Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00091-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintitrés (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00091-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - falta de carga argumentativa – la parte actora
pretende reabrir un debate estrictamente legal y económico que no impacta la
garantía de derechos fundamentales
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 11 de enero de 2024, el Fomag instauró demanda de tutela, con el fin de que
se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por la
autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho3, que promovió el señor Mauricio Antonio Arenas Bermúdez en su contra,
con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo a través del
cual la entidad le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada
en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío
de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios
que prestó en calidad de docente oficial durante el año 2020.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En adelante Fomag.
3 Identificado con número de radicado 76111-33-33-002-2022-00276-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00091-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- A través de la referida providencia, el Tribunal confirmó parcialmente la decisión
del a quo 4 de acceder a las pretensiones de la demanda al advertir que al
demandante no le habían consignado oportunamente las cesantías
correspondientes al año 2020. Lo anterior, luego de considerar, que en atención al
principio de favorabilidad, independientemente del hecho que se encuentren afiliados
o no al Fomag, los docentes oficiales también son destinatarios de la normativa que
contempla la sanción objeto de reclamo, pues a los mismos les asiste el derecho a
que todas sus prestaciones sociales -incluidas las cesantías- les sean consignadas
anualmente de forma pronta y oportuna, antes de cada 15 de febrero, al igual que a
los demás servidores públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales
del orden nacional y territorial.
3.- Con todo, precisó que no había lugar a imponer otra indemnización moratoria
por el pago tardío de los intereses a las cesantías, teniendo en cuenta que la Ley 50
de 1990 sólo contempló el pago de dichos intereses, pero sin hacer referencia a
indemnización alguna por su falta de pago y aunque la Ley 52 de 1975 consagra tal
penalidad, lo cierto es que no existe un precedente judicial vertical que obligue a su
reconocimiento, sin contar además, que ello comportaría una doble sanción para la
entidad empleadora, que no se encuentra expresa a favor de quien la reclama. Bajo
esas consideraciones, el Tribunal revocó el numeral 5° del fallo de primera instancia
y, en todo lo demás, confirmó esa decisión.
4.- En el escrito de tutela, la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso al desconocer la regla
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SU-
032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023, según la cual “Los docentes estatales afiliados
al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989”.
5.- A juicio de la parte accionante, esa decisión constituye precedente obligatorio
para el caso que nos ocupa, en tanto: (i) guarda similitud fáctica y jurídica; (ii) en la
misma providencia se indicó que el criterio allí adoptado se aplicaría de forma
inmediata a todos los procesos que se encontraran en curso y en los que se
pretendía la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación; y, (iii) la
sentencia se profirió y quedó ejecutoriada antes de que se notificara el fallo objeto
de reproche constitucional, por lo que el juez de lo contencioso administrativo no
podía desconocer su contenido.
6.- Aunado a lo anterior, la demandante alegó que el Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que no tuvo en cuenta el régimen especial de cesantías que
4 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara que profirió el fallo del 14 de diciembre de 2022.
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cobija a los docentes oficiales previsto en la Ley 91 de 1989, norma que resultaba
aplicable al caso objeto de estudio y que impide el reconocimiento de la sanción
reclamada.
7.- Precisó que conforme la citada normatividad, las cesantías de los docentes no
se administran en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad
de caja, por lo que los valores que corresponden a las mismas no se consignan, pues
ya están presupuestados y son trasladados al fondo, desde el primer mes de cada
vigencia, lo que a su vez supone la imposibilidad física y jurídica de aperturar cuentas
individuales para cada docente afiliado al Fomag, que se extiende a la figura de
consignación de cesantías, por lo que en su lugar los profesores tienen la posibilidad
de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumpla con los requisitos legalmente
establecidos.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
8.- Mediante auto de 16 de enero de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad demandada; (iii) vincular al señor
Mauricio Antonio Arenas Bermúdez y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros
interesados; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado; y (v) requerir al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga
para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el
radicado número 76111-33-33-002-2022-00276-00/01.
