Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00153-01
Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya
6 de junio de 2024
Demandante: Luis Claudio Cardozo Díaz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00153-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C. seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00153-01
Demandante: LUIS CLAUDIO CARDOSO DÍAZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Confirma decisión de
primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 23 de febrero del 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y reglamentado en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Luis Claudio Cardoso Díaz, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, -en adelante UGPP-, en la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.
En sentir del actor, tales garantías fueron trasgredidas por los accionados con ocasión
de la providencia de segunda instancia dictada el 16 de marzo del 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 54001-23-33-000-2015-00404-013 que
promovió la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 43934 del 16
1 Índice 01 del expediente digital.
2 Acción constitucional radicada el 22 de diciembre de 2023.
3 Proceso presentado el 24 de septiembre de 2015 ante el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander en la ciudad de Cúcuta. Lo anterior de acuerdo con el expediente digital allegado en el índice
10 del expediente de sama pagina 3 del PDF.
1
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Demandante: Luis Claudio Cardozo Díaz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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de diciembre de 2005 y UGM 25554 del 12 de enero del 2012 que le habían otorgado
y reajustado la pensión gracia reconocida al señor Luis Claudio Cardoso Díaz.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
SEGUNDO: Se revoque la Sentencia de Segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección B), dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
(radicado No. 54001233300020150040401), por ser violatoria de mis DERECHOS
FUNDAMENTALES del mínimo vital, a la igualdad, derecho a la seguridad social
en pensiones, y en consecuencia se confirme el fallo de Primera Instancia
Proferido por Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 05 de
diciembre de 2019.
TERCERO: Se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL - UGPP que de manera inmediata Restablezca mi Pensión de Gracia que
por ley me fue reconocida y de la cual soy merecedor.
CUARTA: Se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL – UGPP pagar todas las mesadas y demás emolumentos dejados de
percibir desde el 01 de junio de 2023 hasta cuando sea efectivamente restablecida
la Pensión de Gracia.
CUARTA: Cualquier otra medida que este despacho considere para garantizar la
protección y restablecimiento de mis derechos fundamentales.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La petición de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Luis Claudio Cardoso Díaz nació el 19 de abril de 1946 y prestó sus servicios
ante la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta desde el 13 de
marzo de 1970 hasta el 9 de agosto de 2005.
La Caja Nacional de Previsión Social, -en adelante CAJANAL-, profirió la Resolución
No. 43934 del 16 de diciembre de 2005, mediante la cual reconoció la pensión gracia
en favor del señor Cardoso Díaz por $743.955,18, efectiva a partir del 1 de septiembre
de 1997, con efectos fiscales desde el 7 de marzo del 2022, debido a la prescripción
trienal.
Posteriormente, CAJANAL reliquidó la pensión gracia por nuevos factores salariales
a favor del demandado, disminuyendo el valor de esta a la suma de $645.305.15,
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efectiva que comenzaría a contarse del 1 de septiembre de 1997, con efectos fiscales
a partir del 8 de febrero de 2003.
CAJANAL dictó la Resolución N° UGM 025554 del 12 de enero del 2012, a través de
la cual reliquidó la pensión gracia por la inclusión de nuevos factores salariales
elevando la cuantía de la misma suma de $844.160, efectiva a contarse desde el 1 de
septiembre de 1997, con efectos fiscales iniciando el 29 de julio de 2006, en atención
a la prescripción trienal.
La UGPP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. 43934 del 16 de diciembre de
2005 y UGM No. 025554 del 12 de enero de 2012, a través de las cuales se le
reconoció y reliquidó la pensión gracia al señor Cardoso Díaz.
El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, a
través de providencia del 5 de diciembre del 2019 negó las suplicas de la demanda.
Lo anterior, en consideración a que, comprobó que el señor Cardozo Díaz cumplía los
requisitos necesarios para ser acreedor de la pensión gracia.
