Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00031-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag1
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por María Soraya Duque Echeverry
contra la sentencia de tutela de 14 de febrero de 2024 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31
de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200025-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, María Soraya Duque Echeverry presentó demanda contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto ficto configurado el 3 de noviembre de 2021, mediante el cual se negó la
petición presentada el 3 de agosto de 2021, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de
las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 2 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas en
la Ley 52 de 18 de diciembre de 19753.
4. Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga profirió sentencia, en primera instancia, el 12 de diciembre de 2022, mediante
la cual resolvió:
“[…] PRIMERO.- Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa del ente territorial demandado, conforme con lo expuesto en la parte
considerativa de esta Sentencia.
2 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
3 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
SEGUNDO.- Declarar la nulidad del acto administrativo ficto demandado, generado
por la no contestación de la petición radicada ante la Nación - Ministerio de Educación
• Fomag el día 03 de agosto de 2021.
TERCERO.- Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a reconocer y pagar a favor de María
Soraya Duque Echeverry, la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las
cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de
2021 y hasta que tenga lugar su efectiva consignación, conforme con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a reconocer y pagar a favor de la parte
demandante, la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las cesantías
correspondientes al año 2020, la cual equivale a una suma adicional igual a dichos
intereses de conformidad con el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015 […]”.
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia, en segunda
instancia, el 31 de agosto de 2023, mediante la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia de fecha 12 de
diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga y, en su lugar, DENEGAR la pretensión alusiva a la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. […]”.
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró lo siguiente:
“[…] Revisado el material probatorio allegado, se procederá a resolver el recurso de
apelación por la entidad demandada Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a saber:
Se tiene entonces que el juzgado de primera instancia accedió a las pretensiones de
la demanda al considerar que se causó la sanción moratoria en favor de la parte
demandante, equivalente a un día de salario por cada día de mora en la consignación
de la prestación, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha en que se acredite
el depósito al fondo. Ello teniendo en cuenta el principio de favorabilidad y el amparo
de lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 50 de 1990.
Inconforme con tal decisión, la entidad demandada Ministerio de Educación Nacional
– Fomag, en su recurso expone que como la señora María Soraya Duque Echeverry
se encuentra afiliada al FOMAG, el régimen legal aplicable no es otro que el dispuesto
en la Ley 812 de 2003, por consiguiente, resulta claro que no le son aplicables las
disposiciones contenidas en la ley 50 de 1990, pues este es exclusivo para las
sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el
FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las
prestaciones sociales de los docentes. […]”.
[…]
“[…] por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de
manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año
por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un
día de salario por cada día de retraso.
Una vez decantado lo anterior, esta Sala entonces encuentra probado dentro del
plenario que la demandante al estar vinculada al servicio de educación con
posterioridad al 1° de enero de 1990 se encontraba cobijada por el sistema anualizado
de cesantías regulado por la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 y, por ende,
la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se hace extensiva
a su situación particular.
Así mismo, no se evidencia en el plenario prueba alguna de que las entidades
demandadas hayan consignado las cesantías anualizadas al Fomag dentro del
término establecido en la Ley 50 de 1990, es decir, antes del 15 de febrero de 2021,
razón por la cual considera esta Sala que efectivamente tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria que se pretende en este asunto de acuerdo
con el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, tal y como lo advirtió
el a quo.
Por otra parte, en cuanto al reconocimiento del pago de la sanción por el no pago
oportuno de los intereses a las cesantías anualizadas de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° de la ley 52 de 1975, esta Sala advierte que dicha
pretensión habrá de negarse al encontrarse que la ley ya mencionada hace referencia
a trabajadores particulares y no a empleados públicos como lo es, en el presente
asunto, la parte demandante. Así mismo, se evidencia en el plenario que los intereses
a las cesantías, aunque fueron cancelados a la demandante, esto hizo por fuera del
término legal, sin embargo, no se hace referencia en la normatividad que la no
cancelación o la cancelación inoportuna de estos emolumentos conlleve a obtener
indemnización alguna […]”
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG el
derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, que contemplan los principios de legalidad, prevalencia del
derecho sustancial y el imperio de la ley y aplicación de los precedentes que gobierna
la actuación judicial, que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca
EL 18 DE OCTUBRE DE 2023, cuando notificó la sentencia de segunda instancia ya
existiendo el precedente jurisprudencial fijado en Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, a través de la providencia por medio de
la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la
Ley 50 de 1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia
de unificación por el H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
última normatividad incompatible con la Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes
adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual
en su parte resolutiva señala:
“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo
que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la
sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del
docente estatal.
