RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07669-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07669-00

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07669-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora Judith Margoth Mendoza de Castro, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07669-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

7 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Demandante: JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D” Y JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
FACATATIVÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de acceder a la
reliquidación de la pensión de jubilación. Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de
relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Judith Margoth Mendoza de Castro contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Facatativá, quien actúa a través de
apoderado judicial, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad procesal, a la seguridad social, a la vida digna, al
mínimo vital de las personas de la tercera edad, a los derechos adquiridos y
expectativas legitimas, así como a los principios de seguridad jurídica,
favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley, los cuales considera vulnerados
con las sentencias de 15 de junio de 2023 y 11 de mayo de 2020, proferidas, en
su orden, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado con el fin de que se reliquidara la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio de conformidad con el régimen de transición previsto en la Ley 33 de
1985.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que laboró en la Secretaría de Educación desde el 10 de febrero
de 1958 hasta el 31 de marzo de 2006.

Señaló que cuando inició la vigencia de la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años
de servicio por lo que, consideró que era beneficiaria del régimen de transición
previsto en dicha ley. Agregó que con la Ley 100 de 1993 cumplía el estatus
pensional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

Mencionó que el extinto Instituto de los Seguros Sociales -ISS-, hoy
Colpensiones, le reconoció la pensión de jubilación omitiendo la inclusión de la
totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicios.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(en adelante Colpensiones), con el fin de que se le reconociera la pensión de
jubilación teniendo en cuenta el 75% de la totalidad de los factores de salario
devengados en el año anterior a la fecha de retiro oficial.

Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá en
sentencia de 11 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que si bien a la demandante le aplicaba el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 en cuanto a la edad, tiempo servicio y porcentaje de salario, lo
cierto es que conforme con la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación
del Consejo de Estado CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, los factores
pretendidos no se encontraban enlistados en el Decreto 1158 de 1994 por lo que
no era procedente la inclusión de los mismos.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, en fallo de de 15 de junio de 2022, en el
sentido de confirmarla íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida
digna, al mínimo vital, a los derechos adquiridos y a las expectativas legítimas, así
como los principios de favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Facatativá, con las sentencias de 15 de junio de 2023 y 11 de mayo de 2020,
respectivamente, que negaron la reliquidación de la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio.

En primer lugar, sostuvo que la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, bajo los siguientes argumentos: i) subsidiariedad,
porque contra la sentencia de segunda instancia no procede ningún recurso; ii)
inmediatez, en tanto la tutela se interpuso antes de transcurridos seis (6) meses
desde que se emitió la sentencia; iii) no se dirige contra un fallo de la misma
naturaleza, iv) los hechos y las pretensiones se encuentran debidamente
identificados y v) goza de relevancia constitucional, “toda vez que se trata de atacar
una providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional, y en la que se
advierte la posible vulneración de derechos fundamentales como a la seguridad social,
vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera edad, derechos adquiridos y
expectativas legítimas, principio de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e
inescindibilidad de la ley, debido proceso, y derecho a la igualdad procesal”.

Luego, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en i) defecto
fáctico, al no valorar las pruebas que acreditan su derecho a la reliquidación de la
pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio y no resolver los extremos que habían sido planteadas en la litis, en
particular, lo relacionado con el derecho a que le fuesen aplicadas las reglas del
régimen de transición contemplado en la Ley 33 de 1985.

En este sentido, aseguró que no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el cual indica que la sentencia debe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

contener un “resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen”.

Sostuvo que en las providencias se definieron los parámetros para determinar el
ingreso base de liquidación y los factores salariales aplicables a la pensión, pero
no se analizó el régimen prestacional que le correspondía para el reconocimiento
pensional a partir de los elementos probatorios allegados al expediente.

A lo que agregó que el tribunal demandado no comprendió que solicita la inclusión
de todos los factores salariales del último año de servicio conforme con el régimen
de transición establecido en la Ley 33 de 1985 y acudió a la postura actual del
Consejo de Estado establecida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, a pesar de que la misma no corresponde al régimen jurídico que le es
aplicable.

De igual forma, indicó que las decisiones adolecen de ii) defecto sustantivo, por
cuanto se desconoció que el régimen aplicable a la accionante es el de transición
contenido en el parágrafo 2° del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, teniendo en
cuenta que fue vinculada al servicio del Estado desde el 10 de febrero de 1958
hasta el 31 de marzo de 2006, por lo que para liquidar el monto de la pensión de
jubilación debió aplicar la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969 y 1045 de 1978.

