Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00168-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00168-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00168-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
15 de febrero de 2024
Demandante: Daniel Guillermo Parra Galvis
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00168-00
4CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00168-00
Demandante: DANIEL GUILLERMO PARRA GALVIS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la actuación
temeraria en la acción de tutela y, en consecuencia, niega
la solicitud de amparo constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Daniel Guillermo
Parra Galvis contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Daniel Guillermo Parra Galvis, el 12 de enero de 2024, en nombre
propio, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de las sentencias de 9 de junio y 29 de noviembre de 2023, a través de las
cuales las autoridades censuradas, finalmente, sancionaron al abogado Parra
Galvis con suspensión de un año en el ejercicio de la profesión y una multa de
dos s.m.l.m.v., «por la infracción del deber previsto en el numeral 14 del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y con ello la incursión en la falta disciplinaria
prevista en el numeral 4 del artículo 29 y el artículo 39 ibidem a título de dolo»,
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Demandante: Daniel Guillermo Parra Galvis
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
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en el marco del proceso disciplinario identificado con el radicado 68001-11-02-
000-2019-00236-01.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1.- Se tutelen los derechos constitucionales aquí invocados como vulnerados y
consecuentemente se ordene a la Comisión de Disciplinaria judicial – Comisión
nacional de Disciplina Judicial -, dejar sin efecto la sentencia proferida con fecha
9 de Junio de 2023 y ratificada con fecha 29 de Noviembre de 2023.1
Además, elevó la siguiente medida provisional:
[…] se decrete la MEDIDA PROVISIONAL, de suspender provisionalmente la
sanción disciplinaria en atención al amparo que se solicita, con la finalidad de
no afectar el derecho al trabajo y teniendo en cuenta sobre todo, que uno de los
reproches que aquí se cita está relacionado con la dosimetría de la sanción.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La actuación disciplinaria tuvo origen en la queja presentada por el señor
Carlos Enrique Rey Meléndez, con el fin de que se investigaran las posibles
conductas irregulares en las que incurrió el abogado Daniel Guillermo Parra
Galvis en el marco de un proceso de divorcio que se adelantó en el Juzgado
Tercero de Familia de Bucaramanga, en el cual el quejoso fungió como parte
demandada.2
En ese contexto, se acusó al abogado de haber solicitado al quejoso una suma
exorbitante por concepto de alimentos congruos para sus hijos, los cuales
fueron aprobados por el juzgado de conocimiento. Además, pidió que la
mencionada suma fuera asumida totalmente por el señor Rey Meléndez, razón
por la cual este buscó la manera de llegar a un acuerdo de pago con la madre
de sus hijos, pero, no fue posible porque ella lo remitió ante el profesional
sancionado, quien le exigió una suma mayor por concepto de alimentos
respecto de su exesposa.
Por lo anterior, indicó que el quejoso se negó a continuar con el pago de los
alimentos y, en consecuencia, el abogado presentó una demanda ejecutiva en
su contra, de la cual conoció el mismo Juzgado Tercero de Familia de
1
Transcripción del escrito de tutela con posibles errores.
2
Proceso que se identificó con el radicado «2017-00500»
2
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Bucaramanga, autoridad que libró mandamiento de pago por la suma de
$36.000.000.
Narró que, el mismo profesional del derecho inició un tercer proceso en su
contra, conocido por el Juzgado Noveno del Circuito de Bucaramanga, en el
que pretendía que se declarara una sociedad comercial de hecho entre él y su
exesposa, con base en que los bienes relacionados dentro del proceso de
divorcio hacían parte de la sociedad comercial. Proceso que, a juicio del
quejoso, se promovió para presionar el pago de las referidas sumas dinerarias
y, marco en el cual el 1. ° de febrero de 2019 se sustituyó el poder a la abogada
Yuliet Correa Delgado.
Agregó que, el 18 de febrero de 2019, el abogado Guillermo Parra Galvis llamó
al señor Enrique Rey Meléndez con el propósito de exigirle el pago de
$72.000.000, por lo que él y su abogado optaron por manifestarle que no
tenían nada que hablar con el profesional por cuanto la apoderada de la
exesposa era la señora Yuliet Correa Delgado. Precisó que, al respecto, el
togado contestó que Yuliet era su empleada y que hablar con él, era como
hablar con ella. Precisó que, las anteriores actuaciones las ejecutó el
profesional mientras se encontraba suspendido.
