Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00013-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
Demandante: JORGE LUIS ESCUDERO VALENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La solicitud de tutela pretende provocar una instancia adicional
dentro de la acción de cumplimiento fundada en razones de legalidad ajenas al mecanismo
de amparo.
La Sala decide 1 la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 2023, el señor Jorge Luis Escudero Valencia interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la
sentencia proferida el 21 de junio de 2023, en la acción de cumplimiento con
radicado 05001-33-33-037-2023-00023-01. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben textualmente):
1. Tutelar los derechos fundamentales colombiano establecidos en los artículos
13 (derecho a la igualdad), 29 (derecho al debido proceso) de la Carta Política.
Así mismo, tutelar los derechos fundamentales derivados de los artículos 8
1 Se advierte que, el 28 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de segunda instancia
(garantías judiciales) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
2. En consecuencia, dejar sin efectos el resuelve segundo de la sentencia Nº
115 del 21 de junio del 2023 (M.P. Rafael Darío Restrepo Quijano) donde se
resolvió en segunda instancia el medio de control de cumplimiento de actos
administrativos. En específico, dejar sin efectos la siguiente decisión del
resuelve segundo
“SEGUNDO: NEGAR la pretensión principal, consistente en ordenar el
reconocimiento del acto administrativo presunto que le otorgó licencia de
construcción, protocolizado mediante escritura No.5121 del 2022 de la
Notaría Segunda de Rionegro- Antioquia, por las razones expuestas en la
parte motiva.”
3. En consonancia con lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo de
Antioquia proferir una nueva sentencia donde se acceda a la pretensión
principal de la acción de cumplimiento, es decir, reconocer la existencia y
ordenar el cumplimiento del acto administrativo presunto producto del silencio
administrativo positivo y protocolizado en la escritura pública 5121 del 7 de
diciembre de 2022 en la Notaría Segunda de Rionegro.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos:
El 29 de septiembre de 2022, el señor Jorge Luis Escudero Valencia presentó una
solicitud de licencia de construcción en la modalidad obra nueva ante el Municipio
de El Carmen de Viboral (Antioquia), sin que, transcurrido el término legal de 45
días hubiese obtenido respuesta.
El 10 de diciembre de 2022, el solicitante acudió a la Notaría Segunda del Círculo
de Rionegro, y mediante escritura pública 5121 de 2022 protocolizó el silencio
administrativo positivo, respecto de la mencionada solicitud, de conformidad con lo
previsto en 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 1077 del 2015.
Posteriormente, mediante Resolución 5742 del 7 de diciembre de 2022 —notificada
el 20 de diciembre siguiente—, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
de El Carmen de Viboral negó la solicitud de licencia de construcción, por considerar
que al momento de presentarse la misma, existía un avance de obra sometido a un
procedimiento sancionatorio por incumplimiento de normas urbanísticas, de manera
que no se cumplían las condiciones de la licencia pretendida.
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Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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El peticionario interpuso recurso de reposición con fines de «constitución en
renuencia» para, de ser necesario, acudir en acción de cumplimiento. La solicitud
fue resuelta mediante Resolución 305 del 15 de febrero de 2023, en la que se
confirmó el acto administrativo que negó la autorización de la licencia de
construcción.
Por lo anterior, el señor Escudero Valencia presentó demanda en ejercicio del medio
de control de cumplimiento respecto del acto ficto positivo que estimó se había
configurado por el vencimiento del término que tenía la Administración para resolver
la solicitud de autorización de otorgamiento de la licencia de construcción en la
modalidad obra nueva.
El Juzgado 37 Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 26 de mayo de
2023, declaró improcedente la acción de cumplimiento.
Dicha decisión fue apelada, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia
del 21 de junio de 2023, modificó la sentencia así:
SEGUNDO: NEGAR la pretensión principal, consistente en ordenar el
reconocimiento del acto administrativo presunto que le otorgó licencia de
construcción, protocolizado mediante escritura No.5121 del 2022 de la Notaría
Segunda de Rionegro- Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: DECLARAR improcedente la presente acción constitucional,
respecto de las pretensiones accesorias, mediante las cuales solicita que se
ordene al MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, revocar la Resolución
5742 notificada el 20 de diciembre de 2022, la Resolución 0033 del 5 de enero
de 2023 y la Resolución 0107 del 15 de febrero de 2023.
1.3. Argumentos de la tutela
Como aspecto preliminar, la parte actora delimitó el debate y el objeto de la tutela
al contenido del ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal, en cuanto
que negó la pretensión principal de la acción de cumplimiento2, y no a la decisión
que declaró la improcedencia de las pretensiones subsidiarias.
2 Consecuente con ello, todas las referencias que se hagan a las pretensiones y a la decisión del
Tribunal se entienden en el sentido exclusivo del debate objeto de la tutela: la desestimación de la
pretensión principal en el medio de control de cumplimiento, esto es, la de que se ordene el
cumplimiento del presunto acto ficto derivado del silencio administrativo positivo atinente a la
autorización de la licencia de construcción en la modalidad obra nueva.
