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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00077-00

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00077-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el Ministerio de Educación Nacional – Fomag, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00077-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura en este caso,
porque la sentencia de unificación jurisprudencial invocada como desconocida se
dictó con posterioridad a la providencia objeto de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1 contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de enero de la presente anualidad, el Ministerio de Educación Nacional -
Fomag instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):

PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FOMAG el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, que contemplan los
principios de legalidad, prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la
ley y aplicación de los precedentes que gobierna la actuación judicial, que

1 En adelante Fomag.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

se desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política,
vulnerados por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca EL 23 DE
OCTUBRE DE 2023, cuando notificó la sentencia de segunda instancia ya
existiendo el precedente jurisprudencial fijado en Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023., a través de la
providencia por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desconociendo el
precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el H.
Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última
normatividad incompatible con la Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes
adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:

“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado
en el sentido de precisar lo siguiente: Los docentes estatales
afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no
esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y,
por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un
mínimo de protección social en favor del docente estatal.

(…)

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente
decisión es de aplicación inmediata a todos los procesos que
se encuentren en curso y en los que se pretenda la
aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación
constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los
casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.”

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar
sin efectos jurídicos la decisión judicial proferida por el Tribunal
Administrativo Del Valle del Cauca en sentencia notificada al FOMAG el 23
de octubre de 2023 donde se confirmó la sentencia condenatoria de
primera instancia del juzgado segundo administrativo de Cartago, respecto
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 76111-33-33-
002-2022-00025 01 y en su lugar proferir la sentencia de reemplazo que de
aplicación al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023 y consecuente con ello se denieguen
las pretensiones de la demanda.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La señora Martha Elena Cataño Marín labora como docente en el municipio de
Cartago (Valle del Cauca). Además, se encuentra afiliada al Fomag y es
beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 25 de octubre de 2021, la señora Cataño Marín le solicitó a la Secretaría de
Educación del municipio de Cartago el reconocimiento y pago de la sanción por la
no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los
intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50
de 1990.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Martha Elena Cataño Marín demandó al Ministerio de Educación Nacional
– Fomag y al Municipio de Cartago, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo ficto surgido de la falta de respuesta frente a su petición.

En sentencia del 30 de enero de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartago accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, bajo el argumento de
que sí era posible aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, en virtud del principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91
de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la
sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías, se debía aplicar la
norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció. Afirmó que
los docentes oficiales también ostentan la categoría de servidores públicos y, por
ende, se les deberá garantizar el pago oportuno del auxilio de sus cesantías en los
términos que dispuso la referida norma.

La anterior decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en providencia del 29 de septiembre de 2023, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte accionante considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo o material y desconoció el precedente contenido
en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023,
emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado (5746-
2022).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En primer lugar, adujo que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta la naturaleza
jurídica y el funcionamiento del Fomag, pues el ordenamiento jurídico consagró
que este fondo es una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial y sin personería jurídica, cuyos recursos son administrados por la
Fiduciaria la Previsora S.A., bajo el principio de unidad de caja. Por ende, el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resultaba inaplicable al caso examinado.

Seguidamente, indicó que la referida sentencia de unificación determinó que los
docentes oficiales que sí fueron afiliados al Fomag —como ocurrió en el presente
caso— no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, dado que esa norma es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.

Entonces, teniendo en cuenta que las sentencias de unificación son de carácter
vinculante y obligatorio y que, de hecho, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca notificó la decisión en cuestión con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, la
entidad demandante considera que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. En auto del 17 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte demandada, y, como
terceros con interés, a la señora Martha Elena Cataño Marín y al alcalde del
municipio de Cartago (Valle del Cauca).

2.2. El secretario de educación municipal de Cartago solicitó que se ampararan los
derechos fundamentales invocados por la entidad accionante, debido a que, en
efecto, la autoridad judicial demandada desconoció la sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.

