Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07670-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
25 de abril de 2024
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Demandante: CARLOS ARTURO GARAY MONTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 22 de febrero de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2023, el señor Carlos Arturo
Garay Montero presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con la finalidad de que se
protegieran sus derechos fundamentales debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 23 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-011-2019-00307-
00/01, pues revocó la decisión de primera instancia que negó las excepciones
propuestas por la parte demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso por vía de
hecho al presentarse el defecto sustantivo y probatorio al proferirse el Auto H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 23 de agosto de 2023, por
medio del cual revoca la sentencia proferida en audiencia inicial por el
Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y declara la
configuración del fenómeno jurídico de la caducidad y como consecuencia,
también se configura la violación del derecho al acceso a la administración de
justicia de la (sic) accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se ORDENE al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque la providencia del 23 de
agosto de 2023 y en su lugar, se ordene seguir adelante con la ejecución en
los términos del mandamiento de pago librado por el Juzgado 11
Administrativo de Bogotá D.C. en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PESIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a favor del señor
CARLOS ARTURO GARAY MONTERO por concepto de intereses moratorios
derivados de las sentencias que fueron proferidas por la Justicia
Administrativa y que se causaron desde la fecha de su ejecutoria (13 de
enero de 2009) hasta el 23 de diciembre de 2014, fecha en la cual se dio
cumplimiento parcial a los mismos y hasta cuando se efectúe el pago total de
la misma, de conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 177 del
C.C.A. (Decreto 01 de 1984)
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que mediante sentencia proferida el 28 de mayo de
2008 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C el 4 de diciembre de la misma anualidad, se condenó a la extinta
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) a reliquidarle y pagarle la pensión
de jubilación incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicios y que dicha orden se debía cumplir en los términos
establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.
Indicó que, la precitada decisión quedó ejecutoriada el 13 de enero de 2009, por
lo que el 6 de febrero de 2009 solicitó su cumplimiento ante dicho fondo, el cual
mediante Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 entró en proceso de supresión y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
en liquidación. Agregó que el 3 de septiembre de la misma anualidad presentó
una petición para que le fueran cancelados los valores correspondientes por
concepto de mesadas atrasadas, indexación e intereses moratorios
reconocidos.
Expuso que mediante Resolución PAP 037047 del 31 de enero de 2011,
Cajanal en liquidación ordenó dar cumplimiento a al fallo en mención, en el
sentido de reliquidar su pensión de jubilación junto con las diferencias que
resultaran de las mesadas atrasadas, así como efectuar las operaciones
aritméticas a que hubiere lugar.
Afirmó que, en diciembre de 2014 la aludida caja reportó al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional (Fopep) la novedad de inclusión en nómina de la
precitada resolución, cancelando a su favor la suma de $22.000.000 por
concepto de pago que, según afirmó, se limitó este de diferencias de mesadas
atrasadas e indexación, pues no se incluyó lo correspondiente a los intereses
moratorios, conforme lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, los cuales fueron ordenados mediante sentencia
judicial y reconocidos por acto administrativo de cumplimiento.
Mencionó que, por lo anterior, el 25 de julio de 2019 presentó demanda
ejecutiva que correspondió al mencionado despacho judicial, el cual por auto
del 23 de enero de 2020 libró mandamiento de pago en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) por la suma de $37.276.333, por conceptos de
intereses entre el 13 de enero de 2009 y el 23 de diciembre de 2014.
Señaló que, la UGPP propuso las excepciones de “pago de la obligación”, la
“prescripción”, la “buena fe”, la “caducidad de la acción”, la “falta de legitimación
en la causa”, la “grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema
pensional”, y “no operancia” de intereses moratorios durante el término de la
liquidación de la extinta Cajanal.
Precisó que, mediante sentencia dictada en audiencia del 29 de septiembre de
2021, dicho juzgado negó las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante
con la ejecución y negó las pretensiones de la demanda respecto a la
indexación.