En esa medida, verificó que el señor Cardoso Díaz prestó 20 años de servicio en
planteles educativos de orden distrital, municipal, departamental y nacionalizados
conforme a lo previsto en el artículo 4° de la Ley 114 de 1913. Además, argumentó
que el demandado cumplió con los demás requisitos como lo son: la edad, la buena
conducta y que la vinculación fuera con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Por
tanto, consideró que se debían negar las súplicas de la demanda presentada por la
UGGP y accedió a las excepciones denominadas «inexistencia de causa para
demandar» y «cumplimiento de los requisitos legales para hacerse acreedor a la
pensión gracia» alegadas por el señor Cardoso Díaz.
Inconforme con la decisión, la UGPP presentó recurso de apelación 4 que conoció el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que mediante sentencia del 16
de marzo del 2023 revocó la decisión, para en su lugar, acceder a las pretensiones de
la demanda.
Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 114 de 1913,
«Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe»,
entre otras exigencias, “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional”, la cual no satisface el accionado, pues a pesar de
que desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 2 de septiembre de 2003 prestó sus
servicios como maestro territorial en el municipio de San José de Cúcuta, lo cierto fue
que, también devengó una «recompensa» a cargo de la Nación, es decir, una
asignación que en su condición de profesor del Ministerio de Educación Nacional, por
lo cual no se podía incluir como tiempo computable para la contabilización de los 20
años de servicio.»
4 De acuerdo con el expediente digital allegado por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander
en el índice 10 de Samai, el recurso de apelación se encuentra en el folio 445 del pdf.
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La anterior conclusión se sustentó en que «(…) la intención de legislador de «[…]
evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar la administración
racional de los recursos del Estado, cumpliendo el precepto constitucional vigente
desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art.128),
sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público […]»5.
En esa medida, la autoridad judicial concluyó que, el demandado trabajó de forma
paralela como docente territorial y nacional. Por tanto, no podía ser tenido en cuenta
por CAJANAL para conceder la pensión gracia, pues a pesar de que la primera de
esas vinculaciones le permitía obtener ese beneficio excepcional, la segunda lo
excluía de dicha posibilidad por expresa disposición legal.
La referida providencia fue notificada el 27 de abril del 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora indicó que se debía flexibilizar el requisito de inmediatez, esto de
acuerdo con que, el fallo objeto de ataque cobró ejecutoria el 3 de mayo del 2023,
por lo cual mediante la Resolución RDP 011080 del 9 de mayo del 2023 se dio
cumplimiento al fallo judicial, por lo anterior, consideró que había agotado los
recursos procedentes y se encuentra dentro del término perentorio para el amparo
de sus derechos fundamentales.
Así mismo, argumentó que, el juez constitucional debía tener en cuenta que tiene 77
años de edad y deplorables condiciones de salud, con lo cual requirió que se aplicara
la flexibilización del requisito de inmediatez y citó la providencia del 12 de agosto del
2019 con radicado 11001-03-15-000-2019-01575-01 del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
También, refirió la providencia T-158 de 2006 y estableció que, existen dos
circunstancias por las cuales el término de seis meses para presentar la acción de
tutela contra providencia judicial debe ser ampliado, en razón a que se encuentra
catalogado como sujeto de especial protección por la edad y por las actuales
condiciones de salud.
La parte accionante alegó que la providencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B incurrió en una violación directa de la constitución con lo
cual se lesionó el derecho fundamental al debido proceso. Esto, debido a que, la
vinculación laboral del señor Cardozo Díaz sí cumplió con el requisito temporal
exigido por la norma y lo hace merecedor del reconocimiento de la pensión gracia.
Sumado a lo referido, afirmó que:
5
Sentencia C-479 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz, demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1° (parcial) y 4° (numeral 3) de la Ley 114 de 1913.
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«todo docente sin distinción alguna, que se vinculara al magisterio durante el
periodo anterior, goza de asignaciones salariales, prestacionales y pensionales a
cargo de la nación. Por tal razón, los docentes nacionales al igual que los docentes
territoriales y nacionalizados a los que si se les reconoció tal prestación pensional
que fueron vinculados al magisterio durante tal periodo, deben de contar con tal
prestación, bajo la aplicación del Derecho de la Igualdad, toda vez que todos los
docentes una vez expedida tal norma, cuentan con los mismos derechos y
garantías bajo la nacionalización de la Educación en Colombia»
Sostuvo que, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, al
advertir que el juzgador le dio un sentido a la norma que no corresponde, a pesar de
esto, no explicó o argumentó como se configuró ese defecto en el caso concreto.
