RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00016-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00016-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00016-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 7 de marzo de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta i) negó la solicitud de tutela en cuanto a la mora judicial planteada y ii) declaró la improcedencia de la acción respecto a la pretensión dirigida a que se ordene declarar incumplida la orden proferida en el marco de la acción popular. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00016-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de abril de 2024

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00016-01
Demandante: EDGAR LEONARDO VELANDIA ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial. Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el actor contra el fallo
de 7 de marzo de 2024, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta
i) negó la solicitud de tutela en cuanto a la mora judicial planteada y ii) declaró la
improcedencia respecto a la pretensión dirigida a que se ordene declarar
incumplida la orden proferida en el marco de la acción popular.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Edgar Leonardo Velandia Rojas, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Santander y los municipios, concejos y
personerías de Málaga, San José de Miranda, Molagavita, San Andrés, Guaca,
Santa Bárbara y Piedecuesta, al considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la presunta mora judicial que se presentó en el incidente de desacato
promovido por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 68001-23-33-
000-2015-00847-00/01, proceso en el que actúa como coadyuvante del
demandante.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó:

PRIMERO: Que se tutele en comunidad, nuestros derechos fundamentales que son
nuestros colectivos al derechos fundamentales a la vida, salud, locomoción con
seguridad, a la protección de los recursos del estado, a la seguridad vial, debido a
que hubo fallo judicial y, les

1
Mediante escrito radicado el 10 de enero de 2024.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

SEGUNDO: Decretar y ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
a IMPONER, sin más dilaciones SANCIÓN DE DESACATO EN CONTRA DEL
DIRECTOR (A) GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA DEL
CONSEJO DE ESTADO DE 2019, BAJO EL RADICADO NO. 2015.00847.01

TERCERO: Como consecuencia, hacer uso de la ley 472 de 1998 y, fijar fecha de
verificación posterior presencial, hasta que INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
ACREDITE EL CRONOGRAMA, con las condiciones dispuestas por el CONSEJO
DE ESTADO, para pavimento lineal y sitios críticos, terminada a más tardar 31 de
diciembre de 2029

CUARTO: Como consecuencia, decretar y ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, a REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN
JUDICIAL, AL CORREDOR LOS CUROS – MÁLAGA, a efectos de comprobar el
avance y cumplimiento DE LA ORDEN DEL FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO DE 2019, BAJO EL RADICADO NO. 2015.00847.01

QUINTO: Decretar y ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, a
resolver las peticiones pendientes del suscrito accionante, así como las presentadas
por la comunidad dentro del RADICADO NO. 2015.00847.01, al ser una actuación
colectiva.

SEXTO: Como consecuencia, decretar y ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER, a resolver las SOLICITUDES DE DESACATO EN LOS
TÉRMINOS DE LAS ACCIONES DE TUTELA, dentro del RADICADO NO.
2015.00847.01

SEPTIMO: ADVERTIR, a los demandados del cabal cumplimiento de la tutela y de
las consecuencias del Art 51 del Decreto 2591 de 1991 ante su incumplimiento.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Velandia Rojas relató que su hermano, el señor Danil Román Velandia
Rojas, promovió acción popular3 contra el INVIAS, el Fondo de Adaptación
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el departamento de
Santander, debido al mal estado de la vía «Los Curos - Málaga», situación que
afecta la calidad de vida de los habitantes de los municipios que hacen parte de la
provincia de García Rovira.

Indicó que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Santander que, en
sentencia de 28 de junio de 2017, amparó los derechos colectivos a la seguridad
pública, la previsión de desastres previsibles técnicamente y la defensa del
patrimonio público, al considerar que se encontraban amenazados por la falta de
pavimento en el suelo de la vía «Los Curos - Málaga» y las posibles fallas
geológicas que podían ocasionar un deslizamiento, por ello, se ordenó:

(...) Tercero: al INVÍAS que, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, formule un proyecto para la gestión del riesgo que actualmente
muestra la vía denominada Los Curos – Málaga, se determine el cronograma de

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Proceso en el cual se solicitó la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados
con el goce de un ambiente sano, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes
de uso público y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos viales nacionales
respetando las disposiciones jurídicas.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

ejecución y fecha de culminación de su pavimentación total. En la formulación del
proyecto el INVÍAS deberá incluir, de acuerdo con su marco funcional de
competencias, la solución a los puntos críticos actualmente existentes y los
diferentes protocolos para evitar que las diversas contingencias se materialicen con
la afectación a derechos fundamentales de quienes por allí transitan.

