Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00148-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00148-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00148-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Carrillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA CUESTIONAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA /
IMPROCEDENCIA – SUBSIDIARIEDAD – existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz –
no se acreditó perjuicio irremediable. / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – IMPROCEDENCIA – la parte actora pretende reabrir un debate ya surtido y
crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo con lo decidido en el proceso.
Surtido el trámite de ley1 sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Deimer Carrillo Pedrozo en
contra del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 15 de enero de 2024 el señor Deimer Carrillo Pedrozo instauró demanda de
tutela en contra del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania, con
el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de defensa y debido
proceso 2 . Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la entidad
accionada con ocasión de la denegación de su solicitud de declaración de
prescripción, elevada en el marco de un proceso de cobro coactivo administrativo
que se inició en su contra como consecuencia de un comparendo de tránsito que le
fue impuesto.
2.- Adujo que el 5 de febrero de 2014 le fue impuesto un comparendo bajo número
de radicado 99999999000001595225 y que el 12 de diciembre de 2016 la entidad
accionada profirió mandamiento de pago, con el fin de iniciar proceso de cobro
coactivo en contra suya. Sin embargo, considera que de conformidad con lo previsto
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5. del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección del principio de legalidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en los artículos 159 y 162 del Código Nacional de Tránsito, el artículo 100 de la Ley
1437 de 2011 y los artículos 818 y 826 del Estatuto Tributario, en concordancia con
lo previsto en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2016 por el Consejo de
Estado3, su deuda se encuentra prescrita.
3.- Manifestó haber elevado un derecho de petición ante el Instituto de Tránsito y
Transporte del municipio de Albania, solicitando la declaración de prescripción de la
deuda contenida en el mandamiento de pago referido, pero dicha solicitud fue
negada a través de la Resolución 1623 del 4 de julio de 2023, con argumentación
que considera equívoca.
4.- Por lo anterior, inició un proceso en ejercicio del medio de control de
cumplimiento con el fin de que la autoridad judicial ordenara a la entidad accionada
acatar las normas de conformidad con las cuales su deuda se encontraba prescrita4.
Adujo que el Tribunal Administrativo de la Guajira vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y defensa 5 , por cuanto
argumentó, sin motivos legales contundentes, que éste debía acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en consecuencia negó su
petición de cumplimiento, mediante sentencia del 10 de agosto de 2023. En ese
sentido, considera que la autoridad judicial incurrió en una vía de hecho, en
denegación de justicia, prevaricato y fraude a resolución judicial.
5.- Precisó que sus pretensiones no están dirigidas a que se declare la nulidad de
un acto administrativo, sino a que mediante otro acto se aplique la figura jurídica de
la prescripción, siendo el medio de control de cumplimiento el adecuado para dicho
fin.
6.- Adujo que no contaba con los recursos necesarios para acceder a los servicios
de un abogado e interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
y por demás las demandas que se presentan en ejercicio de este medio de control
se resolvían luego de varios años de su interposición; por lo tanto, manifestó que
recurrió a la acción de tutela como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable,
pues en dicho interregno sus salarios y cuentas bancarias podrían ser embargados
a causa del procedimiento de cobro coactivo.
7.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a “[ordenar] al organismo de tránsito aplicar la prescripción del comparendo
99999999000001595225 y los elimine del SIMIT y de toda base de datos de infractores”
3 Con número de radicado 11001-03-15-000-2015-03248-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdez.
4 Índice 2, Samai: “Expediente Digital”. Las pretensiones de la acción de cumplimiento fueron las siguientes: “i)
Se ordene a la secretaría de Movilidad (Tránsito) de Albania el cumplimiento de lo establecido en las normas
mencionadas como incumplidas, ii) Que se ordene a la Secretaría de Movilidad (Tránsito) de Albania que retire
el comparendo [sic] de la base de datos del SIMIT y demás bases de datos de infractores en cumplimiento de la
prescripción, iii) Que se ordene a la autoridad de control competente, adelantar la investigación del caso para
efectos de responsabilidades penales o disciplinarias”
5 También el principio de legalidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
8.- Mediante auto del 18 de enero de 2024, se resolvió (i) admitir la demanda de
tutela, (ii) vincular, en calidad de tercero con interés, al Tribunal Administrativo de la
Guajira, (iii) notificar de su presentación al Instituto de Tránsito y Transporte del
municipio de Albania y al tercero vinculado y (iv) requerir al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Riohacha para que remitiera, en medio magnético,
copia del expediente identificado con el radicado número 44001-33-40-005-2023-
00023-00/01. Adicionalmente, se dispuso comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de la Guajira6
9.- Manifestó que el trámite y decisión proferida dentro de la causa, tanto en primera
como en segunda instancia, se adelantó y adoptó bajo el estricto cumplimiento del
marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto y que, en esa medida,
la providencia adoptada se logró luego de efectuar un análisis de las pruebas que,
de acuerdo con la sana crítica, conllevaron a una decisión motivada razonablemente,
por tanto, precisó no haber incurrido en ninguna de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Por tanto, no
considera que los derechos fundamentales del accionante hayan resultado
vulnerados.