El asunto le correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, autoridad que en sentencia de 9 de junio de 2023 declaró
responsable disciplinariamente al señor Daniel Guillermo Parra Galvis «por la
violación a los deberes contenidos en los numerales 63 y 144 del artículo 28 de
la Ley 1123 de 2007 y la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el
numeral 4 del artículo 295 y el artículo 396, así como en el numeral 2 del artículo
337 ibídem a título de dolo, imponiéndole la sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de dos (2) años y multa de cinco (5)
S.M.L.M.V.».8
3
«Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:(…)
6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del
Estado».
4
«Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:(…)
14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para
el ejercicio de la profesión».
5
«Artículo 29. “Incompatibilidades: No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
(…) 4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión».
6
«Artículo 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la
violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para
el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional».
7
«Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
(…)
2. Promover una causa o actuación manifiesta contraria a derecho».
8
Se concluyó que: (i) La conducta era típica y antijurídica por cuanto el investigado continuó
actuando como apoderado inicial y principal dentro de los mencionados procesos de divorcio
y ejecutivo por alimentos, pese a que se encontraba sancionado por la extinta Sala
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El recurso de alzada fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en providencia de 29 de noviembre de 2023 en el sentido de modificar
la decisión de primer grado, en los siguientes términos:
(i) Absolvió al abogado de la falta contenida en el numeral 2. ° del artículo 33
de la Ley 1123 de 20079, por cuanto concluyó que le asistía razón al señalar
que ejerció el proceso verbal de existencia de sociedad comercial de hecho
bajo su criterio y autonomía profesional, así como con pleno convencimiento
en que, a partir de la información suministrada por la cliente, se habían
configurado los elementos para la declaración dicha figura.
(ii) Impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el
término de un año y una multa de dos s.m.l.m.v. para el año 2019.
Esto, al determinar, en consonancia con el análisis de primera instancia, que
el togado sí ejerció la profesión estando inhabilitado para ello, lo cual se
corroboró con las declaraciones del quejoso y su apoderado, quienes fueron
consistentes en manifestar que, el 19 de febrero de 2019, mientras se
encontraban juntos, el demandado recibió una llamada de Daniel Guillermo
Parra Galvis con el objeto de advertir «sobre las medidas de embargo
decretadas en el ejecutivo de alimentos y las consecuencias de las mismas».
Además, que durante el testimonio del investigado, aceptó que era el titular del
abonado telefónico desde el cual se realizó la mencionada llamada, pero que
era para uso comunitario en su oficina, argumento que no implicaba que el
señor Parra Galvis no pudiera utilizarlo o disponer sobre este. En ese orden,
se señaló que no bastaba con que el sancionado afirmara que no efectuó la
llamada, sino que tenía que demostrarlo, lo cual no ocurrió así.10
Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura; por pretender cobrar en la causa ejecutiva
unas sumas de dinero que no correspondían con la realidad; y por usurpar funciones judiciales
al presentar un memorial con el mandamiento de pago ante la empresa empleadora del
demandado sin esperar a que el juzgado librara los oficios, entre otras conductas. (ii) Las
actuaciones se efectuaron a título de dolo debido a que actuó de forma intencional y voluntaria
estando suspendido. (iii) La dosimetría de la sanción la sustentó en los criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, de conformidad con lo establecido en el «literal A, numeral
2 del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
9 «Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
(…)
2. Promover una causa o actuación manifiesta contraria a derecho».
10
Por ello, concluyó que:
«Al respecto, para esta Sala, el haber hecho la llamada, efectivamente no efectúa una
actuación procesal, pero sí es ejercer la profesión y en esa medida, sí se incurre en la falta de
contravenir el régimen de incompatibilidades al actuar en nombre y representación de quien
se apodera en una causa judicial.
Y es que téngase en cuenta que, según lo acreditaron los citados declarantes, el objeto de la
llamada era hablar sobre el proceso ejecutivo de alimentos, advertir de la existencia de unas
medidas cautelares ya decretadas y las consecuencias que tiene para el ejecutado el no pago
de las obligaciones; lo cual evidentemente es en ejercicio de la profesión y tiene una relación
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También desestimó el argumento de defensa concerniente a que había
sustituido el poder, en atención a que «la figura del nombramiento como
suplente a otro togado, no separa al profesional del mandato conferido, sino
que lo mantiene como apoderado principal y originario, y de hecho, no podría
interpretarse como tal, pues si se separa al apoderado principal de su
mandato, el suplente quedaría inmediatamente también sin poder de
representación […] Tan es así, que dentro de los expedientes 2017-500 y
2018-561 el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bucaramanga decidió
interrumpir los procesos por causa de dicha sanción, hasta tanto no se
cumpliera la misma o se nombrara otro apoderado». En ese sentido, la
judicatura censurada aclaró la diferencia entre el abogado suplente y la
sustitución de poder, último supuesto en el que no se incurre en la violación
del régimen de inhabilidades de conformidad con lo consignado en el numeral
19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.