Cuarto: al INVÍAS que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia
construya un paso peatonal seguro en el puente vehicular existente en el kilómetro
94+940, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa Bárbara.

Quinto: Exhortar al INVÍAS para que, si aún no lo ha hecho, persiga el cobro de las
acreencias surgidas a su favor en las Resoluciones 03461 del 25 de mayo de 2016
y 05611 del 19 de agosto de 2016, referidas en la parte considerativa de esta
sentencia, debiendo estructurar un expediente que muestre dichas gestiones y
resultados, así como el destino dado a los dineros recuperados, el cual deberá
presentar a este proceso, en el evento del trámite incidental de desacato.

Sexto: Exhortar al Fondo de Adaptación para que continúe tomando las decisiones
necesarias para la construcción de los puentes Hisgaura, La Judía y Sitio Crítico 43
(...).

Narró que la anterior decisión fue apelada por ambas partes, recursos que fueron
resueltos por el Consejo de Estado, Sección Primera en la providencia de 6 de
junio de 2019, en el sentido de modificar y adicionar el fallo del a quo, en los
siguientes términos:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal 2º de la sentencia de 28 de junio de 2017,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública, a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, a la defensa del patrimonio
público y, por último, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público que se encuentran amenazados en la vía Los Curos –
Málaga (Santander).”

SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal CUARTO de la sentencia de 28 de junio de
2017, de la siguiente forma:

“CUARTO: En vista que las obras en mención no se pueden terminar en forma
inmediata, como mecanismo transitorio y para efectos de conjurar la amenaza
y/o riesgo, mientras se precisan y establece Ia planeación de las mismas, el
INVIAS (ente que en la actualidad se encuentra a cargo de la vía objeto de la
litis), deberá adoptar las medidas pertinentes para efectos de garantizar el
cruce de peatones en el kilómetro 94 + 940, ubicado en jurisdicción del
municipio de Santa Bárbara - Santander”.

TERCERO: ADICIONAR el ordinal SEXTO de la sentencia de 28 de junio de 2017,
de la siguiente manera:

“SEXTO: Ordenarle al INVIAS que, en lo que a sus competencias se refiere,
continúe tomando las decisiones necesarias y realizando las gestiones
pertinentes al interior del contrato de obra No. 285 de 2013, para efectos de la
construcción, edificación y entrega de los tres (3) puentes denominados La
Judía, Hisgaura y Sitio Crítico (SC) 43 - Pangote; una vez sea resuelta de fondo
la controversia contractual sometida al Tribunal de Arbitramento en Cámara de
Comercio de Bogotá”.

CUARTO: Adicionar la sentencia apelada, así:

“DECIMOPRIMERO: ORDENAR al INVIAS y aI Fondo de Adaptación, que
efectúen las actividades correspondientes para dar cumplimiento a los contratos

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

objeto de Ia presente y que se encuentran en ejecución, como lo son el contrato
de obra No. 1639 de 2015, contrato de interventoría No. 1756 de 2015 y el
convenio interadministrativo marco No. 014 del 31 de mayo de 2012; y, en caso
de ya haber iniciado las acciones pertinentes, se dé el impulso respectivo a tales
actuaciones para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales
adquiridas por los contratistas, así como la terminación de las obras contratadas
y, a su vez, que comiencen las obras faltantes y demás que sean necesarias.”

QUINTO: Adicionar la sentencia apelada, así:

“DÉCIMOSEGUNDO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de
Santander a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá; por el señor
Danil Román Velandia Rojas, en su calidad de actor popular, por el señor Edgar
Leonardo Velandia Rojas, en su calidad de coadyuvante de la parte actora; por
las Alcaldías Municipales de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa
Bárbara; por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS; por el Fondo de Adaptación; y
por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la
Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e
informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten”.

SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás, el fallo impugnado, por las razones
consignadas en la presente providencia.

Señaló que en abril de 2021, los funcionarios del INVIAS, junto con los integrantes
del comité de verificación de cumplimiento del fallo popular, anunciaron que a la
firma Hidalgo e Hidalgo se le adjudicó el contrato por el valor de $286´000.000
para realizar toda la pavimentación de la vía y los puntos críticos.