Adujo que, la UGPP interpuso recurso de apelación al considerar que no
adeudaba suma alguna al ejecutante, en razón de la caducidad de la acción,
pues pasaron más de 9 años para solicitar la ejecución de la sentencia
ordinaria.
Refirió que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C mediante providencia del 23 de agosto de 2023 revocó la anterior
decisión y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad propuesta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
por la UGPP por lo siguiente:
En el caso concreto, la condena se sujetó a las disposiciones del decreto 01 de
1984, el cual establece que el término de exigibilidad de las sentencias dictadas
en contra de la Administración es de 18 meses contados a partir de la ejecutoria
de la sentencia. Las sentencias quedaron ejecutoriadas (sic) el 13 de enero de
2009, por lo cual su exigibilidad se extendía hasta el 13 de julio de 2010. A partir
del día siguiente empezaba a contar el término de caducidad de la acción
ejecutiva, que para los efectos son 5 años y vencían el 14 de julio de 2015.
No obstante, como se dijo, los términos de prescripción y de caducidad de las
obligaciones a cargo de CAJANAL, entidad liquidada, se suspendieron desde el
12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.
En consecuencia, comoquiera que la fecha final de exigibilidad en vía
administrativa - 13 de julio de 2010- se dio dentro de la suspensión de términos
por el proceso de liquidación (término que no se interrumpe puesto que la entidad
continuaba ejerciendo sus funciones y dicha prerrogativa solo se predica de los
términos de caducidad y prescripción), el término de caducidad debe atender esa
suspensión.
Así, como la demanda si bien el a quo y la parte ejecutada en su recurso de
alzada precisan fue presentada ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos el 25 de julio de 2019, fecha que de igual forma consta en el acta
de reparto visible a folio 57 del expediente, esta Sala advierte que la parte actora
la presentó dentro del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-33-31-011-2006-00034-00 el 12 de julio de 2019
fecha última que se mantendrá para verificar si se configuró la caducidad de la
acción. Ahora bien, se observa que ya habían transcurrido los 5 años que
establece el artículo del 164 del CPACA, como quedó anotado en precedencia,
los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de
CAJANAL, entidad liquidada, se suspendieron desde el 12 de junio de 2009
hasta el 11 de junio de 2013, es decir que el 11 de junio de 2013 se reanudó el
cómputo de los 5 años de caducidad de las acciones ejecutivas contra la entidad
liquidada, por lo que la parte actora contaba hasta el día 11 de junio de 2018 para
incoar su demanda, sin embargo lo hizo hasta el 12 de julio de 2019, un año y un
mes, posteriores al vencimiento del término de caducidad.
Así, en el presente caso se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad…
1.4. Sustento de la petición
La parte actora señaló que el tribunal demandado incurrió en un “defecto
sustancial y probatorio”, al considerar que la acción ejecutiva para el pago de
los intereses moratorios adeudados por la ejecutada caducó, al considerar que,
la “…parte actora contaba hasta el día 11 de junio de 2018 para incoar su
demanda, sin embargo, lo hizo hasta el 12 de julio de 2019, un año y un mes,
posteriores al vencimiento del término de caducidad.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Resaltó que, con la decisión acusada se desconoció que los términos de
prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal se
suspendieron desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, con
ocasión del proceso de liquidación de dicha entidad.
Precisó que, el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada de
sentencias judiciales en vigencia del Decreto 01 de 1984, es de 5 años
contados a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir, que en total serán
5 años más 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia
presentada base de recaudo.
Solicitó que, se tenga en cuenta que fue obligado a hacerse parte dentro del
proceso liquidatorio de Cajanal, por lo cual tampoco pudo exigir sus derechos
en forma ejecutiva, luego se le profirió un acto administrativo que inicialmente sí
contenía sus derechos pensionales y después es la misma entidad la que se
abstuvo de pagar parte de ellos. Además alegó en el proceso ejecutivo que no
era la entidad responsable y que no es dable contabilizarle en su contra
términos de exigibilidad; esto, para inducir en error, asaltando la buena fe de
sus acreedores para participar en un proceso dilatorio en el cual sus créditos ni
siquiera fueron reportados como parte de la masa liquidatoria.
