Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00022-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción
moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en
favor de docente / Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Constanza Liliana Castillo Moreno
contra la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
FOMAG promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 29 de septiembre de
20232 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
76111333300320220041801.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Constanza Liliana Castillo Moreno presentó en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demanda en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, FOMAG y el municipio de Guadalajara de Buga, con el fin
de cuestionar la legalidad del acto ficto generado por el silencio de la administración,
ante su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
1 Ver índice 2 de Samai. Em el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado
«ED_1TUTELALO191277(.pdf) NroActua 2»
2Sala de decisión integrada por los magistrados Fernando Augusto García Muñoz, Ronald Otto
Cedeño Blume y Jhon Erick Chaves Bravo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y de la indemnización por el pago
inoportuno de los intereses a las cesantías, de acuerdo con el artículo 1 de las Leyes
52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto Nacional 1176 de 1991.
ii) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga
en sentencia proferida el 22 de marzo de 2023 accedió a las súplicas de la demanda
al considerar que no obró prueba en el plenario con la que se acreditara la fecha en
que tuvo lugar la consignación de las cesantías correspondientes al año 2020; y, en
cuanto al reconocimiento y pago de la indemnización por el pago inoportuno de los
intereses de estas, expuso que al no haberse desvirtuado la negación indefinida
efectuada en la demanda al respecto, era obligatorio tener por acreditado su pago
extemporáneo, esto es con posterioridad al 31 de enero de 2021. En contra de esta
decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 29 de septiembre
de 2023 revocó parcialmente lo resuelto por el a quo, en el sentido de negar la
pretensión relacionada con la indemnización por el pago tardío de los intereses a
las cesantías y confirmar en lo demás, al considerar que «Constanza Liliana Castillo
Moreno, en su calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria al socaire del artículo 99 Ley 50 de 1990 […]». (sic)
iv) En relación con esa decisión, la parte actora consideró que la corporación judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del
precedente, en tanto se omitió la aplicación del criterio fijado en la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, en la que se unificó criterio en el
sentido de que «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989».
Lo anterior, en la medida en que la notificación de la decisión de segunda instancia
se generó con posterioridad a la referida sentencia de unificación.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo, en tanto la autoridad
judicial demandada desconoció que las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales,
característica que no tiene el FOMAG, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989
bajo el principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad de recursos
que lo constituye conforman un patrimonio autónomo administrado a través del
esquema fiduciario, por ello «los valores que corresponden a las cesantías no se
consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes
de cada vigencia».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
Que, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de las
prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de
unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las
obligaciones definidas en la ley, […]», principio que «permite que con el recaudo de todos
los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones
asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes
(incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud».
Se pasó por alto que el esquema de cesantías de los docentes oficiales se rige por
un conjunto normativo especifico: las leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto
196 de 19953, el cual se surte en las siguientes fases:
«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a
cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los
recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de
cesantías y pensiones.
• Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.)
comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto.
• Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones
de las Entidades Territoriales -FONPET- al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG-.
• En caso de que estos recursos no fueren suficientes para cubrir la deuda, la entidad
territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las
obligaciones corrientes que correspondan. […]»
Es decir, que se desconoció que: i) el esquema normativo que rige para el FOMAG
no trae la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por lo
que se configura imposibilidad jurídica para ello a través de órdenes judiciales; ii) no
opera la consignación de cesantías, pero sí su retiro según la solicitud que eleve el
docente con el lleno de los requisitos de ley; y iii) no puede configurarse la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que el origen de esta
es la consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus
afiliados.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FOMAG el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a
la administración de justicia, que contemplan los principios de legalidad, prevalencia del
derecho sustancial y el imperio de la ley y aplicación de los precedentes que gobierna la
actuación judicial, que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución
Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca de fecha
29/09/2023 a través de la providencia por medio de la cual se ordenó el reconocimiento
y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desconociendo el
precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el H. Consejo de
3 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el
artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad incompatible con
la Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:
[…]
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial del 22/03/2023 y confirmada por el Tribunal Administrativo
Del Valle del Cauca el 29/09/2023 respecto del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 761113333003202200418 y en su lugar proferir la sentencia de
reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023 y consecuente con ello se denieguen las
pretensiones de la demanda. […]» (sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara
de Buga4 solicitó negar el amparo invocado en atención a que la sentencia proferida
por ese despacho es del 22 de marzo de 2023, es decir, es anterior a la decisión de
unificación proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado cuya
inaplicación se cuestiona.