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En tal sentido, sostuvo que el Tribunal incurrió en las siguientes causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial:
1.3.1. Defecto fáctico, toda vez que la razón por la cual se negó la pretensión fue
el incumplimiento de los requisitos para que se configurara el acto administrativo
ficto positivo, y, sin embargo, la sentencia carece de una motivación que refleje la
prueba en que se sustentó la afirmación de que se infringieron las normas
urbanísticas y de edificación
Reprochó que la sentencia omitiera considerar la falta de contestación de la
demanda por parte del Municipio de El Carmen de Viboral como un indicio grave en
su contra, de conformidad con la remisión normativa «que hacen la ley 393 de 1997
al CPACA, y el CPACA al Código General del Proceso» para, en su lugar, dar crédito
a las manifestaciones contenidas en la respuesta extemporánea a la solicitud de
licencia de construcción en la que se sostuvo que no procedía la autorización en la
modalidad solicitada porque el predio se encontraba construido sin ningún tipo de
licencia.
Expuso que la tesis de la Administración no correspondía con la realidad porque al
momento de radicarse la solicitud de licencia urbanística y de protocolizar el silencio
administrativo no existía ninguna edificación en el predio, sino unas locaciones no
susceptibles de licencia; que no era cierto que estuviesen dadas las condiciones
para solicitar una licencia de reconocimiento, por lo cual, sólo era viable la de
construcción de obra nueva, pues los hechos a los que se refiere el procedimiento
sancionatorio eran anteriores a la fecha en la que adquirió el bien, y no tenían
relación con la licencia solicitada.
Dijo que el Tribunal no valoró ninguna de las pruebas para demostrar los
argumentos del ente territorial, y si bien existía un proceso policivo por infracción
urbanística sobre el predio, no se tuvo en cuenta que: a) era anterior a la fecha en
que adquirió el bien; b) cuando se protocolizó el silencio administrativo, no se había
citado a la audiencia pública para su decisión y, por tanto, no era posible afirmar
que hubiese evidencia de algún tipo de infracción urbanística; c) la apertura del
proceso policivo no es prueba automática de la infracción urbanística, pues su
finalidad es constatar su existencia o no; d) el proceso policivo fue reiniciado pese
a que los términos se vencieron tres años atrás, como una «estratagema para burlar
el silencio administrativo positivo».
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Explicó que al finalizar la actuación policiva, la única infracción urbanística que se
encontró fue la de haber construido sin licencia, es decir, la autoridad administrativa
incurrió en arbitrariedad, puesto que no reconoció el acto presunto derivado del
silencio administrativo positivo porque se encontraba en curso un procedimiento
sancionatorio, pero impuso la sanción porque carecía de la licencia que,
precisamente fue solicitada y frente a la que operó el silencio positivo.
1.3.2. Defecto sustantivo, por interpretación errónea del artículo «2.2.6.1.2.7» del
Decreto 1077 de 2015, particularmente cuando establece que «se aplicará el
silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en ningún caso en
contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes», pues el
Tribunal concluyó que no se configuró el silencio administrativo porque se
contravinieron las normas urbanísticas, y «lo que en realidad quiere decir la
disposición normativa es que el acto administrativo a pesar de existir no producirá
efectos, es decir, no se aplicará».
En sentir del demandante, el Tribunal confundió los requisitos de existencia con los
de validez y de exigibilidad del acto administrativo, pues al presumir la inexistencia
del acto administrativo dejó de aplicar el numeral 5 del artículo 87 de la Ley 1437 de
2011, que establece que el acto administrativo presunto queda en firme desde el
día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85, amén de la
presunción de legalidad de los actos administrativos, prevista en el artículo 88
ejusdem.
Adujo que se debió reconocer la existencia del acto administrativo ficto y su
presunción de legalidad, la cual sólo podía ser desvirtuada mediante los medios de
control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, sin que fuera dable a la
Administración desconocer e inaplicar un acto administrativo presunto de contenido
particular, sin demandarlo ante el juez administrativo, ni se podía presumir su la
ilegalidad como lo hizo el Tribunal.
De otra parte, expuso que, a pesar de que el Tribunal señaló que se incumplieron
las normas urbanísticas y de edificación, no detalló cuáles fueron las normas
transgredidas. En cambio, desconoció el marco jurídico aplicable a las licencias de
construcción, puesto que no tuvo en cuenta ninguna de las disposiciones del
Decreto 1077 de 2015 para sustentar su decisión.
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En su caso, dijo, la Resolución 5742 de 2022 afirmó que la solicitud de licencia en
la modalidad obra nueva no era procedente, sino que debía tramitarse en la
modalidad de licencia de reconocimiento, porque se habían violado las normas
urbanísticas al existir una construcción con anterioridad, pero no acreditó la
existencia de una construcción anterior al silencio administrativo.
Refirió que con independencia del nombre que se le diera a la modalidad de licencia
de construcción, lo cierto era que una vez protocolizado el hecho tuvo lugar el
silencio administrativo bien fuese para obra nueva, demolición, ampliación,
reestructuración o reconocimiento; y que no era procedente indicar que debía pedir
licencia en la modalidad de reconocimiento, porque ella solo procede frente a obras
terminadas con una anterioridad a cinco años, según lo señala la Corte
Constitucional en la sentencia T-327 de 2018.
1.3.3. Desconocimiento del precedente, pues a pesar de que el Tribunal citó las
sentencias del 25 de abril de 2018, radicado 73001233300020140021901, y del 8
de junio de 2000, radicado 76001233100020000130901, dictadas por el Consejo de
Estado, de haberlas aplicado habría llegado a una conclusión opuesta a la que
sostuvo.
Señaló que en los citados precedentes se desarrollan los requisitos objetivos para
que opere el silencio administrativo positivo, como es el paso del tiempo y la
consagración legal del efecto en la omisión oportuna de la respuesta, y que una vez
ello ocurre la Administración pierde competencia para pronunciarse y para revocar
el acto.
