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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00033-00

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00033-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Tuluá y de la Secretaría de Educación del municipio de Tuluá. 2. Acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG. En consecuencia, 3. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 76111-33-33-003-2022- 00264-01, en consecuencia. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal». Se insiste, aunque la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 no se encontraba vigente para la fecha en que fue dictada la providencia objeto de tutela, coincide con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en favor de un docente oficial solo resulta aplicable cuando el docente no esté afiliado al FOMAG. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-00033-00 Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG profiera nueva sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00033-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

15 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00033-00
Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00033-00
Demandante: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
– FOMAG
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la apoderada judicial de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
– FOMAG, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Nación – Ministerio de Educación Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar a favor del Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el derecho constitucional fundamental al debido proceso y
el acceso efectivo a la administración de justicia que contemplan los principios de legalidad,
prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley, y además la aplicación de los
precedentes que gobierna la actuación judicial que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - sala
segunda de decisión Datada 29 de septiembre de 2023, a través de la providencia por medio de
la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el
H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad
incompatible con la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (…).

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos jurídicos
la decisión judicial del 02/11/2022 y confirmada por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca
el 29/09/2023 respecto del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
761113333003202200264 y en su lugar proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 y
consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la demanda.»

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Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Luz Amanda Cobo Ramírez presta sus servicios como docente oficial en
el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

El 25 de octubre de 2021, la señora Cobo Ramírez solicitó ante el al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG: (i) el reconocimiento de una
sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la
consignación de las cesantías docentes, contados desde el 15 de febrero de 2021
y hasta que se acredite el pago de los valores en la cuenta del docente, en aplicación
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y (ii) el pago de una indemnización por el no
pago de los intereses a las cesantías del año 2020, que debía efectuar antes del 31
de enero de 2021.

Ante el silencio de la entidad, la señora Cobo Ramírez promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el municipio de Tuluá,
con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo presunto negativo
configurado en la petición del 25 de octubre del 2021 y, como consecuencia, se
ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria y la indemnización por el no
pago de los intereses a las cesantías, antes descritos.

El Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga, en sentencia del 2
de noviembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia,
ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG que: (i) reconociera y pagara a la docente Luz
Amanda Cobo Ramírez el equivalente a un día de salario por cada día de mora en
la consignación de las cesantías, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha
en que se acredite el depósito al Fondo, la cual se debía liquidar con base en la
asignación básica devengada por el demandante al momento de causación de la
mora y, (ii) reconociera y pagara la indemnización por el pago de los intereses a las
cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a la suma adicional a
dichos intereses de conformidad con el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015.

La Nación – Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar que, conforme con el esquema establecido por la Ley 91 de 1989 y el
Decreto 3752 de 2003, aplicable a los docentes del FOMAG, no se administran las
cesantías por medio de la creación de cuentas individuales, no hay consignación y,
por ello, no puede configurarse sanción moratoria respecto de un hecho que
materialmente no puede darse. Por lo tanto, el símil a aplicarse, para el cas o de los
docentes, es el cálculo, liquidación y apropiación de los recursos que garantizan el
pago de las cesantías e intereses a las cesantías, el cual se realiza cada año
conforme con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo Nro. 39 de 1998.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29 de
septiembre del 2023, revocó el numeral quinto del fallo de primera instancia, en el
cual se ordenaba el reconocimiento y pago de la indemnización por el pago

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inoportuno de los intereses a las cesantías y confirmó en lo demás la providencia
apelada.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
y violación directa de la Constitución, pues se relacionaron normas que rigen la
configuración de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
prevista en la Ley 50 de 1990, sin estudiar los supuestos fácticos y jurídicos
especiales que eran necesarios para definir el litigio en atención a la regulación
prevista en la Ley 91 de 1989.