1.2.2. Constanza Liliana Castillo Moreno, en calidad de tercera interesada5,
solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela ante la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, con los siguientes
argumentos:
La sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 se profirió con posterioridad
a la decisión de segunda instancia del 31 de agosto de 2023, por lo cual, no es cierto
el desconocimiento del precedente alegado, pues, si bien la notificación de esta
última se efectuó después de aquella, lo cierto es que «el trámite de notificación de
una sentencia es un aspecto secretarial y las consecuencias que se haya realizado en fecha
posterior no pueden afectar al demandante […] quien en últimas está accediendo de buena
fe ante la administración de justicia».
La controversia cuestionada carece de relevancia constitucional, tal como lo ha
señalado el Consejo de Estado al conocer de asuntos similares, al tratarse de un
tema de índole económico; lo cual deja ver que la verdadera intención de la
demandante es no cumplir con el fallo judicial y abstenerse de pagar la sanción ya
reconocida.
1.2.3. El municipio de Guadalajara de Buga6 señaló que se abstiene de
pronunciarse respecto a la solicitud de amparo, toda vez que durante el proceso
4 Ver índice 13 de Samai en el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_202400022CONTESTAC(.pdf) NroActua 13»
5 Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado.
«13_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 12»
6 Ver índice 11 de Samai en el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado
«12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 11»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
contencioso-administrativo se declaró probada la excepción propuesta de falta de
legitimación por pasiva en lo que a este se refiere.
1.4. SENTENCIA IMPUGNADA7
El Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante sentencia del 29 de febrero de 2024
resolvió:
«[…] Amparar el derecho al debido proceso del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. Por lo tanto, dejar sin efectos la sentencia de 29 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado Nro. 76111-33-33-003-2022-00418-
01.
2. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera sentencia de
reemplazo de segunda instancia, en la cual adopte las consideraciones expuestas en
esta providencia. […]» (sic)
Ello, al considerar que, sin perjuicio de la fecha de la sentencia de unificación cuyo
desconocimiento se alegó, «lo cierto es que en el caso se configura el defecto sustantivo
por la aplicación de la Sentencia SU-098 de 2018 sin consideración a lo dispuesto en la
Sentencia SU-573 de 2019 y por la errada interpretación de la Ley 50 de 1990 y el
desconocimiento de las características especiales de cesantías para docentes consagradas
en la Ley 91 de 1989».
1.5. ESCRITO DE IMPUGNACIÓN8
Constanza Liliana Castillo Moreno impugnó la decisión del a quo, para lo cual
insistió en que el asunto carece de relevancia constitucional y refirió que le «causa
extrañeza como para la Sección Cuarta del Consejo de Estado se cambió de postura
respecto de la relevancia constitucional, en los casos de sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a docentes
afiliados al FOMAG, pues en diversas tutelas proferidas el año pasado la postura fue
declarar la improcedencia de las acciones constitucionales […]».