Concluyó con la afirmación de que el Tribunal exigió requisitos adicionales (que la
solicitud no viole normas urbanísticas) a los contenidos en el precedente, y
desconoció la pérdida de la competencia de la Administración para decidir el asunto,
luego de que operara el silencio administrativo positivo.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 12 de enero de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó que se notificara a las
partes y a los terceros con interés.
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2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que los argumentos expuestos
en la providencia cuestionada no eran ilegales ni apartados del ordenamiento
jurídico, y que tampoco se vulneraron los derechos alegados por la parte actora,
cuyo propósito es convertir la tutela en «una tercera instancia, para así nuevamente
empezar el debate jurídico planteado».
2.3. La Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial del Municipio de El
Carmen de Viboral (Ant.) expuso que la tutela es improcedente porque se pretende
convertir en «una tercera instancia que favorezca la intención procesal que se tuvo
en el proceso de cumplimiento».
Igualmente, dijo no se cumple el requisito de inmediatez, porque transcurrieron más
de 7 meses entre el conocimiento de la sentencia y la radicación de la tutela.
De otra parte, señaló que para que se configurara el silencio administrativo positivo
era necesario, además del paso del tiempo, que se cumplieran los requisitos legales
de la licencia.
3. Fallo impugnado
En fallo proferido el 29 de enero de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación negó el amparo reclamado por el demandante.
El fallador de primer grado, luego de dar por sentados los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, descartó la figuración de los
defectos alegados por la parte actora.
Así, sostuvo que el Tribunal no incurrió en defecto fáctico, por cuanto la decisión
estuvo fundada en la Resolución 5742 de 2022, que fue aportada por la parte
demandante, y, en esa medida debía ser valorada por el juez, al punto que de ella
dedujo la imposibilidad de configurar el silencio administrativo positivo porque la
solicitud de licencia de construcción infringía las normas urbanísticas y de
edificación.
Del examen conjunto que hizo de los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente judicial, señaló que era deber del juez verificar que se satisficiera el
requisito de no contravención de las normas urbanísticas, conforme al artículo
2.2.6.12.3.1 del Decreto 1017 de 2015, lo que, en efecto, hizo el Tribunal al negar
el reconocimiento del silencio administrativo positivo por la vulneración de las
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normas urbanísticas, y precisó que los precedentes citados no contenían una
determinación adoptada en un caso similar que debiera ser observada por el
Tribunal.
4. Impugnación
La parte actora impugnó la anterior decisión. Como sustento adujo que, pese a no
conocer el sentido del salvamento de voto al fallo de primera instancia, este debía
ser considerado en la sentencia de segundo grado.
Alegó que la providencia impugnada, se pronunció de forma parcial sobre los
elementos del defecto sustantivo alegado, pues solo se refirió al debate de la
interpretación de la norma del silencio administrativo, pero no a los puntos
adicionales atinentes a que el Tribunal confundió los requisitos de existencia,
validez y oponibilidad del acto administrativo derivado del silencio administrativo
positivo, pues si hipotéticamente existiera una contravención de las normas
urbanísticas, ello viciaría la validez del acto jurídico pero no su existencia, la cual
sólo compete al juez administrativo.
Insistió en que ninguna de las sentencias identificó cuáles fueron los
comportamientos o las normas urbanísticas vulneradas.
Expuso que tampoco se hizo una adecuada apreciación de los elementos sobre los
cuales se discutió el defecto fáctico, pues el Tribunal solo consideró la Resolución
5742 de 2022, en lugar de todo el material probatorio allegado al proceso, que
resultó excluido sin ninguna justificación.
Dijo que el Tribunal dejó de estudiar, en calidad de juez natural, la legalidad del acto
administrativo ficto que era el acto objeto de examen en el medio de control de
cumplimiento, y que, de haber estudiado todas las pruebas, habría resuelto el
asunto en favor de su legalidad.
Anotó que si el incumplimiento de las normas urbanísticas se fundaba en la
Resolución 5742 de 2022, lo único que de ella se deducía es que el tipo de licencia
a solicitar era la de reconocimiento y no la de obra nueva, circunstancia que por sí
sola no significaba la violación de las normas urbanísticas, amén de que dicho acto
partió de una interpretación equivocada de la procedencia de la licencia de
reconocimiento que exige que la construcción tenga más de cinco años de haber
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sido finalizada, y como la ley no establece que ocurre con las inferiores, la única
posibilidad era solicitar la de obra nueva.
Insistió en que no se tuvo en cuenta la falta de contestación del ente territorial como
un indicio grave en su contra.
Port último, señaló que el precedente judicial invocado sí era aplicable y que, de no
serlo, debieron expresarse las razones con la respectiva carga de transparencia y
suficiencia, pues si bien las sentencias no tratan de asuntos relativos al silencio
positivo en materia de licencia de construcción, sí se refieren a la pérdida de la
oportunidad que tiene la Administración para pronunciarse sobre el asunto, cuando
se ha materializado el silencio positivo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 29 de enero de 2024, por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio del cual se negó la solicitud de tutela.
Para ello, se examinará preliminarmente si el juez de primera instancia acertó al dar
por satisfechos los requisitos generales de procedencia de la tutela. De darse una
respuesta negativa, se declarará improcedente la solicitud de amparo. En caso
contrario, esto es, de coincidir con el análisis del cumplimiento de los requisitos
adjetivos de procedencia, se analizarán los defectos fáctico, sustantivo y de
desconocimiento del precedente respecto de la sentencia dictada el 21 de junio de
2023, por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la acción de cumplimiento con
radicado 05001-33-33-037-2023-00023-01 y si, como consecuencia, se deben
amparar o no los derechos derechos fundamentales reclamados por el señor Jorge
Luis Escudero Valencia.
