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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00093-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00093-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la actora contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00 Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00093-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actores: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y otro1
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29
septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200413-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, la señora Diana Marcela Ortiz Durán presentó demanda contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el Departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto ficto o presunto configurado frente a la falta de
respuesta de la petición presentada el 13 de octubre de 2021, mediante la cual
solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 2
y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas
en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19753.

4. Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara
de Buga profirió sentencia de primera instancia el 15 de diciembre de 2022,
accediendo a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda
instancia el 29 de septiembre de 2023, resolviendo lo siguiente:

2 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
3 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral 4° de la sentencia sin número, proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga el
día 15 de diciembre de 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente providencia.

SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO: La sentencia deberá cumplirse dentro de los términos previstos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los supuestos de hecho allí
determinados.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de la presente sentencia. […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró lo siguiente:

“[…] 38. Establecidos los supuestos fácticos que dieron origen al presente medio de
control, debe indicar la Sala, a efectos de dilucidar el primer problema jurídico, que
de acuerdo a las premisas jurisprudenciales expuestas, los docentes del sector
oficial también son destinatarios de la sanción establecida en la Ley 50 de 1990, en
atención a la fecha de su vinculación y al principio de favorabilidad; pues al igual
que los demás servidores públicos que prestan sus servicios para las entidades
estatales en los niveles nacional y territorial, gozan del derecho a que todas sus
prestaciones sociales, y en este caso, las cesantías les sean consignadas
anualmente de forma pronta y oportuna antes de cada 15 de febrero. […]”.

[…]

“[…] 40. Así entonces, es claro que la reclamación de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria al amparo de la Ley 50 de 1990, correspondiente al pago tardío
de la cesantía anualizada 2020 resulta procedente, tras advertirse con las pruebas
que obran en el expediente, referidas previamente en el párrafo 35 de esta
sentencia, que a la demandante no le fueron consignadas oportunamente las
cesantías por el año en cita […]”.

[…]

“[…] 43. Y aunque la demandada plantea en la apelación una supuesta inaplicación
al caso concreto de la sentencia SU-098 de 2018, la Sala dirá que el supuesto fáctico
de dicho precedente judicial es plenamente aplicable al sub lite, en tanto allí se
debatió la situación de un docente oficial al que no se le consignaron oportunamente
sus cesantías, situación similar a la que ocupa ahora la Sala.

44. En efecto, independientemente del hecho de estar o no afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales, que fue algo meramente circunstancial en los
antecedentes fácticos de la sentencia SU-098 de 2018, los supuestos fácticos
esenciales que motivaron la expedición de dicho precedente judicial de la Corte
Constitucional están desarrollados a partir del numeral 62 de tal proveído, en donde
se deja en claro que existió una interpretación restrictiva de los despachos
accionados en el entendimiento de las normas que consagran la sanción moratoria
por la no consignación de cesantías, por el simple hecho de ser la demandante una
docente oficial, como exactamente sucede en el caso sub examine. […]”.

[…]

4

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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

“[…] 48. Adicionalmente, aunque el numeral 3° del artículo 1° de la Ley 52 de 1975
establece una indemnización por el pago tardío de intereses, es menester señalar
que sobre dicha norma en particular no existe precedente judicial vertical, además
de que esta Sala de Decisión, en reciente pronunciamiento y en un caso de similares
contornos jurídicos, excluyó su reconocimiento en favor de un docente, razón por
demás para denegar este tipo de indemnización por concepto de mora de intereses
objeto de apelación. […]”.

[…]

“[…] 50. Así entonces, en razón a que la sanción moratoria es una penalidad para
el Estado y por lo tanto, teniendo en cuenta que cualquier tipo de sanción ordenada
por el legislador debe ser expresa a favor de quien la reclama, no se desprende con
certeza que el artículo 3° ibídem establezca el derecho del docente al pago de la
sanción moratoria establecida en la Ley 52 de 1975, por ende, no hay lugar a su
reconocimiento, pues en caso de reconocerse comportaría una doble sanción a la
entidad empleadora.

51. Colofón de lo hasta aquí expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en
lo que respecta al numeral cuarto y en su lugar acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda. La entidad encargada de reconocer la moratoria que
ha de ordenarse en esta providencia es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, en calidad de empleador. Por lo anterior, al no existir
prueba que indique que el ente territorial haya tardado en algún procedimiento que
repercutiera con el trámite para la consignación de las prestaciones aquí
perseguidas, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FOMAG el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, que contemplan los principios de legalidad,
prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley y aplicación de los
precedentes que gobierna la actuación judicial, que se desprenden de los artículos
228, 229 y 230 de la Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo
Del Valle del Cauca EL 23 DE OCTUBRE DE 2023, cuando notificó la sentencia de
segunda instancia ya existiendo el precedente jurisprudencial fijado en Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023., a través de la
providencia por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desconociendo el precedente
jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el H. Consejo de Estado
el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad incompatible con la
Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:

“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley

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50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria
del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal

(…)

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial.”

