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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00091-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00091-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de mayo de 2024

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00091-01
Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00091-01
Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión.

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual
se confirmó la decisión de acceder a las pretensiones, tendientes al
reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de
1990 por la consignación tardía de las cesantías anuales a docentes
afiliados al Fomag. Satisfacción del requisito general de relevancia
constitucional. Incumplimiento de la exigencia de subsidiariedad y
ausencia de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado por
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio Fomag).

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), por intermedio de apoderada judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y
prevalencia del derecho sustancial.

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Accionante: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia emitida el 29
de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-
2022-00276-01, para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial precitada dictar una
sentencia de reemplazo, en la que se aplique el precedente judicial fijado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, en la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023 y, en esa medida, se nieguen completamente las
pretensiones formuladas en la demanda.

1.1.2. Hechos de la solicitud

La apoderada de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) El señor Mauricio Antonio Arenas Bermúdez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y del
municipio de Buga, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto negativo por la falta
de respuesta a la petición elevada el 30 de septiembre de 2021, y, adicionalmente, a
título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha
en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b)
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las
Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

ii) El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Guadalajara de Buga accedió a las pretensiones de la demanda, por lo cual el 11
de enero de 2023 la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la
anterior decisión.

iii) El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, (i) revocó el ordinal 5.° de la sentencia de primera instancia, al
considerar que del artículo 3.° del Decreto 1176 de 1991 no se establece con certeza

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el derecho del docente al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 52 de
1975 y, por ende, no hay lugar a ese reconocimiento; y (ii) confirmó en todo lo demás
la providencia recurrida.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y
prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de la expedición de la sentencia del
29 de septiembre de 2023, comoquiera que incurrió en defecto sustantivo, puesto que
desconoció la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se definió
que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
no tienen derecho a la sanción moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, debido a que dicho régimen es incompatible con el sistema de
administración de cesantías establecido en el régimen especial de los docentes
consagrado en la Ley 91 de 1989.

Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca notificó la
sentencia de segunda instancia con posterioridad a la ejecutoria del proveído de
unificación precitado, cuyo criterio es aplicable para todos los procesos que versan
sobre esa discusión y que se encuentran en curso, pues constituye precedente
obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial precitada relacionó normas que regulan
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley
50 de 1990, pero no estudió los supuestos fácticos y jurídicos que eran necesarios
para definir el litigio conforme a la Ley 91 de 1989, especialmente, el principio de
unidad de caja, el cual establece que las cesantías de los docentes afiliados al Fomag
no se administran en cuentas individuales. Además, sostuvo que la corporación
accionada inobservó los procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio
de Educación y la Fiduprevisora S.A. en relación con los recursos destinados a las
cesantías.

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1.2. Actuación procesal

El 16 de enero de 2024, el despacho del consejero de Estado José Roberto Sáchica
Méndez (i) admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión; (ii) vinculó al señor Mauricio Antonio
Arenas Bermúdez y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros interesados; y (iii)
requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga para que
remitiera copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76111-33-33-002-2022-00276-00/01.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión.

El magistrado Ronald Otto Cedeño Blume afirmó que no incurrió en el defecto invocado
por la parte accionante, puesto que la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado fue emitida el 11 de octubre de 2023, es decir, en una fecha posterior al
momento en que se discutió el proyecto de la decisión hoy censurada –29 de
septiembre de 2023–, por lo que no contaba con un precedente fijado por dicha
colegiatura y que fuera vinculante.

En ese sentido, indicó que no vulneró los derechos fundamentales deprecados; menos
cuando en el ordinal quinto de la parte resolutiva del proveído de unificación
mencionado se indicó expresamente «que los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables, de manera que dicho pronunciamiento solo era de aplicación inmediata
respecto de los procesos que se encontraran en curso, situación que no aplicaba al
caso bajo estudio»

1.3.2. El señor Mauricio Antonio Arenas Bermúdez, por intermedio de su apoderado
judicial, se opuso a la prosperidad de cada una de las pretensiones formuladas en la
acción de tutela, comoquiera que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad
accionante, puesto que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de

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septiembre de 2023, es decir, en una fecha anterior a la promulgación de la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por lo que, de acceder
a lo pretendido, se estaría desconociendo el principio de autonomía e independencia
judicial del que gozan los jueces y magistrados en el ejercicio de su función
jurisdiccional.

Adicionalmente, aclaró que, si bien es cierto que la notificación del fallo de segunda
instancia se efectuó de manera posterior a la expedición de la sentencia de unificación
referida, también lo es que el trámite de notificación de una sentencia es un aspecto
secretarial y sus consecuencias no pueden afectar a la demandante del proceso
ordinario, quien acudió de buena fe ante la administración de justicia.