Aludió que mediante auto de 5 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de
Santander fijó fecha de audiencia de verificación para el 19 de octubre del mismo
año, diligencia a la cual no fue citado y no se resolvió la solicitud de desacato que
presentó (sin precisar fecha), así como tampoco su renuncia como coadyuvante.

Afirmó que el señor Danil Román Velandia Rojas formuló incidente de desacato,
debido al incumplimiento de lo ordenado al interior de la acción popular, pues el
INVIAS tan solo presenta un cronograma en el que se dice que las obras en la vía
finalizarán en el año 2029, el cual a la fecha no se ha resuelto, pese a las
múltiples solicitudes que se han presentado con tal fin.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, el Tribunal Administrativo de Santander ha dilatado el trámite de
incidente de desacato promovido por el señor Danil Román Velandia Rojas, con
ocasión del incumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de la acción
popular, sin tener en cuenta el riesgo que existe para las personas que transitan
en la vía «Los Curos - Málaga».

Hizo referencia a que presentó este mecanismo constitucional por cuanto no se
han resuelto «sus insistencias de desacato, debido a que lo que se dice en el
proceso, no es la realidad presencial en el corredor», razón por la que lo
procedente es que se ordene al tribunal demandado sancionar al INVIAS para que
remita el verdadero cronograma de la ejecución de las obras.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

Cuestionó que el referido tribunal no haya fijado fecha para celebrar audiencia de
verificación de cumplimiento de las órdenes judiciales de amparo y que, además,
haya establecido el 30 de noviembre de 2023 como fecha límite para que el
INVÍAS aportara el cronograma ajustado de actividades y obras de restauración de
la vía.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 16 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y
como demandados al Tribunal Administrativo de Santander, a los municipios de
Málaga, San José de Miranda, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara y
Piedecuesta, junto con sus respectivos concejos y personerías municipales.

A su vez, vinculó a la Sección Primera del Consejo de Estado, al señor Danil
Román Velandia Rojas, al INVIAS, al Fondo de Adaptación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al departamento de Santander, al Departamento
Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Nación -
Ministerio de Transporte, en atención al interés que les asiste en las resultas de
este proceso.

Además, dispuso que se publicara un aviso en la página web de la Corporación
para efectos de notificar a todos los intervinientes del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 68001-23-33- 000-
2015-00847-00.4

Por último, negó la medida provisional solicitada por el accionante5, tras advertir
que no se evidenciaba la necesidad y urgencia de decretarla, ni se acreditó una
amenaza de los derechos fundamentales invocados, máxime si se tenía en cuenta
que lo requerido se trata de la imposición de una sanción.

Realizadas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Departamento Nacional de Planeación

Indicó que el proyecto de inversión desarrollado por el INVIAS no es objeto de
verificación por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema
General de Regalías (SGR) que administra el Departamento Nacional de
Planeación, pues las licitaciones públicas bajo la responsabilidad del INVIAS se

4
Actuación que se surtió el 26 de enero del presente año.
5
«La cual consistió en: «Decretar y ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, a
IMPONER, sin más dilaciones SANCIÓN DE DESACATO EN CONTRA DEL DIRECTOR (A)
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN
DEL FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DE 2019, BAJO EL
RADICADO NO. 2015.00847.01.
2. Como consecuencia, hacer uso de la ley 472 de 1998 y, fijar fecha de verificación posterior
presencial, hasta que INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, ACREDITE EL CRONOGRAMA, con las
condiciones dispuestas por el CONSEJO DE ESTADO, para pavimento lineal y sitios críticos,
terminada a más tardar 31 de diciembre de 2029 (...).»
6
Mediante oficios enviados el 24 y 29 de enero de 2024.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

contratan con recursos del Presupuesto General de la Nación, por lo que solicitó
su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.2. Consejo de Estado, Sección Primera

Señaló que no tiene la «aptitud legal» para responder por la vulneración alegada
por el actor, debido a que i) su conducta no está vinculada a la presunta afectación
de los derechos fundamentales invocados y ii) carece de competencia legal para
iniciar, tramitar y finalizar incidentes de desacato en el marco de las acciones
populares, pues dicha función corresponde a las autoridades judiciales de primera
instancia.

Agregó que, si bien es cierto que emitió la sentencia de segunda instancia en el
proceso de acción popular en cuestión, ninguno de los reparos contenidos en la
acción constitucional de la referencia tienen como propósito controvertir dicha
decisión, sino que propende porque se garantice el cumplimiento de las órdenes
dictadas en la misma, así que pidió ser desvinculado del prente trámite.

