Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00147-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00147-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00147-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de abril de 2024
Demandante: Rodolfo Peña Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00147-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00147-01
Demandante: RODOLFO PEÑA CASTRILLÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Revoca improcedencia y en su
lugar niega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Rodolfo Peña Castrillón
contra la sentencia de 12 de febrero de 2024, por medio de la cual la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Rodolfo Peña Castrillón radicó el 15 de enero de 20241 la presente acción de
tutela, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad.
Las mencionadas garantías constitucionales, las consideró vulneradas por parte del
Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la sentencia de 21 de septiembre
de 2023, por medio de la cual confirmó el fallo de 14 de diciembre de 2021 proferido
por el Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en la que se negaron
las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
73001-33-33-003-2019-00137-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO (Art. 29 C.N.) y la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que le asisten al señor
RODOLFO PEÑA CASTRILLON, los cuales han sido vulnerados por la SALA DE
ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA, quien en la
sentencia proferida el día 21 de Septiembre de 2023, expedida al resolver recurso
de apelación presentado dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por RODOLFO PEÑA
CASTRILLON en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES distinguido con el
Radicado N° 2019-00137, dispuso negar la reliquidación y el reajuste de los
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sueldos básicos devengados en servicio activo y de la asignación de retiro
legalmente reconocida, así como dispuso condenar en costas a la parte
demandante; incurriendo en las causales contempladas por la sentencia C – 590
de 2005 bajo los nomen iuris de “DEFECTO SUSTANTIVO”, “DEFECTO
FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE”, “VIOLACIÓN DIRECTA
DE LA CONSTITUCIÓN”, “DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN” y “DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO”.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la
sentencia proferida el 21 de Septiembre de 2023 por la SALA DE ORALIDAD DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA, la cual fue proferida dentro del
trámite del Medio de Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO promovido por RODOLFO PEÑA CASTRILLON en contra de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado N° 2019- 000137, mediante la
cual se negó la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos devengados en
servicio activo y de la asignación de retiro legalmente reconocida al señor
RODOLFO PEÑA CASTRILLON.
Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral SEGUNDO (2),
ORDENAR a la SALA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TOLIMA que dentro del término no mayor a ocho (08) días hábiles siguientes al
momento en que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual se resuelva lo
siguiente […]2
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
Mediante la Resolución 161 de 2014 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
concedió una asignación de retiro al actor por los servicios prestados en el Ejército
Nacional.
Según el actor, en el lapso entre 1997 y 2004, existieron años en los que su salario
tuvo aumentos por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), circunstancia que
afectó el cálculo de sus prestaciones, motivo por el cual, inició un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
El proceso fue conocido por el Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué que, con fallo de 14 de diciembre de 2021, negó las pretensiones. Como
sustento, resaltó que si bien no es posible realizar aumentos inferiores al IPC para
quienes devengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cierto
es que para calcular dicho monto debe tenerse en cuenta no solo el salario base, sino
también todas «las primas, bonificaciones y demás reconocimientos efectuados por el
Ejército Nacional al accionante de forma periódica, tales como las primas de actividad,
prima de antigüedad, etc, pues todos ellas constituyen salario». Con la inclusión de
estos factores concluyó que el actor sí devengó más de 2 SMLMV y, por lo tanto, no
podía beneficiarse de la prerrogativa ya señalada.
Inconforme con esta decisión, el señor Peña Castrillón interpuso recurso de apelación,
en este expresó que el juez desconoció que el Tribunal Administrativo del Tolima ya
había resuelto casos como el suyo y que, en aquellos, había accedido al reajuste de
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Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
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los salarios en los que el incremento fue inferior al IPC. Para ello mencionó la sentencia
de 23 de septiembre de 2020 dentro del expediente «2017-00308-01».
Aseguró que para la determinación de si se devengaron menos de 2 SMLMV solo
podían tenerse en cuenta el salario básico según consta en su hoja de servicios, sin
las demás prestaciones, siendo esta la interpretación que considera adecuada a los
postulados contenidos en las sentencias C -1017 de 2003 y C-931 de 2004. Esto, por
cuanto, a su juicio, una lectura distinta implicaría que ningún servidor público se
pudiera beneficiar de dicha postura.
Por otra parte, acudió a providencias del Tribunal Administrativo de Quindío y los
Juzgados Administrativos 11 y 24 del Circuito Judicial de Bogotá en los que se ha
accedido al reajuste deprecado.