(…)
Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de aplicación
inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que se pretenda
la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de manera que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de
unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y
102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial.”
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo Del Valle del
Cauca en sentencia del 31 de agosto de 2023 notificada al FOMAG el 18 de octubre
de 2023 donde se confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia del
juzgado segundo administrativo de Guadalajara de Buga, respecto del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 76111-33-33-002-2022-00025-01 y en
su lugar proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 y
consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la demanda. […]”.
7.1. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en i) un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial; en ii) un defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma
jurídica; y en iii) la causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 16 de enero de 2024: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y ii) vinculó al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, al Departamento del
Valle del Cauca y a María Soraya Duque Echeverry, en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que:
“[…] Con el respeto acostumbrado, procedo a informar sobre el trámite impartido
dentro del proceso radicado bajo el nro. 76111-33-33-002-2022-00025-01, el cual dio
origen a la acción de tutela que cursa ante el Consejo de Estado; precisando
inicialmente que la suscrita no ha afectado los derechos invocados por la parte actora.
[…]”.
[…]
“[…] Dicho lo anterior, la responsabilidad recae en el personal de la Secretaría de esta
Corporación que, un mes y 18 días después procedió a notificar dicha sentencia, sin
embargo, no puede desconocerse que la misma fue proferida con anterioridad a la
emisión de la sentencia de unificación.
Por lo anterior y conforme a los argumentos anotados, es menester concluir, que el
Despacho 014 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como ponente de la
providencia objeto de tutela, no ha amenazado o vulnerado los derechos
fundamentales de rango constitucional alegados, pues como se ha esbozado en
precedencia, se dictó sentencia de segunda instancia acorde con la realidad fáctica y
procesal, con plena aplicación de los pronunciamientos dados tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado. […]”.
10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Mediante el presente escrito y en calidad de Juez Segundo Administrativo del
Circuito de Buga (V.), me opongo a la prosperidad de la presente acción de amparo,
comoquiera que, de la revisión de los hechos del libelo de tutela, claramente se logra
establecer que el accionante está discutiendo la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mas no manifiesta
desconocimiento del precedente judicial por parte de este Juzgado.
Lo anterior, precisamente porque la sentencia de unificación emitida por el Consejo
de Estado fue profería el día 11 de octubre de 2023, pero la sentencia de primera
instancia proferida por este Juzgado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 2022-00025-00 data del 12 de
diciembre de 2022, de tal suerte que cuando el Juzgado emitió la providencia aún no
existía sentencia de unificación sobre el asunto, y por ello mal podría el Juzgado haber
desconocido el presente judicial […]”.
11. María Soraya Duque Echeverry solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela, al señalar que:
“[…] el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, principio
que funciona como un límite a las actuaciones de las autoridades, que pretende hacer
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Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
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frente a eventuales modificaciones impulsivas en su manera natural de proceder,
situación que genera un riesgo al principio de seguridad jurídica. Es decir, que esta
garantía únicamente adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del
propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que,
aunque tengan cierto tipo de fundamento legal formal sean irracionales, teniendo en
cuenta la expresión latina “venire contra factum pro-prium non valet”, la cual es la
doctrina de los actos propios que consiste en el principio general de derecho que
establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con antelación;
en otras palabras, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento
ya mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que habría actuado de
tal forma con base en la buena fe de la primera.
Así entonces, la confianza no solo se garantiza con la publicidad del texto de la Ley,
así como tampoco se agota con la mera adscripción nominal del principio de legalidad,
sino que también debe ser vista bajo la órbita de la protección a las expectativas
legítimas de los ciudadanos, de que la interpretación y aplicación de la Ley por parte
de jueces y cuerpos colegiados será razonable, consistente y uniforme. En
consecuencia, la conducta del Estado como administrador de justicia no se agota con
el solo juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico
individual, ya que no se trata de realizar un estudio sobre la validez de la sentencia,
sino de la razonabilidad de una conducta del Estado, que conlleva una dimensión de
los principios de continuidad y unidad de la jurisdicción.