En cuanto al alegato consistente en que no se le había notificado la sanción
para el momento en que se realizó la llamada, la Comisión Nacional precisó
que, de conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de dicha
corporación, la notificación ocurrió el 8 de febrero de 2019, mientras que la
comunicación telefónica ocurrió el 19 de febrero de la misma anualidad.
Respecto al dolo, adujo que «este tipo de falta mal podría considerarse a título
de culpa, pues por su naturaleza misma, resulta incoherente pensar que
cuando un abogado continúa ejerciendo la profesión a pesar de saber que se
encuentra incurso en una causal de inhabilidad, actúa sin la consciencia de su
incumplimiento y por el contrario, aunque lo conozca, decide,
deliberadamente, ir en contra de sus deberes profesionales, tal como se
acreditó en la causa [...]».
El 5 de diciembre de 2023, el abogado Parra Galvis solicitó la aclaración del
fallo en relación con: (i) la figura del abogado suplente, por cuanto, a su juicio,
esta designación la efectuó la demandante en virtud de lo estipulado en el
artículo 75 del CGP, que faculta a las partes para designar varios apoderados;
y (ii) la posible configuración de un posible «defecto material que vaya en
contra de mis propios intereses»; y (iii) la fecha de recibido de la notificación
de la sanción, por cuanto esta se remitió en medio físico desde la ciudad de
Bogotá hasta la ciudad de Bucaramanga.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la providencia censurada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
directa entre el encargo que estaba adelantando como profesional del derecho antes de la
entrada en rigor de la suspensión de la profesión».
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de justicia al proferir el fallo de 29 de noviembre de 2023, con sustento en los
siguientes argumentos:
1.4.1. En relación con el otorgamiento del poder, alegó que la autoridad
disciplinaria desconoció lo estipulado en el artículo 75 del CGP, en el cual se
establece la prohibición de la actuación simultánea de apoderados en
representación de una misma persona y señala la sustitución del poder, figura
en la cual el apoderado principal de aparta del proceso para que el sustituto
actúe.
De otro lado, indicó que, la modalidad del abogado suplente que se consagra
en las normas que regulan el procedimiento penal, es diferente a lo previsto
en el ámbito civil como lo es el caso objeto de atención. En ese orden, citó un
aparte de la sentencia de 4 de marzo de 2009 dictada por la Corte Suprema
de Justicia11 en la cual se precisó lo siguiente:
Del simple tenor literal se puede entender, de los abogados suplentes, lo
siguiente: 1. Que su designación es potestativa, tanto para la defensa y la parte
civil, como también para el tercero civilmente responsable. 2. Que su actuación
está autorizada desde el momento mismo de la presentación del escrito que
contiene su designación, sin que para ello sea necesario reconocimiento alguno
o verificación de la situación de retiro o ausencia temporal del defensor principal
y sin que se le pueda realizar ninguna exigencia adicional. 3. Que la autorización
para su intervención en el proceso se extiende hasta tanto no se le revoque su
designación, o se le haga a otro profesional, sin que la misma pueda entenderse
suspendida o excluida por la actuación del representante principal.
Así, resaltó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tuvo en cuenta
las diferencia entre las atribuciones delegadas que provienen del titular y se le
otorgan al abogado sustituto cuando se confiere el poder «identificando a uno
de ellos como principal y otro como suplente». Es por ello que, contrario al
análisis de la autoridad cuestionada, en virtud de la figura de la suplencia se
cubren las faltas temporales o absolutas del principal, puesto que no se trata
de «una delegación del apoderado a otro procesional como accesorio, por
cuanto principal y suplente fueron designados en el mismo acto con las
mismas facultades» de conformidad con el artículo 75 del CGP.
Agregó que también se desconoció la norma ejusdem porque no se consideró
que quien sustituye conserva la facultad de reasumir, es decir, no lo separa
del proceso ni lo desvincula de las responsabilidades propias del mandato.
