Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00078-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actores: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y otro1
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29
de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
2
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761473333002202200138-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, la señora Isabel Cristina López Marulanda presentó demanda contra
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el Departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto ficto configurado el 15 de diciembre de 2021, mediante
el cual se negó la petición presentada el 15 de septiembre de 2021, mediante la
cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 1
y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas
en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.
4. Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago
profirió sentencia de primera instancia el 30 de noviembre de 2022, accediendo
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda
instancia el 29 de septiembre de 2023, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia No. 235 del (30)
noviembre de dos mil veintidós (2022) proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cartago, el cual quedará así:
SEGUNDO Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNAR (sic) a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG, a reconocer y pagar a favor de la señora ISABEL CRISTINA LÓPEZ
MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. […], la sanción moratoria
1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
por la tardanza en la consignación de las cesantías anualizadas, consistente en un
día de salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la
fecha en que se efectué (sic) el depósito al Fondo en su favor o hasta que se
produzca el retiro definitivo de la docente, lo que ocurra primero. En todo caso, esta
sanción no será concurrente ni simultánea con posibles sanciones futuras por no
consignación oportuna de cesantías de otras anualidades. La sanción se deberá
liquidar con base en la asignación básica devengada por la demandante durante el
año 2021, época en que se causó la mora.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada.
TERCERO: SIN CONDENA en costas en esta instancia. […]”.
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró lo siguiente:
“[…] Así las cosas, frente al primer problema jurídico sobre la consignación oportuna
de la cesantías al fondo, se encuentra que tal como se indicó en el marco normativo
y jurisprudencial analizado líneas arriba, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han concluido que en virtud del principio de favorabilidad, es posible
afirmar que los docentes a pesar de tener un régimen especial, son merecedores
de las disposiciones generales aplicables a los servidores públicos, especialmente
cuando estas cobijen prestaciones laborales no reconocidas en el régimen especial.
[…]”.
[…]
“[…] Por lo dicho, con jurisprudencia actual de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado se ha destacado la importancia del principio de favorabilidad para los
docentes y se ha establecido que también hay lugar al reconocimiento de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías hasta el 14 de febrero de
cada anualidad, precisando que este tipo de sanción garantiza el acceso a la
prestación, es decir, para que, en los eventos en que se permita al docente el retiro
de las cesantías parciales o el recibo de las definitivas, pueda acceder a su pago de
forma oportuna ante la preexistencia del dinero a su favor, máxime al haber arrojado
la experiencia que, al momento en que el docente pretendía sus cesantías, no existía
materialmente tal dinero en el fondo del magisterio a su favor.
Lo dicho encuentra asidero para esta Sala de Decisión por cuanto, la Ley 91 de 1989
que regula el régimen prestacional docente no tiene regulación en torno al tema de
la consignación inoportuna de cesantías al fondo y, en tal sentido, este vacío es
plausible de ser saldado con las leyes que le aplican a los empleados públicos,
máxime al tener los docentes igual naturaleza pública.
En consecuencia, en el sublite a pesar de que el actor solicitó a la demandada
información sobre el día de la consignación de sus cesantías al fondo del magisterio,
esta guardó silencio y tampoco acreditó en esta instancia la fecha de la
consignación, de hecho, manifestó no tener derecho la demandante, de modo que,
se encuentra acreditado que a la demandante le asiste, por favorabilidad, derecho
al pago de la sanción moratoria consistente en un día de salario por un día de retardo
desde el 15 de febrero de 2021, evidenciándose que no existe prescripción sobre el
valor pretendido toda vez que el periodo cobrado es únicamente el año 2020 y la
demanda interpuesta en el año 2022. […]”.
[…]
4
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
“[…] En consecuencia, puede interpretarse que, la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías hasta el 14 de febrero de cada año, se causa
hasta que i) se efectué (sic) su pago respectivo o ii) hasta el retiro definitivo del
empleado, lo que ocurra primero.