2. Análisis de la Sala
2.1. Del cumplimiento de los requisitos generales
La Sala concuerda con el fallo de primera instancia en cuanto a que la tutela cumple
los requisitos generales de procedencia relativos a la inmediatez, subsidiariedad,
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enunciación de los hechos que dan lugar a la solicitud de tutela, que no se cuestiona
una providencia dictada en un proceso de tutela. Sin embargo, no ocurre lo mismo
con el presupuesto de la relevancia constitucional, razón por la cual se procede a
su examen específico.
2.2. Análisis de la relevancia constitucional
A diferencia del fallo impugnado, esta Subsección considera que no se cumple el
requisito de relevancia constitucional por cuanto, este no se agota por el hecho de
que se alegue la vulneración de ciertos derechos fundamentales. De ser así, en
todos los casos en que se afirme dicha circunstancia, el juez constitucional estaría
habilitado para hacer un examen de fondo de una controversia resuelta por el juez
natural. Tampoco es suficiente la identificación de los defectos o que la discrepancia
surge de la sentencia de segunda instancia. No. En estos casos, se requiere
verificar que la tutela no se dirija a provocar una instancia adicional al proceso en el
que se dictó la providencia cuestionada o, que se trate de un debate de connotación
estrictamente legal o económica.
Lo anterior, sin desconocer, desde luego, que todos los litigios están relacionados
por lo menos con los derechos al debido proceso y de acceso a la administración;
que tienen un trasfondo económico que no mina la posibilidad de someterlo al juez
de tutela, y que, por supuesto, comporta discusiones legales que no son totalmente
extrañas a este mecanismo constitucional, sin embargo, debe existir un potencial o
verdadero riesgo de vulneración de derechos fundamentales, de desconocimiento
de la Constitución, presidido de cuestionamientos que evidencia la ausencia de
razonabilidad en la decisión que se cuestiona.
En este caso, y en criterio de la Sala, (i) la parte actora pretende suscitar una
instancia adicional al proceso con pretensión de cumplimiento de leyes o actos
administrativos, (ii) introduce argumentos que no fueron expuestos en el proceso
inicial y que son ajenos a la solicitud de cumplimiento, y (iii) se trata de un debate
de naturaleza legal sin trascendencia constitucional, desde el punto de vista de
aquellas discusiones que ameritan la intervención del juez de tutela.
De esta forma, en lugar de argumentos dirigidos a desmerecer la razonabilidad de
la decisión del Tribunal o que generen dudas de la compatibilidad de la providencia
con el ordenamiento jurídico, las razones esbozadas por la parte actora reflejan un
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desacuerdo interpretativo con el que pretende mostrar una visión del litigio en la
que, a su juicio, la única respuesta posible es que se debe reconocer y ordenar el
cumplimiento de un acto administrativo ficto descartado por el Tribunal bajo
argumentos que, compártanse o no, resultan constitucionalmente admisibles.
De suerte que no corresponde al juez de tutela adentrarse en un estudio de fondo
para sugerir o señalar la mejor interpretación, si no hay embates en los que la
racionalidad de la providencia quede comprometida. Ello resulta ser así, porque el
juez constitucional no es superior funcional de los jueces naturales de las causas ni
está llamado a realizar juicios de corrección ni auspiciar discusiones en clave de
instancia adicional ni mucho menos a invadir el ámbito de competencia del operador
judicial que constitucional o legalmente está llamado a dirimir los conflictos o litigios
que el ordenamiento jurídico le ha fijado.
Dicho lo anterior, y conforme a la delimitación planteada en la acción de tutela, se
aprecia que el señor Jorge Luis Escudero Valencia solicitó, por vía de cumplimiento,
que se ordenara «al Municipio de El Carmen de Viboral, a la Secretaría de
Planeación Municipal y a la Inspección de Control Urbanístico de el Carmen de
Viboral que reconozcan el acto administrativo presunto que me otorgó licencia de
construcción, protocolizado mediante escritura 5121 del 2022 de la Notaría Segunda
de Rionegro». Como sustento de su pretensión, expuso que solicitó el otorgamiento
de una licencia de construcción de obra nueva, y transcurrieron más de los 45 días
de plazo contenidos en la ley, sin obtener pronunciamiento de la Administración, por
lo cual, se configuró, en su favor, un acto administrativo ficto positivo.
El Juzgado 37 Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 26 de mayo de
2023, declaró improcedente la acción de cumplimiento, por considerar que las
pretensiones del actor debían discutirse a través de otros instrumentos judiciales
como la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho; amén de que no alegó ni
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera relevarlo del
requisito de subsidiariedad, debido que ante el riesgo de una orden de demolición
de la construcción podía solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de
los actos administrativos.
La parte actora se alzó contra dicha decisión, principalmente, por las siguientes
razones:
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• La sentencia no se pronunció de fondo respecto de la pretensión principal
dirigida al reconocimiento de la licencia de construcción, fundamentada en
un acto administrativo obtenido por medio del silencio administrativo positivo,
pretensión respecto de la cual, no perseguía la declaratoria de nulidad y
estaba respaldada en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en
los que afirma la procedencia de la acción de cumplimiento para la efectividad
de actos administrativos presuntos.
