Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00162-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00162-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00162-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
15 de febrero de 2024
Demandante: Myriam Tatiana Cortés Sánchez
Demandado: Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00162-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00162-00
Demandante: MYRIAM TATIANA CORTÉS SÁNCHEZ
Demandado: RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTROS
Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Myriam Tatiana Cortes Sánchez, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela1 contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo digno, descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.
Lo anterior, por cuanto se le negó la concesión de un periodo de vacaciones en
su calidad de asistente jurídico del despacho en mención, debido a la falta del
certificado de disponibilidad presupuestal para designar el respectivo reemplazo.
1
Sometida a reparto por segunda vez el 15 de enero del 2024, según acta individual de reparto
identificada con la secuencia 189. Ver: Página 1. Cuaderno Digital. Ítem 2 cargado en el aplicativo
SAMAI.
1
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Demandante: Myriam Tatiana Cortés Sánchez
Demandado: Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y otros
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1.2. Pretensiones:
En consecuencia, la tutelante solicitó:
1- Se ordene a la -DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, que apropie en el término de 3 días las
partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de mi remplazo y
emita el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el
disfruta de mis vacaciones por el término de veinticinco (25) días (a partir 9 de
enero de 2024).
2- Se ordene al JUEZ 17 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA o por quien corresponda, decida nuevamente frente
a mi solicitud de vacaciones.
3- Se conmine a las autoridades respectivas para que en el futuro, esta situación
no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de recursos
para designar empleado encargado a otras personas, para que los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en
la eficiencia de la administración de justicia.2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora Myriam Tatiana Cortes Sánchez relató que se desempeña como
asistente administrativa del Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, desde el 1º de diciembre del 2011.
Señaló que el 12 de septiembre del 2023 solicitó que se le concediera un periodo
de vacaciones por el término de 25 días, por cuanto laboró de forma
ininterrumpida entre el 1º de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022.
Narró que día 12 de septiembre del 2023, el titular del referido despacho solicitó
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar a su
reemplazo.
Informó que dicha petición fue negada por medio del Oficio DESAJBOTHO23-
CAL20 del 19 de septiembre de 2023, debido a que la sala superior, por medio
de la circular PSAC05-89 de 2005 dispuso que para despachos judiciales
integrados por más de 3 servidores – incluido el juez – no se expide el referido
certificado.
Señaló que, actuando en concordancia con la respuesta proferida por la
Dirección Ejecutiva, el Juez Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá negó su solicitud mediante la Resolución N. º 06 del 20 de
septiembre del 2023, con respaldo en la falta de personal para suplir la carga
laboral que demanda el servicio de administración de justicia, aunado a la
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
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renuencia de la Oficina de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de proferir
el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.
1.4. Sustento de la petición
La tutelante consideró que la entidad acusada vulneró sus derechos
fundamentales invocados por cuanto desconoció que las vacaciones son un
derecho inherente al trabajador, de modo que obstaculizar su disfrute mediante
restricciones administrativas representa una carga desmedida para el empleado
que ha cumplido con todos los requisitos para acceder a este beneficio.
Invocó la sentencia del 12 de diciembre del 2018 con identidad de fundamentos
fácticos respecto del caso objeto de autos, mediante la cual la Sección Cuarta de
la presente Corporación estudió en sede de tutela el derecho al goce y disfrute de
las vacaciones de un funcionario judicial lesionado por un Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad que negó dicha prerrogativa por razones del
servicio.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 23 de enero de 2024, el Despacho avocó conocimiento3,
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar esa decisión a la
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
y Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la Oficina de la Presidencia de la entidad solicitó su
desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, ya que no es la entidad responsable de cumplir con las órdenes
destinadas a proteger los derechos fundamentales de la accionante, pues ello le
corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá por
ser la entidad que actúa como ordenar del gasto, según lo dispuesto en los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
1.5.2. Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá
El titular del despacho solicitó que se ordene a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial la expedición del correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, en aras de nombrar el correspondiente reemplazo en
3
El asunto inicialmente correspondió a la jurisdicción ordinaria, que en sede de impugnación ante
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue decantado bajo la figura de
nulidad procesal por falta de competencia, de tal suerte que atendiendo las reglas de reparto,
dicho trámite fue remitido al presente despacho para adelantar la primera instancia. Ver: Página
1. Auto admisorio de la tutela. Ítem número 4, cargado en el aplicativo SAMAI.
3
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el cargo de la accionante.
