de 2016, y el 15 de junio de 2017, la solicitud de conciliación prejudicial, y la demanda,
respectivamente. De tal manera que, dejaron que operara la caducidad del medio de control en el
presente asunto.

iv) Finalmente, cabe destacar que, el órgano de cierre ha explicado que la ignorancia de la ley no
es motivo para excusarse en el incumplimiento de la misma, y dado que, el régimen de la
reparación directa tiene una regulación de orden legislativo, constituía un deber para los
ciudadanos supeditarse a sus reglas. Además, si se hubiese alegado alguna dificultad económica
para ejercer los derechos presuntamente transgredidos, pudo haberse acudido al amparo de
pobreza antes de iniciar el proceso judicial, conforme con lo establecido en el artículo 151 del
Código General del Proceso.

Por todos estos motivos, la Sala modificará la sentencia del siete (7) de julio de dos mil veinte
(2020), proferida por el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena. En su
lugar, se declarará probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa”.
(Negrilla y subraya de la Sala)

De lo anterior, se observa que la autoridad judicial demandada declaró probada la
excepción de caducidad de la acción con sustentó en la sentencia de unificación
de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, que a su
vez validó la Corte Constitucional, es decir, que en los casos en que se pretenda
una indemnización del Estado por daños causados por delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y similares se debía cumplir con la carga de presentar la
demanda en el término oportuno. Por consiguiente, el tribunal efectuó el análisis
de la caducidad a partir de diferentes momentos, a saber: i) desde que ocurrió el
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desplazamiento y ii) cuando se constató que se había recuperado el orden público
en el municipio de San Juan Nepomuceno y en el corregimiento de San Agustín.

Finalmente, la autoridad judicial accionada destacó que el precedente judicial
aplicable era el del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa,
es decir, la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, antes mencionada, a
lo que agregó “no debe utilizarse como referencia la ejecutoria de la Sentencia SU-254
de 2013 para efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación
directa”, pero que en “gracia de discusión” si se aplicara ese parámetro “la conclusión
sería la misma”.

4.2.3. El defecto por desconocimiento del precedente judicial es necesario precisar
que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que32: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el
(los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si
la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas33:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las
razones por las que estima que se desconoció 15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar.
Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente
judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos
sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para
apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión
(ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las
normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 34.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la
igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

Por otra parte, La Corte Constitucional35 ha precisado que el defecto
procedimental tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el
funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales
aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley,
el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos
fundamentales. También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede
configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez
resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por
motivos excesivamente formales.

32
Sentencia T-158 de 2006.
33
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
34
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
35
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.: Cristina
Pardo Schlesinger.
15

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Demandante: Rosa María Anillo Calderón y otros

El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del
asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. También
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye
razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una
denegación de justicia.

Finalmente, el defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución36, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión37.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, conforme lo indicó el a
quo, el Tribunal Administrativo de Bolívar aplicó indebidamente la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en tanto en esa providencia no se fijó una regla jurisprudencial
específica sobre caducidad en casos relacionados con desplazamiento forzado, en
tanto, como lo ha sostenido esta Sala de manera reiterada, el precedente
constitucional aplicable especial y prevalente aplicable en estos casos es el
contenido en la sentencia SU-254 de 2013.

Al respecto, se observa que la sentencia de tutela de primera instancia consideró
que la autoridad judicial accionada analizó la caducidad a partir de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, la cual no se había expedido al momento en
el que los demandantes radicaron la demanda de reparación directa y que, en
razón a que no se estableció en dicha decisión los efectos temporales de la

36
Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
37
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16

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mencionada providencia de unificación, no era posible que se aplicara al caso de
la parte actora, porque sus efectos se debe entender aplicables hacia el futuro.

En efecto, al verificar la sentencia objetada se observa que la ratio decidendi se
centra en la aplicación de la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, “en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr
el plazo de ley”.

Aunado a lo anterior, se constató que el tribunal accionado afirmó que la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 tenía efectos retrospectivos, con sustento
en otras decisiones expedidas con posterioridad, en las que la Sección Tercera del
Consejo de Estado afirmó que la mencionada decisión de unificación gozaba de
los mencionados efectos.

A juicio de la Sala, la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 no era
aplicable en el presente asunto, pues para la verificación del presupuesto procesal
de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados
con desplazamiento forzado se debe efectuar con la regla jurisprudencial
desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013, como lo
recordó en la reciente sentencia T-374 de 2023, postura en la que se insistió en la
aplicación del término del mencionado presupuesto procesal, pero a partir de la
ejecutoria de dicha decisión de unificación, razón por la cual la autoridad judicial
accionada debió aplicar el precedente constitucional, y no mencionarlo como un
dicho de paso -en gracia de discusión-, como se hizo en la sentencia objetada.

Sin embargo, la Sala evidencia que mantener el amparo concedido en primera
instancia no tendría un efecto útil, pues al analizar las particularidades del
presente asunto, se puede constatar que al aplicar la regla contenida en la
sentencia SU-254 de 2013, es decir, estudiar la caducidad a partir de la ejecutoria
de esa decisión, la conclusión a la que se arribaría es que no se presentó de
manera oportuna.

En efecto, la SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional quedó ejecutoriada el 23
de mayo de 2013, es decir, que para el 23 de agosto de 2016 cuando se radicó la
solicitud de conciliación prejudicial, y el 15 de junio de 2017, fecha en la que se
presentó la demanda de reparación directa, ya se había superado el término de
dos (2) años, por lo que no se había cumplido con la carga de ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.

Igualmente, se observa que la autoridad judicial accionada evidenció en la
certificación expedida por la Brigada de Infantería de Marina No. 001, que los
grupos guerrilleros en el municipio de San Juan Nepomuceno y en el
corregimiento de San Agustín habían sido reducidos a cero, así como los grupos
de autodefensas estaban desmovilizados, situaciones que ocurrieron en el año
2009, fecha en la que a su vez se certificó el regreso de pobladores, así como el
inicio de los procesos de restitución de terrenos a personas desplazadas.

Por otra parte, se debe precisar que los cargos relacionados con el defecto fáctico,
planteados en el escrito de tutela y que fueron reprochados en la impugnación
17

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presentada por el tribunal accionado, están encaminados a demostrar la
responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado que ocurrió en el
corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, lo
que no es objeto de discusión en esta oportunidad.

Así las cosas, la Sala concluye que si bien se presentó una indebida aplicación de
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y que se desatendió el precedente especial y
prevalente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-254 de 2013,
lo cierto es que se arribaría a la misma conclusión respecto de la caducidad del
medio de control de reparación directa, sin que se evidencie alguna otra
circunstancia que permita efectuar el conteo desde un momento posterior.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Rosa María Anillo Calderón, Ana Victoria Cudris Torres, Miguel Eduardo
Caro Villegas y David Manuel Tapias Días, quienes actúan en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

18

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