Igualmente, realizó una exposición respecto del derecho a la movilidad salarial, la
favorabilidad en materia laboral y frente al deber de mantener el poder adquisitivo de
los sueldos.
La alzada fue desatada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que con sentencia
de 21 de septiembre de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, para el efecto manifestó
que la sentencia C – 1433 de 2000 estableció una regla según la cual los empleados
que devengaran menos de 2 SMLMV no podían recibir incrementos menores al IPC;
no obstante, como el actor recibe un monto superior a dicho límite, no podía
beneficiarse de aquella pauta jurisprudencial.
Dicha corporación motivó esa conclusión así:
Además, si bien conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional
C-1433 de 2000, se tiene que no puede el Gobierno nacional hacer incrementos
inferiores al IPC a quien devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, ello debe observarse a la luz de cada régimen, más cuando se trata de un
sub oficial de las fuerzas militares, que ostenta un régimen de carácter especial como
lo es el de la fuerza pública, en los que además de la asignación básica, perciben
una prima de actividad de un 33% entre otros emolumentos que incrementan de
manera ostensible su salario, entendido en términos de la Corte Constitucional como
todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de
servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Ello no los
encuadra dentro de los empleados públicos del régimen general que devenguen una
asignación mensual menor a dos salarios, de tal manera que, para su caso al percibir
salarios superiores a dicho monto por cada uno de los años solicitados, podía ser
objeto de limitación, es decir, su salario podía ser reajustado en una proporción
menor a la de la inflación causada en año inmediatamente anterior.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para el accionante, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, violación directa de la
constitución, decisión sin motivación, procedimental por exceso ritual manifiesto y
vulneración al derecho a la igualdad.
Aseguró que su hoja de servicios fue erróneamente valorada, en tanto que con ella
quedó demostrado que devengó menos de 2 SMLMV mientras estuvo en servicio, por
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lo que no podía tener variaciones anuales por debajo del IPC. A su juicio, no es posible
que el Tribunal Administrativo del Tolima incluya los demás emolumentos que devengó
para calcular su salario puesto que, en su sentir, esto implicaría que en ningún caso
habría quien se beneficiara de lo dispuesto en la sentencia C – 1433 de 2000.
Estimó que la autoridad accionada debió tener en cuenta que otros tribunales y
juzgados administrativos3 sí han accedido al reajuste de los salarios de miembros de
la fuerza pública que tuvieron incrementos por debajo del IPC. A su vez, resaltó que la
obligación de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores se encuentra
contemplado en los Convenios 95 y 99 de la Organización Internacional del Trabajo.
Consideró que la sentencia cuestionada es contraria a los análisis de la Corte
Constitucional en las sentencias C-815 de 1999, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003 y
C-931 de 2004.
Para concluir manifestó que:
En similar sentido, se aprecia que al negar las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor PEÑA CASTRILLON,
al confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 3° Administrativo de Ibagué, la
SALA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA incurrió en
vulneración al derecho fundamental a la igualdad de trato que le asiste al señor
PEÑA CASTRILLON ante las autoridades judiciales, en la medida en que se
desconocieron pronunciamientos judiciales del propio Tribunal Administrativo del
Tolima, entre los cuales se encuentran sentencias proferidas el 23 de Septiembre
de 2020 y el 13 de Diciembre de 2022 por el propio Tribunal Administrativo de
Tolima dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado N° 2017-00308-01 y del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Radicado N° 2018-00328-01 en los que se discutió el mismo problema
jurídico de reliquidación de la asignación de actividad y de la asignación de retiro
de un suboficial de la Fuerza Aérea y de un suboficial del Ejército Nacional conforme
con la variación del IPC igualmente desvinculado de la Fuerza Pública con
posterioridad al año 2005. En estas sentencias se discutió similar problema jurídico
al analizado en el proceso promovido por el señor PEÑA CASTRILLON, al punto en
que se expuso un criterio jurídico objetivo y razonable que sí permitía acceder en
forma favorable a las pretensiones de la demanda, a partir de la interpretación del
artículo 53 de la Constitución Política y de los precedentes jurisprudenciales de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los que se expresa de manera
seria y razonable que el personal de la Fuerza Pública que se encontraba en
servicio activo durante el período comprendido desde 1997 hasta 2004 sí tiene
derecho al reajuste de sus ingresos salariales de conformidad con el IPC.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 23 de enero de 2024, el magistrado ponente de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó notificar como accionados al
Tribunal Administrativo del Tolima. A su vez, como terceros con interés directo, dispuso
la vinculación de Cremil, del Ministerio de Defensa Nacional y del Juzgado 3.°
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.
