Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00139-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00139-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00139-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00139-00
Demandantes: Luis Henry Campaña Rentería
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Relación laboral encubierta y pago de prestaciones
sociales / Cesión de contrato de prestación de servicios / Defecto
fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Luis Henry Campaña Rentería, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Luis Henry Campaña Rentería promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 660012333000201700178/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra del municipio de Pereira con el fin de que se anulara
el acto administrativo por el cual se le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas con ocasión de los
servicios proporcionados a través del contrato de prestación de servicios del 1 de
febrero del 2004.
1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020240013900. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00139-00
Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
ii) El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia del 29 de noviembre de 2019
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en virtud del principio de
primacía de la realidad al considerar que se configuró el elemento de la
subordinación, pues, es claro que su función como celador y/o vigilante no le
otorgaba ningún grado de libertad; sin embargo, declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción. En contra de esta decisión apelaron ambas partes.
iii) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del
23 de octubre de 2023 modificó lo resuelto por el a quo, en cuanto (i) precisó que la
fecha de terminación de la relación laboral encubierta fue el 30 de enero de 2016 y
no el 31 de diciembre de 2016, razón por la cual ordenó el reconocimiento de las
prestaciones hasta esa fecha y (ii) ordenó descontar de la liquidación final, el valor
de las prestaciones sociales que ya le fueron reconocidas en virtud de los contratos
individuales de trabajo suscritos para los períodos comprendidos entre el 1° de
enero y el 7 de octubre de 2010, el 8 de octubre y el 11 de diciembre de 2010 y el
1° de enero y el 30 de junio de 2011.
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto
fáctico, por existir una incongruencia entre la conclusión y los medios probatorios
allegados al proceso para determinar la fecha de finalización de la relación laboral,
pues, a su juicio, del acervo probatorio se desprende que el contrato de prestación
de servicios 11100613 del 1° de febrero de 2016 fue cedido a Luis Henry Campaña
Rentería y no a Álvaro Avelino Camacho Asprilla, y que esto también se desprende
de la constancia de cumplimiento de los contratos expedida el 30 de noviembre de
2016 por la directora administrativa de Prestación del Servicio Educativo y
Administración de Plazas Docentes, en la que se indicó que el contrato cedido inició
el 4 de mayo de 2016 y culminó el 31 de diciembre de 2016.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] se conceda el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia de lo anterior
1. Déjese sin efectos y valor el numeral primero de la sentencia de fecha octubre 23 de
2023 notificada por correo electrónico en noviembre 15 de 2023, emitida el
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor LUIS HENRY CAMPAÑ
RENTERIA en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, radicado con el No.
66001233300020170017801 (3024-2020).
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
2. Modificar el numeral cuarto de la sentencia de fecha octubre 23 de 2023 notificada por
correo electrónico en noviembre 15 de 2023, emitida el HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
el señor LUIS HENRY CAMPAÑA RENTERIA en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA,
radicado con el No. 66001233300020170017801 (3024-2020), indicando que el período
sobre el cual tendrá que hacer dicho reconocimiento es el delimitado entre el 2 de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 […]» (sic).
1.2. Informe rendido en el proceso
1.3.1. El municipio de Pereira2 precisó que el Consejo de Estado en la sentencia
de segunda instancia decidió modificar la decisión del a quo, en razón a que este
no tuvo en cuenta la cesión del contrato 11100613 a Álvaro Abelino Camacho
Asprilla, por lo cual sí hizo una valoración probatoria debida. Asimismo, manifestó
que se acogería a la sentencia proferida por el Consejo de Estado.
1.2.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda3 si bien allegó copia del expediente
digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
1.2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues del relato de
los hechos no se evidencia alguna acción u omisión atribuible a esta entidad, así
como tampoco se vislumbró que pueda ser destinataria de alguna orden del juez
constitucional, razón por la cual sostuvo que tampoco intervendrá en la tutela.
1.2.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5 precisó que
frente al contrato cedido, no se indicó la fecha de perfeccionamiento, luego
entonces, no se podría tener como fecha de inicio de la cesión el 1° de febrero de
2016 y al no tener la certeza de por cuánto tiempo se ejecutó dicho contrato, no se
podría otorgar un reconocimiento económico respecto de este encargo, razón por
la cual se acudió a la fecha de terminación del último contrato obrante en el
expediente del cual sí se tenía la certeza de que se ejecutó por el demandante hasta
el 30 de enero de 2016.