Refirió que también se incurrió en iii) desconocimiento del precedente judicial,
en razón a que contraría al precedente judicial aplicable al régimen de transición
contemplado en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en tanto “ las
reglas contenidas en los precedentes jurisprudenciales aplicados por el accionado, como
lo son las sentencias del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, NO pueden
aplicarse al régimen de transición contenido en la ley 33 de 1985, dado que su aplicación
solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993”.

Mencionó que las autoridades judiciales demandadas desconocieron que la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 no se
encontraba vigente en el momento que se presentó la demanda, por lo que insistió
que se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Manifestó que se desconoció que no tenía que acreditar los factores salariales que
debían tenerse en cuenta para su pensión porque la sentencia de 4 de agosto de
20101 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, “definió cuáles son los factores
salariales que deben tenerse en cuenta por ser remunerativos del servicio y deberá
entonces tenerse como tal la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, independientemente si se cotizó o no respecto de ellos, pues como
venía realizando este despacho judicial, en el evento de que no se hubiera cotizado sobre
ellos, en la sentencia se ordenaba, pues no es del resorte del servidor público sino del
nominador cotizar sobre ellos”.

2 3
Citó apartes de las sentencias de 26 marzo de 2019 y 5 de mayo de 2019 ,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para concluir que los
factores salariales que se deben reconocer en vigencia de la transición de Ley 33
de 1985, son los que se encuentran enlistados en el Decreto 1045 de 1978.

Por último, expresó que “es relevante traer a colación el siguiente fallo de tutela
proferido por el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda del 12 de Diciembre de
1
Expediente No. 2006-7509, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
2
Exp. 2559-07.
3
Exp. 25000-23-42-000-2012-02011-01 (0298-14)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

2019, dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2019-04749-00, con Magistrado Ponente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS, para que conforme a los principios de igualdad,
favorabilidad y analogía se tengan en cuenta al fallar la presente controversia”.

3. Pretensiones

La actora formuló las siguientes:

“1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY,
DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de la
señora JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO.

2. ORDENAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÒN SEGUNDA – SUBSECCIÒN “D” en amparo a los derechos
enunciados, revocar la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022, que
CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, y en consecuencia ordene reliquidar la pensión de mi asistida
teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados”.

4. Pruebas relevantes

Se remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 25269-33-33-001-2015-00615-01, demandante: Judith
Margot Mendoza de Castro.

5. Trámite procesal

Mediante providencia de 17 de enero de 2024, la magistrada sustanciadora
requirió al abogado de la demandante con el fin de que allegara el poder especial
que lo acredite como su apoderado.

Por auto de 1 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como tercera
interesada en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 160686 a
4
160690 de 5 de febrero de 2024 , con el fin de poner en conocimiento de las
partes la precitada decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá

El titular del despacho judicial rindió informe en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, comoquiera que el amparo carece de
relevancia constitucional e inmediatez.

4
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: acopresbogota@gmail.com; jmargoth@hotmail.com,
scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co,
contacto@colpensiones.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
jadminfac@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin01fac@notificacionesrj.gov.co.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

Indicó que la accionante pretende abrir una tercera instancia para cuestionar las
sentencias de 15 de junio de 2023 y 11 de mayo de 2020, con el fin de que se
ordene un cambio sustancial de las decisiones.

Lo anterior, por cuanto los argumentos expuestos en la acción de tutela
corresponden a los presentados en el recurso de apelación que formuló en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, además, no logró acreditar la
existencia de un defecto sustantivo.

Por último, indicó que el amparo constitucional carece del requisito de inmediatez,
toda vez que la decisión acusada de segunda instancia se profirió el 15 de junio de
2023 y el Decreto 564 de 2020 no resulta aplicable al caso, porque hace
referencia a la excepción producto de la pandemia la cual se encuentra superada,
además, porque si la accionante considera vulnerados sus derechos debió
interponer la acción cuando se efectuó la notificación del fallo de segunda
instancia.

6.2. Respuesta de Colpensiones

La directora de Acciones Constitucionales pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se ha materializado ninguna vía de hecho o
vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales
demandadas, a lo que agregó que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

Señaló que los argumentos presentados en el escrito de tutela fueron objeto de
estudio por el juez ordinario competente, por lo que la demandante pretende dar
continuación a un debate desconociendo la naturaleza subsidiaria del amparo
constitucional.