Empero, lo dicho haciendo plena salvedad de que, en caso de que la entidad
empleadora no realice de forma oportuna la consignación de las cesantías respecto
de varias anualidades consecutivas, no hay lugar a la acumulación o concurrencia
de sanciones moratorias, por cuanto la sanción al tenor de la ley es una sola,
puntualmente, “un día de salario por cada retardo”, debiendo advertirse que, para
los casos de la liquidación de periodo sucesivos, el salario a tener en cuenta para la
liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora.
[…]”.
[…]
“[…] En consecuencia, no existe concurrencia en las sanciones moratorias, es decir,
no es posible que se generen varias sanciones al mismo tiempo por la no
consignación oportuna de años consecutivos, por el contrario, deberá liquidarse
para cada anualidad la sanción cambiando el salario de cada periodo de mora.
Descendiendo nuevamente al sublite, se recuerda que la parte actora solamente
está reclamando la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías de
la anualidad 2020, por lo que, se ordenará el pago de la sanción hasta tanto se
efectué (sic) el pago respectivo de las cesantías al fondo por dicha anualidad o hasta
su retiro definitivo, lo que ocurra primero, pero en todo caso, sin que pueda
entenderse que la sanción del año 2020 pueda acumularse con posibles periodos
futuros de mora. […]”.
[…]
“[…] Ahora, en cuanto al segundo problema jurídico, advierte la Sala que no hay
méritos para la pretendida indemnización por pago tardío de los intereses a las
cesantías, por lo que será revocada la orden del a quo en este sentido. Recuérdese,
tal como se explicó líneas arriba en el marco normativo que, para el personal
docente el inciso segundo del numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
contempla que “el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con
certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de
captación del sistema financiero durante el mismo período.”
De suerte que, para el personal docente si existe norma que reglamenta la
liquidación de intereses a las cesantías, empero lo que no existe lo relativo a la
indemnización por el pago extemporáneo de esos intereses de que trata la Ley 52
de 1975, la Ley 50 de 1990 y los Decretos 1176 de 1991 y 1072 de 2015, que
básicamente ordenan el pago de “una suma adicional igual a dichos intereses”. […]”.
[…]
“[…] Lo anterior, da cuenta que existe norma especial aplicable al personal docente,
que regula expresamente lo concerniente a los intereses a las cesantías, habiendo
dispuesto el legislador para este gremio la inexistencia de la indemnización por el
no pago oportuno de los mismos, luego entonces, al no existir vacío normativo, no
hay lugar a acudir a otra norma que no sea la Ley 91 de 1989. […]”.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
[…]
“[…] De otra parte, es cierto que el demandante puede solicitar la aplicación la Ley
52 de 1972 y demás, alegando que su régimen especial no ordena la consignación
directa de los intereses, ni apareja indemnización por pago tardío y que además
depende el monto del valor que se tenga acumulado en el fondo por concepto de
cesantías, argumentos que son válidos, empero, no puede desconocerse que la
normativa aplicable a los docentes trae una forma especial de liquidar los intereses
a las cesantías, luego entonces no existe vacío normativo para acudir a otras
normas, como tampoco es posible invocar el principio de favorabilidad para aplicarse
de forma escindidas uno y otro régimen, reiterándose que no puede adelantarse la
liquidación de los intereses de las cesantías con una tasa DTF sobre el monto total
acumulado y al tiempo, aplicar otra norma para el logro puntual de la indemnización,
destacando la imposibilidad de generarse un híbrido normativo, aspirando la
aplicación de los apartes más provechosos de ambas normas. […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, no hay lugar a acudir a las Leyes 52 de 1975 y concordantes,
para otorgar a la demandante sanción por el no pago oportuno de los intereses a las
cesantías, por cuanto la norma especial docente, reguló lo relativo a los intereses,
excluyendo el reconocimiento de la indemnización.
Lo dicho precisando que para el caso de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna al fondo antes del 15 de febrero, fue posible arribar a la Ley 50 de 1990
por cuanto el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 no dispone nada en
relación con ese tema pudiendo aplicarse el principio de favorabilidad, empero, para
el caso de los intereses a las cesantías el régimen especial si reglamenta el asunto
y de hecho consagra unos beneficios distintos […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FOMAG el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, que contemplan los principios de legalidad,
prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley y aplicación de los
precedentes que gobierna la actuación judicial, que se desprenden de los artículos
228, 229 y 230 de la Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo
Del Valle del Cauca EL 12 DE OCTUBRE DE 2023, cuando notificó la sentencia de
segunda instancia ya existiendo el precedente jurisprudencial fijado en Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023., a través de la
providencia por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desconociendo el precedente
jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el H. Consejo de Estado
el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad incompatible con la
Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:
6
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.