Sostuvo que, el tribunal demandado omitió tener en cuenta los presupuestos legales
establecidos en la norma mencionada con antelación, entre ellos, el principio de
unidad de caja, el cual establece que las cesantías de los docentes adscritos al
FOMAG no se administran en cuentas individuales, además, ignoró los
procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio de Educación y la
Fiduprevisora S.A., de manera mensual, con respecto a los recursos destinados a
las cesantías.

Aseguró que, no fue adecuado el análisis realizado en segunda instancia frente a
los supuestos propios del caso concreto, a fin de decidir, o por lo menos, realizar
una sustentación o motivación frente a la procedencia y responsabilidad que se
aduce al FOMAG, máxime, cuando existe norma que, de forma clara, concreta y
expresa, regula el trámite y manejo de los dineros destinados a la transferencia de
las cesantías de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Que se desconoció la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
cual estableció como regla jurisprudencial que:

«(…) las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados
al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé
la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un
sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento (…)”.

Que, en la referida providencia, se aclaró que, “(…) en el evento en que la entidad territorial haya
omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no
existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. (…)».

4. Trámite Previo

En auto del 16 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes, al Juzgado Tercero Administrativo de
Guadalajara de Buga, al municipio de Buga y a la señora Luz Amanda Cobo
Ramírez, como terceros con interés y publicar en la página web del Consejo de
Estado el auto para el conocimiento de los terceros interesados.

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5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga guardaron silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

La Alcaldía del Municipio de Tuluá pidió que se le desvinculara del trámite de la
presente acción de tutela. Para el efecto, señaló que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia cuestionada se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
respecto de esa entidad.

La señora Luz Amanda Cobo Ramírez se opuso a las pretensiones de la acción
de tutela, pues aseguró que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual se profirió la sentencia cuestionada, no se vulneraron los
derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

Señaló que, las pretensiones de la demandante están encaminadas a no dar
cumplimiento al fallo judicial, situación que además tiene un carácter meramente
económico, por lo que la acción de tutela resulta improcedente.

Explicó que, el hecho de que la providencia cuestionada se haya notificado con
posterioridad a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, no quiere decir que haya existido un desconocimiento del
precedente, pues la discusión y firma del fallo se dio cuando aún no se había emitido
la decisión de unificación sobre a la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a los docentes, establecida en la Ley 50 de 1990. Que, en todo caso, la
demora en la notificación es un asunto administrativo a cargo de la Secretaría y en
caso de existir alguna inconformidad al respecto, la parte actora cuenta con otros
mecanismos de defensa para cuestionarlo.

Aseveró que, en otras acciones de tutela en las cuales se han cuestionado
providencias que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, el FOMAG ha insistido que son procesos en
los que se ha garantizado el derecho al debido proceso y que el recurso de amparo
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por tratarse de un asunto
meramente económico. Que, en esa medida, no resulta lógico que acudan a la
presente acción de tutela a alegar la violación de derechos fundamentales, solo por
el hecho de que la decisión fue contraria a sus intereses.

Por su parte la Secretaría de Educación del municipio de Tuluá solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que así fue
resuelta su intervención en el trámite procesal del medio de control cuestionado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Legitimación en la causa por pasiva

Al rendir informe el municipio de Tuluá y la Secretaria de Educación del municipio
de Tuluá solicitaron ser desvinculados del trámite de la presente acción de tutela,
porque no tienen legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala considera procedente acceder a la petición, porque, si bien, en
principio el municipio de Tuluá tuvo la calidad de demandado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con número 76111-33-33-003–
2022-00264-00/01, en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona, lo
cierto es que, en la sentencia de primera instancia del 2 de noviembre de 2022, se

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
ente territorial demandado y dicha decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 29 de septiembre de 2023.