Finalmente, sostuvo que decidir de fondo las pretensiones de la demandante
invalida la órbita del juez natural y se exceden las competencias del juez
constitucional teniendo en cuenta que no se configuró un perjuicio irremediable.

6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“D” remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 25269-33-33-001-2015-00615-01, sin embargo, no se
pronunció de fondo en torno a los hechos y las pretensiones de la acción de
tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Facatativá, vulneraron los derechos fundamentales invocados con las
sentencias de 15 de junio de 2023 y 11 de mayo de 2020, respectivamente, al
incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, al no ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, a
pesar de que la demandante es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en la Ley 33 de 1985.

De manera previa, la Sala verificará si el presente asunto cumple el presupuesto
de la relevancia constitucional, en tanto lo relativo al régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 no fue alegado en el proceso ordinario.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener

5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La señora Judith Margoth Mendoza Castro formuló acción de tutela en
defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, a los derechos adquiridos y a las
expectativas legítimas, así como los principios de favorabilidad laboral e
inescindibilidad de la ley, supuestamente vulnerados con las sentencias de 15 de
junio de 2023 y 11 de mayo de 2020 proferidas, en su orden, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Facatativá que negaron las pretensiones en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra el Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su
mesada pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios.

Si bien la demandante afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, su reproche
se sustenta en que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que es
beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, razón por la
cual su pensión debía liquidarse de acuerdo con la Ley 6 de 1945, los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 y, además, la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018 no es aplicable a su caso.

4.2. En la contestación de la demanda de tutela, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Facatativá y Colpensiones manifestaron que la acción de tutela
carece del requisito de relevancia constitucional y, adicionalmente, que no cumple
el presupuesto de la inmediatez.

En relación con el requisito de inmediatez, la Sala evidencia, que conforme da
cuenta el aplicativo de búsqueda de procesos de la plataforma de SAMAI de la
Rama Judicial, la sentencia de 15 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, se notificó a
las partes mediante correo electrónico enviado el 4 de julio de 2023, por lo que se
entiende notificada el 6 de julio de 2023 de conformidad con lo previsto en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

artículo 2059 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, fecha a partir de la cual se
verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 19 de diciembre de 202310,
transcurrieron cinco (5) meses y trece (13) días entre el momento de la
notificación y el de la interposición de la acción constitucional11, término que se
encuentra dentro el límite establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de
esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional.

En conclusión, se encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de
inmediatez.

4.3. De otra parte, la Sala observa que la acción de tutela no cumple el requisito
de la relevancia constitucional, por las siguientes razones:

La accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra Colpensiones, con el fin de que se reliquidara
su pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo devengado en el último
año de servicio con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos.

En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá
por sentencia de 11 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda bajo
el argumento de que no era posible incluir en el IBL el sueldo más alto devengado
en el último año de servicio ya que el régimen aplicable era el establecido en la
Ley 100 de 1993 y los factores pretendidos como la prima especial, la prima de
vacaciones la prima de navidad y la prima de servicios no se encontraban
enlistados en el Decreto 1158 de 1994 como factores salariales, por lo que no era
procedente la inclusión de los mismos en la liquidación de la pensión. En ese
sentido, expresó lo siguiente:

“Así las cosas, en el caso bajo estudio no existe duda de que la demandante se
encuentra amparada por el régimen e transición, previsto en el artículo 36 de la Ley
100/1993, pues a la fecha de entrada en vigencia de la norma, esto es, el 1° de abril de
1994, contaba con 53 años de edad, además contaba, para la fecha con más de 15
años de servicios, por lo que el régimen resulta aplicable en cuanto a la (i) edad, (ii)
tiempo de servicio y (iii) monto, esto es, tasa de remplazo, será el establecido en el D.
546/1971.

Ahora, atendiendo lo pretendido en su demanda, la señora Mendoza de Castro pidió
que, para efectos de determinar el IBL, se le tuviera en cuenta el sueldo más alto
devengado en el último año de servicio conforme a lo establecido en el artículo 6° del
D.546/1971, no obstante, considerando lo señalado en acápites precedentes, no le
asiste la razón en este punto, ya que el régimen aplicable es el introducido en la
L.100/1993 a esta misma conclusión arribó el Consejo de Estado en reciente sentencia
-6 de junio de 2019, ocasión en la que el accionante alegó la existencia de un defecto
sustantivo en la providencia del Juez de conocimiento cuando consideró que el IBL de

9
ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52 de
la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se
someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital
registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del
mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará
constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los
registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.
10
Acta individual de reparto.
11
Conforme con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,
“2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

su pensión debía ser establecido en las prerrogativas del Sistema General, pese a ser
un funcionario cobijado por el régimen del D.546/1971.