1.4.2. Frente a la notificación de la sanción disciplinaria anterior a la que es
objeto de reparo, reprochó que la Comisión se amparara en la certificación
expedida por la secretaría de la corporación, pese a que esta solo da cuenta
del envío del documento, no de la recepción efectiva de este.
11
Proceso que identificó con el número «31182».
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1.4.3. Respecto a la inspección que se realizó al equipo celular del quejoso, la
cual se hizo con el objeto de desvirtuar la tacha que la defensa del investigado
elevó contra los mensajes de texto y llamadas realizadas por el abogado,
manifestó su inconformidad con el hecho de que en la diligencia no se le
permitió al investigado verificar el contenido en el mencionado equipo. Por eso,
arguyó que se incurrió en un defecto sustantivo con ocasión de la
transgresión del «artículo 93 y 95 de la Ley 1123».
Agregó al mencionado yerro, la no aplicación de los artículos 13 y 46 ibídem,
los cuales fijan la obligación de que la sanción responda a los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, puesto que, en su criterio, los
jueces de instancia omitieron el deber de justificar razonablemente la
necesidad de esta «por la forma incompleta como se valoró la modalidad de
la conducta, la falta de evaluación la referencia generalizada frente a la
inexistencia de antecedentes al momento de proferir la sanción y la
circunstancia de que no se acreditaron agravantes y la omisión en la
apreciación de los criterios» ya mencionados.12 Adicionó que estos reparos
fueron objeto del recurso de apelación y expuestos en los alegatos.
Finalmente, afirmó que la sanción impuesta restringe los derechos al trabajo y
a escoger la profesión u oficio del accionante, lo cual se omitió al momento de
considerar la proporcionalidad de esta, máxime, porque, a su juicio, no se logró
demostrar la generación de un daño concreto a los intereses del quejoso.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 18 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridades judiciales accionadas a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander. En calidad de tercero con eventual interés en las resultas del
trámite constitucional, se dispuso la vinculación del señor Carlos Enrique Rey
Meléndez.
Finalmente, se negó la solicitud de medida provisional al no encontrarse
acreditada su urgencia y necesidad en esta etapa del trámite, se requirió una
copia digital del expediente disciplinario y se ordenó a la Oficina de Sistemas
de la Corporación realizar una publicación de la información relativa a esta
acción de tutela, en la página web del Consejo de Estado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los
siguientes informes:
12
Cita del escrito de tutela con posibles errores.
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1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
A través de correo electrónico recibido el 24 de enero de 2024, la magistrada
ponente de la sentencia de 29 de noviembre de 2023, puso de presente que
el escrito de tutela del asunto de la referencia fue conocido por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, autoridad que mediante
providencia de 16 de enero de 2024 avocó el conocimiento del asunto al cual
se le asignó el radicado 11001-02-30-000-2024-00017-00, y fue contestado
por la corporación el 17 de enero de la misma anualidad.
Solicitó que se denieguen las pretensiones del mecanismo constitucional en
virtud de que no se acreditó la existencia de la vulneración a los derechos
fundamentales deprecados, o que se declare su improcedencia al evidenciarse
que lo pretendido por el accionante es agotar una tercera instancia de la causa
disciplinaria.
En cuanto al fondo del debate, informó que los cargos relacionados con la
práctica de la audiencia de inspección a un teléfono móvil y de la indebida
notificación de una sanción que se encontraba vigente entre el 14 de febrero
y 13 de abril de 2019, son aspectos que no fueron alegados en las
oportunidades procesales establecidas en la Ley 1123 de 2007 ni en el recurso
de apelación, razón por la que no es procedente que se planteen en sede de
una acción de tutela como especie de instancia adicional a las zanjadas por
los jueces naturales.
Finalmente, explicó que el defecto sustantivo por aplicación de los criterios de
graduación de la sanción contenidos en los artículos 13 y 46 de la Ley 1123
de 2007, no tiene vocación de prosperidad por cuanto fue un aspecto objeto
de estudio en la sentencia de segundo grado y, en atención a ello, fue que se
modificó la decisión de la Comisión Seccional en el sentido de reducir la
sanción ante la absolución del disciplinado respecto de una de las faltas
endilgadas.