(i) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5
9.- La autoridad judicial manifestó que no incurrió en el defecto que le fue endilgado,
pues la sentencia que se alega desconocida fue proferida después de que se
adoptara la decisión acusada. Al respecto, precisó que, si bien la providencia
cuestionada fue notificada el 20 de octubre de 2023, lo cierto es que esa decisión se
adoptó el 29 de septiembre anterior, fecha en la que se convocó la Sala de Decisión
para discutir el asunto, por lo que para ese momento no existía un precedente
vinculante para el caso sometido a su consideración.
(ii) Mauricio Antonio Arenas Bermúdez6
10.- El tercero, a través de apoderado judicial, sostuvo que la solicitud de amparo
deviene improcedente al carecer de relevancia constitucional, en tanto versa sobre
un asunto estrictamente económico.
5 Intervención digital contenida en 3 folios.
6 Intervención digital contenida en 15 folios.
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11.- Por su parte, aseveró que para el momento en que fue debatido el asunto objeto
de reproche no existía la sentencia que se alega como desconocida y aunque la
sentencia acusada se notificó con posterioridad a que se expidiera el fallo de
unificación, lo cierto es que una presunta tardanza en la notificación de una
providencia obedece a un aspecto meramente secretarial que no puede sustentar
actuaciones que deriven en un perjuicio para el ciudadano que acude de buena fe al
sistema de administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
12.- El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada como uno de los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial7, que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario
examinar8 que el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las que
la decisión judicial objetada se presenta o proyecta como una afectación a un
derecho o garantía fundamental, que impida reclamar a esa providencia una
personería del Estado en la solución de los conflictos, evitando de esta manera abrir
paso a una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia.
13.- De entrada, la Sala estima que la controversia propuesta por la parte
accionante no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues, una revisión
de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela, permite advertir: (i) su
falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa y; (ii) que su propósito es
convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional al
proceso ordinario, a partir de un debate estrictamente legal y económico que no
guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales.
14.- En lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente judicial, la Sala
encuentra que adolece por completo de carga argumentativa, en tanto el mismo se
sustentó a partir de un supuesto desconocimiento de una decisión que ni siquiera
existía al momento en que se adoptó la sentencia cuestionada en sede de tutela, lo
que, de entrada, descarta su obligatoriedad.
15.- La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como la
sentencia o el conjunto de ellas -anteriores al caso estudiado por el juez- que, debido
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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a su pertinencia y semejanza en el problema jurídico planteado, debe ser tenida en
cuenta por el fallador al momento de resolver el caso concreto 9. En otras palabras,
para que una decisión judicial constituya precedente para un caso concreto, no solo
debe guardar similitud fáctica y jurídica, sino que, además, es necesario que se haya
expedido con anterioridad al momento en que la autoridad judicial aborde el análisis
del asunto y emita una decisión de fondo.
16.- En las condiciones anotadas, la sentencia que se alega como desconocida no
comporta un precedente de obligatorio cumplimiento para el caso sometido a
consideración de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, pues no existía para el momento en que se adoptó la decisión enjuiciada.
17.- En efecto, se observa que la providencia censurada se profirió el 29 de
septiembre de 2023, mientras que la sentencia de unificación SU-032-CE-S2 se
emitió el 11 de octubre siguiente y cobró ejecutoria el 20 de octubre de esa misma
anualidad, por lo que, en tales circunstancias no resultaba vinculante para la
autoridad judicial accionada.
18.- Ahora bien, aunque la parte actora fundamenta la supuesta vinculatoriedad del
aludido fallo bajo el argumento de que para el momento de su expedición no se le
había notificado la sentencia acusada, lo cierto es que la notificación de una
providencia es un acto de comunicación a cargo de la Secretaría, a través del cual
simplemente se comunica una decisión que ya ha sido previamente adoptada por el
operador judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ende, mal haría en
exigírsele al fallador que acate una decisión que no existía al momento en que
resolvió el asunto, pero que se expidió antes de que se surtiera la respectiva
notificación de la sentencia que adoptó, pues se trata de dos momentos procesales
diferentes e independientes.