(…)

Por otro lado, la demandante solicitó que se incluyeran como factores de liquidación los
siguientes:

• Prima especial
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Prima de servicios

Observa el Despacho que los factores pretendidos no se encuentran establecidos en el
D.1158/1994; además atendiendo al criterio establecido en la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado previamente referida, los factores de liquidación pensional son
taxativos; razones que bastan para negar la inclusión de los mismos en la liquidación
de la pensión”.

La actora presentó recurso de apelación contra esa decisión, con base en los
siguientes fundamentos:

“se tiene que mi mandante es beneficiaria del régimen excepcional reconocido para los
funcionarios de la Rama Jurisdiccional, régimen que está regulado por norma especial,
razón por la cual NO es viable pretender dar aplicación a una norma distinta a la atrás
mencionada (Ley 100 de 1993), pues se debe dar aplicación por favorabilidad a la norma
más beneficiosa y respetar sus derechos adquiridos por lo regulado en el Decreto 546 de
1971.

(…)

En este orden de ideas, se colige que el despacho en la providencia acusada, se limitó a
definir los parámetros para determinar el Ingreso Base de Liquidación y los factores
salariales aplicables a la pensión de la demandante, sin analizar el régimen prestacional
que regía el reconocimiento pensional de la demandante, a partir de los elementos
probatorios obrantes en el expediente y los argumentos que expuso la parte demandante
durante el trámite administrativo y judicial.

Por los anteriores argumentos, se evidencia que el despacho omitió examinar con
rigurosidad el material probatorio que conformaba el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, para verificar la historia laboral y los antecedentes
administrativos de la señora JUDY MARGOTH MENDOZA DE CASTRO, a efectos definir la
predecibilidad o no de la aplicación total del Decreto 546 de 1971, que reclamaba la
demandante.

(…)

Téngase en cuenta que, como atrás se dijo, mi mandante goza de un régimen excepcional
por los servicios prestados en la Rama Jurisdiccional, y por lo tanto su prestación NO fue
reconocida con lo preceptuado en la Ley 33 de 1985 así como tampoco por la Ley 100 de
1993, por lo que, pretender dar aplicación a estas normas, y a un precedente jurisprudencial
que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, es vulnerar los derechos adquiridos de
mi mandante, afectando sus intereses y derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital, entre otros”.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D” confirmó la decisión recurrida, por medio de sentencia
de 15 de junio de 2023, con sustento en:

“(…) la actora es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y, en tal medida, acogiendo la postura de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado citada en líneas anteriores, para la reliquidación de la
pensión, se deben aplicar las reglas previstas en el Decreto 546 de 1971, en cuanto a la
edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto.

Así entonces, como quiera la administración reconoció la pensión de vejez a Judy Margoth
Mendoza De Castro mediante Resolución No. 005126 del 20 de febrero de 2006,
modificada mediante la Resolución No. 027527 del 7 de julio de 2006, con los factores

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

devengados en los últimos 529 días12 de servicio enlistados en el Decreto 1158 de 1994, y
no como lo señala la referida jurisprudencia actual del Consejo de Estado en la Sentencia
de Unificación CESUJ- S2-021-20, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, esto
es, con los últimos 10 años de servicio, lo que permite inferir, que el reconocimiento
pensional del cual goza el ahora demandante es más beneficioso a sus intereses, que el
que ha debido reconocérsele en los términos de la referida sentencia de unificación,
empero, ello constituye un derecho adquirido para el actor

Por su parte, la parte actora en su recurso de alzada afirma enfatiza que la reliquidación de
su pensión de vejez debe efectuarse íntegramente en los términos del Decreto 546 de
1971, pues se trata de un derecho adquirido y deben mantenerse las condiciones de
pensión para quienes, como es su caso, son beneficiarios del régimen de transición
establecido en multicitado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, debe recordarse que la pluricitada Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20
del Consejo de Estado, precisó que sus consideraciones son aplicables a todos los
procesos que cursen tanto en vía administrativa como en vía judicial, sin perjuicio de la
aplicación del principio de cosa juzgada a quienes se les haya resuelto sus situaciones
pensionales mediante trámites administrativos o sentencias judiciales ejecutoriadas con
fundamento en tesis anteriores sobre el mismo particular de esa misma Corporación, así
(…)

De tal forma, vistos los argumentos anteriores, la Sala concluye que atendiendo las
consideraciones de la plurimencionada sentencia de unificación, en caso de aplicarse a la
situación particular de la actora, en cuanto se encontraba en trámite judicial a la fecha de
expedición de la referida providencia, se reitera, que inclusive su reconocimiento pensional
en goce, es más beneficioso respecto de una eventual aplicación en su integridad de las
consideraciones de la referida sentencia de unificación”.

