Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07666-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07666-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07666-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: SAÚL EMILIO MANCO ARANGO Y OTROS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Saúl Emilio Manco Arango y otros
contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 19 de diciembre de 2023, Saúl Emilio Manco Arango, Rubiela del Socorro Jaramillo
de Manco, Richards Alfonso Manco Jaramillo, Jhonner Vladimir Manco Jaramillo,
Laura Manco Casas, Adriana Patricia Casas Osorio y Magda Janeth Mejía González
a través de apoderado, formularon acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación, a la dignidad y a la
vida, que consideran vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A al proferir la sentencia del 2 de junio de 2023, que negó las pretensiones
de la demanda de reparación directa1 que promovieron contra la Nación–Ministerio de
Defensa Nacional-Ejército Nacional.
En virtud del amparo, se solicita dejar sin efectos la providencia reprochada y en su
lugar, se ordene proferir un fallo en reemplazo que confirme la sentencia estimatoria
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Identificado con número de radicado: 05001-23-31-000-2010-01934-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de primera instancia, se reconozcan los daños morales causados a Magda Yaneth
Mejía y se ordenen las medidas restaurativas encaminadas a la búsqueda de los
restos de Saúl Linfrey Manco Jaramillo.
2. Hechos relevantes
La parte actora interpuso demanda de reparación directa contra la Nación–Ministerio
de Defensa Nacional-Ejército Nacional para reclamar los perjuicios derivados de la
desaparición forzada del señor Saúl Linfrey Jaramillo, mientras se transportaba en un
taxi del cual fue secuestrado por varios hombres que, según alegan los solicitantes,
se valieron de su condición de integrantes del Grupo Gaula Militar para el plagio.
El asunto le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia
que en sentencia del 26 de septiembre de 2014 accedió parcialmente a las
pretensiones. Estimó que la desaparición forzada le era imputable al Ejército Nacional
a título de falla en el servicio, pues el capitán Eduardo Andrés Delgado Villalba se valió
de su condición de militar para obligar a la víctima a abordar el vehículo en el que fue
secuestrado e impidió que los miembros de la Policía Nacional que llevaban a cabo
una labor de persecución del vehículo para su rescate, identificaran y registraran a
sus ocupantes. Tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recurso
de apelación contra la sentencia.
El 2 de junio de 2023, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A revocó la
decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones y, en su
lugar, negó las pretensiones. Consideró que en el caso no se probó que la persona
que retuvo al desaparecido hubiera manifestado que pertenecía al Ejército Nacional
ni que se valió de su condición de militar para impedir que la Policía identificara a los
ocupantes del vehículo en el que fue secuestrado la víctima.
3. Fundamentos de la solicitud
La parte actora sostiene que la accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados, pues incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ya
que, a su juicio, del expediente se podía inferir que existió un vínculo entre la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
desaparición forzada del señor Saúl Emilio Linfrey Manco Jaramillo y los autores que
cometieron el delito en su calidad de militares. Esgrimieron que los militares hicieron
uso de la institucionalidad para ejecutar el hecho dañoso e hicieron más gravosa la
situación, ya que para lograr su cometido utilizaron armas de uso privativo de las
fuerzas militares.
Adujeron que el fallo reprochado incurrió en un defecto por violación directa de la
Constitución, pues esa decisión desconoció los derechos a la verdad justicia y
reparación, así como los tratados internacionales de Derechos Humanos por
desaparición forzada, los cuales de no ser garantizados por el Estado comprometen
su responsabilidad. Por últimos, señalaron que la autoridad judicial accionada
desconoció los derechos de las víctimas en el maro de los delitos de desaparición
forzada, al negarles la posibilidad de saber dónde está el cuerpo del Saúl Linfrey
Manco Jaramillo y, además, de ser reparados integralmente por los daños materiales
e inmateriales que les fueron ocasionados.
Trámite procesal
El 16 de enero de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y a
Claudia Elena, Martha Cecilia y Sandra Jhanet Jaramillo Vinasco, como terceros
interesados en el resultado de esta acción. También se comunicó la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
al oponerse al amparo, adujo que la solicitud es improcedente, pues realizó un
examen serio e integral del material probatorio aportado al proceso. Advirtió que no
se configuró el derecho fáctico alegado, pues de las pruebas aportadas al expediente
se pudo inferir que la desaparición de la víctima no resultaba imputable fáctica ni
jurídicamente al Ejército Nacional, ya que la actividad ilícita que desarrollaron los
implicados no tenía vínculo con el servicio por lo que en el caso objeto de estudio se
configuró una causa extraña.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Adujo que no incurrió en un defecto por violación directa a la Constitución, pues no
declarar la responsabilidad del Estado cuando no se acredita el nexo con el servicio
no resulta arbitrario ni irrazonable. Por último, advirtió que tampoco desconoció los
derechos de verdad, justicia, reparación, dignidad y vida pues en el caso las víctimas
pudieron activar los mecanismos idóneos ante los fiscales y la justicia penal para
encontrar el cuerpo del desaparecido.
El Ministerio de Defensa Nacional esgrimió que la decisión cuestionada por los
accionantes se tomó tras hacer una debida valoración probatoria, pues en el caso la
desaparición del señor Saúl Linfrey Manco Jaramillo se dio en el marco de actuaciones
propias del señor Eduardo Andrés Delgado Villalba, quien en ese momento no estaba
realizando actividades propias ni de conocimiento de la entidad militar.
La Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia aportó copia digital del
expediente ordinario.
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 2 junio de 2023 que revocó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda de reparación directa y en su lugar, denegó las
pretensiones de la acción.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es
competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal,
que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad
los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la
providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben
expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de
los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La providencia reprochada revocó la decisión de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa y, en su lugar,
las negó. Consideró que en el caso no se probó que la persona que ejecutó la
retención del desaparecido hubiera manifestado que pertenecía al Ejército Nacional
ni que se valió de su condición de militar para impedir que la Policía Nacional
identificara a los ocupantes del vehículo en el que fue secuestrada la víctima.
Estimó que en el caso se configuró causal eximente de responsabilidad por culpa
personal del agente, pues la lesión a los bienes jurídicos de los demandantes se dio
a partir de la actuación personal y delincuencial de los militares del Grupo Gaula, que
no tuvo relación directa con el servicio, ya que no se encontraban en cumplimiento de
una orden de operaciones, sino que se valieron de maniobras para impedir que fueran
descubiertos en la ejecución del delito. Por lo anterior, adujo que el daño alegado
resulta imputable a los señores Eduardo Andrés Delgado Villalba, Oscar Fabián
Vargas Barrera, Luis Marín Trujillo y Davison Mosquera Berrío, pues la intención con
la que obraron, según se estableció en el proceso penal, hace que sus actuaciones
se desprendan del servicio.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07666-00
Solicitante: Saúl Emilio Manco Arango y otros
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala advierte que los argumentos presentados por la parte accionante no cumplen
con el requisito general de relevancia constitucional, pues no se acreditó una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales reprochados, sino que estos se
encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento esto
es, si las actuaciones de las personas que cometieron el delito de desaparición
forzada podían ser imputables al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional dadas
sus calidades como miembros de las fuerzas militares. Revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, se estima que los reproches provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Saúl Emilio Manco
Arango y otros contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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