Finalmente, indicó que la verdadera intención de la entidad es no cumplir con el pago
ordenado en la providencia discutida, circunstancia meramente económica, por lo que
la acción de tutela se torna improcedente, al existir otro mecanismo de defensa judicial
para endilgar una eventual responsabilidad ante la administración de justicia por una
notificación posterior al pronunciamiento de unificación.

1.4. Sentencia impugnada

El 19 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que no se encontraba
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la acción de
tutela no contaba con suficiente carga argumentativa y lo pretendido por la parte
accionante era convertir este mecanismo en una instancia adicional al proceso
ordinario, a partir de un debate estrictamente legal y económico que no guardaba
ningún tipo de relación con los derechos fundamentales reclamados.

Al respecto, en cuanto al cargo de desconocimiento de precedente judicial, aseguró
que este adolece por completo de carga argumentativa, en tanto que este se sustento
a partir de un supuesto desconocimiento de una decisión que ni siquiera existía al
momento en que se adoptó la sentencia cuestionada en sede de tutela, lo que, de
entrada, descarta su obligatoriedad.

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Asimismo, frente al defecto sustantivo, indicó que la demandante sustentó su
configuración a partir de la tesis según la cual las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas no le eran
aplicables al caso del señor Arenas Bermúdez, ya que su situación jurídica se
encuentra regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989,
mientras que la autoridad accionada estimó que, en aplicación del principio de
favorabilidad, las normas referidas son extensibles a los docentes oficiales,
independientemente del hecho que se encuentren afiliados al Fomag o no.

En esa medida, afirmó que la diferencia interpretativa planteada no reviste relevancia
constitucional, pues el debate en torno a la correcta aplicación de las normas que
regulan el régimen prestacional de los docentes oficiales tiene un carácter meramente
legal y económico, que no impacta en las garantías iusfundamentales reclamadas, sino
patrimoniales, postura que fue desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 2019.

1.5. Impugnación

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual, en primer lugar,
insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

En segundo lugar, afirmó que el asunto goza de relevancia constitucional, comoquiera
que el evidente defecto sustancial de la sentencia reprochada vulnera el derecho
fundamental al debido proceso, el cual, como es de público conocimiento, debe
respetarse en el proceso judicial, por lo que no se trata de un asunto puramente
económico o de carácter privado, sino que todo está enmarcado en esa garantía
fundamental, que conlleva la necesidad de abogar por la seguridad jurídica que se
origina en la aplicación de los artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política,
los cuales al desconocerse limitan el acceso efectivo a la administración de justicia, el
derecho a que las providencias estén sustentadas en la legalidad, en las normas
aplicables al caso y en los criterios auxiliares como lo son la jurisprudencia y los
principios generales del derecho.

Finalmente, y, en tercer lugar, manifestó que el desconocimiento del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca respecto del precedente conculca no solo el acceso

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a la administración de justicia, sino que, a su vez, mantiene una situación jurídica y de
régimen ya definida que no es aplicable a la sentencia que profiere el despacho, de
manera que la tutela resultaría procedente como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho precitado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25
del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, el de relevancia
constitucional, para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos
que plantea la parte actora en contra de la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00276-01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00276-
00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El señor Mauricio Antonio Arenas Bermúdez, por conducto de apoderada
judicial, instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación (Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag)

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y del municipio de Buga, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto producto del
silencio administrativo negativo por la falta de respuesta de la petición elevada el 30
de septiembre de 2021 y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó a) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor
correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el
momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°,
y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4.2. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga (i) declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el ente territorial; (ii) declaró no
probada la excepción de caducidad; (iii) decretó la nulidad del acto administrativo ficto;
(iv) ordenó a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) a reconocer y pagar a favor del
demandante la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta
que tenga lugar su efectiva consignación; y (v) ordenó a la entidad precitada a
reconocer y pagar la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las
cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a una suma adicional igual a
dichos intereses, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.

2.4.3. El 11 de enero de 2023, la entidad demandada interpuso recurso de apelación
en contra de la anterior decisión, al considerar que no se configuraron los presupuestos
indicados en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto que el esquema establecido
en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3752 de 2003, no se administran las cesantías a
través de la creación de cuentas individuales por lo que no hay un acto de consignación
y, en esa medida, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que
la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes.