1.5.3. Danil Román Velandia Rojas

Precisó que en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00/01 existen varios
trámites de apertura por incidente de desacato y el último data del año 2023, pero
en todos se ha concluido que no es dable sancionar al INVIAS bajo el argumento
de que ha adelantado las acciones necesarias para el cumplimiento de lo
ordenado.

Sin embargo, consideró que le incumbe al juez de tutela valorar de fondo la
providencia ante el juez natural, dado que existe un problema mayor consistente
en que si «es posible que [el] Estado sea capaz de cumplir con las órdenes
impuestas o es imposible.»

Aludió que en dos años y medio de ejecución para cumplir un bosquejo de
compromisos se tienen ejecutados «4 kilómetros nuevos y el 80% de avance en
un punto crítico, quedando pendiente, 56 kilómetros por pavimento y 10 puntos
críticos.»

1.5.4. Agencia Nacional de Infraestructura

Hizo referencia a que no está facultada para sancionar, investigar o inmiscuirse en
los procesos en el trámite de las acciones constitucionales y, por lo tanto, no le
asiste legitimación para asistir al presente trámite, ni para pronunciarse en torno a
un aspecto que no es de su competencia, pues únicamente se limita a la
administración de los contratos mediante los cuales los concesionarios obtienen
una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura.

Mencionó que en el asunto de la referencia no se avizora de alguna forma la
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el actor, así que solicitó
que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela y se desvincule a
dicha entidad.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

1.5.5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El subdirector jurídico de la cartera ministerial pidió ser desvinculado de la acción
de la referencia, dado que los hechos descritos hacen referencia única y
exclusivamente a un vínculo que existe entre el actor y el Tribunal Administrativo
de Santander. Adicionalmente, se opuso a cada una de las pretensiones elevadas,
toda vez que no tiene competencia en el asunto ni ha vulnerado, por acción o por
omisión, derecho fundamental alguno al señor Velandia Rojas.

1.5.6. Municipio de San José de Miranda

En respuesta enviada por el alcalde del ente territorial se informó que el corredor
que comprende el sector de Curos al municipio de Málaga es una vía que se
encuentra fuera de su competencia, así que su intervención debe ser realizada por
el INVIAS, tal como lo ha hecho. De modo que, desconoce las actuaciones
administrativas desplegadas en dicho trámite.

1.5.7. Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo y afirmó que no incurrió en
la vulneración al derecho del debido proceso y de acceso a la justicia del actor,
dado que lo pretendido es que el juez de tutela reemplace al Tribunal
Administrativo de Santander, sin que exista prueba sumaria que demuestre una
actuación arbitraria de esa entidad.

Destacó que el accionante tampoco promovió la acción de tutela como un
mecanismo transitorio, ni se expusieron los supuestos necesarios para estudiar la
posible configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del
juez constitucional.

1.5.8. Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada ponente del asunto en discusión se opuso al amparo deprecado por
el actor y argumentó que ha asumido una actitud proactiva y eficiente, es así como
el expediente del trámite de verificación de cumplimiento contiene numerosos
requerimientos dirigidos al INVIAS con los que se busca obtener la materialización
de las órdenes impartidas y definir la necesidad de ejercitar los poderes coercitivos
previstos en el artículo 417 de la Ley 472 de 1998.

Explicó que el hecho de que se inobservara el plazo concedido para cumplir lo
ordenado no era suficiente para imponer la sanción por desacato, sino que debía
probarse la renuencia, negligencia o capricho en ello y ha sido este último factor –

7
«ARTÍCULO 41.- Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la
autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa
hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de
las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si
debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.»

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

el subjetivo–, el que con apego al sistema de la sana crítica o persuasión racional
no se ha encontrado suficientemente materializado hasta el momento.

Resaltó que mediante auto de 26 de enero de 2024 requirió por segunda vez al
INVÍAS para que diera cumplimiento integral al requerimiento efectuado en el
proveído de 5 de octubre de 2023 dentro del término de veinte días, lo cual reiteró
en la audiencia de verificación de cumplimiento celebrada el 19 de octubre de
2023 y, una vez vencido el término, reingresará el expediente al despacho para
decidir de fondo el trámite incidental.