Por otra parte, también hizo alusión a que la pretensión principal de la solicitud de
amparo era susceptible de ser decidida en el trámite ordinario, a través de una
solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia.
2 Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240013900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTATUTELALUS(.pdf) NroActua
10».
3 Ver índice 11 de Samai en el expediente 11001031500020240013900. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_66001233300020170017(.zip) NroActua 11».
4 Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020240013900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf) NroActua
12».
5 Ver índice 14 de Samai en el expediente 11001031500020240013900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIAL_CONTESTATUTELA(.pdf)
NroActua 14».
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa por
pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del
problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,6 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela,
la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]»
Ahora bien, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó que en
relación con esa entidad se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, no se vislumbra que pueda ser destinataria de alguna orden del juez
constitucional; además, precisó que no intervendrá en esta acción de tutela según
el artículo 610 del CGP.
Al respecto, se advierte que el artículo 19911 del CPACA preveía que en aquellos
procesos en los que fuera demandada una entidad pública se debía realizar la
notificación del auto admisorio a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Sin embargo, dicha disposición fue modificada por el artículo 48 de la Ley
2080 de 2021, en los siguientes términos:
«En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados
intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de
2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto
admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón
de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta
comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la
facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma
forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa
y de las sentencias» [se resalta].
Así las cosas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debe enviársele
copia del auto admisorio junto con la demanda y sus anexos con el fin de que dicha
autoridad decida si interviene en la actuación judicial, en los términos del artículo
610 del CGP; de manera que la remisión que se hace del asunto no implica su
vinculación al proceso como parte o tercero, sino a título informativo, cuyo propósito
es que sea esta la que decida sobre su participación en la actuación judicial.
Ahora bien, revisado el expediente, se advierte que en el presente trámite la anterior
actuación se agotó; sin embargo, en el auto admisorio de la solicitud de tutela se
ordenó su vinculación «en calidad de tercero con interés»12. Al respecto, se aclara y
reitera que comoquiera que el envío del auto admisorio tiene la finalidad de
comunicarle acerca de su existencia, es decir con un carácter informativo, no debió
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 «[…] En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una
entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se
aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior. ll La notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los
documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada». [resalta la Sala]
12 Índice 5 del aplicativo Samai.
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ser vinculada al trámite constitucional, sino que solo debió ordenarse poner en su
conocimiento. Así las cosas, ante la manifestación de la entidad de no tener interés
de intervenir en la decisión, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indicó en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena15, adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,17 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.18
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, vulneró los derechos fundamentales de Luis Henry Campaña Rentería con
ocasión de la sentencia del 23 de octubre de 2023, a través de la cual, en segunda
instancia, si bien reconoció la existencia de una relación laboral encubierta, aclaró
que la fecha en que esta se terminó fue el 30 de enero de 2016 y no el 31 de
diciembre de 2016, al incurrir, presuntamente, en defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas allegadas al expediente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La autoridad judicial demandada resaltó que la pretensión que se invoca por vía de
tutela es susceptible de ser decidida en el trámite ordinario a través de una solicitud
de aclaración y/o corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286
del CGP, respectivamente; por lo tanto, la solicitud de amparo no cumplió con los
requisitos de procedibilidad adjetiva, en particular, el de la subsidiariedad.
Al respecto, la Sala encuentra necesario abordar el análisis de las figuras
procesales aludidas:
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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De conformidad con el artículo 285 del CGP, aplicable por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, las sentencias son susceptibles de aclaración dentro del
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, cuando contengan conceptos
o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que se encuentren
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.
En relación con la aclaración de las providencias, el Consejo de Estado ha
establecido lo siguiente19:
«Por regla general y para evitar la inseguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por
el mismo juez que la dictó, quien, una vez la ha proferido, pierde competencia para volver
sobre el asunto por él resuelto, de manera que no tiene la facultad para revocarla ni
reformarla y sólo, por excepción, podrá aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos
términos en que se regulan dichos supuestos por la ley procesal (…).
“Aclarar, según ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia, en las voces del propio
artículo 309 del C. de P. Civil significa explicar conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén presentes en la parte resolutiva de la
sentencia o que influyan en ella, ‘…pero jamás puede implicar cambios de fondo en la
providencia…’.20
“Para que sea procedente la aclaración es menester que en ella se encuentren
conceptos que se presten a interpretaciones diversas o que generen incertidumbre21,
razón por la cual, si la aclaración se da por solicitud de una de las partes, estará a su
cargo la indicación de las frases o conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda.