• La solicitud de licencia de construcción fue radicada con el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015, y se cumplieron
las condiciones para que se configurara el silencio administrativo positivo.
• Al no haberse contestado la demanda por la Administración debió tenerse en
cuenta como indicio grave en su contra.
En sentencia del 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia se
pronunció sobre los aspectos medulares de la apelación, y en su calidad de superior
funcional, hizo un juicio de corrección frente a la sentencia de primer grado, en el
sentido de rectificar la tesis de que la acción era improcedente para lograr el
cumplimiento de los actos administrativos presuntos. Por tanto, con apoyo en varios
pronunciamientos jurisprudenciales, concluyó que la acción de cumplimiento sí
procedía frente a actos administrativos presuntos, los cuales se encontraban sujetos
a las condiciones para su nacimiento.
Al resolver el asunto de fondo, el Tribunal negó los efectos del acto administrativo
ficto por incumplimiento de uno de los requisitos especiales en la materia. Esto dijo
la sentencia:
En el presente caso, se encuentra demostrado que la parte actora radicó su
solicitud de expedición de Licencia de Construcción, el día 29 de septiembre
de 2022, por lo que el término oportuno (45 días) que tenía la Curaduría del
Municipio accionado para decidir lo pertinente venció el 6 de diciembre de la
misma anualidad, sin que se encuentre en el expediente evidencia de
respuesta alguna dentro de ese término.
A partir del día siguiente, operó el silencio administrativo positivo,
entendiéndose de esa forma que el proyecto de construcción presentado fue
aprobado. Mediante escritura pública N° 5121 de 2022, emanada de la Notaría
Segunda del Municipio de Rionegro – Antioquia, la parte demandante
protocolizó el silencio administrativo, y a través de oficio radicado 13 de
diciembre de la misma anualidad, informó a la entidad sobre la escritura
mediante la cual había obtenido la licencia de construcción.
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Según la respuesta del 19 de diciembre de 2022, dada por la entidad al oficio
antes mencionado, no se configura en el asunto bajo estudio un acto
administrativo ficto o presunto por cuanto de ser así se estarían trasgrediendo
las normas urbanísticas y de edificación vigentes, ya que el predio donde se
pretende llevar a cabo el proyecto, “se encuentra siendo objeto de proceso
urbanístico sancionatorio a cargo de la Unidad Urbanística de la Administración
Municipal, encontrando que el predio objeto de la solicitud ya se encuentra
construido sin ningún tipo de licencia expedida conforme a las reglas
normativas contenidas en el PBOT municipal Acuerdo 012 de octubre de 2017
"POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE ORDINARIO DE
LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PBOT DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA", en el
Decreto 152 del 23 de noviembre de 2018, por medio del cual se reglamenta el
PBOT, Decreto 1077 de 2015 y la Ley 388 de 1997, acciones que constituyen
una grave vulneración al complejo normativo cuya finalidad es el
establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes.”
Además, se informó al accionante en dicho documento que,
“Con las anteriores conductas, se está configurando un atentado contra los
principios constitucionales del ordenamiento del territorio contenidos en el
artículo 2 de la Ley 388 de 1997, consistentes en el sentido de la función social
y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el
particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios, en tanto se
construyó incumpliendo normas de carácter técnico, urbanístico y de seguridad.
Razones de carácter técnico y jurídico que llevaron a la negativa de
autorización de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva,
mediante resolución 5742 del 7 de diciembre de 2022, la cual se encuentra a
despacho con citación a notificación personal.
En este sentido, en referencia al acto ficto o presunto constituido mediante
protocolización en notaría pública invocando el silencio administrativo positivo,
nos permitimos informarle que no es procedente, toda vez que el trámite de
licencia referida fue debidamente negada y expedida dentro del término legal
mediante la resolución 5742 del 7 de Diciembre de 2022”
De lo anterior se desprende que, al no resolverse oportunamente sobre la
solicitud de expedición de licencia de construcción, se aplicará el silencio
administrativo positivo en los términos solicitados pero en ningún caso en
contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, es decir
que, en tratándose de actos fictos por silencio positivo en relación con licencias
urbanísticas, deben establecerse dos aspectos: uno objetivo - establecimiento
del término, sin respuesta de la entidad-; también debe mirarse uno sustancial,
por cuanto tal cual lo prevé la norma, no existiría acto ficto o presunto cuando
pese a que no se haya dado respuesta por parte de la autoridad urbanística
dentro del término legal, la aprobación del proyecto de construcción de qué
trata la respectiva solicitud implique violación a las normas urbanísticas y de
edificación vigentes.
Así las cosas, por contravenir la solicitud de licencia de construcción "las
normas urbanísticas y de edificación vigentes", debe concluirse que NO se
configura dentro del presente caso un acto administrativo positivo presunto, y
por ende, por sustracción de materia, NO es posible ordenar su cumplimiento,
por tanto las pretensiones de la demanda serán denegadas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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Ahora bien, en sede de tutela la parte actora insiste en continuar el debate sobre la
existencia y el cumplimiento del supuesto acto administrativo ficto en su favor, a
pesar de que esa discusión fue abordada por los jueces naturales dentro del marco
y de los límites propios del medio de control que el demandante eligió. El hecho de
que el fallo de primer grado declarara improcedente la acción de cumplimiento, y
que el Tribunal modificara ese punto para negar la pretensión de fondo, no es una
circunstancia que abra paso a la extensión del litigio en sede de tutela, porque la
solicitud de amparo, grosso modo, enarbola los mismos argumentos expuestos en
la apelación, bajo el ropaje de la existencia de defectos fáctico, sustantivo y de
desconocimiento del precedente para que sean resueltos otra vez por una autoridad
judicial y en un escenario diferentes al de la acción de cumplimiento, cuando el
legislador estableció únicamente dos instancias para su discusión.