1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander
En memorial de 26 de enero de 2024, el magistrado ponente de la decisión de
primer grado del proceso disciplinario también informó sobre la existencia de
un mismo escrito de tutela del cual conoce la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y que se identifica con el radicado 11001-02-30-
000-2024-00017-00, la cual se encuentra asignada al despacho del
magistrado Gerardo Botero Zuluaga.
De otro lado, luego de exponer las actuaciones surtidas al interior del proceso,
aseguró que no se acreditó en este caso la vulneración de los derechos
fundamentales señalados por la parte actora, puesto que se respetaron todas
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las etapas procesales, el abogado siempre estuvo representado por sus
apoderados de confianza y jamás pusieron de presente la transgresión de
alguna garantía superior.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela ante la
ausencia de irregularidad alguna, «máxime cuando la decisión de fondo
proferida en el asunto fue objeto de revisión por parte de nuestro superior
jerárquico en sede de apelación modificando la responsabilidad del profesional
del derecho investigado y la acción de tutela no puede servir de mecanismo
legal para revivir actuaciones procesales concluidas en las diferentes etapas
del proceso disciplinario en instancia».
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Daniel Guillermo Parra Galvis contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
Esta Colegiatura aclara que, si bien este mecanismo constitucional se
promovió contra las dos providencias que resolvieron en primera y en segunda
instancia la causa disciplinaria, lo cierto es que, en caso de proceder el análisis
del fondo del reclamo, este se hará a partir del proveído de 29 de noviembre
de 2023 por ser la decisión con la cual se definió la situación jurídica del señor
Daniel Guillermo Parra Galvis.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión
de la providencia de 29 de noviembre de 2023 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por presuntamente incurrir en un defecto
sustantivo.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la
actuación temeraria en la solicitud de amparo; y (iii) el caso concreto.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201213 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales15.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. La actuación temeraria en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al
interior de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes […]”»
De lo anterior, esta Sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad
en el trámite constitucional, el juez debe, por medio de auto, proceder al
rechazo de la acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite
constitucional, sin embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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correspondiente será que la Sala lo resuelva en el fallo respectivo,
decidiendo desfavorablemente «todas las solicitudes».
De conformidad con lo anterior, esta Sección ha considerado que la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos17: (i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la
segunda petición de amparo se presenta por la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción18.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización
impropia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado19:
[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida
para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela.
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia
que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda
y del acervo probatorio que repose en el proceso […].
Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos
de cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado20:
[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas,
por una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el
accionante actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo
38 bajo la cual no se requiere tal elemento para su consolidación, en
consecuencia solo se necesita que el accionante presente varias veces una
demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna. No obstante,
esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una
acción de amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y
de mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricción legitima
al derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela. La
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24
de junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
18
Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre
Lynett.
19
Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
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nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
libelista.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado
de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala
precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo
en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un
asunto decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que
existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya
cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de
buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia
previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure
únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la
triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada […]».21
Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:
A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a
partir de triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o
más acciones de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa
petendi y objeto, puede entenderse que aquella institución se configura.
También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la
jurisdicción constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente22:
Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada
en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:
21
Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Énfasis
propio.
22
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto
Rojas Ríos.
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“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de
esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si
ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia”23
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el sub examine, la parte accionante consideró que se vulneraron sus
garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia por parte de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, con
ocasión de la sentencia de 29 de noviembre de 2023 mediante la cual se puso
fin al proceso disciplinario que se adelantó en su contra y culminó con la
declaratoria de responsabilidad del actor y la imposición de una sanción
consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión de abogacía y una
multa correspondiente a dos s.m.l.m.v.
2.6.2. Ahora bien, fuera del caso analizar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela con el fin de constatar si
procede el estudio de fondo la solicitud de amparo de la referencia, de no ser
porque se advierte que el extremo activo ya elevó una acción constitucional
con el mismo objeto, causa y parte demandada, e invocó la protección de
iguales derechos fundamentales; asunto frente al cual la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó su conocimiento mediante auto
de 16 de enero de 2024, dentro del expediente identificado con el radicado
11001-02-30-000-2024-00170-00.
Lo anterior, implica declarar la temeridad en el actuar del señor Daniel
Guillermo Parra Galvis, comoquiera que, al comparar los dos escritos
contentivos de la demanda tutelar, se advierte que se trata del mismo
documento, solo que fue radicado ante dos autoridades judiciales diferentes,
tal como se puede observar en los siguientes cuadros:
(i) Tutela número 11001-02-30-000-2024-00170-00
Autoridad Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Estado Admitida el 16 de enero de 2024 y pendiente para
fallo.