10.- El Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Caso concreto
11.- De conformidad con los argumentos contenidos en la demanda, se advierte que
el accionante cuestiona (i) las actuaciones adelantadas por el Instituto de Tránsito y
Transporte del Municipio de Albania, en el marco del proceso de cobro coactivo
administrativo, así como la respuesta a una petición en la cual se le negó la
prescripción, y por otro lado (ii) la providencia del 10 de agosto de 2023 dictada por
el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual se dio fin al proceso judicial
iniciado en ejercicio del medio de control de cumplimiento.
12.- En ese orden de ideas, se hace imperioso realizar un análisis sobre la
procedencia del amparo constitucional respecto de cada una de las actuaciones
realizadas por las entidades referidas, en la medida en que, una lectura simple de la
demanda de tutela advierte que su actuar se encuentra comprometido en los hechos
que se traen a conocimiento de esta judicatura y que, a juicio del actor, vulneraron
sus derechos fundamentales.
6 Intervención digital contenida en 5 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Improcedencia de la acción de tutela contra la sentencia proferida el 10 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo de la Guajira
13.- En el caso concreto, el extremo accionante alegó, de manera general, un
reproche consistente en cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de la Guajira -mediante providencia del 10 de agosto de 2023- al
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento y estimar, por el contrario,
que el medio de control procedente para desatar la controversia que se suscitaba
en el proceso ordinario era el de nulidad y restablecimiento del derecho.
14.- Al respecto debe recordarse que uno de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia es el relativo a la relevancia constitucional del
asunto. Para superar dicho presupuesto adjetivo, la acción de tutela debe plantear
argumentos orientados a demostrar que la providencia judicial afectó, de manera
grave, un derecho subjetivo del cual es titular el accionante, como sujeto procesal.
Por tanto, la interposición de una acción de tutela contra providencia judicial supone
la presentación ante el juez constitucional de un conflicto con incidencia directa en
las garantías ius fundamentales y, en ese sentido, demanda de quien acude a esta
acción una carga mínima de argumentación orientada a exponer, en forma clara y
precisa, la manera en que se configuran los yerros alegados. Ello, a efectos de poder
verificar que lo pretendido no es activar una suerte de instancia adicional al proceso
en que se profiere el proveído censurado, sino que la intervención del juez
constitucional es absolutamente necesaria para salvaguardar los derechos
fundamentales de quien recurre a la tutela.
15.- En ese sentido, estima la Sala que la acción de tutela interpuesta por el señor
Castillo Pedrozo no supera este requisito, puesto que los reproches endilgados
carecen de una carga argumentativa suficiente, en la que se indique que la
providencia cuestionada adolece de un defecto, de tal envergadura que constituya
una vulneración de los derechos fundamentales alegados y que, además, le indique
al juez constitucional, en forma clara y razonada, el motivo por el cual los argumentos
expuestos por la autoridad judicial accionada desconocen los estándares
constitucionales en que debió haberse fundado dicho proveído.
16.- Por el contrario, la parte actora presentó un fundamento repetitivo, que ha sido
una constante tanto en el recurso interpuesto en la vía ordinaria7, como en la acción
de tutela y que se orienta a endilgar a la autoridad judicial una supuesta omisión por
no interpretar la demanda e inferir, de manera errónea, que lo que buscaba el actor
era la declaratoria de nulidad de un acto administrativo por medio del cual se le negó
la solicitud de declaración de prescripción de la suma adeudada con ocasión de una
infracción de tránsito.
7 Índice 2, Samai: “Expediente digital”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17.- En ese sentido, considera el actor que le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales de acceso a la justicia, a la defensa y el debido proceso; sin embargo,
para esta colegiatura resulta claro que la acción de tutela propuesta fundamenta su
argumentación en una divergencia de criterios entre el accionante y la corporación
judicial accionada, lo cual no genera el desconocimiento de los derechos alegados
por el primero, en la medida en que la inconformidad del actor con la decisión
cuestionada se enrostra como el argumento principal con el que pretende cuestionar
la conclusión a la que arribó la autoridad judicial, en el marco de su autonomía, sin
que se haya explicado si se dejó de aplicar o no una norma de naturaleza
constitucional al caso, o si, por el contrario, se le dio un alcance insuficiente a una
disposición de ese rango, o que el fundamento jurídico con el que se resolvió el
asunto es inconstitucional para el caso en concreto.
