Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00080-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00080-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00080-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - falta de carga argumentativa –
la parte actora pretende reabrir un debate estrictamente legal y económico que no
impacta la garantía de derechos fundamentales.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 29 de febrero de 2024, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 11 de enero de 2024, la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1 instauró demanda de tutela, con
el fin de que se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2, que promovió el señor
Herbert Julián Reyes Franco en su contra, cuyo propósito era que se declarara la
nulidad del acto administrativo a través del cual la entidad le negó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago
de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías,
consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios que prestó en calidad de docente
oficial durante el año 2020.
1 En adelante FOMAG.
2 Identificado con número de radicado 76111-33-33-002-2022-00068-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2.
A través de la referida providencia, el Tribunal confirmó parcialmente la decisión
del a quo 3 de acceder a las pretensiones de la demanda al advertir que al
demandante no le habían consignado oportunamente las cesantías
correspondientes al año 2020. Lo anterior, luego de considerar, que en atención al
principio de favorabilidad, independientemente del hecho que se encuentren afiliados
o no al Fomag, los docentes oficiales también son destinatarios de la normativa que
contempla la sanción objeto de reclamo, pues a los mismos les asiste el derecho a
que todas sus prestaciones sociales -incluidas las cesantías- les sean consignadas
anualmente de forma pronta y oportuna, antes de cada 15 de febrero, al igual que a
los demás servidores públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales
del orden nacional y territorial.
3.
Con todo, precisó que no había lugar a imponer indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías, teniendo en cuenta que la Ley 50 de 1990 sólo
contempló el pago de dichos intereses, pero sin hacer referencia a indemnización
alguna por su falta de pago y, aunque la Ley 52 de 1975 consagra tal penalidad, lo
cierto es que no existe un precedente judicial vertical que obligue a su
reconocimiento, sin contar además, que ello comportaría una doble sanción para la
entidad empleadora, que no se encuentra prevista a favor de quien la reclama. Bajo
esas consideraciones, el Tribunal revocó el numeral 4° del fallo de primera instancia
y, en todo lo demás, confirmó esa decisión.
4.
En el escrito de tutela, la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso por desconocer la regla
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SU-
032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023, según la cual “Los docentes estatales afiliados
al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989”. Además, que el fallo
cuestionado se notificó con posterioridad a la ejecutoria de la mentada sentencia de
unificación.
5.
Adujo que en virtud de aquel fallo no era viable condenar a la entidad respecto a
la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías establecida en la Ley
50 de 1990. Agregó que la sentencia que se ataca es abiertamente opuesta a la regla
que se definió en la sentencia de unificación, pues ordenó pagar al demandante la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, aun cuando el docente es
afiliado al FOMAG y, por lo tanto, no es beneficiario de tal disposición normativa.
3 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, que profirió el fallo del 10 de febrero
de 2023.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
6.
Aunado a lo anterior, la demandante alegó que el Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que no tuvo en cuenta el régimen especial de cesantías que
cobija a los docentes oficiales previsto en la Ley 91 de 1989, norma que resultaba
aplicable al caso objeto de estudio y que impide el reconocimiento de la sanción
reclamada, la cual no fue analizada de manera correcta.
7.
Precisó que conforme la citada normatividad, las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de
caja, por lo que los valores que corresponden a las mismas no se consignan, pues
ya están presupuestados y son trasladados al fondo, desde el primer mes de cada
vigencia, lo que a su vez supone la imposibilidad física y jurídica de aperturar cuentas
individuales para cada docente afiliado al Fomag, que se extiende a la figura de
consignación de cesantías, por lo que en su lugar los profesores tienen la posibilidad
de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumpla con los requisitos legalmente
establecidos.
B. Sentencia de primera instancia
8.
Mediante sentencia 29 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió declarar improcedente el amparo solicitado, al considerar que el
asunto no superaba el requisito general de subsidiariedad. Estimó que la
inconformidad de la parte demandante con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 29 de septiembre de 2023
pudo haber sido cuestionada a través del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial.