Con base a lo anterior, se pone de presente que se deben respetar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que ya se cuenta con sentencia de
primera y segunda instancia en donde se ampara el derecho al (la) Docente MARÍA
SORAYA DUQUE ECHEVERRY del reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 […]”.
12. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegaron copias digitales del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 761113333002202200025-
00.
13. El Departamento del Valle del Cauca guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
La sentencia impugnada
14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de tutela, en primera instancia, el 14 de febrero de 2024, por medio de la
cual resolvió lo siguiente:
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
“[…] Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
76111333300220220002501 […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] evidencia la Sala que, tal como lo alegó la entidad demandante en el escrito de
tutela, el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación
normativa, pues si bien analizó las disposiciones que integran el régimen de las
cesantías anualizadas de manera general, y dio aplicación a la Ley 50 de 1990, en
razón al principio de favorabilidad de cara al sector de la docencia oficial, como en su
momento lo pudo referir el Consejo de Estado, lo cierto es que previo a ello debió
analizar el esquema de cesantías propio de los docentes oficiales afiliados al FOMAG,
lo que hubiera permitido establecer las claras y contundentes diferencias e
incompatibilidades entre los sistemas anualizados de liquidación de cesantías de la
Ley 50 de 1990 y el de los docentes oficiales afiliados al FOMAG previsto en la Ley
91 de 1989 […]”.
[…]
“[…] Por otra parte, alegó el FOMAG que la autoridad demandada también incurrió en
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección
Segunda, en la que se unificó criterio en el sentido de que «[l]os docentes estatales
afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema
de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989», pues la decisión
acusada se notificó días después de la notificación de aquella.
A juicio de la Sala, dicho argumento no tiene asidero jurídico, toda vez que la
sentencia acusada del 31 de agosto de 2023 fue registrada y suscrita en el aplicativo
Samai el 5 de septiembre siguiente, diferente es, que solo fuera notificada el 18 de
octubre; situación que de ninguna manera conlleva a que se desconozca la decisión
que desde un principio adoptó el tribunal en Sala de Decisión.
Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que el tribunal demandado incurrió en
desconocimiento del procedente (sic) judicial, no por el argumento expuesto, sino por
motivar su decisión en un pronunciamiento del Consejo de Estado que, a su vez, dio
aplicación a las consideraciones contenidas en la sentencia SU-098 de 2018 de la
Corte Constitucional, pese, a que en el año siguiente, en la SU-573 de 2019 aclaró
que aquella no resultaba ser un precedente vinculante para casos como el que hoy
se revisa, toda vez que allí se trató de una situación fáctica en la que el docente no
estaba afiliado al FOMAG […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues si bien se le respetaron cada una de las
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Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
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etapas procesales en el trámite del proceso contencioso-administrativo cuestionado,
lo cierto es que la sentencia del 31 de agosto de 2023 que puso fin a la controversia
traída por María Soraya Duque Echeverry incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, al fundamentarse únicamente en generalidades
normativas del régimen de las cesantías anualizadas y decisiones de unificación que
definieron lo pertinente a la prescripción en controversias como la hoy discutida, pero,
sin analizar el esquema de cesantías propio de los docentes oficiales afiliados al
FOMAG y la sentencia de unificación SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional, que
aclaró el contenido de la también SU-098 de 2018; puntos respecto de los cuales, es
pertinente advertir que fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia SUJ-032-
CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Segunda […]”.
La impugnación
15. María Soraya Duque Echeverry impugnó la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes
razones4:
“[…] Es por lo anterior, que es necesario señalar que, el Consejo de Estado de forma
unánime, ha afirmado en varias oportunidades en sede de tutela también, que en lo
atinente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes
establecida en la Ley 50 de 1990, es un asunto improcedente por ausencia del
requisito de relevancia constitucional […]”.