Hizo referencia a que en esa época se han presentado varias demandas con
pretensiones de nulidad electoral «aproximadamente 15 a cargo de este
[d]espacho» con solicitudes de medida cautelar y que deben ser también
atendidas de manera prioritaria, al igual que acciones de tutela, de cumplimiento,
populares e incidentes de desacato y procesos ordinarios.

Puso de presente que en el caso objeto de estudio no se cumple con el requisito
de subsidiariedad, dado que el actor no ha agotado los medios que están a su
alcance puesto que, a su nombre, no ha promovido incidente de desacato, ni
aportó pruebas al proceso de verificación de cumplimiento que hicieran prevalecer
la necesidad de convocar en este momento al comité de verificación o realizar una
inspección judicial.

En ese sentido, requirió que se declarara improcedente la acción de tutela o en su
defecto se ordene su desvinculación por no estar probada la vulneración a los
derechos invocados, al ser evidente que ninguno de los argumentos tiene la
capacidad de afectar la validez del trámite de verificación de cumplimiento
adelantado y mucho menos se demostró la presunta mora injustificada que se
atribuye dado que el proceso se ha tramitado de manera diligente.

1.5.9. Edgar Leonardo Velandia Rojas

El accionante controvirtió el informe rendido por la autoridad judicial cuestionada,
pues el INVIAS no ha cumplido lo ordenado después de cinco años y ni siquiera
tiene un cronograma claro. Igualmente, señaló que se han omitido los memoriales
que ha radicado para efectos de resolver el incidente de desacato, en aras de que
se realicen visitas e inspecciones en la vía que está en obra, así como tampoco
resolvió su renuncia como coadyuvante.

1.5.10. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados8,
guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 7 de marzo de 20249,
negó la solicitud de tutela en lo que atañe a la mora judicial invocada, tras
evidenciar que en el trámite del incidente de desacato existen varias

8
Según la información visible en los índices 9, 10, 14 y 21 de SAMAI.
9
Notificada el 13 de marzo de 2024.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

intervenciones de las distintas entidades vinculadas en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.

Entonces, existen múltiples escritos en los que las partes expusieron diferentes
argumentos que deben ser analizados por el juez popular, sin que ello implique la
dilatación del trámite. Aunado a que el término concedido para que el INVIAS
rindiera el informe sobre su gestión feneció el 26 de febrero de 2024, razón por la
que el proceso se encuentra en tiempo para que el expediente ingrese al
despacho a cargo.

Puntualizó que el demandante promovió la acción de tutela para que se le
resuelva de forma inmediata lo expuesto en el incidente de desacato y dejó de
lado que la finalidad de este mecanismo constitucional es la protección de
derechos fundamentales, mas no que se emplee para dar impulso procesal a
asuntos judiciales.

En lo concerniente a la pretensión dirigida a que se ordene al Tribunal
Administrativo de Santander declarar incumplida la sentencia de 6 de junio de
2019 e imponer sanción por desacato al INVIAS, la acción constitucional se
declaró improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Esto, por cuanto dicha súplica tiene la misma finalidad que el trámite incidental
que se encuentra en curso, escenario en el cual le corresponde a la colegiatura
competente verificar el cumplimiento de lo ordenado y tampoco se advirtió la
existencia de un perjuicio irremediable.

Por otro lado, se negaron las solicitudes de desvinculación propuestas por el
INVIAS, la Sección Primera del Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de
Infraestructura y el municipio de San José de Miranda, pues tales entidades
hicieron parte del trámite de la acción popular objeto de controversia.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 16 de marzo del año en
curso10, el señor Velandia Rojas impugnó el fallo del a quo al considerar que sí
probó la mora judicial del tribunal accionado, pues «existen peticiones por parte
del suscrito desde hace mucho tiempo dentro del proceso, de sanción por
desacato, de audiencias de verificación».

Recalcó que el despacho a cargo del proceso ha requerido al INVIAS en cuatro
ocasiones, entidad que superó el término del fallo de tres meses para aportar el
cronograma de atención y pavimento total de la vía «Los Curos - Málaga» y no ha
materializado lo ordenado en la acción popular, pese a que la providencia de
segunda instancia se profirió en el año 2019.

En su sentir, la acción de tutela supera el requisito de la subsidiariedad, teniendo
en cuenta que el despacho ponente del trámite incidental no ha impuesto una

10
Día inhábil (sábado), por lo que se entiende recibido el 18 de marzo de 2024.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

sanción al INVIAS, lo cual pone en riesgo la vida de las personas que transitan en
la vía que está en obra.