Señaló que negó las vacaciones a la señora Cortes Sánchez, con fundamento en
que es su obligación sostener la eficiencia en la prestación del servicio de
administración de justicia, en especial en lo que respecta a las personas privadas
de la libertad.
No obstante, reconoció que el disfrute de las vacaciones constituye un derecho
del empleado que no puede ser aminorado por cuenta de la renuencia de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el acatamiento de fallos
constitucionales donde se insiste en el deber de expedición de los certificados de
disponibilidad presupuestal para la asignación del reemplazo en el cargo de
empleados y funcionarios que adquieren derecho al goce efectivo de sus
vacaciones.
1.5.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de esta
entidad pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no es la entidad obligada a efectuar la disposición de recursos que
permitan la contratación del personal de reemplazo de la accionante.
A su vez, manifestó que la actuación de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá no generó una afectación a un derecho
personal e individual del accionante, sino que actuó en ejercicio de un Acto
Administrativo de carácter general como lo es la circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre del 2011, por medio de la cual se prohíbe la apropiación de recursos
para garantizar la contratación de los reemplazos de los Empleados Judiciales
con régimen de vacaciones individuales.
Bajo las consideraciones expuestas, la accionada solicitó la vinculación del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a título de litisconsorte necesario en la
integración del extremo pasivo de la relación procesal, por cuanto este «es el
Ente del Poder Ejecutivo, que establece el presupuesto y hace las asignaciones
presupuestales para el cumplimiento de los fines, funciones y competencias
administrativas del sector público, entre ellos claro está (-SIC) el servicio de
Justicia». 4
Agregó que la acción de tutela es improcedente por estar dirigida intrínsecamente
contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es la
Circular PSAC11-44 de 2011 y por no cumplir los requisitos para ser tenida como
un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.
1.5.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, pese a que fue debidamente notificada de la existencia de la acción de
tutela de la referencia, no se pronunció.
4
Ver: Página 10 de 22. Contestación Dirección Ejecutiva Seccional ADM. Judicial.
4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral
2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, peticiones que serán denegadas. Esto,
debido a que a la primera entidad en mención se le comunicó la existencia del
presente asunto en atención al posible interés que le asiste en las resultas de
este trámite, mas no como aquella contra la cual se dirijan los reparos expuestos
por el actor.
En cuanto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central se
advierte que resulta importante su vinculación, tras ser la encargada de proveer
los recursos necesarios para que las direcciones ejecutivas seccionales expidan
los certificados de disponibilidad presupuestal requeridos para el nombramiento
de reemplazos durante las vacaciones de los empleados, que es precisamente el
objeto de la presente acción constitucional.
2.2.2. En lo concerniente a la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se resolverá desfavorablemente por no considerarse necesaria
para decidir la controversia planteada, toda vez que la Rama Judicial goza de
autonomía presupuestal y administrativa5, es decir, que no requiere de
autorización previa de esa cartera para cumplir las órdenes judiciales que
impliquen gasto.
Lo anterior, sin perjuicio de que la Rama Judicial, en especial, el Consejo
Superior de la Judicatura deba coordinar con el referido ministerio el presupuesto
para atender las necesidades del poder judicial, en razón del principio armónico
de colaboración entre los poderes públicos previsto en el artículo 209 de la
Constitución.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a
la igualdad de la parte actora, debido a que se le negó el disfrute de las
vacaciones bajo los argumentos de la necesidad del servicio y la renuencia a
proferir el certificado de disponibilidad presupuestal, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá.