2.3. La señora Cataño Marín pidió que declarara improcedente la solicitud de
amparo, entre otras, porque no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, pues, a su juicio, se trata de un asunto de naturaleza legal y
económica.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuraron o no los
defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente endilgados a la
sentencia del 29 de septiembre de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76147-33-33-004-2022-00052-01.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho data del 29 de septiembre de 2023 y fue notificada el 23 de octubre
siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 11 de enero de 2024,
esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.4. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante, con argumentos que
se dirigen a cuestionar la razonabilidad del juicio realizado en el proceso ordinario,
alegó que, con la providencia del 29 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga argumentativa
en la sustentación de los defectos atribuidos a la sentencia, sin que la Sala
considere que se esté utilizando este mecanismo de protección constitucional
como una instancia adicional al proceso ordinario, en virtud de las razones que
sustentan el supuesto desconocimiento del precedente judicial.

Ciertamente, la solicitud de amparo sostiene que el fallo con que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente fijado por esta Corporación, en
consideración a que (i) la autoridad judicial aplicó erróneamente el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 a la docente Martha Elena Cataño Marín, pues resaltó que las
cesantías son administradas bajo el principio de unidad de caja y (ii) omitió hacer
referencia a la tesis sobre que no era viable aplicar la sanción moratoria por la
falta de pago oportuno de las cesantías a los docentes oficiales que fueron
afiliados al Fomag.

En sentir de la parte accionante, la decisión del Tribunal se aparta y desconoce el
precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.

2.2. El defecto específico alegado: desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 2:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 3.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial
que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe
un caso análogo ya decidido.

2 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
3 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si
se dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si
existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez
expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen
diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los
casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el
juez identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente 4).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a
la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la
decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los
hechos y el material probatorio en cada caso concreto5.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 y de esta
Corporación 7, en armonía con lo establecido en el artículo 270 de la Ley 1437 de
2011 8 , la sentencia de unificación proferida el 11 de octubre de 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el expediente con radicado 66001-
4 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
5 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
6 Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-588 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo;

C-179 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-611 de 2017, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-017 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-207 de 2022, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; entre otras.
7 Sentencia del 8 de agosto de 2022, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, recurso

extraordinario de unificación de jurisprudencia, exp. 0892-2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
sentencia del 7 de julio de 2022, Sección Segunda, Subsección A, exp. 3028-2021, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 65.707, M.P. José Roberto
Sáchica Méndez; sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 50935, C.P. Nicolás Yepes Corrales,
entre otras.
8 ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. <Artículo modificado

por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de este
Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido
el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad
de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por
el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00077-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), constituye un precedente vinculante; sin
embargo, a diferencia de lo que considera la parte demandante, no resultaba
aplicable al caso bajo examen.

En efecto, aunque pudiera pensarse que la sentencia de unificación
supuestamente desconocida era una pauta interpretativa y de obligatoria
observancia en la solución del litigio promovido en su momento por la señora
Martha Elena Cataño Marín, lo cierto es que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que aquí se cuestiona, fue dictada con
anterioridad a la existencia del precedente invocado por la parte accionante, pues
la primera se profirió el 29 de septiembre de 2023, mientras que la de unificación
data del 11 de octubre de 2023.

De suerte que, por razones lógicas, no puede afirmarse que se desconoció un
precedente inexistente para el momento en que se decidió el proceso ordinario. El
hecho de que la autoridad judicial accionada no hubiese notificado su decisión y
que en ese interregno se hubiera producido un cambio de parámetro
jurisprudencial no es una razón suficiente para que el Tribunal desatendiera el
mandato previsto en el artículo 285 9 del Código General del Proceso, que prohíbe
al juez de la causa modificar o revocar su propia sentencia.