En esa medida, la determinación que se adopte en el presente caso no tiene
incidencia respecto del municipio de Tuluá y la Secretaría de Educación de Tuluá,
por lo tanto, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora alega la configuración de
los defectos por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y por violación
directa de la Constitución, sin embargo, este último fue sustentado en los mismos
argumentos en que basó el defecto sustantivo.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial
y, seguidamente, si se configuró el defecto sustantivo, con la expedición de la
sentencia del 29 de septiembre de 2023, en la cual se ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
el reconocimiento y pago a favor de la señora María Viviana Rodríguez Ortiz de la
sanción moratoria, por la consignación tardía de las cesantías c orrespondientes al
año 2020.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos 4.

4 (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio,

la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de
la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumento s para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
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En el presente caso, se observa que la demandante invocó la protección de
derechos de contenido fundamental y sustentó en debida forma las razones por las
que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.

Para esta Sala, la acción de tutela cumple con el referido requisito porque la parte
actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones por
las que la decisión afecta dichos derechos, los cuestionamientos tienen que ver c on
la ratio decidendi de la decisión atacada, no se proponen argumentos adicionales
que no fueron expuestos en el proceso cuestionado y no se emplea el mecanismo
como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en tanto, está invocando una sentencia de unificación, al parecer desconocida por
las autoridades judiciales accionadas, que conllevaría a adoptar una decisión
contraria.

Adicionalmente, debe destacarse que en el presente caso se aduce la afectación
del erario con ocasión del reconocimiento de una sanción basado en una norma que
no es aplicable, lo cual tiene la connotación de interés general, hecho que, conforme
con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional, habilita la intervención
del juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de proteger el
erario5.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión y
no procede de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos
que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez
que la sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida
el 29 de septiembre de 2023, notificada por correo electrónico el 23 de octubre de
2023 del mismo año, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 11 de enero de
2024.

Adicionalmente, la Sala encuentra satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv) irregularidad
procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.

Caso concreto

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio promovió la presente acción de tutela, al considerar que la sentencia
del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial.

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CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-540 de 2013 y 610 de 2015.
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Lo anterior, por haber ordenado que se pagara a favor de la docente Luz Amanda
Cobo Ramírez la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
correspondientes al año 2020, ello, con desconocimiento de las normas en las
cuales se prevé, el principio de unidad de caja, según el cual, las cesantías de los
docentes adscritos al FOMAG no se administran en cuentas individuales, además,
de ignorar los procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio de
Educación y la Fiduprevisora S.A. de manera mensual con respecto a los recursos
destinados a las cesantías.

Al respecto, la Sala advierte que, mediante sentencia del 2 de noviembre de 2022,
el Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
• FOMAG, reconocer y pagar a favor de Luz Amanda Cobo Ramírez la sanción
moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías, prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta que tenga lugar su
efectiva consignación, así como la indemnización por el pago inoportuno de los
intereses a las cesantías correspondientes al año 2020.

Lo anterior, al considerar que la señora Cobo Ramírez era beneficiaria del régimen
anualizado de cesantías, previsto en el literal b), numeral 3, del artículo 15 de la Ley
91 de 1989, por lo que, conforme con la Ley 50 de 1990, la fecha límite para el pago
de las cesantías de la demandante correspondientes a la anualidad 2020,
correspondió al 14 de febrero de 2021.

Respecto a los intereses a las cesantías, de acuerdo con lo establecido en la Ley
52 de 1975, señaló que, la fecha límite de pago para la anualidad 2020,
correspondía al 31 de enero de 2021. Sin embargo, al proceso no se aportó prueba
con la cual se acreditara que había hecho dicho pago.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 29 de septiembre
de 2023, resolvió revocar el numeral quinto de la sentencia de primera instancia,
que, ordenaba el reconocimiento de una indemnización por el pago inoportuno de
los intereses a las cesantías y confirmó en lo demás la providencia, con los
siguientes argumentos:

«A través del fallo SU-098 de 2018, la Corte Constitucional efectuó la revisión de la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 22 de marzo de 2018,
en la cual se analizaba concretamente si el docente tenía derecho al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías en la fecha
indicada por la Ley 50 de 1990, así como de los intereses y los rendimientos financieros
que se causaron con dicho retardo.