Asimismo, advirtió que un trámite tardío por parte de la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no le puede ser endilgado a la docente, por lo
cual dejó claro «que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, […] fue anterior a la sentencia de unificación SUJ-032- CE-S2-
2023 de fecha 11 de octubre de 2023». (sic)
2. Consideraciones
7 Ver índice 18 de Samai en el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado
«26SENTENCIA_SENTENCIA_1020240002200FOMAGAN(.pdf) NroActua 18»
8 Ver índice 23 de Samai en el expediente 11001031500020240002200. Archivo denominado
«29_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 23»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales del FOMAG con ocasión de la sentencia del 29 de
septiembre de 2023, a través de la cual confirmó la decisión de acceder al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de
las cesantías anualizadas en favor de un docente oficial, con lo cual incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
En este punto, se recuerda que uno de los argumentos de impugnación traídos por
Constanza Liliana Castillo Moreno es el “sorpresivo” cambio de posición del
Consejo de Estado, Sección Cuarta, respecto a la falta de relevancia constitucional
frente a controversias relacionadas con el reconocimiento de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 en favor de docentes afiliados al FOMAG, pese a haberlo
considerado así en reiterados pronunciamientos.
Al respecto, se advierte que, sin perjuicio de dicha situación, lo cierto es que el juez
constitucional en sede de segunda instancia tiene la obligación de revisar
nuevamente si se configuran o no las causales de procedencia general de la
solicitud de tutela contra providencia judicial y, en controversias como la presente,
la postura de esta Sala de decisión17 siempre ha sido que el asunto si tiene
relevancia constitucional, en tanto se involucran derechos fundamentales de
carácter laboral.
Explicado lo anterior, se encuentran superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo
En cuanto a este defecto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda el
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto18. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este
defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta19, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al Estado Social de Derecho.
El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contraevidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
17 Ver, entre otros, los expedientes de tutela 2023-04474-00, 2023-04507-00, 2023-004560-00, 2023-
04598-00, 2023-04621-00, 2023-04643-00, 2023-05444-00, 2023-05483-00, 2023-05515-00, 2023-
05574-00, 2023-05602-00, 2023-05618-00, 2023-05671-00, 2023-05704-00, 2023-05722-00, 2023-
05751-00, 2023-05793-00, 2023-05806-00, 2023-05846-00, 2023-04670-01, 2023-04027-01, 2023-
04615-01, 2023-05555-01, 2023-05724-01, 2023-0453801.
18 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
19 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales20.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
20 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
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reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
FOMAG acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el
29 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
cuanto accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas, en favor de una docente
oficial.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo por indebida interpretación y aplicación de la Ley 50 de 1990, el artículo
57 de la Ley 1955 de 2019 y todo el marco normativo especial que rige las cesantías
de los docentes oficiales: las leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto 196 de
1995.
Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, en la que se unificó el criterio
respecto a que «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989».
Para mayor claridad del asunto, y en aras de desatar cada uno de los cargos
propuestos por la entidad demandante, se recuerda que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en sentencia del 29 de septiembre de 2023, luego de referir las
disposiciones que rigen «el pago de las cesantías anualizadas para los servidores
públicos y la sanción por la mora en su consignación» de manera general, concluyó que:
«[…] Con base en esa línea jurisprudencial, el Consejo de Estado17 ha considerado
viable acoger el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver
las controversias relacionadas con el reconocimiento de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Aplicando el anterior criterio se puede afirmar que, la señora Eda Cristina Gómez Fuller,
en su calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria al socaire del artículo 99 Ley 50 de 1990. […]».
Ello, en concordancia con pronunciamientos21 del Consejo de Estado en los que se
21 Expedientes 08001-23-33-000-2014-01142-01(3110-17), 08001-23-33- 000-2015-00050-01(4434-
19); 08001- 23-33-000-2014-00123-01(2864-17), 08001-23-33-000-2014-00190-01(4505- 17),
08001-23-33-000- 2014-00237 01(2881-17), 08001-23-33-000-2014-00402-01(0247-17), 08001- 23-
33-000-2014-01058-01(2475-17),08001-23-33-000-2014-90002 01(0197- 17), 08001-23-33-000-
2015-90109- 01(3157-19); el 20 de enero de 2022, exp. 08001233300020170093101 (1001- 2021)
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trató el tema de la prescripción en materia de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria en favor de docentes y, en otras, se reconoció dicho derecho en favor de
docentes oficiales afiliados al FOMAG.