18.- Con todo, se precisa que el actor no cumplió con el deber de indicar con rigor
demostrativo el yerro que se produjo en la decisión que reprocha, pues ni siquiera
invocó, de manera general, la existencia de un defecto que podría derivarse de la
decisión adoptada o del procedimiento realizado por parte de las autoridades
judiciales, sumado a lo cual, en ninguno de sus argumentos logró identificar los
escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela.
19.- De hecho, como se indicó líneas atrás, el accionante ni siquiera accionó en
forma directa contra el Tribunal, no obstante que presentó una serie de reproches
que evidencian su natural inconformidad con la decisión adversa a sus intereses.
Pero más allá de la discrepancia de quien resulta vencido en un proceso, no se
presenta una argumentación clara y coherente, que dé cuenta de la configuración
de una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, que habilite la intervención del juez de tutela.
20.- De ahí que resulte clara la intención de redundar sobre los mismos aspectos
debatidos ante el juez natural, determinando ello la improcedencia del amparo.
Improcedencia de la acción de tutela frente a las actuaciones adelantadas por el
Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania ante el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.
21.- Por otro lado se tiene que, en virtud de su carácter subsidiario, la acción de
tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, de otro modo, se utilizaría este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección (en los eventos en que se
presentan tutelas contra providencias judiciales), lo cual implicaría tanto como
desconocer que la Constitución y la Ley determinan una serie de mecanismos
judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
22.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada8. De allí que, la legalidad que se presume de un acto
administrativo obliga a demostrar, a quien pretende controvertirlo, que aquel vulnera
las disposiciones normativas previstas en el ordenamiento jurídico, debate que, por
su naturaleza, se debe adelantar ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
23.- En el sub lite, para sustentar su solicitud de amparo, el actor afirma que el
Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania al negar la solicitud que
presentó con el fin de que se declarara la prescripción de una suma que adeudaba
en virtud de una multa de tránsito que le fue impuesta, desconoció la normatividad
y las reglas jurisprudenciales que se han fijado con respecto a esos asuntos. A partir
de ello, los argumentos del accionante denotan un claro reproche en contra de la
legalidad de la Resolución No. 1623 del 4 de julio de 2023 proferida por la entidad
accionada, pues considera que a través de la misma se vulneraron sus derechos
fundamentales.
24.- En ese contexto, resulta evidente que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resultaba ser el mecanismo idóneo y eficaz que tenía
a su disposición el señor Castillo Pedrozo para obtener la protección de sus
derechos. Sin embargo, pese a que el acto administrativo cuya legalidad se
cuestiona fue proferido el 4 de julio de 20239 y la sentencia que finalizó el proceso
contencioso de cumplimiento data del 10 de agosto de 2023 -en donde se indicó el
mecanismo judicial procedente-, el demandante no ha hecho uso de dicho
instrumento jurídico, ni tampoco expuso las razones que justifiquen en forma
razonada haber prescindido del mismo, es evidente que acudió a la acción
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, en una clara
invasión de la órbita de competencia del juez natural.
25.- Se recuerda que la noción de perjuicio irremediable10 ha sido definida como un
riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
8 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2018.
9 Índice 2, Samai: Resolución 1623 del 4 de julio de 2023 “Por medio de la cual se niega la solicitud de prescripción
en proceso de cobro coactivo administrativo por infracciones de tránsito que mediante derecho de petición
presentada el señor Deimer Carillo Pedrozo”.
10 Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable,
a saber: “es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño
es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida
de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad
de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren una afectación a
derechos fundamentales.
26.- La Sala considera que el accionante no acreditó la configuración de un perjuicio
de esa naturaleza que habilite al juez constitucional a intervenir en asuntos que no
son de su competencia.
27.- En efecto, no son de recibo las razones que presenta el actor para justificar su
pasividad frente a la posibilidad de interponer una demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a lo dispendioso y
oneroso que resulta acudir al mismo, pues éstas corresponden a las cargas
ordinarias que asume cualquier persona que pretende activar el aparato de justicia.
Sumado a ello, el ordenamiento jurídico consagra una serie de mecanismos que
garantizan que tales cargas no configuren barreras para el acceso a la justicia y la
concreción de los derechos, entre las que se destaca el amparo de pobreza y
aquellas alternativas que ofrecen diversas instituciones de carácter público y
privado, a través de las cuales se puede acceder a la prestación de servicios
judiciales de manera gratuita.
28.- Además, cabe reiterar la posibilidad que tiene el demandante de solicitar -en
cualquier estado del proceso contencioso- la adopción de las medidas cautelares
que considere necesarias con el fin de garantizar, en forma provisional, el objeto del
proceso y, de esta manera, evitar la consumación o agravación de los daños que
estima provienen de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto
se profiera una decisión definitiva por parte del juez natural de la causa.
29.- Con fundamento en todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo presentada por el señor Deimer Castillo Pedrozo.
30.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00148-00
Accionante: Deimer Castillo Pedrozo
Accionado: Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Albania
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
11 VF
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