Agregó que, se suspendió el pago de los intereses moratorios de los fallos
judiciales mientras durara el proceso liquidatorio, y que por ello solo fue posible
exigirlos a partir del 12 de junio de 2013, cuando se culminó dicha liquidación y
se declaró la extinción de la vida y se declaró la sucesión procesal a cargo de la
UGPP, tiempo durante el cual, en aplicación del principio de igualdad de los
acreedores la entidad estuvo legalmente impedida para efectuar el pago de los
intereses por fuera del procedimiento previsto legalmente.
Resaltó que, solo hasta el día siguiente de su culminación (11 de junio de 2013)
fue posible reclamar nuevamente el pago de tales acreencias y, lógicamente el
reclamo ante las instancias judiciales, es decir, la acción ejecutiva que ahora se
pretende negar, por lo que, se configuró con ello una vulneración al acceso a la
administración de justicia.
Mencionó que, Cajanal al cancelar únicamente los valores correspondientes a
la diferencia de las mesadas atrasadas e indexación de las mismas y no los
intereses moratorios reclamados, desprotegió el pago total de su crédito debido
a que realizó un pago parcial de la obligación contenida en el título ejecutivo
proveniente de una sentencia debidamente ejecutoriada.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 12 de enero de 2024, el ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y dispuso notificar a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Segunda, Subsección C.
A su vez, se ordenó la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) y del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
como terceros interesados en el resultado del proceso. Se requirió el
expediente objeto de la acción.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C
Invocó como prueba la providencia demandada, para destacar que no existe
vulneración a los derechos fundamentales del accionante con la decisión
tomada bajo el análisis fáctico y jurídico hecho en esa oportunidad.
Mencionó que, se sometía al juicio de valoración del juez constitucional para
que, como juez de la jurisdicción constitucional que tiene a su cargo la
corrección de todo el sistema judicial, aborde el estudio de fondo de la
sentencia proferida dentro del expediente ejecutivo, y decida en consecuencia.
Anexó copia de la decisión acusada.
1.6.2. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Este despacho remitió el expediente requerido.
1.6.3. UGPP
Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, por lo que,
solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
se niegue el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante al no configurarse vulneración alguna.
Manifestó que la acción de tutela es improcedente porque lo pretendido por la
parte actora es sustituir una decisión judicial proferida por el juez natural de la
causa, quien, al analizar los fundamentos fácticos y jurídicos y la jurisprudencia
aplicable al caso, llegó a la conclusión de declarar la caducidad de la acción, lo
que hoy es motivo de inconformidad sin argumentación alguna.
Indicó que este mecanismo constitucional no puede ser utilizado con un fin
exclusivamente económico en búsqueda de que se accedan a las pretensiones
de quien acciona, pues ello va en contra de la autonomía de los jueces
naturales de la causa, más aún, cuando el litigio ya fue ventilado respetando el
principio de doble instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Anotó que, en el presente caso no se presenta ninguno de los requisitos
generales y menos específicos para que proceda la acción de tutela aduciendo
vulneración a sus derechos fundamentales, por cuanto las providencias
proferidas se ajustan a las normas reguladoras del caso bajo examen, de lo
cual no puede existir duda y menos que sea objeto de algún tipo de defecto.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 22 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
presupuesto de la relevancia constitucional.
Indicó que, la parte actora está utilizando la acción de tutela como una instancia
o recurso adicional al proceso ejecutivo para controvertir lo resuelto por el juez
natural de la causa, respecto a la forma como se debe computar el término de
caducidad de la acción ejecutiva teniendo en cuenta la suspensión de los
términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal
durante su proceso liquidatorio, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer
criterio de la relevancia constitucional.