Argumentó que, la providencia cuestionada está viciada por un defecto fáctico al no
valorar los certificados de tiempo de servicio en los que se evidenció que trabajó más
de 20 años como docente o directivo del Colegio Municipal de Bachillerato de San
José de Cúcuta en la sección nocturna, lo que le daba una condición de docente
territorial.
En esa medida, afirmó que, resultaba evidente que el tiempo comprendido entre el
01 de septiembre de 1977 y 3 de septiembre de 2003 resulta válido para el
reconocimiento de la pensión gracia, tal como fue expuesto por CAJANAL en el acto
acusado por ostentar en dicho periodo una vinculación territorial.
Sostuvo que, el despacho desconoció los deberes referidos en la medida que no
valoró la prueba en forma íntegra y omitió hacer una relación de la experiencia
acreditada por el docente como si lo efectuó la primera instancia del proceso
ordinario. Entonces, concluyó que, el fallo de segunda instancia no tuvo en cuenta
los elementos de juicio necesarios para dictar una sentencia que resolviera el fondo
del asunto.
Además, afirmó que, en el caso en concreto se incurrió en desconocimiento del
precedente. Al respecto, citó la providencia de tutela de la Sección Quinta del
Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2019-02948-01, en la que se
concluyó que el profesor tenía el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, en
cuento a que se demostrará que el nombramiento cumplía con las exigencias del
artículo 4 de la Ley 114 de 1913 , la cual en criterio del accionante, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se demostró que fue de carácter territorial y
este aspecto no tuvo discusión alguna.
1.5. Trámite de la acción de tutela6
6 En el índice 8 del expediente de samai, se notificó a los siguientes correos:
gamo.sas.abogados@gmail.com; : notifjbedoya@consejodeestado.gov.co; lyxim.rojas@gmail.com;
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
daniangap0128@gmail.com; kossaa@consejodeestado.gov.co;
aespinosah@consejodeestado.gov.co; notifjportocarrero@consejodeestado.gov.co;
fulana06@gmail.com; : sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co; stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co; :
defensajudicial@ugpp.gov.co; notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
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Por auto del 17 de enero de 20247 i) admitió la acción de tutela, y ordenó notificar a
los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP ii) se negó la medida cautelar solicitada8, iii) vinculó como
tercero con interés al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y iv) requirió a la
Secretaria del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que allegara el
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-23-33-
000-2015-00404-019.
1.6. Intervenciones10
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B11
Mediante memorial radicado el 24 de enero del 2024, el magistrado a cargo del
proceso requirió respetuosamente negar el amparo invocado por el demandante. Lo
expuesto, en razón a que, frente a los defectos alegados de la violación directa de la
Constitución y el defecto sustantivo, la parte actora en su escrito de tutela no evidenció
los motivos por los cuales se configuran los yerros alegados.
Ahora bien, dispuso que, frente al defecto fáctico y el desconocimiento del precedente,
el fallo reprochado estudió cada uno de los periodos laborados por el señor Cardozo
Díaz, precisando el nominador y el acto administrativo de nombramiento, así como el
periodo y la institución educativa a la cual estuvo vinculado.
Por ello, se determinó que el accionante no cumplía con las exigencias del artículo 4°
de la Ley 114 de 1913, pues a pesar que, desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el
2 de septiembre de 2003 prestó los servicios como maestro territorial en el municipio
de San José de Cúcuta, para la misma fecha, devengó una «recompensa» a cargo de
la Nación, razón por la cual no era posible incluir ese interregno en el cómputo
pensional, debido a que era una remuneración de carácter nacional con lo cual
significa su exclusión para ser acreedor de pensión.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Norte de Santander12
Mediante correo electrónico enviado el 24 de enero del 2024 a la Secretaria General
del Consejo de Estado, el soporte técnico del Tribunal Administrativo de Norte de
7 Índice 4
8 «2.3. Por otra parte, se advierte que el accionante, a título de medida provisional, solicitó ordenar
suspender los efectos de la providencia del 16 de marzo de 2023 y como consecuencia, se le paguen
retroactivamente las mesadas dejadas de cancelar hasta el momento de interposición de la demanda
tuitiva, así como todas las pendientes hasta que se profiera el fallo de tutela.»