En este punto, evidencia la Sala que, tal como lo alegó la entidad demandante en
el escrito de tutela, el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa, pues si bien analizó las disposiciones que integran el régimen
de las cesantías anualizadas de manera general, y dio aplicación a la Ley 50 de
1990, en razón al principio de favorabilidad de cara al sector de la docencia oficial,
como en su momento lo pudo referir el Consejo de Estado, lo cierto es que previo a
ello debió analizar el esquema de cesantías propio de los docentes oficiales
afiliados al FOMAG, lo que hubiera permitido establecer las claras y contundentes
diferencias e incompatibilidades entre los sistemas anualizados de liquidación de
cesantías de la Ley 50 de 1990 y el de los docentes oficiales afiliados al FOMAG
previsto en la Ley 91 de 1989.
Aspectos que resultan de suma importancia en el asunto, pues, según lo advirtió el
FOMAG en su defensa, «[…] la actividad que se realiza previamente al 15 de febrero de
cada vigencia no es la consignación de cesantías, es la actividad operativa de
“liquidación de estas”, teniendo en cuenta que los recursos ya están inmersos en el fondo
del Magisterio antes del 1 de febrero de cada vigencia siguiente. […]»22.
Corolario a ello, se observa que tales argumentos normativos resultaban de
obligatorio análisis por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como
juez natural de la causa, pues, fueron aquellos traídos por el FOMAG durante el
trámite del proceso contencioso-administrativo en la contestación de la demanda y
el recurso de apelación.
Por otra parte, alegó el FOMAG que la autoridad demandada también incurrió en
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sala Plena de la
Sección Segunda23, en la que se unificó criterio en el sentido de que «[l]os docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989», pues la decisión
acusada se notificó días después de la notificación de aquella.
A juicio de la Sala, dicho argumento no tiene asidero jurídico, toda vez que la
sentencia del 29 de septiembre de 2023 fue sometida a decisión y aprobada en esa
fecha, aunque solo fuera registrada y suscrita en el aplicativo Samai el 19 y 20 de
octubre siguiente, y notificada el día 23, situación que de ninguna manera conlleva
a que se desconozca el criterio que desde un principio se adoptó.
Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que el tribunal demandado incurrió en
22 Contestación de demanda contenciosa-administrativa
23 CP Juan Enrique Bedoya Escobar, expediente 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
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desconocimiento del procedente judicial, no por el argumento expuesto, sino por
motivar su decisión en pronunciamientos del Consejo de Estado que, a su vez,
dieron aplicación a las consideraciones contenidas en la sentencia SU-098 de 2018
de la Corte Constitucional, pese, a que en el año siguiente, en la SU-573 de 2019
aclaró que aquella no resultaba ser un precedente vinculante para casos como el
que hoy se revisa, toda vez que allí se trató de una situación fáctica en la que el
docente no estaba afiliado al FOMAG. Se dijo en la sentencia:
«[…] 3.5.1.1. El pretendido defecto por desconocimiento del precedente reabre,
una vez más, la misma discusión legal referida en los párrafos anteriores
66. Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015,
así como por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
pues, en su criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el
especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, situación que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política, es aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344
de 1996”24. No obstante, tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales
análogos y (ii) elementos jurídicos y normativos semejantes25 entre el sub iudice y las
sentencias referidas por los tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial
genuinamente análoga26-, impide advertir, prima facie, la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente.
67. Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por
la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en
los cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así
mismo, en la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional resolvió un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no
afiliación al fondo de cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto
1582 de 199827, pero no cancelada.
68. Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante
el juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201828, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”29. A pesar de no haber sido parte del
debate procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente
aplicable al asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una
amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i)
la decisión es posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y,
(ii) no obstante la Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de
24 Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
25 Ibid.
26 Sentencia T-425 de 2019.
27 Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de
1998.