Refirió que, es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, ya que la parte accionante no alegó que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso.
1.8. Impugnación
La parte actora con memorial enviado vía electrónica el 11 de marzo de 2024
impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 7
del mismo mes y año, por los siguientes motivos:
Reiteró que, los términos legales aplicables para la configuración de la
caducidad dentro proceso ejecutivo del accionante deben contabilizarse a partir
del 13 de enero de 2009, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que se
exhibió como título ejecutivo.
Indicó que, desplegó en forma continua y permanente todas sus diligencias
administrativas dentro del proceso de liquidación de la entidad y además las
posibles legalmente tendientes al pago de sus intereses, acciones que la misma
entidad reconoció mediante la resolución y ahora es la misma justicia la que
despliega un “castigo a su negligencia” en su contra negándole la acción
ejecutiva justificando argumentos contradictorios de la caja, pues
administrativamente reconoció sus derechos, pero dentro del proceso ejecutivo
los negó y alegó una presunta caducidad ocasionada por la misma entidad y en
su favor.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Consideró que, sí cuenta con amplia relevancia constitucional por cuanto se
están vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia pues con el fallo de tutela impugnado se le dio un
respaldo al tratamiento injusto de los créditos de las deudas del Estado, en
tanto que se impide el pago de los intereses moratorios que se encuentra en
liquidación y, además se trasladaron las cargas desproporcionadas en contra
de los pensionados.
Refirió que, se interpretó de manera favorable la actitud de la administración
que se justificó en procedimientos propios del “desorden jurídico” de su
liquidación para hacer caso omiso a su solicitud total de pago, con claro
desacato de la sentencia objeto de recaudo para, luego pagar parcialmente la
obligación sin los intereses moratorios.
Expuso que, la configuración de la caducidad que se resolvió en la providencia
demandada atenta contra todos los principios de la buena fe, la justicia, de
equidad, la confianza legítima y de acceso a la administración de justicia, pues
se desconoció la ejecución del acto administrativo que ordenó el pago de la
sentencia ordinaria y, con ello se defraudó al pensionado que desplegó toda su
actividad para lograr la cancelación total de lo debido.
Resaltó que, la entidad ejecutada alegó su propia negligencia y abusó del poder
pues durante ese tiempo del proceso liquidatorio, los términos quedaron
suspendidos y no operó la caducidad, por lo que, tampoco podía exigírsele que
instaurara la acción ejecutiva anticipada en el año 2009 o 2013 “… imaginando
que en un futuro, cuando culminara el proceso liquidatorio, no se le incluiría en
la masa de liquidación, que la Entidad no le pagaría completo sus derechos y
que en el año 2.014 se presentaría un desacato parcial a las órdenes judiciales
e incluso al acto administrativo proferido por la misma UGPP que sí incluyó la
orden total y que fue ratificado modificado y asumida la responsabilidad del
pago de tales acreencias.”
Solicitó que, se revoque el fallo de primera instancia al reiterar que con la
providencia acusada se configuró el “defecto sustantivo y probatorio”, debido
que en el presente proceso no ha ocurrido el fenómeno de la caducidad de la
acción, por efectos de la suspensión total de términos, tanto para la prescripción
como para la caducidad producida por la liquidación en que estuvo Cajanal
entre los años 2009 a 2013; con lo cual se demuestra la relevancia
constitucional por la flagrante violación de derechos fundamentales en contra de
un pensionado que cuenta con especial y prevalente protección constitucional1.
1
Citó la sentencia T – 342 de 2014 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y, de ser así, si se acreditan los demás presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De encontrase cumplidos, se analizará si con la decisión demandada se incurre
en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando
se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.4
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
4
Ibídem.
5
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
La parte actora consideró vulneradas sus derechos fundamentales con ocasión
de la sentencia del 23 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-011-2019-00307-
00/01; pues revocó la decisión de primera instancia que negó las excepciones
propuestas por la parte demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución
para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad.
