República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00086-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de julio de 2024
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00086-01
Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00086-01
Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión.
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual
se confirmó la decisión de acceder a las pretensiones, tendientes al
reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de
1990 por la consignación tardía de las cesantías anuales a docentes
afiliados al Fomag. Cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad. Ausencia del defecto invocado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado por
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio Fomag).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)
Sociales del Magisterio Fomag), por intermedio de apoderada judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y
prevalencia del derecho sustancial.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia emitida el 29
de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76111-33-33-002-2022-00307-01, para, en su lugar, ordenar a la
autoridad judicial precitada dictar una sentencia de reemplazo, en la que se aplique el
precedente judicial fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 y, en esa medida, se
nieguen completamente las pretensiones formuladas en la demanda.
1.1.2. Hechos de la solicitud
La apoderada de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) La señora Isabel Cristina Herrera Torres instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) y del
municipio de Tuluá (Valle del Cauca), con el fin de obtener la nulidad del acto ficto
negativo por la falta de respuesta a la petición elevada el 5 de octubre de 2021, y,
adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de
febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe
el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto
1176 de 1991.
ii) El 2 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo
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Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)
cual la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) interpuso recurso de apelación en contra de la
anterior decisión.
iii) El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, (i) revocó el ordinal 4.° de la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, negar las súplicas de la demanda y (ii) confirmó en todo lo demás la
providencia recurrida.
1.1.3. Fundamentos de derecho
La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y
prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de la expedición de la sentencia del
29 de septiembre de 2023, comoquiera que incurrió en defecto sustantivo, puesto que
desconoció la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se definió
que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
no tienen derecho a la sanción moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, debido a que dicho régimen es incompatible con el sistema de
administración de cesantías establecido en el régimen especial de los docentes
consagrado en la Ley 91 de 1989.
Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca notificó la
sentencia de segunda instancia con posterioridad a la ejecutoria del proveído de
unificación precitado, cuyo criterio es aplicable para todos los procesos que versan
sobre esa discusión y que se encuentran en curso, pues constituye precedente
obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial precitada relacionó normas que regulan
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley
50 de 1990, pero no estudió los supuestos fácticos y jurídicos que eran necesarios
para definir el litigio conforme a la Ley 91 de 1989, especialmente, el principio de
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unidad de caja, el cual establece que las cesantías de los docentes afiliados al Fomag
no se administran en cuentas individuales. Además, sostuvo que la corporación
accionada inobservó los procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio
de Educación y la Fiduprevisora S.A. en relación con los recursos destinados a las
cesantías.
1.2. Actuación procesal
El 16 de enero de 2024, el despacho del consejero Nicolás Yepes Corrales (i) admitió
la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión; (ii) vinculó a la señora Isabel Cristina Herrera Torres, al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, al
municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en los resultados del proceso; y (iii) requirió al
Juzgado mencionado para que remitiera copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00307-00/01.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga
El juez Juan Miguel Martínez Londoño afirmó que lo que se discute es el
desconocimiento del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y no de ese Juzgado, pues la sentencia de primera instancia fue proferida
el 2 de marzo de 2023, de suerte que cuando ese despacho judicial emitió dicha
providencia todavía no existía la sentencia de unificación dictada por el Consejo de
Estado, por lo que mal podría haberse desconocido dicho pronunciamiento.
De otra parte, remitió copia del expediente del proceso ordinario, conforme a lo
ordenado en el auto admisorio de la acción de la referencia.
1.3.2. La señora Isabel Cristina Herrera Torres, por intermedio de su apoderado
judicial, se opuso a la prosperidad de cada una de las pretensiones formuladas en la
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acción de tutela, comoquiera que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad
accionante, puesto que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de
septiembre de 2023, es decir, en una fecha anterior a la promulgación de la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por lo que, de acceder
a lo pretendido, se estaría desconociendo el principio de autonomía e independencia
judicial del que gozan los jueces y magistrados en el ejercicio de su función
jurisdiccional.
Adicionalmente, aclaró que si bien es cierto que la notificación del fallo de segunda
instancia se efectuó de manera posterior a la expedición de la sentencia de unificación
referida, también lo es que el trámite de notificación de una sentencia es un aspecto
secretarial y sus consecuencias no pueden afectar a la demandante del proceso
ordinario, quien acudió de buena fe ante la administración de justicia.