En todo caso, la Sala no advierte arbitrariedad o capricho en la tesis del Tribunal
que negó los efectos del silencio administrativo positivo frente a la solicitud elevada
por el demandante para el otorgamiento de una licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva, toda vez que la decisión fue soportada en el marco de lo
establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.1. del Decreto 1017 de 2015, que exige que la
presentación de la petición se haga «en legal y debida forma». Justamente, la
misma disposición normativa le da sentido a esa exigencia, al prever que la
prerrogativa en favor del solicitante está sometida a la siguiente limitación: «pero en
ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes».
Cierto es, entonces, que para el Tribunal no tuvo lugar la figura legal reclamada por
el demandante porque el silencio administrativo en la materia exige no sólo el
transcurso del término y la habilitación legal para su configuración, sino también la
condición de no infringir las normas urbanísticas, aspecto que, a juicio del juez de
segundo grado, no se cumplió porque el demandante equivocó la modalidad de
licencia e incumplió los requisitos establecidos para el efecto.
Por tanto, si la licencia fue solicitada para obra nueva, no resulta irracional la lectura
de que como la obra principió antes de la solicitud de la licencia —como lo reconoce
el mismo demandante, a pesar de calificarlas de mejoras locativas no susceptibles
de licencia—, no podía hablarse de obra nueva, con independencia de si, ahora,
para el actor está vedado acudir a la modalidad de reconocimiento por precariedad
en el término de la obra. Ese es un debate que no se surtió en el proceso de
cumplimiento, ni el que se propone en la impugnación de que el silencio
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Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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administrativo debe reconocerse al demandante en cualquiera de las modalidades
que resulte aplicable. No. Por esa razón, cada modalidad tiene una regulación y
alcance específico, sujeto a condiciones que obligan a que la solicitud se presente
«en legal y debida forma», luego, no podría variarse en sede de tutela esa causa
para que sea definida de manera autónoma por el juez constitucional, cuando su
labor es la protección de derechos fundamentales, en ausencia de otros
mecanismos, y no la de ordenar el cumplimiento de leyes o actos administrativos.
Dado el alcance de la acción de cumplimiento, la Sala no encuentra que el Tribunal
estuviese obligado a calificar las obras que el actor refiere como locativas no
susceptibles de licencia ni tampoco su delimitación temporal, para determinar si
requerían o no licencia, con mayor razón si se encontraba en entredicho la actuación
por cuenta del procedimiento sancionatorio que inició (9 de enero de 2020) antes
de que radicara la licencia y que, a la postre, culminó con una sanción por infracción
urbanística (Resolución 33 del 5 de enero de 2023). Esa circunstancia, por lo menos
para efectos del proceso de cumplimiento, dota de razonabilidad a la decisión
cuestionada, con independencia de los reparos que el actor le endilga al
procedimiento sancionatorio, pues es irrelevante si se había convocado o no a la
audiencia para su decisión, y los otros aspectos que involucran un asunto de
juridicidad propio de otro escenario judicial.
De modo que, si el procedimiento sancionatorio inició desde antes de la solicitud de
licencia, no parece coherente afirmar que no tiene relación con la solicitud del
demandante, independientemente de si no tenía la calidad de propietario para ese
entonces porque, al final, efectivamente se impuso la sanción en un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad y que, a diferencia, del que
puede surgir del acto administrativo presunto no se encuentra supeditado a la
constatación de la ausencia de contravención del orden jurídico para otorgarle los
efectos que corresponden: ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de legalidad.
En el fondo, el demandante pretende introducir una posición propia de lo que debe
entenderse por silencio administrativo positivo en la materia, a partir de una lectura
del Decreto 1077 de 2015, concretamente, de la expresión «se aplicará el silencio
positivo administrativo» con la que, en su sentir, el acto administrativo sí nació pero
no surtiría efectos, y que en esa lógica la Administración debía demandarlo; sin
embargo, la parte actora omite la condición a la que el Tribunal con base en el
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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mismo decreto, sujetó los efectos que es, «en ningún caso en contravención de las
normas urbanísticas y de edificación vigentes».
Bajo ese entendimiento, conviene decir que la diferencia de interpretaciones sobre
el silencio administrativo en materia de licencia de construcción, en este caso,
comporta un debate de naturaleza estrictamente legal, cuya interpretación
corresponde fijar al juez de la causa, y, salvo que se evidencie una lectura contraria
al Texto Constitucional o una interpretación que desborde los derechos
fundamentales, escapa de la órbita del juez de tutela definir si una u otra
interpretación es la que debe imponerse en la solución del caso.
El escenario de la interpretación judicial aboga por la existencia de respuestas
plausibles o que guarden cierto grado de racionalidad, y por regla general, no exige
una correspondencia de todos los operadores e intérpretes e incluso de las partes
sobre el punto de discusión. Lo importante es que la motivación atienda unos
mínimos que alejen cualquier sombra de arbitrariedad o sugiera que se impuso una
posición desprovista de argumentos atendibles. De suerte que, la investidura de
funcionario jurisdiccional, le permite al juez formar su propio criterio con los límites
establecidos en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la Constitución, sentencias
de unificación o decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad en
la que se fija una interpretación conforme.