3
Enuncia al Tribunal Administrativo de Quindío y los Juzgados 11 y 24 Administrativos del Circuito
Judicial de Bogotá.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se recibió el acceso al expediente del
proceso ordinario por parte del Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, la autoridad accionada y las demás vinculadas permanecieron en silencio.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 12 de febrero de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado consideró que la acción es improcedente por cuanto carece del
requisito de la relevancia constitucional.
Para el a quo, los argumentos que presentó el accionante son los mismos con los que
sustentó la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que
igualmente fueron abordados por el Tribunal Administrativo del Tolima.
En consecuencia, luego de citar in extenso lo expuesto en el trámite ordinario, la acción
de tutela y la decisión de la autoridad accionada, concluyó que:
si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto sustantivo a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en
el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en la providencia que resolvió
en cuestión como se expuso en precedencia.
1.8. Impugnación4
El actor consideró que sí se demostró la relevancia constitucional, atendiendo a que
los decretos proferidos por el Gobierno Nacional entre 1997 y el 2004 eran contrarios
al principio de la movilidad salarial.
Reiteró los argumentos de la demanda, haciendo énfasis en los postulados
jurisprudenciales de la Corte Constitucional en las sentencias C-1064 de 2001, C-1017
de 2003 y C-931 de 2004.
A su vez, puso de presente que con el escrito inicial se explicó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, por lo que solicitó que se revocara la sentencia y
en su lugar se accediera al amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de 12 de febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
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La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 27 de febrero de 2024 y el escrito de
impugnación fue radicado el 29 de febrero siguiente.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 12 de febrero de 2024, a través de la cual la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, de
superarse; (iii) las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
2.3. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.1. Como primer elemento, se estudiará si se acreditó la relevancia constitucional,
por cuanto se trata del que no encontró cumplido el a quo.
Para resolver, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte
Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal5
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico6; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” 7
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”8 En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”9
5
Sentencia SU-573 de 2019.
6
Sentencia SU-103 de 2022.
7
Sentencia SU-103 de 2022.
8
Sentencia SU-103 de 2022.
9
Sentencia SU-128 de 2021.
6
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto10, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal11. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 12 en los que incurrió la
decisión atacada.
Ahora bien, para este caso se tiene que la parte actora consideró que la autoridad
accionada vulneró sus garantías fundamentales por cuanto, a su juicio, desconoció
que al haber devengado una remuneración inferior a 2 SMLMV mientras estuvo activo
en el Ejército Nacional entre 1997 y 2004, debió recibir aumentos salariales superiores
al IPC, circunstancia que consideró omitida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Los fundamentos de la acción de tutela se pueden resumir así: desconocimiento del
precedente, por no dar aplicación a los postulados de las sentencias C-815 de 1999,
C-1064 de 2001, C-1017 de 2003 y C-931 de 2004; defecto fáctico, por cuanto no se
tuvo en cuenta la hoja de servicios del actor donde consta su salario básico y la
certificación de haberes devengados entre 1997 y 2004, y vulneración al derecho a
la igualdad, por no fallar como lo hizo previamente el Tribunal Administrativo del
Tolima, el Tribunal Administrativo de Quindío y los Juzgados 11 y 24 del Circuito
Judicial de Bogotá.
Respecto de los defectos de violación directa de la constitución, decisión sin
motivación y procedimental por exceso ritual manifiesto, se observa que se
fundamentan en las mismas censuras en que se estructuraron los anteriores y se
subsumen a ellas.
Verificados los argumentos presentados en el escrito inicial, la Sala considera que sí
se cumple con la exigencia de la relevancia constitucional, esto por cuanto si bien los
argumentos que sustentan la acción de tutela fueron incluidos en la apelación contra
la sentencia proferida por el Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué,
en el escrito de tutela se explicó con suficiencia porqué la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima vulneró sus derechos fundamentales.
Esto, en el entendido que el actor afirmó que la autoridad accionada se abstuvo de
verificar su hoja de servicios, documento en el que consta que entre 1997 y 2004 hubo
10
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Ibid.
12
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
7
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periodos en los que devengó menos de 2 SMLMV, lo que implica que se trata de una
prueba determinante para la decisión.