9.
Por otra parte, en relación con el defecto sustantivo, indicó que “la Sala no puede
llevar a cabo tal análisis por cuanto las normas que la entidad accionante advierte
como inaplicadas deben ser interpretadas actualmente a la luz de lo estipulado por
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya que lo unificado por
el órgano de cierre establece el criterio hermenéutico a partir del cual deben ser
aplicadas las normas que regulan el régimen de cesantías de los docentes adscritos
al FOMAG”.
C. La impugnación
10.
La parte accionante reiteró los mismos argumentos del escrito de tutela.
Adicionalmente, indicó que no podía interponer el recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial, dentro del término legal, por cuanto no podrían
cuestionarse sus argumentos bajo el presupuesto de las reglas fijadas en la
sentencia de unificación debido a que ésta fue posterior a la decisión tomada por el
Tribunal accionado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
11.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
12.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado. No se comparte la postura del
A quo, relativa a la falta de subsidiariedad, pero se considera que la solicitud de
amparo es improcedente por no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional
por: (i) su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa y; (ii) porque su
propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia
adicional al proceso ordinario, a partir de un debate estrictamente legal y económico
que no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales.
13.
En su escrito de impugnación la parte accionante indicó que el recurso
extraordinario de revisión, en virtud del cual el A quo descartó la subsidiariedad, no
era un mecanismo de defensa disponible para defender sus derechos. Puntualizó
que “no podrían cuestionarse sus argumentos bajo el presupuesto de las reglas
fijadas en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 DE 11 DE OCTUBRE
DE 2023 debido a que esta fue posterior a la decisión tomada por la sala segunda
del tribunal”. La Sala coincide con ese argumento, y justamente por ello concluye
que el asunto carece de relevancia constitucional, tal como se pasa a explicar.
14.
El cargo por desconocimiento del precedente judicial, adolece por completo de
carga argumentativa, en tanto el mismo se sustentó a partir de un supuesto
desconocimiento de una decisión que ni siquiera existía al momento en que se
adoptó la sentencia cuestionada en sede de tutela, lo que descarta su
obligatoriedad.
15.
La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como la
sentencia o el conjunto de ellas -anteriores al caso estudiado por el juez- que, debido
a su pertinencia y semejanza en el problema jurídico planteado, debe ser tenida en
cuenta por el fallador al momento de resolver el caso concreto5. En otras palabras,
para que una decisión judicial constituya precedente para un caso concreto, no solo
debe guardar similitud fáctica y jurídica, sino que, además, es necesario que se haya
expedido con anterioridad al momento en que la autoridad judicial aborde el análisis
del asunto y emita una decisión de fondo.
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Ver sentencias T-1033 de 2012 y SU-053 de 2015, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
16.
En las condiciones anotadas, la sentencia que se alega como desconocida no
comporta un precedente de obligatorio cumplimiento para el caso sometido a
consideración de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, pues no existía para el momento en que se adoptó la decisión enjuiciada.
17.
En efecto, se observa que la providencia censurada se profirió el 29 de
septiembre de 2023, mientras que la sentencia de unificación SU-032-CE-S2 se
emitió el 11 de octubre siguiente y cobró ejecutoria el 20 de octubre de esa misma
anualidad, por lo que, en tales circunstancias no resultaba vinculante para la
autoridad judicial accionada.
18.
Ahora bien, aunque la parte actora fundamenta la supuesta vinculatoriedad del
aludido fallo bajo el argumento de que para el momento de su expedición no se le
había notificado la sentencia acusada, lo cierto es que la notificación de una
providencia es un acto de comunicación a cargo de la Secretaría, a través del cual
simplemente se comunica una decisión que ya ha sido previamente adoptada por el
operador judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ende, mal haría en
exigírsele al fallador que acate una decisión que no existía al momento en que
resolvió el asunto, pero que se expidió antes de que se surtiera la respectiva
notificación de la sentencia que adoptó, pues se trata de dos momentos procesales
diferentes e independientes.