“Igual situación se presenta respecto de los autos, de conformidad con el inciso final del
artículo 309 ibídem, según el cual la aclaración de auto procederá de oficio o a petición
de parte dentro del término de su ejecutoría.» (sic).
Así, la aclaración de la sentencia se torna en un instrumento conferido a las partes
y al juez, para dar claridad, alcance y explicación sobre conceptos o frases
provenientes de una redacción que dificulta el entendimiento de la sentencia;
conceptos de difícil comprensión que son relevantes en la decisión, pues integran
la parte resolutiva de la sentencia o inciden en ella. No obstante que la ley faculta al
juez para el ejercicio de esa potestad, ello no significa que, al aclarar la decisión,
pueda revocarla o reformarla.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 287 del CGP, las sentencias son
susceptibles de adición dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte, cuando omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento. Dicho artículo, señala:
19 «Sección Tercera, Sentencia del 21 de mayo de 2008, Exp. 2005-00022-01. MP. Ruth Stella
Correa Palacio».
20 «Sección Tercera, Sentencia del 4 de julio de 2002. Exp. 21.217. MP. Alier E. Hernández
Enríquez».
21 «López Blanco Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Séptima Edición, 1997, pág. 608».
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«Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal».
De lo anterior, se tiene que la adición de la sentencia es la oportunidad en la cual
el juez puede, de oficio o a petición de parte, constatar la ausencia de decisión o
resolución de uno de los extremos de la litis o de cualquier aspecto que debía ser
objeto de pronunciamiento expreso.
En este orden de ideas, dicho instrumento procesal le permite al juez complementar
las omisiones en que pudo haber incurrido en el momento de dictarse una
providencia judicial, es decir, se faculta al operador judicial para que, ante la
verificación de la falta de pronunciamiento en relación con un determinado punto
de la controversia, se realice a través de sentencia complementaria, en la cual se
resuelvan los supuestos que no fueron objeto de análisis y por consiguiente de
decisión.
Lo anterior, no implica una nueva oportunidad para reabrir el debate probatorio o
jurídico propio de la providencia que se complementa, pues de ser así, la solicitud
deberá rechazarse por desnaturalizar el objeto de dicho instrumento procesal.
Esta Corporación, al hacer alusión al tema relacionado con la adición de las
providencias judiciales, dijo lo siguiente22:
«(…) La adición de la sentencia es un instrumento procesal que el legislador otorga a la
autoridad judicial que la emite y a las partes interesadas en la causa dentro de la cual
se profiere, para suplir las omisiones de contenido que se llegaren a presentar en cuanto
a la decisión de cualquiera de los extremos debatidos en el proceso y de cualquier otro
punto que debiera resolver (…) Conforme con la norma transcrita, hay lugar a adicionar
la sentencia cuando en ésta se omite la resolución de cualquiera de los extremos de la
litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de
pronunciamiento (…)».
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 25000-23-27-
000-2005-90122-01. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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Ahora bien, la solicitud de adición no resulta incompatible con el principio de la
inmutabilidad de la sentencia y, por consiguiente, en virtud de aquella, no es posible
introducir ninguna modificación a lo ya definido, pues se trata de proveer
adicionalmente algo, no de tocar o reformar lo que ya ha sido resuelto.
Así, precisados los aspectos normativos generales atinentes al procedimiento y
causales de aclaración y la adición de las sentencias, procede la Sala a resolver el
caso en concreto:
A juicio del tutelante, la corporación judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto fáctico por la incongruencia entre la conclusión
y los medios probatorios allegados al proceso para determinar la fecha de
finalización de la relación laboral, pues, del acervo probatorio se desprende que el
contrato de prestación de servicios 11100613 del 1° de febrero de 2016 fue cedido
a Luis Henry Campaña Rentería y no a Álvaro Avelino Camacho Asprilla, y que esto
también se desprendía de la constancia de cumplimiento de los contratos expedida
el 30 de noviembre de 2016 por la directora administrativa de Prestación del Servicio
Educativo y Administración de Plazas Docentes, en la que se indicó que el contrato
cedido inició el 4 de mayo de 2016 y culminó el 31 de diciembre de 2016; de manera
que no debieron modificarse los extremos procesales de la relación laboral
reconocida.