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin
efectos jurídicos la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo Del Valle
del Cauca en sentencia del 29 de septiembre de 2023 notificada al FOMAG el 23 de
octubre de 2023 donde se confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia
del juzgado cuarto administrativo de Cartago, respecto del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 76147-33-33-004-2022-00061-y en su lugar
proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 y consecuente
con ello se denieguen las pretensiones de la demanda […]”.

8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en ii) la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, a través de auto de 16 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca; y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Guadalajara de Buga, al Departamento del Valle del Cauca, a la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, a la Fiduciaria La
Previsora S.A. y a Diana Marcela Ortiz Durán, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.

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Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que:

“[…] 3. Entonces, ante dichas aseveraciones y revisada la sentencia de segunda
instancia proferida por esta Corporación, debe indicarse que no se incurrió en el
defecto alegado, pues, el precedente jurisprudencial al que hace mención la entidad
accionante fue sentado después de proferida la providencia cuestionada.

4. En este punto debe precisarse que, si bien la sentencia fue notificada el 23 de
octubre de 2023, lo cierto es que su fecha de expedición es del 29 de septiembre de
2023 y fue convocada para ser discutida en Sala de Decisión de la misma calenda,
conforme se desprende de la convocatoria No. 094, fijada el 28 de septiembre de
2023, y la cual se adjunta al presente informe.

5. A partir de lo anterior, es claro que esta Corporación no desconoció la sentencia de
unificación del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues, para el
momento en el que se discutió el proyecto de la decisión judicial no se contaba con un
precedente único sentado por dicha Colegiatura y que fuera vinculante para el caso
estudiado. […]”

[…]

“[…] 8. Tomando como marco de reflexión lo expuesto, es claro que no se configura
la vulneración alegada por la entidad accionante; menos aún, cuando en el numeral
quinto de la parte resolutiva de la sentencia de unificación se indicó “que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”, siendo claro que dicho precedente era
de aplicación inmediata solo respecto de los procesos que se encontraran en curso;
situación que no aplicaba para el caso bajo estudio, como quiera que el mismo ya
contaba con sentencia desde el 29 de septiembre de 2023, conforme se desprende
de las actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI. […]”

11. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga solicitó
negar la acción de tutela, al señalar que:

“[…] Lo anterior, precisamente porque la sentencia de unificación emitida por el
Consejo de Estado fue profería el día 11 de octubre de 2023, pero la sentencia de
primera instancia proferida por este Juzgado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 2022-00413-00 data del 15 de
diciembre de 2022, de tal suerte que cuando el Juzgado emitió la providencia aún no
existía sentencia de unificación sobre el asunto, y por ello mal podría el Juzgado haber
desconocido el presente (sic) judicial. […]”

12. La Secretaria de Educación Departamental señaló que:

“[…] Como se adujo anteriormente, la autoridad accionada desconoció el precedente
judicial del Honorable consejo de Estado, razón por la cual le asiste al Ministerio de
Educación Nacional el derecho para reclamar por vía de tutela el restablecimiento
del orden jurídico. […]”

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[…]

“[…] Igualmente, frente al precedente judicial, el Consejo de Estado destaca que es
una obligación del Juez resolver los litigios a su cargo conforme a la línea
jurisprudencial vertical u horizontal, pues constituye una garantía para los
administrados en el sentido de generar seguridad jurídica. Así lo manifiesta el órgano
de cierre de lo Contencioso administrativo […]”

13. Diana Marcela Ortiz Durán solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela, al afirmar que:

“[…] el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, principio
que funciona como un límite a las actuaciones de las autoridades, que pretende hacer
frente a eventuales modificaciones impulsivas en su manera natural de proceder,
situación que genera un riesgo al principio de seguridad jurídica. Es decir, que esta
garantía únicamente adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del
propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que,
aunque tengan cierto tipo de fundamento legal formal sean irracionales, teniendo en
cuenta la expresión latina “venire contra factum pro-prium non valet”, la cual es la
doctrina de los actos propios que consiste en el principio general de derecho que
establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con antelación;
en otras palabras, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento
ya mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que habría actuado de
tal forma con base en la buena fe de la primera.