[…]
“[…] Interponer la presente acción de tutela es desconocer todo el trabajo que realiza
un Despacho judicial como lo es un Tribunal de la República, ya que se es bien
conocido por todas las partes que intervenimos en el presente asunto que se
configura una Sala, se debate el tema en cuestión y TRES magistrados disponiendo
de su tiempo y sana crítica fallan el asunto, entonces, nótese como se pretende de
manera descortés por parte del Ministerio de Educación Nacional dejar sin efectos
dos providencias que fueron de fecha anterior a la promulgación de la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, desconociendo el
principio de autonomía e independencia judicial establecidas en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política, que gozan los jueces y magistrados en desarrollo de
su función institucional, en aras de solucionar los conflictos que de acuerdo con su
especialidad son sometidos a su conocimiento y que para el caso en particular, realizó
un estudio exhaustivo de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
sobre las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, respecto de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
a los docentes afiliados a dicho fondo, concluyendo acertadamente para ese entonces
que a los docentes oficiales les era aplicable dicha sanción moratoria […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la seguridad jurídica está correlacionada con el principio de buena
fe, el cual se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Carta Magna, así: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
4 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
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postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelantes ante éstas” y lo anterior, también se encuentra relacionado con la confianza
legítima.
Por ello, el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, principio
que funciona como un límite a las actuaciones de las autoridades, que pretende hacer
frente a eventuales modificaciones impulsivas en su manera natural de proceder,
situación que genera un riesgo al principio de seguridad jurídica. Es decir, que esta
garantía únicamente adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del
propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que,
aunque tengan cierto tipo de fundamento legal formal sean irracionales, teniendo en
cuenta la expresión latina “venire contra factum pro-prium non valet”, la cual es la
doctrina de los actos propios que consiste en el principio general de derecho que
establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con antelación;
en otras palabras, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento
ya mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que habría actuado de
tal forma con base en la buena fe de la primera.
Así entonces, la confianza no solo se garantiza con la publicidad del texto de la Ley,
así como tampoco se agota con la mera adscripción nominal del principio de legalidad,
sino que también debe ser vista bajo la órbita de la protección a las expectativas
legítimas de los ciudadanos, de que la interpretación y aplicación de la Ley por parte
de jueces y cuerpos colegiados será razonable, consistente y uniforme. En
consecuencia, la conducta del Estado como administrador de justicia no se agota con
el solo juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico
individual, ya que no se trata de realizar un estudio sobre la validez de la sentencia,
sino de la razonabilidad de una conducta del Estado, que conlleva una dimensión de
los principios de continuidad y unidad de la jurisdicción.
Con base a lo anterior, se pone de presente que se deben respetar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que ya se cuenta con sentencia de
primera y segunda instancia en donde se ampara el derecho a la Docente MARÍA
SORAYA DUQUE ECHEVERRY del reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
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Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.
14
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
15
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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
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“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
30. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
23 Ibidem.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
18
Núm. único de radicación: 110010315000202400031-01
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producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]”, de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
19
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
35. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31
de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200025-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20
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37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
38.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200025-00.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional
39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente26:
“[…] En sub examine se alega la causal referente al defecto sustantivo o material, por
tanto, se efectuará una breve caracterización de tal asunto, a fin de viabilizar el
estudio del caso concreto.
• Del defecto sustantivo o material […]”.
[…]
“[…] De lo anterior, se concluye que las sentencias y demás providencias judiciales
deben sujetarse “al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la
obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía
de los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el
26 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.
21
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derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la
administración de justicia. […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, como lo dispone la Ley 1955 de 2019, artículo 57, señala que “(…)
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en
la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, (…)”. El principio de
unidad de caja permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja
común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo
correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las
cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud.
De lo anterior se concluye que, en primer término, en el FOMAG no hay cuentas
individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las
cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al
fondo, desde el primer mes de cada vigencia. […]”.
[…]
“[…] Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la
sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el
escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación
inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación
de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo
de sanción. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, dentro de la presente acción de tutela se debe resolver el problema
jurídico correspondiente a: ¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el derecho al debido proceso por defecto sustantivo o material del Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
proferir sentencia condenatoria respecto a sanción moratoria establecida en la Ley
50 de 1990, habiéndose proferido para ese momento, pronunciamiento de unificación
de jurisprudencia, como lo es la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de
fecha 11 de octubre de 2023, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del radicado interno No. 5746- 2022, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento con radicado?