Cuestionó el hecho de que en el fallo de primera instancia no se hubiera valorado
«las demás peticiones que el suscrito formulado ante el tribunal, que jamás han
sido resueltas. Y tampoco, la insistencia de la solicitud de modulación del fallo.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el
7 de marzo de 2024, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
201511, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Según se tiene, el señor Velandia Rojas promovió la acción de tutela en nombre
propio y en su condición de coadyuvante del señor Danil Román Velandia Rojas,
quien es el demandante dentro del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00/01, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se destaca que el inciso
primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

En concordancia con lo anterior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:

i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante legal;
iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los
derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa;
además, contempló que los defensores del pueblo y los personeros municipales
también pueden promover este mecanismo constitucional.12

La Corte Constitucional13 señaló que el estudio de la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto procesal de la demanda e indicó que una
persona está facultada para presentar la solicitud de amparo cuando acredita que
«tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que
se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.»

11
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
12
Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Al respecto, ver sentencias SU-454 de 2016 y T-511 de 2017.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

Desde esta óptica, se supera el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que al señor Velandia Rojas
le asiste un interés en las resultas del presente trámite, toda vez que fue vinculado
al aludido proceso en calidad de coadyuvante y pertenece al comité para la
verificación del cumplimiento de lo decidido, según lo ordenado por el Consejo de
Estado, Sección Primera en la sentencia de 6 de junio de 2019:

QUINTO: Adicionar la sentencia apelada, así:

“DÉCIMOSEGUNDO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de
lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Santander a
través de su magistrado ponente, quien lo presidirá; por el señor Danil Román
Velandia Rojas, en su calidad de actor popular, por el señor Edgar Leonardo
Velandia Rojas, en su calidad de coadyuvante de la parte actora (...)”. (Destacado
por la Sala)

Por lo anterior, el actor ha intervenido en el incidente de desacato que se tramita
en el marco del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos antes mencionado y, por ello, puso de presente que no se han resuelto
«sus insistencias de desacato, debido a que lo que se dice en el proceso, no es la
realidad presencial en el corredor», motivo por el cual consideró que era
procedente ordenar al tribunal demandado sancionar al INVIAS.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si i) el
Tribunal Administrativo de Santander14 incurrió en mora judicial en el trámite del
incidente de desacato con radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00 y ii) la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para que se ordene sancionar al INVIAS
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
aludido.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos:
i) generalidades de la acción de tutela y ii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en

14
Cabe aclarar que, si bien la acción de tutela se dirigió contra los municipios, concejos y
personerías de Málaga, San José de Miranda, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara y de
Piedecuesta, lo cierto es que no se planteó un reproche particular en su contra, razón por la que no
se realizará algun pronunciamiento al respecto.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

el artículo 6.º ibidem, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

Según se tiene, la controversia planteada por el actor radicó en la presunta
tardanza en la que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Santander en resolver
el incidente de desacato promovido dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, en el que actúa en calidad de coadyuvante del
allí demandante, así como en pronunciarse en torno a las solicitudes que presentó
dentro de ese trámite.

A su vez, el señor Velandia Rojas solicitó que se ordenara a la colegiatura
accionada sancionar al INVIAS, al considerar que no acató lo señalado por el
Consejo de Estado, Sección Primera en la providencia de 6 de junio de 2019,
dado que no ha presentado la información que realmente demuestra la situación
en la que se encuentra la vía «Los Curos - Málaga» ubicada en el departamento
de Santander.

En primera instancia se negó la tutela en cuanto a la mora judicial planteada, pues
se evidenció que el retraso aludido por el accionante no obedece a la negligencia
del tribunal cuestionado, sino a los distintos memoriales que debe tener en cuenta
para resolver el asunto. Además, se declaró la improcedencia de la acción
constitucional por no cumplir el requisito de subsidiariedad, al no ser el
mecanismo adecuado para que se ordene imponer una sanción por desacato.

En desacuerdo con lo anterior, el actor presentó impugnación con respaldo en que
demostró que existe una demora injustificada y justamente por ello la acción de
tutela es procedente, por cuanto ha transcurrido mucho tiempo desde que se
impartieron las órdenes que debe materializar el INVIAS y la autoridad judicial en
cuestión no ha declarado su incumplimiento, omisión que amerita la intervención
del juez de tutela debido a que está en riesgo la vida de las personas que transitan
en la vía que está en obra.