(…)
Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial.”
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin
efectos jurídicos la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo Del
Valle del Cauca en sentencia del 29 de septiembre de 2023 notificada al
FOMAG el 12 de octubre de 2023 donde se confirmó la sentencia condenatoria
de primera instancia del juzgado cuarto administrativo de Cartago, respecto del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 76147-33-33-004-
2022-00061-y en su lugar proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación
al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023 y consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la
demanda […]”.
8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del
auca incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
y en ii) la causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, a través de auto de 16 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca; y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Cartago, al Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de
Educación, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a Isabel Cristina López Marulanda,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3)
días para que rindieran informe sobre el particular.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que:
“[…] Primero: Si bien la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 radicado
interno 5746-2022 fue proferida o fechada del 11 de octubre de 2023, no es menos
cierto que la misma se notificó a las partes (de dicho asunto) el 12 de octubre de
2023 y en cumplimiento del numeral cuarto de la misma providencia unificadora, solo
hasta el 25 de octubre del mismo año se fijó el aviso a la comunidad dando a conocer
el alcance del fallo y su aplicación, así se observa del registro de actuaciones del
aplicativo SAMAI: […]”.
[…]
“[…] Por tanto, no es cierto que este Tribunal para la fecha de promulgación de la
sentencia proferida dentro del proceso 76-147-33-33-002-2022-00138- 01 hubiese
tenido conocimiento de la sentencia de unificación del Consejo de Estado ya referida.
Así mismo, tampoco es cierto que para la fecha de notificación de la sentencia de 12
de octubre de 2023, se encontraba ejecutoriado el referido precedente de
unificación. En conclusión, para el caso concreto, no resultaba aplicable un fallo
hasta ese momento era desconocido por ese Tribunal y por la comunidad en general.
Segundo: El artículo 189 del CPACA consagra los efectos de las sentencias en virtud
de su ejecutoria, veamos:
“ART. 189.- Efectos de la sentencia. (…)
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias, y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.”
En concordancia con la norma expuesta, se extrae de la anotación del expediente
66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022) 1 en el cual se profirió la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 que la misma quedó debidamente ejecutoriada
el veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023), es decir fecha posterior a la
cual este Tribunal profirió la sentencia en el asunto de radicado 76-147-33-33-002-
2022-00138-01 y en gracia de discusión a la fecha en que se notificó la misma,
veamos: […]”.
[…]
“[…] Por tanto, es a todas luces equivocado afirmar que la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 era obligatoria desde el mismo de en (sic) que se profirió.
Además, siempre resulta necesaria la lectura completa de la sentencia para su cabal
entendimiento.
Tercero: Efectos de la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 […]”.
[…]
“[…] Por tanto, la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 es obligatoria a
partir de su ejecutoria y no a partir de su promulgación. Así mismo, el precedente
aplicable era exclusivamente para los casos pendientes por resolver y en el caso
concreto el mismo se resolvió el 29 de septiembre de 2023, es decir antes de su
ejecutoria.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Cuarto: Antes de la promulgación de la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 y así lo reconoce la misma providencia, no existía un presente pacifico sobre
el tema, hasta el punto de señalar que “es cierto que algunos de los integrantes de
la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias
en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de
los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada
por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio
de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual
la Sección avocó conocimiento del asunto”
Quinto: Con ocasión a lo previsto en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005
proferida por la Corte Constitucional se acogió en la sentencia de unificación del 5
de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con
ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez (Expediente núm. 2012-02201- 01)
los requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela
contra una providencia judicial.
Concretamente, considero que la acción de tutela no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional ni mucho menos se desconoció el precedente judicial,
pues insisto, no existía al momento de proferir la decisión por parte de este Tribunal,
lo que impide al juez constitucional entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir al Juez dentro del medio de control respectivo, sin que sea viable
convertir la acción de tutela en una tercera instancia. […]”.