De lo antes expuesto, se observa que tanto en primera como en segunda
instancia, el juez natural del asunto evidenció que la accionante adquirió el estatus
pensional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo
que se le debía liquidar la pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en
dicha norma, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994 y en virtud de lo
dispuesto en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es decir, con los factores
salariales que aparecían enunciados en la norma que regulaba su situación
pensional y frente a los cuales se realizaron los respectivos aportes.

4.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia que la accionante en sede
de tutela sostuvo que la reliquidación de la pensión de jubilación debía hacerse de
conformidad con régimen de transición de la Ley 33 de 1985 con la inclusión de
los factores salariales, sin embargo, este debate no fue propuesto en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en ese escenario solicitó la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual el
propósito de la demandante es que el juez constitucional realice una nueva
valoración y hacerla prevalecer sobre el juez ordinario con el fin de que se
accedan a sus pretensiones, lo que desconoce, abiertamente, el carácter
subsidiario de este mecanismo de protección constitucional.

En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada estudió las pretensiones
relacionadas con la reliquidación de la mesada pensional de la actora en relación
con la Ley 100 de 1993, para lo cual concluyó que no tenía derecho a que se le
reliquidara la pensión en los términos solicitados en la demanda y en el recurso de
apelación del proceso ordinario, pues su estatus pensional se consolidó con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que la
demandante conservaba los requisitos relacionados con la edad, tiempo de
servicio y tasa de remplazo, pero respecto de la liquidación indicó que se debían
tener en cuenta los factores enlistados de forma taxativa en el Decreto 1158 de
1994, sobre los cuales se efectuaron aportes según lo dispuesto en la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

Por consiguiente, se observa que, en lo referente a la reliquidación de la pensión
de jubilación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, así como el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Facatativá, estudiaron las pruebas que se allegaron al proceso y determinaron que
la accionante se le debió liquidar la pensión en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y no el de la Ley 33 de 1985.

Ahora bien, como ya lo ha advertido esta Sala en un caso con similares contornos
fácticos12, la circunstancia de que las autoridades judiciales accionadas, en el
marco de su autonomía judicial, resolvieran circunscribir el debate judicial a lo
propuesto en la demanda ordinaria, es una omisión que ahora no puede ser
invocada como una de las causales especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

De lo anterior, se observa que la pretensión que está planteando la parte actora en
la acción de tutela, no se propuso ante la jurisdicción contencioso administrativa
en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
este mecanismo no puede sustituir los causes judiciales ordinarios diseñados por
el legislador, más aún cuando lo pretendido en la solicitud de amparo es
objetivamente incompatible con el debate propuesto en sede ordinaria y en sede
administrativa.

En efecto, analizar su solicitud implicaría invadir la competencia del juez ordinario
y determinar si debe declararse la nulidad de los actos administrativos que
negaron la solicitud de reliquidación pensional formulada por la demandante ante
Colpensiones, en virtud de los nuevos cargos de nulidad que propone, esto es, el
desconocimiento del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, debate legal y no
constitucional, que corresponde analizar al juez natural de la controversia.

Por lo demás, se aclara que el derecho a la seguridad social en pensiones se
materializa a través de mesadas que son de tracto sucesivo, razón por la cual
puede volver a solicitar la reliquidación pensional.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida
digna, al mínimo vital, a los derechos adquiridos y a las expectativas legítimas, así
como los principios de favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley, con el
objeto de revivir etapas procesales ya vencidas y modificar las pretensiones y el
debate de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida
a través de la sentencia objeto de reproche constitucional

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple el presupuesto de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de octubre de 2019, exp. Nº 11001-03-15-
000-2019-04227-00 y sentencias de 23 de enero de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01843-
01 y 4 de junio de 2020, exp N° 11001-03-15-000-2020-01368-00 C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07669-00
Actora: Judith Margoth Mendoza de Castro

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Judith Margoth Mendoza de Castro, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.