Así entonces, la confianza no solo se garantiza con la publicidad del texto de la Ley,
así como tampoco se agota con la mera adscripción nominal del principio de legalidad,
sino que también debe ser vista bajo la órbita de la protección a las expectativas
legítimas de los ciudadanos, de que la interpretación y aplicación de la Ley por parte
de jueces y cuerpos colegiados será razonable, consistente y uniforme. En
consecuencia, la conducta del Estado como administrador de justicia no se agota con
el solo juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico
individual, ya que no se trata de realizar un estudio sobre la validez de la sentencia,
sino de la razonabilidad de una conducta del Estado, que conlleva una dimensión de
los principios de continuidad y unidad de la jurisdicción […]”.

14. La Fiduciaria La Previsora S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

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cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.

11

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“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

28. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.

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29. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás

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derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

34. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29
de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200413-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

37.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333002202200413-01.

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

38. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente25:

“[…] De lo anterior se concluye que, en primer término, en el FOMAG no hay cuentas
individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las
cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al
fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Para mayor claridad del tema, el esquema descrito lo soporta un conjunto de normas
que indican cómo se apropian los recursos que conforman el patrimonio autónomo
del FOMAG, incluidas las cesantías y sus intereses (Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley
715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13), normas que soportan

25 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.

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el régimen especial del Magisterio, que finalmente deben interpretarse en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3752 de 2003. Es así
como este procedimiento surte las siguientes fases: […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta que el procedimiento descrito, ha de entenderse que
involucra los recursos de las cesantías y sus intereses, de lo cual se puede concluir
que anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías,
ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada
vigencia, bajo el principio de unidad de caja. Esta actuación es probatoriamente
demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y
administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de
Educación Certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones
económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de
cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas fueron
puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de cuentas
individuales para cada uno de los afiliados, configurándose así la imposibilidad
jurídica de acudir a su creación por vía de una orden judicial, como lo pretende el
demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja
expresamente dispuesto para su administración. […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la
sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario
del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de
las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías
de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción. […]”.

[…]

“[…] i. Defecto material o sustantivo: Por cuanto en el momento de proferir sentencia
se relacionan las normas que si bien rigen lo pertinente con la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, no se
estudiaron los supuestos facticos y jurídicos especiales que eran necesarios para
definir el litigio atendiendo a la regulación contenida en la Ley 91 de 1989, la cual no
es analizada de manera correcta en el escrito de sentencia, providencia que es de
suma importancia, ya que omitió tener en cuenta los presupuestos legales
establecidos en la norma mencionada con antelación, pues el principio de unidad de
caja el cual establece que las cesantías de los docentes adscritos al FOMAG no se
administran en cuentas individuales, además de ignorar los procedimientos
realizados por el ente territorial, el Ministerio de Educación y la FIDUPREVISORA
S.A. de manera mensual con respecto a los recursos destinados a las cesantías; el
análisis realizado en primera instancia frente a los supuestos propios que se
presentan en el caso concreto, a fin de decidir o por lo menos realizar una
sustentación o motivación frente a la procedencia y responsabilidad que se aduce
al FOMAG, máxime cuando como se ha mencionado, existe norma que de forma
clara, concreta y expresa, regula el trámite y manejo de los dineros destinados a la
transferencia de las cesantías de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. […]”.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, NOTIFICA la decisión de confirmar
la sentencia de primera instancia con posterioridad a la EJECUTORIA de la

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Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023,
proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
radicado interno No. 5746- 2022, desconociendo abiertamente el precedente de
unificación jurisprudencial. […]”.

[…]

“[…] Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la
Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto
de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que, si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

En suma y teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la indebida aplicación
normativa por parte de los accionados, pues al ordenar el pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, se desconoce de manera directa la
existencia de normatividad especial existente desde 1989 la cual regula de manera
específica el manejo de la seguridad social de los docentes adscritos al FOMAG y
en el caso concreto, lo referente a las cesantías y los intereses a las cesantías,
concretando que ha de tenerse en cuenta el PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA
regente de la Ley 91 de 1989 y ampliamente expuesto en la presente acción
constitucional. […]”.

[…]

“[…] • APLICACIÓN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-032-CE-S2-2023 DE 11
DE OCTUBRE DE 2023

A efectos de dar contexto a los Honorables Consejeros, consumo respeto, me
permito hacer referencia a la no aplicación que han generado los accionados, con
ocasión de la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre
de 2023, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del radicado interno No. 5746- 2022, en todos los procesos que se
encuentran en curso donde se pretende la sanción moratoria contenida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de que trata la Ley 52 de 1975 para los
docentes oficiales amparados por régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989,
decisión que se constituye como precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011.