11. Isabel Cristina López Marulanda solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que:
“[…] el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, principio
que funciona como un límite a las actuaciones de las autoridades, que pretende hacer
frente a eventuales modificaciones impulsivas en su manera natural de proceder,
situación que genera un riesgo al principio de seguridad jurídica. Es decir, que esta
garantía únicamente adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del
propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que,
aunque tengan cierto tipo de fundamento legal formal sean irracionales, teniendo en
cuenta la expresión latina “venire contra factum pro-prium non valet”, la cual es la
doctrina de los actos propios que consiste en el principio general de derecho que
establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con antelación;
en otras palabras, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento
ya mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que habría actuado de
tal forma con base en la buena fe de la primera.
Así entonces, la confianza no solo se garantiza con la publicidad del texto de la Ley,
así como tampoco se agota con la mera adscripción nominal del principio de legalidad,
sino que también debe ser vista bajo la órbita de la protección a las expectativas
legítimas de los ciudadanos, de que la interpretación y aplicación de la Ley por parte
de jueces y cuerpos colegiados será razonable, consistente y uniforme. En
consecuencia, la conducta del Estado como administrador de justicia no se agota con
el solo juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico
individual, ya que no se trata de realizar un estudio sobre la validez de la sentencia,
sino de la razonabilidad de una conducta del Estado, que conlleva una dimensión de
los principios de continuidad y unidad de la jurisdicción.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Con base a lo anterior, se pone de presente que se deben respetar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que ya se cuenta con sentencia de
primera y segunda instancia en donde se ampara el derecho al (la) Docente ISABEL
CRISTINA LÓPEZ MARULANDA del reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 […]”.
12. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago allegó copia
digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
761473333002202200138-01.
13. El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación y la Fiduciaria
La Previsora S.A. guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Problemas jurídicos
16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
19. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
13
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
14
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró19:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
27. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
28. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
21 Ibidem.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
17
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha entendido el derecho de acceso
23 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
33. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29
de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761473333002202200138-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra
34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Acervo y análisis probatorios
36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
36.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761473333002202200138-01.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional
37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente24:
“[…] En sub examine se alega la causal referente al defecto sustantivo o material,
por tanto, se efectuará una breve caracterización de tal asunto, a fin de viabilizar el
estudio del caso concreto.
• Del defecto sustantivo o material […]”.
[…]
“[…] De lo anterior, se concluye que las sentencias y demás providencias judiciales
deben sujetarse “al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la
obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la
primacía de los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la
garantía al acceso a la administración de justicia. […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, como lo dispone la Ley 1955 de 2019, artículo 57, señala que “(…)
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en
la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, (…)”. El principio de
unidad de caja permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja
común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo
correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las
cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud.
24 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
De lo anterior se concluye que, en primer término, en el FOMAG no hay cuentas
individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las
cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al
fondo, desde el primer mes de cada vigencia. […]”.
[…]
“[…] Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la
sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario
del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de
las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías
de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción. […]”.
[…]
“[…] i. Defecto material o sustantivo: Por cuanto en el momento de proferir sentencia
se relacionan las normas que si bien rigen lo pertinente con la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, no se
estudiaron los supuestos facticos y jurídicos especiales que eran necesarios para
definir el litigio atendiendo a la regulación contenida en la Ley 91 de 1989, la cual no
es analizada de manera correcta en el escrito de sentencia, providencia que es de
suma importancia, ya que omitió tener en cuenta los presupuestos legales
establecidos en la norma mencionada con antelación, pues el principio de unidad de
caja el cual establece que las cesantías de los docentes adscritos al FOMAG no se
administran en cuentas individuales, además de ignorar los procedimientos
realizados por el ente territorial, el Ministerio de Educación y la FIDUPREVISORA
S.A. de manera mensual con respecto a los recursos destinados a las cesantías; el
análisis realizado en primera instancia frente a los supuestos propios que se
presentan en el caso concreto, a fin de decidir o por lo menos realizar una
sustentación o motivación frente a la procedencia y responsabilidad que se aduce
al FOMAG, máxime cuando como se ha mencionado, existe norma que de forma
clara, concreta y expresa, regula el trámite y manejo de los dineros destinados a la
transferencia de las cesantías de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, NOTIFICA la decisión de confirmar
la sentencia de primera instancia con posterioridad a la EJECUTORIA de la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023,
proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
radicado interno No. 5746- 2022, desconociendo abiertamente el precedente de
unificación jurisprudencial.