Además, controvirtió el hecho de que en el fallo de primera instancia no se hubiera
valorado «las demás peticiones que el suscrito formulado ante el tribunal, que
jamás han sido resueltas. Y tampoco, la insistencia de la solicitud de modulación
del fallo.»

2.5.1. Mora judicial

La Corte Constitucional explicó que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a
desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes por parte de estos15.

15
Sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando16: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley.

Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando17: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; b)
se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global del procedimiento; y, c) exista falta de
motivo o justificación razonable en aquel retraso.

En criterio de la Sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al
resolver los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en el
evento de acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho de
acceso a la administración de justicia y, de contera, al debido proceso.

Pues bien, al revisar las actuaciones surtidas dentro del proceso que ocupa la
atención de la Sala18, se constató que las más relevantes que se han adelantado
son las siguientes:

• El 5 de octubre de 2023 se ordenó la apertura del trámite incidental y se requirió
a la directora general del INVIAS para que allegara el cronograma de ejecución de
obras a más tardar el miércoles 18 de octubre del 2023.

• El 11 de octubre de 2023 el INVIAS interpuso recurso de reposición contra la
mencionada apertura.

• Mediante auto de 18 de octubre de 2023 el tribunal accionado decidió no reponer
el proveído de 5 de octubre de 2023 y solicitó al INVIAS que allegara un
cronograma que cumpliera los parámetros correspondientes. Además, se citó a la
audiencia de verificación de cumplimiento para el 19 de octubre de 2023 a las
10:00 a.m.

• El 19 de octubre de 2023 se llevó a cabo la referida diligencia y el despacho a
cargo del asunto informó que analizaría lo expuesto y realizaría los requerimientos
a los que hubiera lugar, una vez fuera entregado el cronograma que se solicitó al
INVIAS, teniendo como plazo máximo el 30 de noviembre de 2023.

• El 26 de enero de 2024 el despacho luego de analizar los memoriales aportados
por los diferentes intervinientes decidió requerir por segunda vez al INVIAS y le

16
Sentencia T-803 de 2012.
17
Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
18
Según la información visible en el índice 25 de SAMAI y en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68001233300020150
0847006800123

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

concedió el término de 20 días a partir de la notificación de dicha providencia para
que informara de manera clara y precisa las gestiones realizadas, decisión que se
notificó el 29 de enero del presente año, es decir que el referido término finalizó el
26 de febrero siguiente.

• Con escrito de 23 de febrero del año en curso la directora general del INVIAS
presentó el informe de cumplimiento previo a que el tribunal resuelva de fondo el
incidente de desacato.

• Luego, se presentaron sendos memoriales por parte de varios intervinientes del
proceso y el expediente pasó al despacho el 14 de marzo de 2024 con la siguiente
anotación: «[p]ara considerar sobre respuesta allegada al requerimiento por parte
de INVIAS y solicitudes de los actores populares».

Así las cosas, la Sala concuerda con el a quo en que, si bien a la fecha no se ha
dictado la respectiva providencia que resuelva el incidente de desacato promovido
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
con radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00, la tardanza de la autoridad judicial
cuestionada en definir la controversia sometida a su competencia se encuentra
justificada.

Nótese que el tiempo transcurrido en el trámite incidental es razonable, teniendo
en cuenta la complejidad de las órdenes impartidas en la sentencia de 6 de junio
de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, las cuales ameritan
verificar con detenimiento el informe rendido por el INVIAS, así como las distintas
solicitudes presentadas por los demás intervinientes, máxime si se tiene en cuenta
que el expediente ingresó por última vez al despacho el 14 de marzo de 2024.

Es oportuno indicar que en la contestación brindada por la magistrada ponente del
asunto controvertido se puso de presente que tiene a su cargo aproximadamente
15 demandas de nulidad electoral con solicitudes de medida cautelar, las cuales
también deben ser atendidas de manera prioritaria, al igual que acciones de tutela,
de cumplimiento, populares e incidentes de desacato y procesos ordinarios.

Igualmente, explicó que ha tramitado de manera diligente el incidente de desacato
en cuestión y resaltó que lo que se ha buscado con las actuaciones adelantadas
es el cumplimiento de la sentencia y, por ende, la garantía de los derechos
colectivos amparados en esta y no solamente la imposición de una sanción.