Al respecto, la Sala advierte que los argumentos expuestos en sede de tutela no
pueden ser alegados a través de los mecanismos ordinarios de la aclaración o
adición de la sentencia. En efecto, la parte resolutiva de la decisión no contiene
conceptos o frases que ofrezcan algún motivo de duda y que por ende requieran ser
aclarados. Por el contrario, la decisión allí adoptada es comprensible en su
integridad y contenido y no se presta para confusión alguna o que exhiba cierta
situación que merezca ser aclarada.
Tampoco se advierte que se configuren los supuestos del artículo 287 del CGP,
pues no se omitió resolver algún extremo de la litis o cualquier otro punto que
debiera ser objeto de pronunciamiento; al contrario, la discusión en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta fue resuelto en su integridad.
En este orden de ideas, dichos instrumentos procesales no pueden servir para
controvertir la decisión pues resultan ajenos al propósito perseguido con la acción
constitucional, en la que se alega una indebida valoración probatoria, que conduciría
a la postre en una modificación de la decisión impugnada en tutela.
Así las cosas, Luis Henry Campaña Rentería no cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para garantizar los derechos fundamentales
invocados, razón por la cual debe acudir a la acción de tutela para su cometido
constitucional de protección.
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
En consecuencia, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional23, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,24 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».25 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».26
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5. Caso concreto
Luis Henry Campaña Rentería acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, se modificara la sentencia proferida
el 23 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, en el sentido de que se indicara que la relación laboral encubierta culminó el 31
de diciembre de 2016 y no el 30 de enero de ese año y que por lo tanto el
reconocimiento prestacional tenía lugar hasta esa fecha.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico
por la incongruencia entre la conclusión y los medios probatorios allegados para
determinar la fecha de finalización de la relación laboral, pues, del acervo probatorio
se desprende que el contrato de prestación de servicios 11100613 del 1° de febrero
de 2016 se le cedió a Luis Henry Campaña Rentería y no a Álvaro Avelino Camacho
Asprilla, asimismo que de la constancia de cumplimiento del contrato expedida el
30 de noviembre de 2016 por la directora administrativa de Prestación del Servicio
Educativo y Administración de Plazas Docentes, se desprende que el contrato
cedido inició el 4 de mayo de 2016 y finalizó el 31 de diciembre de 2016.
23 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
24 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
25 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
26 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A en la sentencia acusada para
establecer la fecha en la cual finalizó la relación laboral encubierta27:
«[…] En conclusión, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante
y la entidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda se encuentra ajustada a derecho.
No obstante, se deberá modificar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia
para aclarar los períodos sobre los cuales se encuentra acreditada la relación laboral
encubierta o subyacente que se reconoce. Lo anterior por cuanto, tal como se explicó en
la tabla obrante en el acápite de hechos probados de esta sentencia, el contrato de
prestación de servicios 11100613 del 1° de febrero de 2016, tenía un plazo de ejecución
inicial de 11 meses, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2016, por tal razón el Tribunal
dispuso el reconocimiento prestacional hasta esa última fecha; sin embargo, dicho
contrato fue cedido al señor Álvaro Abelino Camacho Asprilla, previa autorización
de la entidad contratante, según consta en el documento obrante en el folio 107.
En el acto de cesión referido no se indicó la fecha de perfeccionamiento; empero, se
afirmó que el 14 de abril de 2016 se solicitó la autorización para ese proceso a la
Secretaría de Educación, argumentando motivos personales del contratista.
En suma, no se tiene certeza de por cuanto tiempo ejecutó el contrato 11100613 el señor
Campaña Rentería, de suerte que no pueda realizarse un reconocimiento económico
respecto de este encargo. Así las cosas, deberá acudirse a la fecha de terminación del
último contrato del cual se tiene certeza ejecutó el demandante, es decir, el 30 de enero
de 2016 (contrato 039) […]» (sic). [Se resalta].
A tal conclusión llegó luego de relacionar, en el capítulo «2.3. Hechos probados» las
órdenes de prestación de servicios, en donde se indicó que el Contrato 11100613
del 1° de febrero de 2016 «tenía un plazo de ejecución inicial de 11 meses; sin embargo,
fue cedido y no se indicó la fecha de perfeccionamiento de ello. En el acto de cesión se
indicó que el 14 de abril de 2016 se solicitó la autorización para ese proceso a la Secretaría
de Educación». Además, se relacionó la «certificación de la [directora administrativa de
prestación de servicio educativo y administración de plazas docentes de la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira] del 30 de noviembre de 2016, en la que se indica que
fueron ejecutados 49 contratos de prestación de servicios».