Es de precisar que, la Corte Constitucional ha indicado en repetidos
pronunciamientos que las decisiones del Consejo de Estado como autoridad de
cierre de lo contencioso administrativo tienen el carácter de vinculantes, por ser
emanadas de un órgano encargado de unificar jurisprudencia y en virtud de los
principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica establecidos en la Constitución
Política en sus artículos 13 y 83.

En este sentido, la unificación jurisprudencial ha tomado una relevancia especial
desde la expedición de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, convirtiéndose en
normas de carácter obligatorio y vinculante, tal como lo ha considerado la Corte
Constitucional en Sentencia C-179 de 2016, en la cual expresó: […]”.

[…]

“[…] Para resolver dicho interrogante es necesario que el Despacho considere que
la entidad por mi representada no desconoce la normativa y jurisprudencia que

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existe al respecto del trámite existente para la transferencia de los dineros
destinados a las cesantías de los docentes oficiales, sin embargo, dentro del
presente caso se tiene que se presentaron un defecto conforme se ha expuesto a lo
largo del presente escrito. Es entonces que al analizar con detalle el caso objeto de
estudio se tiene que, a la parte demandante no le asiste derecho al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria en virtud de lo contenido en la ley 50 de 1990, se
desconoció de forma arbitraria por el Despacho Judicial lo contemplado en la Ley
91 de 1989, principalmente en lo correspondiente al principio de unidad de caja.

Es entonces, que se evidencia sin lugar a dubitación que dentro de la motivación de
la sentencia objeto de la presente acción, NO se realiza mención, ni siquiera un
análisis superfluo de la norma referida, teniendo en cuenta que la misma resulta de
vital importancia atendiendo a los hechos objeto de la controversia.

El demandante se encuentra afiliado al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, por tanto el régimen legal aplicable no es otro que
el dispuesto en la Ley 91 de 1989, por consiguiente, resulta claro que NO LE SON
APLICABLES las disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990, pues como este
es exclusivo para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad
que no ostenta el FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es
el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

De otro lado, resulta imperioso resaltar que según se desprende del certificado de
extracto de intereses a las cesantías, la anualidad 2020 fue pagada al docente
dentro de los tiempos señalados en el artículo 4 del Acuerdo 39 de 1998 expedido
por el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Conforme a lo previamente expuesto, es claro que NO le asiste derecho al
demandante al pago de la Indemnización moratoria por consignación extemporánea
de las cesantías, así como TAMPOCO al pago de Indemnización Moratoria por
consignación extemporánea de intereses a las cesantías, ya que es claro que las
disposiciones de la Ley 50 de 1990 no son aplicables a los docentes afiliados al
FOMAG, y en cualquier caso al efectuar el estudio conforme a lo contemplado en la
Ley 91 de 1989, se deduce que el pago se efectuó conforme a lo señalado en la ley
[…]”.

39. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

40. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por la actora en
su escrito de tutela, en el caso sub examine, se plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que

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ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

41. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha señalado:

“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.

42. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 27 señaló lo
siguiente:

“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202128, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas

26 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de

2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
28 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES
PACHECO GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López”.

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cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.

43. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente29:

“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.

La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.

La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201930, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.

44. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración

30 M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

45. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

46. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, se deje sin efectos la sentencia de 29 de septiembre
de 2023, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o
relevancia constitucional.

47. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

48. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación de la autoridad judicial accionada, es decir, la
actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del
juez natural y reabrir un debate legal y económico concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante

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Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

49. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia por la actora, no se evidencian en el caso
sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y
respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional.

50. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.

52. La Sala precisa que, si bien i) la actora invoca como desconocida una sentencia
de unificación de 11 de octubre de 2023 y ii) la providencia cuestionada fue proferida
el 29 de septiembre de 2023 y notificada el 23 de octubre de 2023, el hecho de que
esta haya sido notificada con posterioridad a la fecha en que se profirió dicha
sentencia de unificación, no implica que debió haber sido modificada.

53. En efecto, la sentencia de unificación invocada previó de forma expresa que las
reglas allí contenidas aplicarían de forma inmediata a todos los casos que
estuvieran pendientes de solución, sin que se hubiere hecho precisión alguna para
los casos en los que ya hubiese decisión judicial de segunda instancia, así:

“[…] 196. Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de dar
efectos prospectivos a la presente decisión, toda vez que no restringe el acceso a la

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Núm. único de radicación: 110010315000202400093-00
Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

administración de justicia ni afecta los derechos adquiridos o fundamentales de las
partes y se adopta el mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la regla
jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones
ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio
de seguridad jurídica, son inmodificables […]”.

Conclusiones de la Sala

54. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela, por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la
actora contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

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Actor: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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