Para resolver dicho interrogante es necesario que el Despacho considere que la
entidad por mi representada no desconoce la normativa y jurisprudencia que existe al
respecto del trámite existente para la transferencia de los dineros destinados a las
cesantías de los docentes oficiales, sin embargo, dentro del presente caso se tiene
que se presentaron un defecto conforme se ha expuesto a lo largo del presente
escrito. Es entonces que al analizar con detalle el caso objeto de estudio se tiene que,
a la parte demandante no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria en virtud de lo contenido en la ley 50 de 1990, se desconoció de forma
arbitraria por el Despacho Judicial lo contemplado en la Ley 91 de 1989,
principalmente en lo correspondiente al principio de unidad de caja.
Es entonces, que se evidencia sin lugar a dubitación que dentro de la motivación de
la sentencia objeto de la presente acción, NO se realiza mención, ni siquiera un
análisis superfluo de la norma referida, teniendo en cuenta que la misma resulta de
vital importancia atendiendo a los hechos objeto de la controversia […]”.
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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
[…]
“[…] Conforme a lo previamente expuesto, es claro que NO le asiste derecho al
demandante al pago de la Indemnización moratoria por consignación extemporánea
de las cesantías, así como TAMPOCO al pago de Indemnización Moratoria por
consignación extemporánea de intereses a las cesantías, ya que es claro que las
disposiciones de la Ley 50 de 1990 no son aplicables a los docentes afiliados al
FOMAG, y en cualquier caso al efectuar el estudio conforme a lo contemplado en la
Ley 91 de 1989, se deduce que el pago se efectuó conforme a lo señalado en la ley.
Es entonces que se configura el defecto sustancial o material, ya que el Despacho
Judicial omitió de forma directa, el estudio y la aplicación de una norma que regula la
materia y que sumado a ello contempla expresas prohibiciones que no fueron tenidas
en cuenta, máxime cuando la lectura de la norma en cotejo con la sentencia dentro
del proceso objeto de la presente acción, resultan contrarias. […]”.
[…]
“[…] Al respecto, se hace menester señalar que dicho planteamiento resulta
incompleto en atención al objeto del debate, lo anterior, por cuanto el mismo no
contempla en su totalidad los asuntos a determinarse con la sentencia que ponga fin
al litigio; esto bajo el presupuesto que bajo los hechos y el acervo probatorio, se tiene
que no solo era menester determinar si se cumplían los requisitos para que la parte
actora fuera acreedora al derecho contemplado en la norma frente a la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías, sino que además debía
plantearse como objeto del problema jurídico y a su vez hacer un estudio minucioso
sobre cuál es la normatividad aplicable al caso de los docentes afiliados al FOMAG
teniendo en cuenta la existencia de régimen especial establecido en la Ley 91 de
1989, dicho estudio se torna indispensable y fundamental para adoptar una decisión
que se encuentre ajustada a derecho […]”. (Resaltado del texto original)
40. María Soraya Duque Echeverry impugnó la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes
razones27:
“[…] Es por lo anterior, que es necesario señalar que, el Consejo de Estado de forma
unánime, ha afirmado en varias oportunidades en sede de tutela también, que en lo
atinente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes
establecida en la Ley 50 de 1990, es un asunto improcedente por ausencia del
requisito de relevancia constitucional […]”.