5
Al tenor de lo previsto en el artículo 228 de la Constitución, 4 y 5 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
5
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Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. Caso concreto
La parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales invocados por
cuanto la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no
expidió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para designar a la
persona que la reemplace en el cargo de asistente administrativo durante el
tiempo que disfruta de sus vacaciones, razón por la que el Juez Diecisiete de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le negó tal beneficio.
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, el titular del despacho en el que trabaja la tutelante solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca el
referido documento, en los siguientes términos:
De manera comedida me dirijo a usted para solicitar la asignación de la respectiva
disponibilidad presupuestal en cumplimiento a la sentencia SU-296 del 2023, a
efectos de que la señora MIRIAM TATIANA CORTES SANCHEZ, (…) Asistente
Administrativo de este despacho, pueda disfrutar de las vacaciones a las que tiene
derecho (Énfasis de la Sala)
Se identificó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá dio respuesta a la solicitud que referida, mediante Oficio identificado con
el serial DESAJBOTHO23-CAL20 del 19 de septiembre del 2023, por medio del
cual dicha entidad le informó que no era viable gestionar recursos
presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales, así:
(...) En ese orden de ideas, tratándose de la viabilidad de expedir CDP para
personal externo (provisionalidades en remplazo de empleados titulares de cargos
del despacho solicitante), con el fin de hacer el remplazo en las vacaciones de
EMPLEADOS TITULARES DE CARGOS, la situación fue regulada en un primer
momento por la Circular PSAC05-89 de 2005, proferida por la H. Sala Superior, la
cual dispuso que para Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el
juez, no se expedirá certificado de disponibilidad presupuestal. No obstante, el
6
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nominador deberá verificar la necesidad del servicio y redistribuir las cargas del
empleado que se le otorgue las vacaciones en los demás servidores que se
encuentren a su cargo.
En tal virtud, es necesario informarle que no es viable atender de manera positiva
su petición.
Se observa que mediante la Resolución N. º 6 del 20 de septiembre del 2023, el
nominador de la señora Cortes Sánchez no le otorgó permiso para descansar,
pues tal derecho estaba supeditado al aval de la dirección ejecutiva accionada, el
cual debía ser allegado al despacho para proceder a designar el reemplazo,
pues, dada la necesidad del servicio, dicho cargo no puede permanecer vacante,
ni sus funciones pueden ser delegadas a los demás funcionarios judiciales que
integran el despacho.
Así las cosas, se advierte que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 1386 de la Ley 1437 de 2011, es el mecanismo
que se tiene al alcance para controvertir los actos que niegan el disfrute de las
vacaciones, dentro del cual se puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibíd., por lo tanto es, en
principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de éstos se derivan.
No obstante, la Sección Quinta de la Corporación7 señaló que en ciertos eventos
las circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho
mecanismo judicial para precaver la eventual vulneración de derechos
fundamentales, lo cual torna imperiosa la intervención del juez constitucional
como garante de su primacía dentro del ordenamiento jurídico.
La razón de ello se justifica en que, para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante debe indicar que
un acto particular y concreto vulnera un derecho subjetivo por incurrir en alguna
de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico.
En este caso, los argumentos del actor están dirigidos contra la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá -
Cundinamarca pues, a su juicio, la negativa de asignar presupuesto para
nombrar su reemplazo es la que evita que pueda acceder al disfrute del
descanso remunerado.
De modo que las pretensiones del tutelante están dirigidas específicamente a
que se ordene a dicha entidad realizar la apropiación de las partidas
presupuestales correspondientes para la designación de su reemplazo y emitir el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.
6
«Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior...».
7
Entre otras, en las sentencias de 21 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2022-01630-00, 25 de septiembre de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2019-03992-00.
7
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Entonces, no se puede colegir que lo pretendido por el actor sea atacar la
legalidad del acto administrativo por medio del cual su nominador se abstuvo de
concederle las vacaciones, presupuesto indispensable para la procedencia de la
pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Quiere ello decir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carecería de la idoneidad suficiente, dado que no le ofrecería al
accionante una solución a sus pretensiones; razón suficiente para que el suscrito
Juez, actuando bajo la investidura de Juez constitucional, sea competente para
conocer el fondo de esta controversia.