19.
Así, teniendo en cuenta que para el momento en que se conformó la Sala de
Decisión que definió el caso cuestionado, no existía la sentencia de unificación ya
referida, la autoridad judicial no se encontraba en la obligación de tenerla en cuenta
para la resolución del asunto; máxime, considerando que en el fallo de unificación
se indicó que la regla allí fijada se aplicaría de forma inmediata a todos los casos
que se encontraran pendientes de solución tanto en sede administrativa como
judicial, pero que no sería oponible en aquellos casos en los que ya había operado
la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, como el caso que nos
ocupa, pues para ese entonces ya se había adoptado una decisión de fondo.
20.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la parte actora no aportó
elementos suficientes que permitieran advertir, a primera vista, que la decisión
objeto de reproche comporta una transgresión al derecho fundamental que invoca,
como resultado de un ejercicio arbitrario o caprichoso del juez que conoció del
asunto, pues, como ya se dijo, el mismo no se encontraba en la obligación de acatar
una providencia que se expidió con posterioridad a que decidiera el caso y, en esa
medida, no se avizora algún actuar irracional que derive en una vulneración al
debido proceso de la entidad demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
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Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
21.
Por su parte, en lo atinente al defecto sustantivo, se tiene que la parte accionante
sustentó su configuración a partir de la tesis según la cual las disposiciones que
consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas no le eran aplicables al caso del señor Reyes Franco, ya que su
situación jurídica se encuentra regulada por el régimen especial de cesantías
previsto en la Ley 91 de 1989, mientras que la autoridad accionada estimó que, en
aplicación del principio de favorabilidad, las normas referidas son extensibles a los
docentes oficiales, independientemente del hecho que se encuentren afiliados al
Fomag o no.
22.
Como se anticipó, para la Sala la diferencia interpretativa planteada no reviste
relevancia constitucional, pues el debate en torno a la correcta interpretación y
aplicación de las normas que regulan el régimen prestacional de los docentes
oficiales tiene un carácter meramente legal y económico, que no impacta la garantía
de derechos fundamentales, sino patrimoniales, postura que fue desarrollada por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019.
23.
En criterio de la Corte, esa discusión solo podría llegar adquirir una connotación
iusfundamental cuando se pretende la protección inmediata del derecho
fundamental al debido proceso. Ello, considerando que no cualquier transgresión al
debido proceso es susceptible de ser protegida vía tutela, pues la intervención del
juez constitucional únicamente se justifica para “proteger a la parte procesal que ha
quedado indefensa frente a los excesos del juez ordinario, ante desvíos
absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de precedentes o
decisiones carentes de justificación o motivación jurídica”.
24.
Sin embargo, aunque la parte actora sustentó la solicitud de un amparo en una
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, del contenido
de la decisión acusada no se observa un análisis caprichoso, irracional ni
abiertamente contrario al ordenamiento jurídico; por el contrario, la argumentación
de la autoridad judicial accionada se presenta razonable y coherente a la luz del
marco normativo y jurisprudencial que se encontraba vigente al momento de decidir
el asunto, haciéndose evidente la falta de relevancia constitucional en el presente
asunto.
25.
De esta manera, ante la existencia en ese momento de varias interpretaciones
normativas sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados al Fomag y la ausencia de un
criterio unificado que permitiera zanjar el asunto de manera definitiva hasta ese
entonces, el Tribunal, en el marco de su autonomía e independencia judicial, realizó
un ejercicio interpretativo que se enmarca dentro de los parámetros mínimos de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
razonabilidad jurídica, sin que pueda decirse que la decisión adoptada comporta una
vulneración al debido proceso de la parte actora.
26.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate de naturaleza legal
y económica que, además, ya fue objeto de estudio ante la instancia judicial
respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de derecho que
las partes sometieron a su consideración.
27.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia de 29 de febrero
de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta.
28.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Quinta.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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