Así las cosas, honorables Consejeros, se concluye con todo lo anterior, la fragante
vulneración a mi representada de sus derechos fundamentales al debido proceso
por parte del despacho judicial accionado, con ocasión de las decisiones judiciales
cuestionadas, por lo que consideramos que se configuran plenamente los requisitos
de procedibilidad de la acción constitucional que se instaura y, por lo tanto, debe
tutelarse el derecho fundamental abiertamente vulnerado. […]”.
[…]
“[…] Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la
Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto
de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que, si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
21
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
derechos fundamentales.
En suma y teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la indebida aplicación
normativa por parte de los accionados, pues al ordenar el pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, se desconoce de manera directa la
existencia de normatividad especial existente desde 1989 la cual regula de manera
específica el manejo de la seguridad social de los docentes adscritos al FOMAG y
en el caso concreto, lo referente a las cesantías y los intereses a las cesantías,
concretando que ha de tenerse en cuenta el PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA
regente de la Ley 91 de 1989 y ampliamente expuesto en la presente acción
constitucional.
Normatividad que es evidentemente incompatible, situación que debió analizarse a
mayor profundidad al momento de emitir órdenes judiciales que son ampliamente
contrarias a la legislación y a la jurisprudencia, máxime cuando se trata de
precedentes jurisprudenciales de unificación generados por la máxima corporación
y que implican un alto impacto fiscal para la Nación, pues dichas condenas
abstractas no cuentan con disponibilidad para su pago, razón por la cual se
imposibilita el cumplimiento de las órdenes judiciales objeto de la presente acción
tutela.
• APLICACIÓN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-032-CE-S2-2023 DE 11 DE
OCTUBRE DE 2023 […]”.
[…]
“[…] Contexto bajo el cual los Honorables Consejeros se pretende se aplique la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023,
proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
radicado interno No. 5746- 2022, aplicación que debe ser acogida por todos los
funcionarios judiciales y puntualmente por los hoy accionados.
Teniendo en cuenta que para el presente asunto, las pretensiones invocadas por el
demandante dentro del proceso judicial 76-147-33-33-004-2022-00061 se
relacionan justamente con el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, indicando con esto que hay similitud fáctica y de
derecho dentro del presente asunto y la sentencia de unificación, por lo cual me
permito solicitar respetuosamente a este despacho que en cumplimiento a lo
establecido por el Consejo de Estado mediante la sentencia de unificación
referenciada, se decida conforme a lo establecido por la misma, tutelando el derecho
invocado en representación de mi poderdante. […]”.
[…]
“[…]Así las cosas, dentro de la presente acción de tutela se debe resolver el
problema jurídico correspondiente a: ¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el derecho al debido proceso por defecto sustantivo o material del
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al proferir sentencia condenatoria respecto a sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990, habiéndose proferido para ese momento,
pronunciamiento de unificación de jurisprudencia, como lo es la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, proferida por la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del radicado
interno No. 5746- 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
con radicado?
22
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
Para resolver dicho interrogante es necesario que el Despacho considere que la
entidad por mi representada no desconoce la normativa y jurisprudencia que existe
al respecto del trámite existente para la transferencia de los dineros destinados a
las cesantías de los docentes oficiales, sin embargo, dentro del presente caso se
tiene que se presentaron un defecto conforme se ha expuesto a lo largo del presente
escrito. Es entonces que al analizar con detalle el caso objeto de estudio se tiene
que, a la parte demandante no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria en virtud de lo contenido en la ley 50 de 1990, se desconoció de
forma arbitraria por el Despacho Judicial lo contemplado en la Ley 91 de 1989,
principalmente en lo correspondiente al principio de unidad de caja.