Ahora, el accionante hizo referencia a que en el fallo de primera instancia no se
valoró que «existen peticiones por parte del suscrito desde hace mucho tiempo
dentro del proceso, de sanción por desacato, de audiencias de verificación» y de
modulación del fallo que no han sido resueltas por la colegiatura enjuiciada.

Sin embargo, no se advierte alguna omisión por parte del a quo susceptible de
reproche, teniendo en cuenta que el actor no ofreció los elementos necesarios
para que sea abordado dicho planteamiento tras no especificar a cuáles
solicitudes se refería, ni mucho menos aportó alguna prueba que permitiera
constatar el día en que las radicó y su contenido, lo cual era imprescindible para
realizar algún análisis sobre el particular.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

Además, cabe señalar que el señor Velandia Rojno no hizo referencia en el escrito
de tutela a una presunta solicitud de modulación del fallo, sino que esto lo trajo a
colación en la impugnación, de modo que es un argumento nuevo respecto del
cual tampoco se podría realizar alguna consideración, en aras de garantizar el
derecho de defensa de la parte demandada.

En este orden de ideas, la autoridad judicial demandada no vulneró los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
señor Velandia Rojas, toda vez que el proceso debatido no se ha resuelto de
fondo por circunstancias ajenas a su voluntad, con ocasión a la complejidad del
tema y la cantidad de procesos que tiene a su cargo, razón por la que se
confirmará la decisión de primera instancia en lo que concierne a este reparo.

2.5.2. Requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la
tutela y determina que «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

La Corte Constitucional estableció que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir la legalidad de los actos administrativos, debido a que la
naturaleza residual de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la
carga de acudir previamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del respectivo medio de control, pues es la vía procesal idónea que el
legislador diseñó para la garantía de los derechos19, salvo en el evento en que se
presente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Según se tiene, el señor Velandia Rojas dentro de sus pretensiones solicitó que se
ordene al Tribunal Administrativo de Santander que declare incumplida la
sentencia de 6 de junio de 2019 proferida dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos y, en consecuencia, se sancione
al INVIAS.

19
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

No obstante, la Sala considera que la acción de tutela no cumple el presupuesto
de procedibilidad en mención, toda vez que la acción popular prevista
constitucionalmente en el artículo 88 y desarrollada por las leyes 472 de 199820 y
1437 de 201121 tiene como finalidad principal la protección de los derechos e
intereses colectivos y su trámite está orientado por los principios constitucionales,
especialmente los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía,
celeridad y eficacia.

Es precisamente dicho propósito el que inspira las responsabilidades que la Ley
472 de 1998 le atribuyó al juez de la acción popular en relación con el impulso del
proceso y con la adopción de las medidas necesarias para hacer realidad las
órdenes que en ese sentido se impartan en el respectivo fallo.22

Por ello, la misma ley puso a disposición del juez popular una serie de
instrumentos para que asegurara la ejecución de sus sentencias y la efectiva
protección de los derechos colectivos. Dentro de las medidas coercitivas con las
que la autoridad judicial cuenta para hacer cumplir sus órdenes judiciales está el
trámite incidental del desacato previsto en el artículo 41 ibidem, según el cual:

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente
en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta
de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6)
meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial,
mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien
decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta
se hará en efecto devolutivo. (Destacado por la Sala)

Entonces, no es dable abordar la discusión sugerida por el accionante pues en
sede de tutela no se pueden adoptar decisiones paralelas a las de la autoridad
judicial que conoce de un determinado caso radicado bajo su competencia,
máxime si se tiene en cuenta que no se evidencia alguna situación que amerite la
intervención del juez constitucional.

Contrario a lo afirmado por el actor en la impugnación, el incidente de desacato
que precisamente se adelanta en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00 es
el escenario idóneo y eficaz para que obtenga lo perseguido, toda vez que fue el
mecanismo previsto en la ley para esta clase de controversias, así que tiene la
obligación de agotarlo y esperar su resolución antes de acudir a esta instancia.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia,
pues al igual que la Sección Cuarta de esta Corporación se concluye que el
tribunal cuestionado no incurrió en mora judicial injustificada y la acción de tutela
de la referencia es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

20
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
21
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.
22
Corte Constitucional, T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00016-01

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 7 de marzo de 2024, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Cuarta i) negó la solicitud de tutela en cuanto a la
mora judicial planteada y ii) declaró la improcedencia de la acción respecto a la
pretensión dirigida a que se ordene declarar incumplida la orden proferida en el
marco de la acción popular.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.