En dicha providencia la Corte indicó: (…)

“Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen anualizado, aplicable al caso
de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del
auxilio de cesantías, ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda,
este sistema solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportuna pa ra
poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite, esto es, ante el desempleo,
para financiar la educación propia, de compañeros permanentes, de los hijos o dependientes y para la
adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda. Adicionalmente, cabe
anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría
en un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de la sanción como
garantía de la prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda vez que los docentes tendrían un
derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores estatales, lo cual no constituye
un motivo valido en sí mismo para negar su acceso.

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(...) Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados públicos y no existe razón
que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que los demás
servidores públicos, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una interpretaci ón contraria
no protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores públicos, lo cual tendría como
consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías
y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación.”

Además de los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado también se ha referido al tema debatido en sentencias dictadas por la Sección
Segunda- Subsección “A” el 29 de octubre de 2020, procesos radicados bajo los Nos.
08001-23-33-000-2014-01142-01(3110-17) y 08001-23-33- 000-2015-00050-01(4434-19);
el 3 de noviembre de 2020 en el proceso 08001- 23-33-000-2014-00123-01(2864-17), el 3
de diciembre de 2020 dentro de los expedientes; 08001-23-33-000-2014-00190-01(4505-
17),08001-23-33-000- 2014-00237 01(2881-17), 08001-23-33-000-2014-00402-01(0247-
17), 08001- 23-33-000-2014-01058-01(2475-17),08001-23-33-000-2014-90002 01(0197-
17); el 19 de agosto de 2021 expediente 08001-23-33-000-2015-90109- 01(3157-19); el
20 de enero de 2022, exp. 08001233300020170093101 (1001- 2021), entre otras, en las
que en síntesis ha dicho lo siguiente:

“(…)En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU -098 de 2018 sostuvo que el
«hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento
de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter
laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretaci ón que reporte el mayor beneficio
para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política»

(...) la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional,
para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990...”.

Tesis de la Sala

La señora Luz Amanda Cobo Ramírez, en su condición de docente afiliado al FOMAG
tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía
de sus cesantías anualizadas, en los términos de la Ley 50 de 1990. Pero no al pago de
la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975, por el impago de los intereses a las
cesantías.

Caso concreto

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, declaró la nulidad
del acto acusado, ordenó al FOMAG el pago de la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías anualizadas y; así como la indemnización por el impago de los
intereses a las cesantías.

El FOMAG cuestionó que, al regirse por el principio de unidad de caja no puede abrir
cuentas individuales donde deban consignarse las cesantías antes del 15 de febrero de
cada año y, por tanto, no se genera la sanción moratoria a favor de la docente; ello, en
consideración de que el régimen de las cesantías aplicable a la parte demandante es el
anualizado en aplicación de la Ley 91 de 1989, resultando incompatible aplicar
disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990 y Ley 52 de 1975.

Frente a las inconformidades provenientes de la entidad oficial demandada considera la
Sala que, la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
que reclama en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, más no al pago de la
indemnización prevista en la Ley 52 de 1975, por el impago de los intereses a las
cesantías, por ello, modificará en ese sentido la sentencia de primera instancia con base
en las siguientes razones:

i) El artículo 13 de La Ley 344 de 1996, al hacer extensivo el régimen anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990 a los empleados territoriales, dejó por fuera
al personal docente cuando hizo la salvedad de que ello “sin perjuicio de lo ya establecido
en la Ley 91 de 1989”.

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De allí que, gramaticalmente no hay lugar a hacer extensivos los efectos de la Ley 50 de
1990 a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio porque la
norma en cita respetó la manera como se administran, liquidan y cancelan las cesantías
de dichos servidores públicos.

ii) Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, estableció que el régimen de
liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de
cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de
la Ley 50 de 1990.