Es entonces, que se evidencia sin lugar a dubitación que dentro de la motivación de
la sentencia objeto de la presente acción, NO se realiza mención, ni siquiera un
análisis superfluo de la norma referida, teniendo en cuenta que la misma resulta de
vital importancia atendiendo a los hechos objeto de la controversia. […]”.
[…]
“[…] Conforme a lo previamente expuesto, es claro que NO le asiste derecho al
demandante al pago de la Indemnización moratoria por consignación extemporánea
de las cesantías, así como TAMPOCO al pago de Indemnización Moratoria por
consignación extemporánea de intereses a las cesantías, ya que es claro que las
disposiciones de la Ley 50 de 1990 no son aplicables a los docentes afiliados al
FOMAG, y en cualquier caso al efectuar el estudio conforme a lo contemplado en la
Ley 91 de 1989, se deduce que el pago se efectuó conforme a lo señalado en la ley.
Es entonces que se configura el defecto sustancial o material, ya que el Despacho
Judicial omitió de forma directa, el estudio y la aplicación de una norma que regula
la materia y que sumado a ello contempla expresas prohibiciones que no fueron
tenidas en cuenta, máxime cuando la lectura de la norma en cotejo con la sentencia
dentro del proceso objeto de la presente acción, resultan contrarias. […]”.
[…]
“[…] Al respecto, se hace menester señalar que dicho planteamiento resulta
incompleto en atención al objeto del debate, lo anterior, por cuanto el mismo no
contempla en su totalidad los asuntos a determinarse con la sentencia que ponga
fin al litigio; esto bajo el presupuesto que bajo los hechos y el acervo probatorio, se
tiene que no solo era menester determinar si se cumplían los requisitos para que la
parte actora fuera acreedora al derecho contemplado en la norma frente a la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías, sino que además debía
plantearse como objeto del problema jurídico y a su vez hacer un estudio minucioso
sobre cuál es la normatividad aplicable al caso de los docentes afiliados al FOMAG
teniendo en cuenta la existencia de régimen especial establecido en la Ley 91 de
1989, dicho estudio se torna indispensable y fundamental para adoptar una decisión
que se encuentre ajustada a derecho. Así la sentencia fue confirmada por el ya
mencionado Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. […]”.
38. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
39. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
su escrito de tutela, en el caso sub examine, se plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
40. Al respecto, la Corte Constitucional25 ha señalado:
“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.
41. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 202326 señaló lo
siguiente:
“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
25 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de
2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
24
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202127, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas
cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.
42. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente28:
“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.
La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.
27 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES
PACHECO GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López”.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.
Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201929, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
29 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
26
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.
43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
45. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, se deje sin efectos la sentencia de 29 de septiembre
de 2023, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o
relevancia constitucional.
46. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
27
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
47. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación de la autoridad judicial accionada, es decir, el
actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del juez
natural y reabrir un debate legal y económico concluido que escapa de la órbita de
competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega la vulneración
de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
48. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia por el actor, no se evidencian en el caso
sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y
respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional.
49. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
50. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.
51. La Sala precisa que, si bien i) el actor invoca como desconocida una sentencia
de unificación de 11 de octubre de 2023 y ii) la providencia cuestionada fue proferida
el 29 de septiembre de 2023 y notificada el 12 de octubre de 2023, el hecho de que
esta haya sido notificada con posterioridad a la fecha en que se profirió dicha
sentencia de unificación, no implica que debió haber sido modificada.
28
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
52. En efecto, la sentencia de unificación invocada previó de forma expresa que las
reglas allí contenidas aplicarían de forma inmediata a todos los casos que
estuvieran pendientes de solución, sin que se hubiere hecho precisión alguna para
los casos en los que ya hubiese decisión judicial de segunda instancia, así:
“[…] 196. Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de dar
efectos prospectivos a la presente decisión, toda vez que no restringe el acceso a la
administración de justicia ni afecta los derechos adquiridos o fundamentales de las
partes y se adopta el mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la regla
jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones
ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio
de seguridad jurídica, son inmodificables […]”.
Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela, por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
29
Núm. único de radicación: 110010315000202400078-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.