[…]
“[…] Interponer la presente acción de tutela es desconocer todo el trabajo que realiza
un Despacho judicial como lo es un Tribunal de la República, ya que se es bien
conocido por todas las partes que intervenimos en el presente asunto que se
configura una Sala, se debate el tema en cuestión y TRES magistrados disponiendo
de su tiempo y sana crítica fallan el asunto, entonces, nótese como se pretende de
manera descortés por parte del Ministerio de Educación Nacional dejar sin efectos
dos providencias que fueron de fecha anterior a la promulgación de la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, desconociendo el
27 Transcripción literal del texto.
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principio de autonomía e independencia judicial establecidas en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política, que gozan los jueces y magistrados en desarrollo de
su función institucional, en aras de solucionar los conflictos que de acuerdo con su
especialidad son sometidos a su conocimiento y que para el caso en particular, realizó
un estudio exhaustivo de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
sobre las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, respecto de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
a los docentes afiliados a dicho fondo, concluyendo acertadamente para ese entonces
que a los docentes oficiales les era aplicable dicha sanción moratoria […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la seguridad jurídica está correlacionada con el principio de buena
fe, el cual se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Carta Magna, así: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelantes ante éstas” y lo anterior, también se encuentra relacionado con la confianza
legítima.
Por ello, el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, principio
que funciona como un límite a las actuaciones de las autoridades, que pretende hacer
frente a eventuales modificaciones impulsivas en su manera natural de proceder,
situación que genera un riesgo al principio de seguridad jurídica. Es decir, que esta
garantía únicamente adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del
propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que,
aunque tengan cierto tipo de fundamento legal formal sean irracionales, teniendo en
cuenta la expresión latina “venire contra factum pro-prium non valet”, la cual es la
doctrina de los actos propios que consiste en el principio general de derecho que
establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con antelación;
en otras palabras, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento
ya mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que habría actuado de
tal forma con base en la buena fe de la primera.
Así entonces, la confianza no solo se garantiza con la publicidad del texto de la Ley,
así como tampoco se agota con la mera adscripción nominal del principio de legalidad,
sino que también debe ser vista bajo la órbita de la protección a las expectativas
legítimas de los ciudadanos, de que la interpretación y aplicación de la Ley por parte
de jueces y cuerpos colegiados será razonable, consistente y uniforme. En
consecuencia, la conducta del Estado como administrador de justicia no se agota con
el solo juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico
individual, ya que no se trata de realizar un estudio sobre la validez de la sentencia,
sino de la razonabilidad de una conducta del Estado, que conlleva una dimensión de
los principios de continuidad y unidad de la jurisdicción.
Con base a lo anterior, se pone de presente que se deben respetar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que ya se cuenta con sentencia de
primera y segunda instancia en donde se ampara el derecho a la Docente MARÍA
SORAYA DUQUE ECHEVERRY del reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. […]”.
41. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
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resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
42. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por la actora en
su escrito de tutela, en el caso sub examine, se plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
43. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha señalado:
“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.
44. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 29 señaló lo
siguiente:
“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202130, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas
cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.
45. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de procedencia de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente31:
“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de
2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
30 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes
Pacheco González. M.P. Oswaldo Giraldo López”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.
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La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.
La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
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no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.
Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201932, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.
46. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
47. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
48. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, se deje sin efectos la sentencia de 31 de agosto de
32 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sin que de esta
discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia constitucional.
49. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
50. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación de la autoridad judicial accionada, es decir, el
actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del juez
natural y reabrir un debate legal y económico concluido que escapa de la órbita de
competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la vulneración
de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
51. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia por la actora, no se evidencian en el caso
sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y
respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional.
52. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.
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54. La Sala precisa que, si bien i) la actora invoca como desconocida una sentencia
de unificación de 11 de octubre de 2023 y ii) la providencia cuestionada fue proferida
el 31 de agosto de 2023 y notificada el 18 de octubre de 2023, el hecho de que esta
haya sido notificada con posterioridad a la fecha en que se profirió dicha sentencia
de unificación, no implica que debió haber sido modificada.
55. En efecto, la sentencia de unificación invocada previó de forma expresa que las
reglas allí contenidas aplicarían de forma inmediata a todos los casos que
estuvieran pendientes de solución, sin que se hubiere hecho precisión alguna para
los casos en los que ya hubiese decisión judicial de segunda instancia, así:
“[…] 196. Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de dar
efectos prospectivos a la presente decisión, toda vez que no restringe el acceso a la
administración de justicia ni afecta los derechos adquiridos o fundamentales de las
partes y se adopta el mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la regla
jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones
ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio
de seguridad jurídica, son inmodificables […]”.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 14 de
febrero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para, en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 14 de febrero de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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