2.4.4. El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, revocó el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de

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primera instancia y confirmó en todo lo demás dicha providencia. Lo anterior, al
considerar que, en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docentes
las disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria
por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para
estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la
aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente
a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por
cada día de retraso.

Sin embargo, con respecto a reconocer el pago de la sanción por el no pago oportuno
de los intereses a las cesantías, estimó que el artículo 3.° del Decreto 1176 de 1991
no estableció el derecho del docente al pago de la sanción moratoria establecida en la
Ley 52 de 1975 y, por ende, no hay lugar a ese reconocimiento.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. El asunto objeto de estudio, contrario a lo concluido por el juez de primera
instancia, tiene una clara y marcada importancia constitucional, puesto que el debate
planteado por la entidad accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la expedición de la sentencia del 29 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, comoquiera
que, en criterio de la entidad accionante, aquella autoridad incurrió en defecto
sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, evento que de hallarse
acreditado conduciría a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.

Sobre el particular, se aclara que el despacho del magistrado ponente, en anteriores
oportunidades,3 venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019,
en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 no comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por
versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii)

3 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01

y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.

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no tener una relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y
iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

No obstante, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, se modificó la anterior posición y
se acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del cumplimiento del
referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, puesto que la accionante
no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para discutir
lo aquí expuesto.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada el 20 de octubre de 2023 y la acción de tutela fue instaurada por
correo electrónico el 11 de enero de 2024, esto es, en el término de los seis meses
previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en
contra de providencias judiciales

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.

2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse en esta sede fue proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6. Caso concreto.

2.6.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

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La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.11

2.6.2. Desconocimiento del precedente judicial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente4, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la

4 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente5; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.6

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.7

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligatorio cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.8 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.9

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una

5 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
6Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
7Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
8Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
9Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».10

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en
virtud del acatamiento de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.11
2.6.3. Caso concreto. Análisis de la Sala.

La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio Fomag), a través de su apoderada judicial, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia y, junto con ellos, los principios de legalidad y prevalencia del derecho
sustancial, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, al expedir la sentencia del 29 de septiembre de
2023, comoquiera que incurrió en defecto sustantivo puesto que no analizó la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 conforme al régimen de la Ley 91 de 1989 y desconoció
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Pues bien, una vez revisada la providencia objeto de reproche, se advierte que en ella
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, confirmó

10Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
11Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.

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parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga, al considerar que, en virtud del principio de
favorabilidad, el allí demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, pues al igual que los demás servidores
públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales en los niveles nacional
y territorial, gozan del derecho a que todas sus prestaciones sociales, y en este caso,
las cesantías les sean consignadas anualmente de forma pronta y oportuna antes de
cada 15 de febrero.

Ahora, se advierte que el 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, con el fin de unificar o sentar jurisprudencia, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023, expediente 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), en la que
determinó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989.

En ese orden, resulta evidente que la sentencia hoy cuestionada fue proferida con
anterioridad a la expedición del proveído de unificación mencionado, esto es, el 29 de
septiembre de 2023, por lo que no podía exigírsele a la autoridad judicial accionada la
aplicación de la posición allí asumida, pues dicho pronunciamiento no se encontraba
vigente.

Adicionalmente, la Sala destaca que la Sección Segunda de esta corporación, en el
proveído de unificación invocado como desconocido, determinó los efectos en el
tiempo de dicha decisión, en el sentido de indicar que esta se aplicaría a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial. En efecto,
aquella autoridad, textualmente, expuso lo siguiente:

«[…] la regla jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones
ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio
de seguridad jurídica, son inmodificables […]».

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Por tanto, se tiene que la situación particular del señor Mauricio Antonio Arenas
Bermúdez fue definida en vía judicial el 29 de septiembre de 2019, cuando el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, dictó sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de tal
manera que el caso no se encontraba pendiente de solución al momento de expedirse
la Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023 y, por ende, no era posible
aplicar la regla jurisprudencial allí definida.

Así las cosas, la Subsección concluye que la corporación judicial accionada no incurrió
en la causal específica de procedibilidad invocada, pues su decisión la profirió en
ejercicio del principio de autonomía e independencia judicial, las cuales no pueden
desconocerse, con el fin de que se apliquen tesis jurisprudenciales emitidas con
posterioridad a la providencia que se discute.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que el presente asunto sí goza de relevancia constitucional, por lo que se
revocará la sentencia impugnada, que declaró improcedente el amparo
constitucional, y, en su lugar, negará el amparo solicitado por la parte accionante, al
no haberse configurado el defecto sustantivo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag) en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión; para, en su lugar, negar

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al amparo solicitado, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGA
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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