Finalmente, indicó que la verdadera intención de la entidad es no cumplir con el pago
ordenado en la providencia discutida, circunstancia meramente económica, por lo que
la acción de tutela se torna improcedente, al existir otro mecanismo de defensa judicial
para endilgar una eventual responsabilidad ante la administración de justicia por una
notificación posterior al pronunciamiento de unificación.
1.3.3. Municipio de Tuluá (Valle del Cauca)
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Natalia Gil Niño, solicitó la desvinculación
del ente territorial que representa, debido a que carece de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que ese municipio no es el responsable de la vulneración de los
derechos fundamentales reclamados.
1.4. Sentencia impugnada
El 19 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que no se encontraba
satisfecho el requisito general de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante
contaba con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario
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de unificación de jurisprudencia, en el cual podía exponer los argumentos para
demostrar por qué la providencia cuestionada desconoció o se opuso a la sentencia
de unificación emitida el 11 de octubre de 2023 por la Sección Segunda del Consejo
de Estado; de manera que el asunto debe ser estudiado, en primer lugar, por el juez
natural.
1.5. Impugnación
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual, en primer lugar,
insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
En segundo lugar, afirmó que el ordenamiento jurídico dispone como medios
excepcionales de defensa judicial los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, pero su procedencia está condicionada al cumplimiento
de alguna de las causales previstas en la norma, por lo que, para el caso, no era viable
la exigencia de estos y, en consecuencia, se encuentra acreditado el requisito general
de subsidiariedad. Además, sostuvo que declarar improcedente la acción de tutela por
la falta de agotamiento de un recurso que no podía llevarse a cabo en su momento,
podría dejar en vigencia una providencia judicial abiertamente contraria a las reglas
jurisprudenciales fijadas por la sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11
de octubre de 2023.
Finalmente, y, en tercer lugar, indicó que el desconocimiento del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca respecto del precedente conculca no solo el acceso
a la administración de justicia, sino que, a su vez, mantiene una situación jurídica y de
régimen ya definida que no es aplicable a la sentencia que profiere el despacho, de
manera que la tutela resultaría procedente como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho precitado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
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La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25
del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, el de
subsidiariedad, para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos
que plantea la parte actora en contra de la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00307-01.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00307-01,
la Sala de decisión establece lo siguiente:
2.4.1. El 8 de julio de 2022, la señora Isabel Cristina Herrera Torres, por conducto de
apoderada judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) y del municipio de Tuluá (Valle del
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Cauca), con el fin de obtener la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo por la falta de respuesta de la petición elevada el 5 de octubre
de 2021 y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde
el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a
las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se
efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990
y el Decreto 1176 de 1991.
2.4.2. El 2 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buga (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el ente territorial; (ii) decretó la nulidad del acto administrativo ficto; (iv)
ordenó a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) a reconocer y pagar a favor de la
demandante la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta
que tenga lugar su efectiva consignación; y (iv) ordenó a la entidad precitada a
reconocer y pagar la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las
cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a una suma adicional igual a
dichos intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto
1072 de 2015.
2.4.3. El 14 de marzo de 2023, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) interpuso
recurso de apelación en contra de la anterior decisión, al considerar que no se
configuraron los presupuestos indicados en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto
que el esquema establecido en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3752 de 2003, no se
administran las cesantías a través de la creación de cuentas individuales por lo que no
hay un acto de consignación y, en esa medida, es imposible que se cause una demora
respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial
de los docentes.
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2.4.4. El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, revocó el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia y confirmó en todo lo demás dicha providencia. Lo anterior, al
considerar que, en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docentes
las disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria
por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para
estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la
aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente
a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por
cada día de retraso.
Sin embargo, con respecto a reconocer el pago de la sanción por el no pago oportuno
de los intereses a las cesantías, estimó que el artículo 3.° del Decreto 1176 de 1991
no estableció el derecho del docente al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
52 de 1975 y, por ende, no hay lugar a ese reconocimiento.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
2.5.1. El asunto objeto de estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el
debate planteado por la entidad accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la expedición de la sentencia del 29 de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
comoquiera que, en criterio de la entidad accionante, aquella autoridad incurrió en
defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, evento que de
hallarse acreditado conduciría a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.