9 De acuerdo con el expediente allegado en el índice 10 de samai, en la página 893 del PDF, se
remitió al Consejo de Estado, con auto del 23 de enero del 2020.
10 Las autoridades accionadas y demás intervinientes fueron notificados mediante los oficios 155339 al
155543 del 22 de febrero de 2024. Índice 8 de Samai.
11 Índice 9 de Samai.
12 Índice 10 de Samai.
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Santander, Secretaria General envió el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 54-001-23-33-000-2015-00404-00.
1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP13
A través de correo electrónico radicado el 24 de enero de 2024, la entidad pretendió
que se declarara la improcedencia del asunto de la referencia en cuanto a que no se
incurrió en ningún defecto. En esa medida, argumentó que el asunto no cumple
tampoco con el requisito de inmediatez, pues desde la ejecutoria del fallo de segunda
instancia que también es atacado hasta la interposición de la presente acción de tutela
transcurrieron 8 meses.
Afirmó que, lo expuesto por el señor Cardozo Díaz en su escrito, no es más que una
inconformidad con lo decidido por los consejeros de instancia, por cuanto se alega
que no se tuvo en cuenta la vinculación de carácter territorial. No obstante, la
providencia atacada indicó que por disposición legal no le asistía derecho a recibir la
pensión gracia, por tanto, se decretó la nulidad de las resoluciones que la reconocían.
Además, sostuvo que: «el fallo atacado es congruente con lo probado en el proceso
judicial, situación que no puede considerarse como una aparente vía de hecho, al no
acreditarse el cumplimiento de los requisitos específicos de la acción de tutela contra
providencias judiciales.»
Por último, argumentó que, lo pretendido por el accionante era utilizar el mecanismo
constitucional con el fin de sustituir una decisión judicial proferida por el juez de la
causa natural.
7. Sentencia de primera instancia14
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C dictó sentencia el 23 de febrero
del 2024, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado por la parte
actora. Lo anterior, al advertir que, no se cumplía con el requisito de inmediatez debido
a que, la providencia se profirió el 16 de marzo del 2023 y se notificó el 27 de abril del
2023 a través de correo electrónico, por tanto, cobró ejecutoria el 5 de mayo del 2023
de acuerdo con la constancia del 10 de mayo del 2023 que expidió la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
En esa medida, ha transcurrido más de 6 meses desde la presentación de la acción
constitucional que fue el 22 de diciembre de 2023 y la ejecutoria del fallo.
Adicionalmente, explicó que las actuaciones posteriores para dar cumplimiento a la
sentencia atacada no extienden el término para la presentación de la acción.
13 Índice 11 de Samai.
14 Índice 14 de Samai
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Por último, concluyó que la posibilidad de flexibilización del requisito no aplica al caso,
pues el actor no hizo alusión a una situación particular que así lo permitiera, pues se
limitó a señalar que tiene 77 años, pero no acreditó las circunstancias adicionales que
posibilitaran su protección.
1.8. Impugnación15
El accionante indicó en su escrito de impugnación que, en la tutela argumentó su
deplorable estado de salud junto con su avanzada edad y no entró en detalles pues
consideró que no era necesario. En esa medida, explicó que este había puesto de
presente su condición de salud, lo cual debía considerarse como cierto, para lo cual,
afirmó que si era necesaria la historia clínica el juez debió requerirla con el fin de
aclarar el diagnostico clínico.