Como se observa, en la sentencia cuestionada en sede de tutela, se valoraron los
documentos referidos por el tutelante, pues se reconoció como prueba la constancia
de cumplimiento de un contrato expedida el 30 de noviembre de 2016 por la
directora administrativa de Prestación del Servicio Educativo y Administración de
Plazas Docentes; sin embargo, no se hizo ningún análisis en relación con la
información que en tal documento se consignaba, el cual relacionaba los contratos
suscritos por Luis Henry Campaña Rentería con el municipio de Pereira, e indicaba
27 Índice 9 del aplicativo Samai, documento denominado «012_Sentencia».
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que el contrato 11100613 inició el 4 de mayo de 2016 y finalizó el 31 de diciembre
de 2016, así28:
Ahora bien, al expediente ordinario se aportó el documento denominado «Cesión del
contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión 11100613 del 01 de febrero de
2016 celebrado entre el municipio de Pereira y Camacho Asprilla Álvaro Abelino a favor de
Campaña Rentería Luis Henry», en el que se señaló que el primero es el cedente y el
último el cesionario; que Álvaro Abelino Camacho Asprilla celebró el contrato
11100613 con el municipio y luego solicitó autorización para cederlo al tutelante
quien demostró el cumplimiento de los requisitos de experiencia e idoneidad para
desarrollar el objeto contractual, razón por la cual la entidad aceptaba la cesión
contractual, así:
28 Índice 11 del aplicativo Samai.
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
«CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN N° 11100613 DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PEREIRA Y CAMACHO ASPRILLA ALVARO ABELINO A FAVOR DE
CAMPAÑA RENTERÍA LUIS HENRY
CAMACHO ASPRILLA ALVARO ABELINO, mayor de edad, identificado con la cédula
dé ciudadanía N°4.840.063 expedida en Novita, actuando en nombre propio, quien para
los efectos del presente documento se denominará EL CEDENTE y CAMPAÑA
RENTERIA LUIS HENRY, mayor de edad, y vecina de Pereira, identificada con la cédula
de ciudadanía N°4.813.495 expedida en Bagado, actuando en. nombre propio y que para
los efectos del presente documento se denominará el CESIONARIO, quien bajo
juramento afirma no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás
disposiciones vigentes sobre la materia, hemos decidido suscribir la presente cesión del
contrato de prestación de servidos de apoyo a la gestión N° 11100613 del 01 de febrero
de 2016, la cual se entiende consentida expresamente por el señor Secretario de
Educación del Municipio de Pereira DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA,, mayor
de edad identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.01.3.212 expedida en Pereira,
en su calidad de Secretario de Educación del Municipio de Pereira, según consta en el
acta de posecion (sic) N°010 del 01 de enero de 2015, el cual fue nombrado mediante
Decreto 002-del 01 de enero de 2016, y que fue delegado por el señor Alcalde Municipal
mediante Decreto 128 del 29 de enero de 2016 en concordancia con el Decreto 559 del
25 de julio - Por el cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira
• para contratar el personal de apoyo operativo y asistencial requeridos para garantizar
la prestación del servicio educativo en los planteles educativos oficiales y de la planta
central de la Secretaria de Educación de Pereira, y en ejercicio de la competencia
otorgada por la Ley 80 y que para efectos del siguiente contrato se denominará EL
MUNICIPIO.
La presente cesión se regirán (sic) por las cláusulas que se enuncian a continuación,
previas las siguientes consideraciones:
1. Que el municipio suscribió con EL CEDENTE el Contrato de Prestación de Servicios
de apoyo a la Gestión N°11100613 del 01 de febrero de 2016 cuyo objeto es: “Prestación
de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera, por necesidad del servicio”.
2. Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016, pactado en la Cláusula Quinta del
mismo, fue por ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio;
en todo caso, el término del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de diciembre
de 2016.
3. Que el valor pactado en, la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación; de Servicios
de Apoyo a la Gestión, N° 11100613 del 01 de febrero de 2016, es por la suma, de DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS ($12.855.469), según certificado presupuestal 883 del 28 de enero de
2016 y compromiso presupuestal N° 226 del 29 de enero de 2016.