Adicionalmente, de ser cierto que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció
sentencias de control abstracto de constitucionalidad y su propia jurisprudencia, es
posible que se configure una afectación al derecho fundamental al debido proceso por
desconocimiento del precedente y un eventual trato desigual.
Por lo tanto, se revocará la decisión de primera instancia proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.4.2. Sobre el agotamiento de todos los medios de defensa, en este caso no se
evidencia mecanismos pendientes de agotar previo a acudir a la acción de tutela, esto
por cuanto la decisión fue proferida en una sentencia de segunda instancia y no se
observa que las manifestaciones del accionante se enmarquen en algún recurso
extraordinario.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez, para el efecto, se tiene que en el expediente
ordinario obra constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima, donde queda estipulado que la providencia quedó ejecutoriada el 2 de octubre
de 2023, por lo que el escrito radicado el 15 de enero de 2024 fue presentado dentro
de un término razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que se controvierte fue proferida dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.5. Generalidades de los defectos alegados
Como se expuso previamente, a pesar de los varios defectos propuestos por el actor,
todos sus señalamientos se circunscriben al desconocimiento del precedente, fáctico
y vulneración al derecho a la igualdad.
2.5.1. Referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el
precedente es aquella regla creada por una alta corte como órgano de cierre en
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.»
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determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las
sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «[…] debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso,
sin una actividad creadora del juez»15
2.5.2. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 16 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
decreto y práctica negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
de pruebas negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
asunto a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
15
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
16
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
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Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.
2.5.3. En lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, esta corporación ha
considerado que el derecho a la igualdad implica que las situaciones fácticas iguales
deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de
cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón
de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de
hecho, viola el derecho a la igualdad. Así mismo, se vulnera la garantía cuando el juez
aplica determinada regla jurisprudencial, a pesar de que no existe analogía fáctica
entre el caso decidido y el que está pendiente de decisión.
2.6. Caso concreto
De la lectura de la sentencia de 21 de septiembre de 2023, se tiene que el Tribunal
Administrativo del Tolima inició sus consideraciones con una exposición sobre el
régimen especial salarial de los miembros de la fuerza pública y, con base en
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 17, concluyó que:
resulta improcedente el reajuste de la asignación básica pretendido por el
demandante, con base en la variación porcentual arrojada por el IPC para los años
1997,1999 y 2002 y desde esa anualidad hasta la fecha de su retiro, puesto que al
personal en actividad se le efectúa el reajuste de su salario de conformidad con la
escala gradual porcentual, a la cual se hizo alusión con anterioridad […]
No obstante, resaltó que, en virtud de la regla contenida en la sentencia C – 1433 de
2000, es viable que el reajuste deprecado se ordene para los empleados públicos que
devenguen menos de 2 SMLMV, ello, en virtud del derecho que les asiste a los
trabajadores de mantener el poder adquisitivo de sus prestaciones.
A pesar de esto, para el Tribunal Administrativo del Tolima, el término salario se define
como «todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique
retribución de servicios», en consecuencia, además de la cifra base, estimó que deben
incluirse los demás emolumentos que puedan asimilarse al concepto de salario a fin
de evaluar si es aplicable la regla mencionada.
Sobre el particular, verificados los precedentes citados como desconocidos, esto
es, las sentencias C-815 de 1999, C – 1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003
y C-931 de 2004, no se evidencia un postulado específico que indique que el límite de
los 2 SMLMV debe ser únicamente el salario básico, sin incluir factores adicionales.
Nótese que la mencionada regla fue estructurada definitivamente en la sentencia C –
17
Citada por el tribunal como «Consejo de Estado – Sección Segunda, M.P. Sandra Lizeth Ibarra Vélez,
Radicado No. 250002342000201705923 01. No. interno: 2594-2021. Actor: René Alfredo Rivera
Gómez. Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. Asunto: Establecer si es procedente el reajuste de la asignación básica y demás prestaciones
con fundamento en el IPC, para que ello tenga incidencia en la asignación de retiro -IPC en actividad».
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931 de 200418 de la siguiente manera:
El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos
(2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario
no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales servidores se encuentran en las
escalas salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del
Gobierno. Por lo tanto, éstos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus
salarios de conformidad con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
Se resalta que allí no se hizo alguna precisión que sea contraria al razonamiento del
Tribunal Administrativo del Tolima, puesto que la Corte Constitucional solo mencionó
a «los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2) salarios
mínimos legales mensuales», sin limitar este postulado a solo el salario base.