Para tal fin, transcribió la historia clínica del 23 de abril del 2023, fecha en la que asistió
a la cita médica con la especialidad de urología. Entonces, aseguró que existía un
sufrimiento continuo por los problemas de salud y económicos con la decisión que
adoptó el Consejo de Estado, por lo cual, estimó que era posible ampliar el término de
los 6 meses para interponer la acción constitucional en contra de la decisión que lo
privó del goce de la pensión gracia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Luis Claudio Cardozo Díaz contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, en los términos del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala definir si
confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia. Para tal efecto, es
necesario abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B trasgredió los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y la seguridad
15 Índice 17 de Samai. La sentencia fue notificada mediante Oficio N° 191741 del 18 de abril de 2024 y
el escrito contentivo de la impugnación se radicó el 23 siguiente, circunstancia por la cual se tiene por
presentada oportunamente.
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social, con ocasión de providencia de segunda instancia dictada el 16 de marzo
del 2023 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
19001-23-33-000-2014-00036-00 que promovió la UGPP en contra de los actos
administrativos que le reconocieron la pensión gracia al señor Luis Claudio
Cardoso Díaz?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) el requisito de relevancia constitucional y iii) el caso en
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su procedencia.18
Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.4.1. Inmediatez19
Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo razonable 20,
el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría
el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser
un medio de protección actual, inmediato y efectivo21.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección22 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara
su improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 201523, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente «cuando fuere promovida en un extenso espacio
entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para
la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es
19 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
20 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-
03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
21 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
22 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
23 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
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muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual24».
2.5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmara la decisión de primera instancia debido a que el asunto
no supera el requisito de inmediatez de la acción de tutela.
Lo anterior, en atención a que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 54001-23-33-000-2015-00404-01, se advierte que la sentencia objeto de
ataque se profirió el 16 de marzo del 2023 y se notificó el 27 de abril del 2023, por lo
que cobró ejecutoria el 5 de mayo del 202325. Por tanto, el accionante tuvo hasta el 5
de noviembre del 2023, para ejercer la acción constitucional de manera oportuna, con
el fin de conjurar inmediatamente la presunta vulneración de derechos fundamentales
que argumentó.
En tal sentido, la acción de tutela se radicó en el aplicativo web de tutela en línea el
22 de diciembre del 2023, con lo cual se advierte que transcurrieron 8 meses de
inactividad, plazo que no resulta razonable para esta Sala. Ahora bien, el accionante
alegó que era necesario realizar la flexibilización del criterio de inmediatez en razón a
sus padecimientos de salud, argumento que fue reiterado en la impugnación.
Al respecto, la Sala concluye que el mero anunciamiento de un padecimiento médico
no es excusa para la inactividad judicial por parte del actor. Así mismo, la historia
clínica que pretende hacer valer el señor Cardozo Díaz fue traída al proceso en
segunda instancia, el cual se debe considerar como un hecho nuevo que no fue
conocido por los accionados y frente al cual no pudieron oponerse en ningún
momento, con lo que frente a cualquier pronunciamiento generaría una vulneración al
derecho a la defensa y contradicción de estos.
En ese sentido, más allá de la solicitud de flexibilización del requisito de procedibilidad
de la inmediatez, el accionante omitió demostrar que hubiera existido un estado de
incapacidad física el cual fuera un impedimento para acceder a la administración de
justicia y poder solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Sumado a lo
anterior, extraña este juez constitucional que el accionante no sostuvo la existencia
de un nexo de causalidad entre el ejercicio inoportuno de la acción y la condición
médica que sostuvo en su escrito de tutela.
Recuerda la Sección que cuando se trata de amparo contra providencia judicial se ha
establecido una metodología más rigurosa para conservar el carácter subsidiario y
excepcional de este mecanismo judicial de protección, y a su vez, garantizar la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia de cada jurisdicción en la estructura
del poder público, por ello, solo en aquellos casos en los que se argumenta
24 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
25 De acuerdo con la constancia de ejecutoria proferida por la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado ubicada en el índice 42 del expediente 54001-23-33-000-2015-00404-01.
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suficientemente el motivo de la tardanza, por «la ocurrencia de un suceso de fuerza
mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela
en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y
sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre
otras»26, el juez constitucional, de forma excepcional, puede abordar el estudio del
asunto.
2.6. Conclusión
La Sala confirmará la decisión, respecto del incumplimiento del requisito de inmediatez
para la interposición de la acción constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de febrero del de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
26 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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