Ahora bien, se encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca expidió el Oficio identificado
con el serial DESAJBOTHO23-CAL20, del 19 de septiembre del 2023, en el que
informó que no era posible expedir un certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar el nombramiento de un reemplazo para despachos judiciales de
más de 3 servidores, incluido el juez, según lo previsto en la Circular PSAC-05-
89 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual se negó la
solicitud de expedir el señalado documento, elevada por el Juez Diecisiete de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Al respecto, la Sala resalta la importancia del descanso como un derecho
fundamental inherente al trabajador que actúa como un mecanismo vital para la
renovación tanto física como intelectual del empleado. En consecuencia, el
descanso no solo protege la salud del trabajador, sino que también potencia su
dedicación y rendimiento en el desarrollo de sus actividades laborales.
Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Cortes Sánchez
deba soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las
vacaciones constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo
que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta
corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de
tutelas con similares supuestos fácticos.8
Según se tiene, la tutelante busca que se garantice el goce o disfrute material del
periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones de
presupuesto y necesidad del servicio, no se ha materializado. Sin embargo, los
argumentos de la necesidad del servicio y la omisión de la dirección seccional
accionada de autorizar el rubro presupuestal correspondiente no son suficientes
para desconocer el disfrute de tal derecho.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía
fue reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
8
Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
8
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concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció9 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del
derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».
En efecto, la Sala reconoce la urgencia del servicio que enfrentaría el Juzgado
Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá debido a la
ausencia de su asistente jurídico; por lo tanto, es imperativo que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, tome
las medidas necesarias para garantizar que este despacho pueda cumplir con
sus funciones, sin que ello implique una afectación o restricción de los derechos
laborales de los servidores judiciales, como se observó en el caso objeto de
autos donde flagrantemente se vulnera el goce y disfrute del derecho a las
vacaciones que adquirió la señora Cortes Sánchez.
En suma, la autoridad cuestionada no puede argumentar obstáculos de índole
administrativo al accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales.
Lo anterior, considerando especialmente que escapa de la esfera del deber de
los empleados soportar las cargas presupuestales y organizacionales de la
administración, para proveer el reemplazo del cargo durante su ausencia
temporal, sin afectar la eficiencia en la prestación del servicio de administración
de justicia.
Así, restringir el derecho al disfrute de las vacaciones de la señora Cortes
Sánchez por cuenta de limitaciones de carácter administrativo, no es una carga
que deba soportar un servidor judicial, máxime si se tiene en cuenta que en la
misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se exige solo al interesado
reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente programación de
vacaciones, para que sea incluido en los turnos.
En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación
de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.
En consecuencia, es evidente que existe vulneración del derecho fundamental al
descanso por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio».
A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el
9
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
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procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de noviembre de
2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa expidió la
Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa la derogatoria de lo
establecido en las referidas circulares:
(...) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello.
Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales”. Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.
Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de
los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.
Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135
de 1968 y 1045 de 1978).
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 10, de modo que los empleados de los
Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, según las
necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de
servicios.
Bajo este contexto, la Sala amparará los derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad, a la salud y al descanso real, efectivo y remunerado de la señora
Myriam Tatiana Cortes Sánchez y, en consecuencia, dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la
notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
10
Estatutaria de la Administración de Justicia.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Myriam Tatiana Cortés Sánchez
Demandado: Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00162-00
necesarios para que el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá adopte las medidas que se requieren para que la señora
Myriam Tatiana Cortes Sánchez goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.
ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
quien a su vez deberá, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan
para que la tutelante pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea
afectada la prestación del servicio de administración de justicia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central, así como la petición de vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a
la salud y al descanso real, efectivo y remunerado de la señora Myriam Tatiana
Cortes Sánchez.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá - Cundinamarca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo
hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la
provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Diecisiete de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá adopte las medidas que se
requieren para que la accionante goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.
Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
quien a su vez deberá, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Myriam Tatiana Cortés Sánchez
Demandado: Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00162-00
para que la tutelante pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea
afectada la prestación del servicio de administración de justicia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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