A su vez, aunque en la acción de tutela el accionante busca robustecer su argumento
con otras providencias, entiéndase: «T-063 de 1995, T-102 de 1995, T-418 de 1996,
T276 de 1997, C-710 de 1999, C- 815 de 1999, SU- 595 de 1999, C-1433 de 2000, C-
1064 de 2001, C-1017 de 2003, C – 931/2004 y C-862 de 2006», estas solo las incluyó
para resaltar «los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 53 de la Carta
Política de 1991 de igualdad, movilidad salarial, mínimo vital y conservación del poder
adquisitivo de los ingresos salariales», pero no extrajo de alguna de ellas la regla que
presuntamente estaría trasgrediendo la parte demandada, quedando como meras
enunciaciones.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que la tesis del tribunal fue la misma por la cual
el Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué negó las pretensiones en
la primera instancia, y frente a la cual, en la apelación, solo se arguyó lo siguiente:
de manera infortunada el A Quo no tuvo en cuenta y desconoció que para la
determinación del límite de los dos salarios mínimos contemplados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional solamente debe tenerse presente el
monto de la asignación básica, pues de ser las cosas como se plantearon en la
sentencia de primer grado, ningún servidor público estaría incluido en la
prerrogativa establecida por la jurisprudencia en cuestión, dado que al incluir
en el cómputo de la remuneración las primas, bonificaciones, subsidios,
prestaciones sociales y demás emolumentos de similar naturaleza que percibe
la generalidad de los funcionarios públicos, naturalmente cualquier funcionario
público supera con creces el límite de los dos salarios mínimos legales, con lo
cual se arribaría a la conclusión de que todos los servidores públicos estarían
excluidos de la disposición contemplada por la jurisprudencia de la Corte, en
la medida en que todas las acreencias prestacionales sumadas con la asignación
básica siempre van a superar el valor equivalente a dos salarios mínimos legales, lo
que todas luces viene a ser absolutamente incongruente; de manera que el
razonamiento del Despacho Judicial Accionado hace totalmente nugatoria e ilusoria
la prerrogativa establecida por la Corte Constitucional en las sentencias C -1017 de
2003 y C-931 de 2004, lo que permite evidenciar el yerro cometido por el operador
judicial de la primera instancia.
Como puede observarse, en aquella oportunidad, al igual que en la presente tutela, el
señor Peña Castrillón afirmó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional dispuso
18
De allí que, luego del 2004, los ajustes salariales de los empleados de la fuerza pública fueran
efectuados en porcentajes iguales o superiores al IPC.
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que el cómputo de los 2 SMLMV debe limitarse al salario base, pero sin exponer en
qué providencia el órgano de cierre hizo tal afirmación específicamente.
Igualmente, respecto de que si se incluyen los demás emolumentos que perciben los
trabajadores entonces ningún empleado se favorecería de la regla ya mencionada, se
trata de una apreciación personal del libelista que no puede llevar a que el juez de
tutela cuestione lo resuelto por el fallador del proceso ordinario.
Nótese que, al margen de que la tesis del Tribunal Administrativo del Tolima sea
acertada o no, su construcción constituyó el ejercicio de la autonomía judicial y, en
consecuencia, si aquella no es abiertamente contraria a las premisas de los
precedentes jurisprudenciales traídos por el actor, no es posible que, a través de la
acción de amparo, se desplace al juez natural de la causa y se imponga un criterio
distinto. En especial si se tiene en cuenta que el concepto de salario, como todo lo que
recibe el trabajador como contraprestación de sus servicios, es un aforismo recurrente
en la jurisprudencia19.
En ese orden de ideas, el defecto por desconocimiento del precedente no tiene méritos
para prosperar.
Resuelto lo anterior, y teniendo en cuenta que el razonamiento del Tribunal
Administrativo del Tolima sobre la manera de calcular el límite de 2 SMLMV no se
opone a las sentencias de la Corte Constitucional, se observa que tampoco se
configuró un defecto fáctico, como pasa a explicarse.
En este punto, se tiene en cuenta que, en efecto, en la sentencia de 21 de septiembre
de 2023 la autoridad atacada no realizó una transcripción de la hoja de servicios del
actor, o de alguna certificación de salarios; no obstante, sí afirmó que el demandante
devengó más de 2 SMLMV para el periodo cuestionado, esto, en virtud de los
emolumentos que recibido adicionales al monto base, en especial, por la prima de
actividad, es decir, a pesar de que no se hubiera insertado en la sentencia el contenido
del referido documento, sí se señaló la conclusión de la valoración probatoria que hizo
la corporación.