28 Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923
y fls. 77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
29 Sentencia SU-098 de 2018.
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1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica
también “impide aplicar el precedente al caso concreto”30, como pasa a explicarse.
Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de carrera
Vinculación Docente en provisionalidad.
con nombramiento en
propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 1278 de 2002. Por
tal razón, la Secretaría de Actualmente, los docentes se
Educación de este municipio encuentran vinculados con el
Vigencia del
expidió la Resolución N° Departamento del Atlántico y su
vínculo
4143.3.21.5447 del 22 de octubre vínculo laboral se ha mantenido
laboral
de 2007, por la cual reconoció el vigente sin solución de
pago de las prestaciones sociales continuidad31.
definitivas e informó que el pago
se realizaría en el respectivo
Fondo de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron
Sociales del Magisterio (FOMAG)
FOMAG afiliados al FOMAG.
ni a otro fondo, por un error
interno.
Una vez culminó su relación
Los docentes no reclamaron el
laboral con el Municipio de
pago efectivo de las cesantías
Reclamación Santiago de Cali, al docente le
de los años 2001, 2002 y 2003.
efectiva de reconocieron el pago de las
No obstante, sí solicitaron el
pago de las prestaciones sociales, entre
pago de la sanción moratoria por
cesantías estas, las cesantías.
no consignación de las
cesantías por dicho periodo.
El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
Tipo de reconocimiento, liquidación y
reconocimiento y pago de la
sanción pago de la sanción moratoria por
sanción moratoria por la no
moratoria la no consignación de las
consignación oportuna de las
reclamada cesantías, los intereses a las
cesantías.
cesantías ni los rendimientos.
69. Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-
332 de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales. En dicha
sentencia señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías”32, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Con
todo, esta decisión no tiene efectos vinculantes frente al asunto decidido en esta
oportunidad, por cuanto: (i) esta providencia de unificación es posterior a las decisiones
judiciales cuestionadas por los accionantes33 y (ii) no existe identidad fáctica ni jurídica
30 Sentencia SU-354 de 2017.
31 Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.
32 Sentencia SU-332 de 2019.
33 Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de
2018 (expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto
de 2018 (expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019
fueron proferidas por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019,
respectivamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00022-01
Demandante: FOMAG
con el asunto sub iudice, toda vez que los accionantes reclaman el pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.
[…]»
En este punto, se recuerda lo dicho por esta Sala de decisión 34 en asuntos de
contornos similares al respecto:
«[…] En efecto, de acuerdo con lo transcrito, en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte
Constitucional advirtió, entre otras cosas, que en la decisión contenida en la SU-098 de
2018 se analizó una situación fáctica distinta pues se trataba de la posibilidad de
condenar al pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías prevista en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y los decretos 1582 de 1998 y
1252 de 2000 de docentes oficiales que nunca estuvieron afiliados al Fomag. […]» (sic)
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo que
amparó el derecho fundamental al debido proceso del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues si bien se le respetaron cada una
de las etapas procesales en el trámite del proceso contencioso-administrativo
cuestionado, lo cierto es que la sentencia del 29 de septiembre de 2023 que
puso fin a la controversia traída por Constanza Liliana Castillo Moreno incurrió
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, al fundamentarse
únicamente en generalidades normativas del régimen de las cesantías
anualizadas y decisiones que definieron lo pertinente a la prescripción en
controversias como la hoy discutida, pero, sin analizar el esquema de cesantías
propio de los docentes oficiales afiliados al FOMAG y la sentencia de
unificación SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional, que aclaró el
contenido de la también SU-098 de 2018; puntos respecto de los cuales, es
pertinente advertir que fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia SUJ -
032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado,
Sala Plena de la Sección Segunda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta mediante la cual se amparó el derecho fundamental al
debido proceso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
34 Sentencias del 13 de diciembre de 2023; Expediente 11001031500020230453801,
11001031500020230572401, 11001031500020230555501, entre otras.
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Demandante: FOMAG
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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