La norma es clara en cuanto a que el régimen anual de liquidación de las cesantías
consagrado en la Ley 50 de 1990, solo opera para aquellos servidores públicos que se
encuentren afiliados a fondos privados de cesantías, mientras que los docentes están
afiliados al FOMAG. Por ende, les resulta aplicable el artículo 15, numeral 3 de la Ley 91
de 1989.

iii) Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar a
los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que
para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de
la aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por cada
día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018,
sostuvo que el “hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos
aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un
beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para
el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta
Política”.

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces han
adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la
sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es “más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales”, máxime cuando “el ámbito
de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los
empleados públicos”.

(…)

Con base en esa línea jurisprudencial, el Consejo de Estado ha considerado viable acoger
el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990.

Aplicando el anterior criterio se puede afirmar que, la señora Luz Amanda Cobo Ramírez,
en su calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria al socaire del artículo 99 Ley 50 de 1990. En ese sentido entonces se confirmará
el fallo apelado.

Sin embargo, la Sala discrepa con la declaratoria del pago de la penalización por el impago
de los intereses a las cesantías anualizadas ordenado en primera instancia, ello
por cuanto la normativa solo contempló el pago de los intereses sin que haga referencia a
indemnización alguna por su no pago y, no obra en el dossier prueba alguna de que el
FOMAG hubiere realizado inversiones de los recursos que administra en el dicho período
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y mucho menos si recibió rendimiento alguno, situación que impide entrar a estudiar un
eventual reconocimiento de las aludidas utilidades; máxime cuando la carga probatoria
estaba en cabeza de la demandante, quien no comprobó este hecho.

Por lo tanto, se revocará el numeral quinto de la sentencia apelada; para ordenar
únicamente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía
de sus cesantías anualizadas dejando por fuera el pago de la indemnización por el impago
de los intereses a las cesantías toda vez que la Ley 52 de 1975, no consagra esa
consecuencia.»

Del defecto por desconocimiento del precedente judicial

La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció el criterio fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la
cual, se previó que, «(…) las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos
reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio
de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso,
es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio
en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes
con su funcionamiento (…)» .

Lo primero que debe indicarse es que, para hablar de precedente jurisprudencial, la
sentencia cuya aplicación se reclama debe ser anterior a la providencia que se
cuestiona por este defecto, lo que no ocurrió en este caso, porque para el momento
de expedición de la providencia cuestionada -29 de septiembre de 2023- no se había
proferido la sentencia de unificación -11 de octubre de 2023-, de manera que, ante la
inexistencia de una posición unificada por parte del máximo órgano en la materia,
le era dado a las autoridades judiciales demandadas adoptar uno de los criterios
adoptados por el Consejo de Estado, como en efecto ocurrió.

Ahora bien, la parte actora aseguró que la providencia cuestionada se notificó con
posterioridad a la sentencia de unificación, el 23 de octubre de 2023 y, que en ese
orden, se configuró el desconocimiento del precedente invocado. Sin embargo, el
Tribunal dio cuenta de que la discusión y aprobación del fallo cuestionado se dio el
29 de septiembre de 2023, según convocatoria número 094 del 28 de septiembre
de 2023.

De tal manera que, al no existir un criterio consolidado sobre el reconocimiento de
la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías a los docentes, no
puede imponerse a las autoridades judiciales la carga de resolver asuntos similares
de una forma determinada.

En consecuencia, no se incurrió en el desconocimiento del precedente que alega la
parte actora.

Del defecto sustantivo

Para resolver el problema jurídico, la Sala debe referirse a las normas que regulan
el régimen general de cesantías y al régimen especial de cesantías de los docentes.

Los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen especial para la
consignación y liquidación de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989,

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el cual funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación
de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos
destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una
periodicidad mensual durante todo el año.