Dicha afirmación no es desvirtuada por el actor, es decir, su cuestionamiento no va
dirigido a que el Tribunal Administrativo del Tolima haya hecho una precisión contraria
a lo que indica la prueba, sino a que, a su juicio, solo debió tenerse en cuenta el salario
base y no todos los emolumentos devengados. Lo que implica que la censura surge
de un desacuerdo en el análisis probatorio por cuanto la apreciación del tribunal fue
contraria a sus intereses, no porque sea irracional o arbitraria.
Así las cosas, el cargo por defecto fáctico tampoco tiene méritos para prosperar, en
tanto que la información de la hoja de servicios y las certificaciones laborales del señor
Peña Castrillón fueron abordadas en concordancia con el parámetro de decisión que
estableció la autoridad accionada para el cálculo del límite de los 2 SMLMV.
Finalmente, frente a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, se tiene que se
19
Ver entre otros, sentencias C – 521 de 1995, C – 081 de 1996, y procesos 68001-23-15-000-2001-
02652-02, sentencia de 15 de diciembre de 2011, m. p. Víctor Hernando Alvarado Ardila y 23001-23-
33-000-2013-00176-02, sentencia de 7 de abril de 2022, m. p. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00147-01
funda en que, previamente, el Tribunal Administrativo del Tolima había accedido a
pretensiones análogas en los procesos 2017-00308-01 y 2018-00328-01, motivo por
el cual, no podía brindar un trato distinto en su caso.
Lo primero que debe indicarse, es que en el proceso 2017-00308-01, la Sala de
Decisión fue conformada por los magistrados Luís Eduardo Collazos Olaya, Carlos
Arturo Mendieta Rodríguez y José Andrés Rojas Villa; por su parte, en el expediente
2018-00328-01 resolvieron: Belisario Beltrán Bastidas, Luís Eduardo Collazos Olaya y
Carlos Arturo Mendieta Rodríguez.
Sin embargo, en la sentencia del proceso aquí discutido, 2019-00137-01, los
magistrados que actuaron fueron Belisario Beltrán Bastidas, Luís Eduardo Collazos
Olaya y Ángel Ignacio Álvarez Silva, este último como ponente.
Es decir, de entrada, se advierte que uno de los magistrados, justamente el ponente,
no hizo parte de las Salas que resolvieron los casos anteriores, lo que implica que no
necesariamente debía proferirse la decisión en el mismo sentido, esto por cuanto al
haberse incorporado un nuevo funcionario, la deliberación se surtió con los
argumentos que aquel aportó, lo que puede incluir un nuevo enfoque.
En segundo lugar, se observa que en los casos 2017-00308-01 y 2018-00328-01, la
decisión se adoptó sin que se emitiera pronunciamiento alguno sobre la incidencia que
tenían las prestaciones adicionales al salario básico para calcular el plurimencionado
límite de los 2 SMLMV, es decir, se trata de un asunto que no había sido definido, ni
para ser acogido ni para ser descartado, por parte de la autoridad accionada.
En tercer lugar, se resalta que fue el Juzgado 3.° Administrativo del Circuito Judicial
de Ibagué quien, en su sentencia, incluyó esta nueva variable para ser tenida en cuenta
al momento de resolver los casos como el del actor, en ese sentido, se trata de un
argumento nuevo que no había sido abordado previamente por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
Siendo así, al evidenciarse que la Sala de Decisión se modificó frente a las de los
antecedentes traídos por el actor, y que en el proceso 2019-00137-01 la corporación
accionada debió resolver sobre elementos que no había considerado previamente, no
se advierte vulnerado el derecho fundamental a la igualdad del actor, por el solo hecho
que la decisión haya sido distinta.
Finalmente, respecto de la afectación de la mencionada garantía porque el Tribunal
Administrativo de Quindío y dos Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de
Bogotá tengan posturas distintas, es claro que no hay méritos para acceder a la tutela,
en tanto que se trata de autoridades distintas cuyas sentencias no son vinculantes para
el Tribunal Administrativo del Tolima.
En conclusión, ya que ninguno de los cargos contra la decisión de 21 de septiembre
de 2023 prosperó, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00147-01
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2024, por medio de la cual
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Rodolfo Peña Castrillón contra
el Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con salvamento parcial de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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