Cierto es que la labor de interpretación y aplicación del derecho que corresponde
en forma prevalente al juez natural, no puede ser desplazada por el juez de tutela,
menos aún, si como en este caso, no se antepone ni existe una sola razón
constitucional para desvirtuarla, más allá de la afirmación de que se violaron los
derechos a la igualdad y al debido proceso, pues de la diferencia de criterios o de
la inconformidad con una providencia, no se sigue de manera automática la prueba
de la vulneración alegada.
Si se examina en integridad la sentencia fustigada, de ella se deduce que el
incumplimiento de las normas urbanísticas sí estuvo motivado y descrito, pues se
fundó en la respuesta dada a la solicitud de licencia, en la Resolución 5742 de 2022,
y en la sanción urbanística que se impuso al demandante. El hecho de que los actos
fueran posteriores al vencimiento del término para decidir el otorgamiento de la
licencia, no impedía que el Tribunal examinara su contenido para constatar si, a
partir de los elementos en ella expuestos podía establecer no una legalidad del acto,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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sino la existencia de elementos de orden fáctico y jurídico que dieran cuenta de si
se contravinieron las disposiciones normativas en materia urbanística, pues esa es
una coraza que el legislador antepuso a la configuración del silencio administrativo.
Esa fue la labor que realizó el Tribunal, al que, por los límites mismos que menciona
la parte en la tutela, esto es, los propios del proceso de cumplimiento, no
correspondía profundizar en aspectos propios de los contenciosos de validez, así la
solicitud girara alrededor o no de la legalidad de los actos administrativos, pues lo
determinante era establecer si se dieron las condiciones para la existencia del acto
ficto con las pruebas aportadas que, a diferencia de lo dicho en la tutela y en la
impugnación, la Sala encuentra que sí fueron valoradas en la sentencia, al punto
que, de su examen fue que se dedujo el incumplimiento de las condiciones para el
silencio administrativo. De hecho, el demandante no sustenta cuáles fueron las
pruebas que no se valoraron, y cómo esas pruebas permitían arribar a una
conclusión opuesta a la de la sentencia cuestionada.
El mandato propio que habilita la procedencia de la acción de cumplimiento se erige
en la existencia del deber claro, expreso e inobjetable, su naturaleza no debe dar
lugar a dudas ni debates mayores. En este caso, lejos de esa claridad, lo que se
deduce de la sentencia del Tribunal es el desvanecimiento de dicho presupuesto,
pues la autoridad judicial dio por sentado, y con razones serias, que el demandante
no cumplió con su deber. Esa posición del Tribunal no puede entenderse en el
sentido de que debía citar milimétricamente la disposición transgredida, pues la
sentencia se remitió a la respuesta que se dio al demandante, a la Resolución 5742
de 2022 que, a su vez, está ligada a la que resolvió el recurso (Resolución 305 del
13 de febrero de 2023), y esta a la que impuso la sanción (Resolución 33 del 5 de
enero de 2023 confirmada en Resolución 107 del 20 de enero de 2023). En ellas, y
en conjunto, se hicieron referencias a aspectos de orden técnico y jurídico
contenidos en la Ley 388 de 1997, la Ley 1801 de 2016, el Decreto 1077 de 2015 y
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de El Carmen de Viboral, entre otros.
En todo caso, quedó claro que la licencia no se ajustaba a la naturaleza del acto
pretendido porque, conforme se estableció en sede administrativa, la obra ya había
iniciado y, por tanto, el demandante no podía solicitar una licencia que, conforme al
Decreto 1077 de 2015 corresponde a «la autorización para adelantar obras de
edificación en predios no construidos o cuya área esté libre por autorización de
demolición total».
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00013-01
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En este caso, el debate comporta un problema complejo, dadas las diferentes
aristas y aspectos legales frente a los cuales la autoridad accionada estaba limitada
a pronunciarse en el medio de control de cumplimiento; y no es que desconociera
la presunción de legalidad del acto ficto como lo afirma el demandante, sino que,
precisamente, para el Tribunal en últimas no se configuró el acto administrativo ficto,
porque la solicitud contravino las reglas urbanísticas, luego, resulta lógica y
coherente la premisa de que no existiera obligación de ordenar su cumplimiento.
Esta Sala no tiene razones para hacer una valoración probatoria adicional, pues,
como ya se enunció, la autoridad judicial accionada sí expuso las pruebas respecto
de las cuales dedujo las conclusiones de la sentencia. La tutela, pues, no es el
medio para reexaminar su contenido, puesto que no se demostró prima facie la
irracionalidad en el sustento de la providencia.
Si bien no existe un pronunciamiento expreso sobre el análisis de la conducta
procesal del ente territorial, en el sentido de considerar la falta de respuesta a la
demanda de cumplimiento como un indicio grave en su contra, lo cierto es que:
En primer lugar, ese no es un elemento que esté expresamente consagrado en la
Ley 393 de 1997, luego su aplicación o no exige una interpretación, dado que el
artículo 30 de dicha ley señala que en los aspectos no contemplados en ella, se
debe aplicar el Código Contencioso Administrativo (hoy CPACA), en lo que sea
compatible con la naturaleza de la acción de cumplimiento, pero no hay una
remisión expresa y directa al Código General del Proceso, que es el que consagra
el deber de valorar la conducta de las partes. Pero, si en gracia de discusión se
aceptara como regla ineludible la posición del demandante, ese punto por sí solo no
significa una carencia argumentativa del Tribunal para, a partir de allí, concluir que
la decisión habría sido diferente.