Sobre el particular, se aclara que el despacho del magistrado ponente, en anteriores
oportunidades,3 venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019,
en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 no comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por
3 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01
y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.
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versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii)
no tener una relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y
iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».
No obstante, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, se modificó la anterior posición y
se acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del cumplimiento del
referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, puesto que, contrario a
lo concluido por el juez de primera instancia, la accionante no cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para discutir lo aquí expuesto,
comoquiera que la providencia que hoy pretende controvertirse fue emitida con
anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación mencionada, por lo que no
podría, a través del recurso extraordinario de unificación, exigirse su aplicación.
2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada el 23 de octubre de 2023 y la acción de tutela fue instaurada por
correo electrónico el 11 de enero de 2024, esto es, en el término de los seis meses
previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en
contra de providencias judiciales
2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.
2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.
2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse en esta sede fue proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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2.6. Caso concreto.
2.6.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.11
2.6.2. Desconocimiento del precedente judicial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente4, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
4 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
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En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente5; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.6
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.7
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligatorio cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.8 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.9
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
5 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
6Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
7Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
8Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
9Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».10
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en
virtud del acatamiento de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.11
2.6.3. Caso concreto. Análisis de la Sala.
La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio Fomag), a través de su apoderada judicial, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y prevalencia del derecho
sustancial, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, al expedir la sentencia del 29 de septiembre de
2023, comoquiera que incurrió en defecto sustantivo puesto que no analizó la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 conforme al régimen de la Ley 91 de 1989 y desconoció
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
10Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
11Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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Pues bien, una vez revisada la providencia objeto de reproche, se advierte que en ella
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, confirmó
parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga, al considerar que, en virtud del principio de
favorabilidad, la allí demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, pues al igual que los demás servidores
públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales en los niveles nacional
y territorial, gozan del derecho a que todas sus prestaciones sociales, y en este caso,
las cesantías les sean consignadas anualmente de forma pronta y oportuna antes de
cada 15 de febrero.
Ahora, se advierte que el 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, con el fin de unificar o sentar jurisprudencia, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023, expediente 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), en la que
determinó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989.
En ese orden, resulta evidente que la sentencia hoy cuestionada fue proferida con
anterioridad a la expedición del proveído de unificación mencionado, esto es, el 29 de
septiembre de 2023, por lo que no podía exigírsele a la autoridad judicial accionada la
aplicación de la posición allí asumida, pues dicho pronunciamiento no se encontraba
vigente.
Adicionalmente, la Sala destaca que la Sección Segunda de esta corporación, en el
proveído de unificación invocado como desconocido, determinó los efectos en el
tiempo de dicha decisión, en el sentido de indicar que esta se aplicaría a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial. En efecto,
aquella corporación, textualmente, expuso lo siguiente:
«[…] la regla jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones
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ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio
de seguridad jurídica, son inmodificables […]».
Por tanto, se tiene que la situación particular de la señora Isabel Cristina Herrera Torres
(demandante del proceso ordinario) fue definida en vía judicial el 29 de septiembre de
2019, cuando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, dictó sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de tal manera que el caso no se encontraba pendiente
de solución al momento de expedirse la Sentencia de Unificación del 11 de octubre de
2023 y, por ende, no era posible aplicar la regla jurisprudencial allí definida.
Así las cosas, la Subsección concluye que la corporación judicial accionada no incurrió
en la causal específica de procedibilidad invocada, pues su decisión la profirió en
ejercicio de sus facultades de autonomía e independencia judicial, las cuales no
pueden desconocerse, con el fin de que se apliquen tesis jurisprudenciales emitidas
con posterioridad a la providencia que se discute.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que en el presente se encuentra satisfecho el requisito general de
subsidiariedad, por lo que revocará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el amparo constitucional, y, en su lugar, negará el amparo solicitado
por la parte accionante, al no haberse configurado el defecto sustantivo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la
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acción de tutela instaurada por la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión; para, en su lugar, negar
al amparo solicitado, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.
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