Demandante Daniel Guillermo Parra Galvis.
Demandados Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander.
23
Ob. Cit. «Sentencia T-548 de 2017». Énfasis propio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00168-00
Causa Las sentencias disciplinarias sancionatorias de 9 de
junio y 29 de noviembre de 2023.
Objeto «1.- Se tutelen los derechos constitucionales aquí
invocados como vulnerados y consecuentemente se
ordene a la Comisión de Disciplinaria judicial – Comisión
nacional de Disciplina Judicial -, dejar sin efecto la
sentencia proferida con fecha 9 de Junio de 2023 y
ratificada con fecha 29 de Noviembre de 2023».
Derechos Debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
(ii) Tutela número 11001-03-15-000-2024-00168-00
Autoridad Consejo de Estado, Sección Quinta.
Estado Admitida el 18 de enero de 2024 y pendiente para
fallo.
Demandante Daniel Guillermo Parra Galvis.
Demandados Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander.
Causa Las sentencias disciplinarias sancionatorias de 9 de
junio y 29 de noviembre de 2023.
Objeto «1.- Se tutelen los derechos constitucionales aquí
invocados como vulnerados y consecuentemente se
ordene a la Comisión de Disciplinaria judicial – Comisión
nacional de Disciplina Judicial -, dejar sin efecto la
sentencia proferida con fecha 9 de Junio de 2023 y
ratificada con fecha 29 de Noviembre de 2023».
Derechos Debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
Por lo anterior y acorde con el lineamiento jurisprudencial y normativo
expuesto en líneas previas, se considera que en el presente caso se configuró
el fenómeno jurídico de la temeridad puesto que: (i) existe identidad de partes;
(ii) los fundamentos de hecho en ambas solicitudes son iguales; y (iii) la
finalidad es que se garanticen sus derechos al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, ante la decisión disciplinaria
sancionatoria que considera contraria a derecho.
Adicionalmente, no se advierte que en el cuerpo del escrito de tutela se
hubiese manifestado que se surtió otra acción idéntica ante la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Tampoco se incluyó la manifestación o juramento en el que la parte
demandante hubiera afirmado que no ha interpuesto otra solicitud de amparo
por los mismos hechos.
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En el marco del análisis fáctico previo, queda demostrado que el accionante
presentó dos solicitudes de amparo con identidad de causa, objeto y partes,
sin que medie una razón contundente y suficiente que justifique haber
promovido simultáneamente la misma acción de tutela ante diferentes
despachos judiciales, aspecto que se considera una conducta temeraria por
parte de ese extremo procesal.
Máxime, porque se advierte la intención de dejar transcurrir paralelamente los
dos procesos constitucionales, uno ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, y otro que le correspondió a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, y que es el actual objeto de atención de la Sala.
En ese orden, no es posible exponer en defensa del extremo activo que por
error se hubiese dado trámite doble a la solicitud de amparo, por cuanto el
señor Daniel Guillermo Parra Galvis, al haber sido notificado del reparto
múltiple de su solicitud y que le correspondió a dos altas cortes, incumplió su
deber de informar tal evento al juez que primero admitió la demanda tutelar
para que se tomaran las medidas pertinentes, empero, a la fecha en que se
analiza el asunto de la referencia, ello no ha ocurrido.
Tal falta afecta el buen funcionamiento del servicio de la administración de
justicia y constituyó una amenaza a los pilares de este, como lo son el principio
de legalidad y de seguridad jurídica, puesto que, de no haber sido por las
manifestaciones de los intervinientes en este proceso, se habría podido dictar
otra decisión paralela, pero contraria y desconocedora de lo que en su
momento llegara a disponer la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral.
2.7. Conclusión
En atención a los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión declarará la
temeridad de la acción de tutela promovida por el señor Daniel Guillermo Parra
Galvis contra Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Santander, comoquiera que se demostró que la parte
accionante ha ejercido idéntica solicitud de amparo ante otro despacho judicial.
Adicionalmente, se le advertirá la imposibilidad de presentar otra petición de
amparo por los mismos hechos, sin que medie una justificación válida que lo
faculte.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00168-00
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en la acción de tutela, en
consecuencia, NEGAR la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a
la parte actora que no puede presentar otra petición por los mismos hechos,
sin que justifique la existencia de una razón válida que lo habilite.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Aclara voto)
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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