La Sala no pasa por alto que, por ser un argumento de la apelación contra la
sentencia de primera instancia en la acción de cumplimiento, lo ideal era que se
hubiese emitido pronunciamiento expreso al respecto; sin embargo, por la
naturaleza del debate —la existencia y el cumplimiento de un acto administrativo
ficto—, no se pierde la razonabilidad de la decisión pese al silencio del Tribunal.
Tampoco la tutela revela que ese hecho pusiera en el contenido de la sentencia.
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De otra parte, la Sala tampoco puede adentrarse a reconocer el supuesto
desconocimiento del precedente alegado, puesto que las sentencias del 25 de abril
de 2018, radicado 73001233300020140021901, y del 8 de junio de 2000, radicado
76001233100020000130901, que fueron invocadas por la parte actora no
constituyen un precedente.
La primera de ellas obedece a una sentencia dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, frente a
un debate sobre un recurso de reconsideración y su notificación. La segunda, a una
acción de cumplimiento para el reconocimiento de un acto administrativo positivo
sobre la devolución de unas sumas de dinero relacionadas con el valor de unos
impuestos de industria y comercio. Pero, lo cierto es que no se tratan de sentencias
de unificación u otra que permitan darle la connotación de tal, y ni quiera de que
constituyan doctrina legal probable. Por ende, no constituyen un precedente
obligatorio al que debiera sujetarse el Tribunal.
De lo que sí dan cuenta dichos pronunciamientos es de la eventual imposibilidad de
la autoridad de pronunciarse sobre asuntos en los que ha operado el silencio
administrativo, pero, en este caso, el Tribunal descartó su existencia porque no se
cumplió unas de las condiciones para su nacimiento: la ausencia de contravención
a las normas urbanísticas y de edificación vigentes. Luego, esa exigencia contenida
en una disposición normativa especial, no puede ser desplazada por unas
sentencias que si bien se refieren al silencio administrativo se tratan de situaciones
diferentes en que no existen la condición referida.
Así pues, resulta oportuno recordar que en sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la
Sala Plena de esta Corporación señaló que este presupuesto tiene como finalidad
(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela
se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí
que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, era necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
Como quedó reseñado, las razones de la tutela no están dirigidas a buscar una
verdadera protección constitucional, sino a extender un debate y a convertir este
mecanismo en un escenario para una réplica a la decisión del Tribunal y forzar una
interpretación particular del alcance del silencio administrativo en materia
urbanística y de los alcances de la acción de cumplimiento, simplemente porque no
se comparte la solución y argumentación que hizo la autoridad judicial accionada.
Incluso, sin conocer las razones del salvamento al fallo de tutela de primer grado, la
parte actora se remitió a su contenido para que fuese valorado en la sentencia de
segundo grado; sin embargo, esta Sala ha sido consistente en afirmar que la
existencia de un salvamento no desmerece la decisión del juez colegiado. Si s e
4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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tratara de determinar aciertos o no por la existencia de los votos, fácilmente podría
decirse que se define, como en efecto sucede, por la decisión que mayoritariamente
adopta una colegiatura, porque el ordenamiento jurídico no exige unanimidad. Ahora
bien, la decisión mayoritaria no elimina la posible existencia de un defecto en la
decisión.
Es deseable que las decisiones de los cuerpos colegiados reflejen una posición
pacífica en torno a una figura o institución jurídica; no obstante, también es natur al
que existan discrepancias sobre un punto de derecho o sobre la solución que debe
darse a una cuestión litigiosa. El Derecho no siempre tiene una única respuesta
referente una situación fáctica y jurídica, por ende, el disenso y la disparidad de
criterios o argumentos son parte de la actividad de los tribunales puesto que
enriquecen el debate, la deliberación y la construcción de consensos, pero su
ausencia o la falta de una mirada común e idéntica no constituye per se un defecto
en las decisiones.
Desde luego, se reitera, la sola existencia de mayorías tampoco excluye la
posibilidad de que exista un defecto dentro del providencia; para ello se requiere,
en todo caso, que se demuestre la vulneración de derechos fundamentales previo
el cumplimiento de los requisitos adjetivos, pero también del defecto específico
alegado.
De suerte que, el argumento expuesto en la impugnación de que el fallo de tutela
de primer grado tuvo un voto disidente no conlleva a que se deba revocar la
sentencia para amparar los derechos reclamados o que se acoja en esta instancia
la tesis minoritaria, pues ella refleja una mirada cercana a la del demandante, pero
en manera alguna de allí se colige que la decisión mayoritaria fuera contraria a
derecho.
En definitiva, lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la
parte actora con la providencia demandada y con el fallo impugnado, diferencias
que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez
de tutela intervenga puesto que, mientras la parte actora no soporte con
argumentos constitucionales desconocidos por la autoridad judicial accionada, el
contenido de la providencia es razonable, goza de presunción de acierto y se
acompasa con los principios de independencia y autonomía judiciales que no
pueden ser desconocidos por el juez de tutela.
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Demandante: Jorge Luis Escudero Valencia
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En suma y, conforme a lo discurrido en esta providencia, la Sala modificará el fallo
impugnado para, en su lugar, declarar improcedente la tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modificar la sentencia impugnada, proferida el 29 de enero de 2024 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Jorge Luis Escudero Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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