19.- Así, teniendo en cuenta que para el momento en que se conformó la Sala de
Decisión que definió el caso cuestionado, no existía la sentencia de unificación ya
referida, la autoridad judicial no se encontraba en la obligación de tenerla en cuenta
para la resolución del asunto; máxime, considerando que en el fallo de unificación se
indicó que la regla allí fijada se aplicaría de forma inmediata a todos los casos que
se encontraran pendientes de solución tanto en sede administrativa como judicial,
pero que no sería oponible en aquellos casos en los que ya había operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, como el caso que nos ocupa,
pues para ese entonces ya se había adoptado una decisión de fondo.
20.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la parte actora no aportó
elementos suficientes que permitieran advertir, a primera vista, que la decisión objeto
9 Ver sentencias T-1033 de 2012 y SU-053 de 2015, entre otras.
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de reproche comporta una transgresión al derecho fundamental que invoca, como
resultado de un ejercicio arbitrario o caprichoso del juez que conoció del asunto,
pues, como ya se dijo, el mismo no se encontraba en la obligación de acatar una
providencia que se expidió con posterioridad a que decidiera el caso y, en esa
medida, no se avizora algún actuar irracional que derive en una vulneración al debido
proceso de la entidad demandante.
21.- Por su parte, en lo atinente al defecto sustantivo, se tiene que la parte
accionante sustentó su configuración a partir de la tesis según la cual las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas no le eran aplicables al caso del señor Arenas Bermúdez, ya
que su situación jurídica se encuentra regulada por el régimen especial de cesantías
previsto en la Ley 91 de 1989, mientras que la autoridad accionada estimó que, en
aplicación del principio de favorabilidad, las normas referidas son extensibles a los
docentes oficiales, independientemente del hecho que se encuentren afiliados al
Fomag o no.
22.- Como se anticipó, para la Sala la diferencia interpretativa planteada no reviste
relevancia constitucional, pues el debate en torno a la correcta interpretación y
aplicación de las normas que regulan el régimen prestacional de los docentes
oficiales tiene un carácter meramente legal y económico, que no impacta la garantía
de derechos fundamentales, sino patrimoniales, postura que fue desarrollada por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019.
23.- En criterio de la Corte, esa discusión solo podría llegar adquirir una connotación
iusfundamental cuando se pretende la protección inmediata del derecho fundamental
al debido proceso. Ello, considerando que no cualquier transgresión al debido
proceso es susceptible de ser protegida vía tutela, pues la intervención del juez
constitucional únicamente se justifica para “proteger a la parte procesal que ha
quedado indefensa frente a los excesos del juez ordinario, ante desvíos
absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones
carentes de justificación o motivación jurídica”.
24.- Sin embargo, aunque la parte actora sustentó la solicitud de un amparo en una
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, del contenido
de la decisión acusada no se observa un análisis caprichoso, irracional ni
abiertamente contrario al ordenamiento jurídico; por el contrario, la argumentación
de la autoridad judicial accionada se presenta razonable y coherente a la luz del
marco normativo y jurisprudencial que se encontraba vigente al momento de decidir
el asunto, haciéndose evidente la falta de relevancia constitucional en el presente
asunto.
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25.- De esta manera, ante la existencia en ese momento de varias interpretaciones
normativas sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados al Fomag y la ausencia de un
criterio unificado que permitiera zanjar el asunto de manera definitiva hasta ese
entonces, el Tribunal, en el marco de su autonomía e independencia judicial, realizó
un ejercicio interpretativo que se enmarca dentro de los parámetros mínimos de la
razonabilidad jurídica, sin que pueda decirse que la decisión adoptada comporta una
vulneración al debido proceso de la parte actora.
26.- En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate de naturaleza legal
y económica que, además, ya fue objeto de estudio ante la instancia judicial
respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de derecho que
las partes sometieron a su consideración.
27.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo.
28.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
10 VF
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Magisterio
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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