4. Que a través de oficio con fecha 14 de abril de 2016 el señor CAMACHO ASPRILLA
ALVARO ABELINO, le solicitó a la Secretaría de Educación del Municipio de
Pereira, autorizar la cesión del contrato N° 11100613 del 01 de febrero de 2016,
argumentando que tiene motivo personales y no puede ejecutar el contrato.
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5. Que a través de este documento el municipio acepta la cesión del Contrato de
Prestación, de Servicios de Apoyo a ¡a Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016,
propuesta por el CEDENTE, teniendo en cuenta la necesidad del Municipio de que el
objeto contractual se ejecute en su totalidad.
6. Que la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, hace contar (sic) que
CAMPAÑA RENTERIA LUIS HENRY cumple y demuestra tos requisitos de experiencia
e idoneidad para desarrollar el objeto del contrato que se pretende ceder.
7. Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normalidad vigente se
desprende que esta Cesión del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016, cuyas cláusulas se enuncian a
continuación es jurídicamente viable.
PRIMERA. OBJETO: EL CEDENTE cede el Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016, a favor de EL CESIONARIO.
SEGUNDA. Mediante el presente acuerdo EL MUNICIPIO acepta la cesión del Contrato
de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N* 11100613 del 01 de febrero de
2016, propuesta por EL CEDENTE.
TERCERA. EL CESIONARIO acepta la cesión del Contrato de Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016,
CUARTA. VIGENCIA. Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión N° 11100613 del 01 de febrero de 2016, continúan vigentes.» [Se
resalta]. (sic).
Expuesto lo anterior, se advierte que, si bien la autoridad judicial demandada
reconoció la existencia del contrato de cesión y del certificado que daba cuenta de
la prestación del servicio, lo cierto es que desconoció que de tales documentos
emerge clara y objetivamente el rol del tutelante en la aludida cesión y los extremos
temporales de la relación contractual, documentos que fueron allegados con la
demanda y decretados como prueba en la oportunidad correspondiente.
Dicho esto, resultaba equivocado concluir que «el contrato de prestación de servicios
11100613 del 1° de febrero de 2016 […] fue cedido al señor Álvaro Abelino Camacho
Asprilla», pues lo cierto es que el beneficiario de esa cesión, tal y como se afirmó en
el escrito de tutela, fue Luis Henry Campaña Rentería, en calidad de cesionario; es
decir fue quien finalmente ejecutó el objeto contractual, como consecuencia de la
autorización de cesión expedida por la entidad territorial; lo que generó una omisión
en la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos»29
alegados por el demandante, pues esto se logra apreciar de la autorización del
contrato de cesión y del certificado tantas veces referido y expuestos en líneas
anteriores.
Tal omisión redunda en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de Luis Henry Campaña
Rentería, pues tal valoración probatoria tuvo la entidad de incidir de manera
29 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
determinante en la decisión que adoptó la autoridad judicial, de forma que resulta
en un manifiesto error en el juicio valorativo que impone la intervención del juez de
tutela; de manera que, a juicio de esta Sala, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa, razón
por la cual se accederá al amparo solicitado.
En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 23 de octubre de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
66001233300020170017801, y ii) se le ordenará que, en el término de 20 días,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un
pronunciamiento de reemplazo en el que valore el contenido del documento
denominado «Cesión del contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión
11100613 del 01 de febrero de 2016 celebrado entre el municipio de Pereira y Camacho
Asprilla Álvaro Abelino a favor de Campaña Rentería Luis Henry» de cara a la información
consignada en el certificado expedido el 30 de noviembre de 2016 por la directora
administrativa de Prestación del Servicio Educativo y Administración de Plazas
Docentes del municipio de Pereira, de conformidad con los argumentos expuestos
en precedencia.
Con todo, se precisa que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado preserva su criterio y autonomía para adoptar la decisión de fondo a que
haya lugar, pues la intervención del juez de tutela debe respetar el margen de
apreciación de que goza el juez natural de la causa, a quien le corresponderá
realizar un análisis objetivo, racional, y riguroso de las pruebas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Luis Henry Campaña Rentería, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Tercero. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 23 de octubre de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
660012333000201700178/01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00139-00
Demandante: Luis Henry Campaña Rentería
Cuarto. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, en el
término de 20 días, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia. Al respecto, se resalta que, en
todo caso, el juez natural del asunto preserva su criterio y autonomía para adoptar
la decisión de fondo a que haya lugar.
Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
17
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