Aún más, al revisar el contenido de la sentencia de unificación cuyo
desconocimiento se alega, consta que a la decisión se le otorgaron efectos
retrospectivos, es decir, que en adelante debía considerarse para asuntos
pendientes de decisión en sede administrativa o judicial, circunstancia que no
puede predicarse del proceso promovido por la señora Cataño Marín, por haberse
definido con anterioridad a esa determinación. En tal sentido, conviene rememorar
el acápite 2.8. denominado «efectos en el tiempo de la presente decisión» de la
sentencia de unificación en el que expresamente se dijo:

Por regla general, esta corporación ha conferido efectos de aplicación
inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los

9 ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.

Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que
ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición
de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán
interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

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que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de
interpretación. Lo anterior se sustenta en el acatamiento de los
principios de equidad e igualdad y la superación de situaciones que
afectan el valor de la justicia y la aplicación de las normas de
conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y
culturales.

La Sala no pasa por alto que en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo se han emitido distintos pronunciamientos en los que se
han definido litigios relativos a las reclamaciones de docentes afiliados
al FOMAG, para obtener el reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en los cuales se
interpretó que el precedente vinculante para estos casos era el
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional.
En relación con tales providencias, se considera que se debe dar
prevalencia a la institución jurídica de la cosa juzgada, en atención a
las garantías de estabilidad, razonabilidad y seguridad jurídica que
aquella representa.

Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de
dar efectos prospectivos a la presente decisión, toda vez que no
restringe el acceso a la administración de justicia ni afecta los
derechos adquiridos o fundamentales de las partes y se adopta el
mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la regla
jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial,
a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y
102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado
la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad
jurídica, son inmodificables.

Valga insistir en que, aun cuando la providencia del Tribunal fue notificada el 23 de
octubre de 2023, lo relevante es que se dictó el 29 de septiembre de 2023. Si bien
la notificación tardó alrededor de 15 días hábiles, lo cierto es que esa situación no
constituye un motivo suficiente para dar por sentado que se desconoció un
pronunciamiento posterior —que data del 11 de octubre de 2023—, pues, como se
vio, la autoridad judicial accionada no tenía parámetros para llegar a una
conclusión distinta.

Por lo demás, como al momento en que el Tribunal discutió, aprobó y dictó la
sentencia no existía un precedente unificado sobre la materia, la decisión atacada
no resulta arbitraria, caprichosa o irracional, por las siguientes razones:

En el marco del recurso de apelación que interpuso el Ministerio de Educación
Nacional – Fomag dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76147-33-33-004-2022-00052-01, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca precisó desde un comienzo que el conflicto circunscribía a determinar si
la docente Martha Elena Cataño Marín tenía derecho o no al reconocimiento de la

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sanción moratoria por la falta de pago oportuno de sus cesantías, prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En ese sentido, abordó a aspectos como: la naturaleza jurídica de las Leyes 91 de
1989, 50 de 1990 y 344 de 1996; el Decreto 1582 de 1998 y las sentencias SU
098 de 2018 y SU 041 de 2020, emitidas por la Corte Constitucional, y la del 29 de
octubre de 2020 (exp. 08001-23-33-000-2014-01142-01), proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para concluir que sí
era viable reconocer la sanción moratoria reclamada, en virtud del principio de
favorabilidad.

Conviene mencionar que hasta antes de la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11
de octubre de 2023, en esta Corporación existían dos tesis sobre la viabilidad de
aplicar la sanción moratoria al sector del docente oficial. La primera consistía en
que sí era viable, en aplicación del principio de favorabilidad, y la segunda decía
que no porque no era compatible con el sistema de administración que tenía el
Fomag. De modo que, al no existir una unificación sobre el tema, las autoridades
judiciales de inferior jerarquía, en virtud del principio de independencia judicial,
podrían decantarse por uno u otro criterio, desde luego que con una
argumentación razonada, situación que ocurrió aquí.

Finalmente, cabe señalar que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aún cuando la providencia que se cuestiona de manera
razonable y fundamentada contiene una justificación fáctica y jurídica del sentido
de la decisión.

Por todo lo anterior, la Sala negará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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