Debe recordarse que, con la expedición de la Ley 50 de 1990, se crearon los fondos
de cesantías privados para que operaran, por medio de cuentas de naturaleza
individual a nombre del empleado, en las cuales deben consignarse el valor de las
cesantías con el interés correspondiente. Los dineros que se encuentran en los
fondos constituyen un ahorro para cuando el trabajador quede cesante o para
cuando éste sea requerido para adelantar estudios o para destinarlo a vivienda.

Con el fin de proteger el derecho a la igualdad y promover el sistema financiero, se
permitió que algunos empleados de naturaleza pública accedieran a los referidos
fondos de cesantías privados. Así, el artículo 13 6 de la Ley 344 de 1996, excluyó de
manera expresa, a los docentes regidos por la Ley 91 de 1989, estableció el régimen
de cesantías para las personas que se vincularan a los órganos y entidades del
Estado; aquella norma fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, el cual
permitió que los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996, con las exclusiones indicadas, se afiliaran a los fondos privados
de cesantías, quienes, en consecuencia, se regían por los artículos 99, 102, 104 y
demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990. Con posterioridad, el Decreto
1252 de 2000 extendió este régimen a los demás servidores que se vincularan a
partir de su vigencia, siempre que no estuvieran afiliados al Fondo Nacional del
Ahorro ni al FOMAG.

Revisado el contenido de la sentencia del tribunal, se advierte que realizó un estudio
de la Ley 50 de 1990, donde se encuentra prevista la sanción moratoria por
consignación inoportuna de las cesantías. Al efecto, citó la sentencia SU-098 de
2018, en la cual la Corte Constitucional estableció que a los docentes oficiales le
era aplicable la disposición del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, respecto a la
sanción moratoria de las cesantías, en razón a su calidad de empleados públicos y,
en esa medida, resultaba procedente exigirle al fondo la afiliación y consignación
oportuna, ya que esta última es la que garantiza el acceso a la prestación social -
auxilio de cesantías-.

Al respecto, se debe precisar que, la Corte Constitucional, justamente, en la
sentencia SU-098 de 2018, consideró que «los despachos judiciales accionados
desconocieron que aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en los términos que contempla el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el
Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros del
Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad

6 Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de

la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se
vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que
en el momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto
en el presente artículo.
Parágrafo.- El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.
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en materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida sanción,
pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con base en la anterior postura, resulta cierto que, las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad, para
efecto de decidir las controversias sobre el reconocimiento de la sanción moratoria
por consignación tardía de las cesantías anuales de los doc entes, previsto en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Sin embargo, de manera posterior, en sentencia SU-573 de 2019 7, la Corte
Constitucional precisó que la regla jurisprudencial que se fijó en la sentencia SU-
098 de 2018, no era aplicable a todos los procesos de docentes oficiales, pues en
esa oportunidad se estudió únicamente el caso de docentes en provisionalidad, que
nunca fueron afiliados al FOMAG ni a otro fondo por errores internos, en los
siguientes términos:
«Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 2018, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos
1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el
precedente al caso concreto”, como pasa a explicarse.

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de carrera
Vinculación Docente en provisionalidad.
con nombramiento en
propiedad.
El vínculo del docente terminó, dado
que se acogió a lo dispuesto en el
Decreto 1278 de 2002. Por tal razón, la Actualmente, los docentes se
Secretaría de Educación de este encuentran vinculados con el
Vigencia del
municipio expidió la Resolución N° Departamento del Atlántico y su
vínculo
4143.3.21.5447 del 22 de octubre de vínculo laboral se ha mantenido
laboral
2007, por la cual reconoció el pago de las vigente sin solución de
prestaciones sociales definitivas e continuidad.
informó que el pago se realizaría en el
respectivo Fondo de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al Fondo
Afiliación al Nacional de Prestaciones Sociales del Los docentes sí fueron
FOMAG Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo, por afiliados al FOMAG.
un error interno.
Los docentes no reclamaron
Una vez culminó su relación laboral con
el pago efectivo de las
el Municipio de Santiago de Cali, al
Reclamación cesantías de los años 2001,
docente le reconocieron el pago de las
efectiva de 2002 y 2003. No obstante, sí
prestaciones sociales, entre estas, las
pago de las solicitaron el pago de la sanción
cesantías.
cesantías moratoria por no consignación
de las cesantías por dicho
periodo.