Específicamente, manifestó que se incurrió en un “defecto sustancial y
probatorio” pues la autoridad judicial acusada decidió que la acción ejecutiva
para el pago de los intereses moratorios insolutos caducó en atención a que la
“…parte actora contaba hasta el día 11 de junio de 2018 para incoar su
demanda, sin embargo, lo hizo hasta el 12 de julio de 2019…”, sin tener en
cuenta que, los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a
cargo de Cajanal se suspendieron desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de
junio de 2013, con ocasión del proceso de liquidación de la extinta Cajanal.
El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito de la relevancia constitucional.
La parte actora impugnó. Para tal efecto, reiteró sus argumentos iniciales
relativos a que los términos legales aplicables para la configuración de la
caducidad dentro proceso ejecutivo deben contabilizarse a partir del 13 de
enero de 2009, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia objeto del
recaudo judicial en razón a que, si bien existió pago parcial de la obligación, le
adeudaban los intereses moratorios derivados de la sentencia judicial objeto de
recaudo.
Por lo expuesto, se observa que, la decisión de primera instancia debe
confirmarse pues el asunto planteado por la parte impugnante carece del
presupuesto de la relevancia constitucional, por las razones que a continuación
se exponen:
En el presente asunto, se observa que la discusión órbita en torno a un asunto
de mera legalidad relacionado con la aplicación del fenómeno de la caducidad;
por lo que, se advierte que lo que busca el accionante es controvertir la decisión
del juez ordinario de la causa para reabrir debates que se agotaron en el
proceso ejecutivo, en procura de convertir este mecanismo de amparo en una
instancia adicional, y, por tanto, carece de relevancia constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
Al respecto, se precisa que, con la providencia acusada del 23 de agosto de
2023 se revocó la sentencia de primera instancia dictada en el proceso
ejecutivo presentado por el accionante con la finalidad de que se ordenara el
pago judicial de intereses moratorios derivados de la decisión objeto de
ejecución, para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad
propuesta por la parte ejecutada.
De modo que, la autoridad judicial atacada en virtud del principio de autonomía
judicial estableció que para la contabilización del término de caducidad en el
proceso ejecutivo se debía contabilizar a partir de la exigibilidad de la obligación
contenida en la providencia judicial de condena.
En relación con el presupuesto de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional ha considerado que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado.
Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional
para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas
que se zanjaron por el juez natural.
En la sentencia SU 573 de 20196, la citada corporación consideró que el
mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel…”7. De igual manera, se precisa el aludido requisito
tiene tres finalidades, a saber:
6
En dicha providencia se indicó que: La Sala declaró improcedente las acciones de tutela
interpuestas en contra de las sentencias dictadas por el Consejo de Estado, en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los tutelantes, por dos
razones. De una parte, tras advertir que la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación de las cesantías en el régimen docente, dispuesta por la Ley 50
de 1990 y Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, carecía de evidente
relevancia constitucional, en la medida en que la discusión planteada: (i) versaba sobre una
cuestión meramente legal, con una connotación de contenido patrimonial, (ii) que no
involucraba la protección de derechos fundamentales y, (iii) pretendía reabrir la controversia
legal resuelta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por otra
parte, constató que las irregularidades alegadas por los accionantes no tenían un efecto
decisivo o determinante en las providencias cuestionadas, que conllevara la afectación de una
garantía constitucional.
7
Sentencia SU 573 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces11.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.
En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos puramente económicos en los
que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa (como el que conoció del proceso ejecutivo
objeto de la acción de tutela) y, la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino
que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado.
8
“Sentencia C-590 de 2005.”
9
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
10
“Sentencia C-590 de 2005.”
11
“Sentencia T-102 de 2006.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandante: Carlos Arturo Garay Montero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-07670-01
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 22 de febrero de 2024, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente el amparo
solicitado por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.