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El docente solicitó el reconocimiento, Los docentes solicitaron el
Tipo de
liquidación y pago de la sanción reconocimiento y pago de la
sanción
moratoria por la no consignación de sanción moratoria por la no
moratoria
las cesantías, los intereses a las consignación oportuna de
reclamada
cesantías ni los rendimientos. las cesantías.

En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al citar
la sentencia SU-098 de 2018, afirmó que:

«En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018,
sostuvo que el “hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no
implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la
aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los
postulados del artículo 53 de la Carta Política”.

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces han
adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la
sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es “más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales”, máxime cuando “el ámbito de
aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados
públicos”.»

Así las cosas, la afiliación al FOMAG es el factor determinante para establecer si al
docente se le debe reconocer la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.

En este punto, se debe destacar que, las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional tienen carácter vinculante, en la medida en que fijan la forma en que
se deben interpretar los enunciados normativos 8, pero, su aplicación debe darse
respecto de casos con similitud fáctica y jurídica, c on el fin de afianzar la
interpretación y aplicación uniforme del derecho.

Entonces, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación de las reglas fijadas en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues
sustentó la decisión en la mencionada sentencia, cuando la propia Corte
Constitucional había precisado que no resultaba aplicable a los docentes oficiales
vinculados al FOMAG. Por lo tanto, el Tribunal accionado no debió usar las pautas
de la sentencia SU-098 de 2018, al caso de la señora Luz Amanda Cobo Ramírez,
pues, se trata de una docente afiliada al FOMAG.

La Sala no pasa por alto que, en efecto, el reconocimiento de esta prestación
económica frente a los miembros del magisterio ha operado tanto en virtud de la
Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, como por extensión del
numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por medio de la Ley 344 de 1996,
reglamentada por los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000. Sin embargo, no es
posible concluir que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 es aplicable en todos los casos a docentes 9.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
9
De hecho, en este punto, la Sala estima pertinente mencionar, a modo meramente ilustrativo, que, incluso, la precisión de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 coincide con la distinción desarrollada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, que unificó reglas en este
sentido: «los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado
por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable
14
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Siendo así, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca enunció como
subreglas de derecho las establecidas en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional para concluir que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 era aplicable a todos los casos de docentes oficiales, lo cierto es
que no consideró que la subregla prevista en la sentencia SU-098 de 2018 fue
adoptada para casos de docentes no fueron debidamente afiliados el FOMAG, regla
que no se cumple en el caso de la señora Cobo Ramírez, que se encuentra afiliada
al FOMAG y goza de los beneficios del régimen especial previsto en la Ley 91 de
1989.

Por esas razones, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en defecto sustantivo al determinar que el régimen general de
cesantías era aplicable por favorabilidad a los docentes que están afiliados al
FOMAG y gozan de un régimen especial.

En suma, la Sala encuentra que, si bien el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no incurrió en desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en el caso
concreto, incurrió en defecto sustantivo, por las razones expuestas.

Por lo tanto, la Sala amparará el derecho al debido proceso del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. En consecuencia, se dejará sin
efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, se ordenará que, profiera una nueva sentencia,
conforme con lo expuesto anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Tuluá y de la Secretaría de Educación del municipio de Tuluá.

2. Acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG. En
consecuencia,

3. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con nro. 76111-33-33-003-2022-
00264-01, en consecuencia.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de
20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia,

la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal».
Se insiste, aunque la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 no se encontraba vigente para
la fecha en que fue dictada la providencia objeto de tutela, coincide con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 2019 en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en favor de un docente oficial solo resulta aplicable
cuando el docente no esté afiliado al FOMAG.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00033-00
Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG

profiera nueva sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la sentencia.

5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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