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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00172-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00172-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00172-00 Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la actora respecto de las pretensiones del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-2023-00789-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado frente al medio de control de nulidad electoral identificado con el número de radicación 68001- 23-33-000-2023-00774-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00172-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00172-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y su

SECRETARÍA.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00172-00
Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

La señora LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL y su SECRETARÍA al haber incurrido en una presunta

mora judicial injustificada, dentro de los medios de control de nulidad

electoral identificados con los números únicos de radicación 68001-

23-33-000-2023-00774-00 y 68001-23-33-000-2023-00789-00, por

cuanto no se ha resuelto el recurso interpuesto contra el auto de 7

de diciembre de 2023, que denegó la medida cautelar allí solicitada

y no se ha decidido sobre la reforma de la demanda, ni las solicitudes

de suspensión provisional y de acumulación de procesos,

respectivamente.

I.2. Hechos

Afirmó que presentó medio de control de nulidad electoral contra el

acto de elección del señor EDUARD ABRIL BORRERO como Alcalde

del Municipio de Concepción (Santander), para el período

constitucional 2024-2027, al cual le fue asignado el número único de

radicación 68001-23-33-000-2023-00774-00 y le correspondió por

reparto al TRIBUNAL que, a través de providencia de 28 de

noviembre de 2023, admitió la demanda, sin que hasta la fecha se

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Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

haya resuelto el recurso interpuesto contra el proveído que resolvió

la medida cautelar, ni se ha notificado a la parte allí accionada de

tales decisiones.

Sostuvo que de igual forma, el señor ANDERSON JAVIER ROJAS

BARAJAS también presentó demanda de nulidad electoral contra la

elección del señor EDUARD ABRIL BORRERO como alcalde del

Municipio de Concepción (Santander), la cual fue identificada con el

número único de radicado 68001-23-33-000-2023-00789-00 y

asignada por reparto al TRIBUNAL que, pese a que la admitió el 4

de diciembre de 2023, aún no ha resuelto la solicitud de aclaración

del auto admisorio ni la reforma de la demanda, como tampoco la

medida cautelar.

Adujo que las medidas cautelares solicitadas en los referidos medios

de control de nulidad electoral tienen prelación especial por lo que el

TRIBUNAL debe darle celeridad al momento de resolver las mismas.

Insistió que es necesario el decreto de las medidas cautelares

solicitadas, toda vez que actualmente el señor EDUARD ABRIL

BORRERO funge como Alcalde del Municipio de Concepción

(Santander) y, a su juicio, se encuentra inhabilitado de conformidad

con los numerales 5 y 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

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Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

I.4. Pretensiones

La actora solicitó el amparo del derecho fundamental al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, en los siguientes

términos:

“[…] SEGUNDO: Decretar y ordenar al SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER RADICADO NO.
68001233300020230078900 MP. CAROLINA ARIAS FERREIRA;
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, RADICADO
NO. 68001233300020230077400 MP. LUISA FERNANDA FLÓREZ
REYES, dar Prelación Constitucional al presente proceso y resolver
las Medidas Cautelares, además; de los demás temas pendientes
(Aclaraciones del auto admisorio, reformas de la demanda,
Recursos, etc)

TERCERO: Decretar y ordenar al SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER RADICADO NO.
68001233300020230078900 MP. CAROLINA ARIAS FERREIRA;
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, RADICADO
NO. 68001233300020230077400 MP. LUISA FERNANDA FLÓREZ
REYES, notificar de manera inmediata al Demandado, hoy alcalde
señor EDUARD ABRIL BORRERO.

CUARTO: Decretar y ordenar al a la Señora PROCURADORA
GENERAL DE LA NACIÓN, iniciar VIGILANCIA PREVENTIVA, por lo
expuesto, en especial, porque está llamado a prosperar el medio
de control de Nulidad electoral, en contra del Acto de elección de
EDUARD ABRIL BORRERO que integra la lista DEL PARTIDO VERDE,
a la ALCALIDIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN por la
circunscripción territorial ordinaria de SANTANDER.

QUINTO: Decretar y ordenar al SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER RADICADO NO.
68001233300020230078900 MP. CAROLINA ARIAS FERREIRA;
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, RADICADO
NO. 68001233300020230077400 MP. LUISA FERNANDA FLÓREZ
REYES, procedan a resolver la acumulación de la demanda, de
manera inmediata […]”.

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Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, a través de la Magistrada ponente del proceso

de nulidad electoral identificado con el número único de radicado

68001-23-33-000-2023-00774-00, luego de realizar un recuento de

las actuaciones impartidas dentro del citado medio de control, indicó

que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que le

ha dado impulso permanente al proceso conforme a los términos

legales para ello.

Señaló que el auto admisorio de la demanda fue notificado a cada

una de las partes y requirió a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL2 para que indicara el canal digital de notificación del

señor EDUARD ABRIL BORRERO, parte allí demandada, razón por

la que resulta improcedente volver a realizar dicha actuación como

lo solicita la actora.

Advirtió que para resolver la solicitud de acumulación de procesos de

conformidad con el artículo 282 del CPACA, es necesario que se

cumpla el término para contestar la demanda y además que la

SECRETARÍA pase al Despacho sustanciador el expediente, lo cual

al momento de contestar la presente solicitud de amparo no había

ocurrido.

2
En adelante la Registraduría.

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Puso de presente que el 18 de enero de 2024, se registró el proyecto

de auto que deniega la solicitud de medida cautelar y reforma de la

demanda, el cual será estudiado por la Sala de Decisión del

TRIBUNAL.

Solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela de la

referencia, comoquiera que no existe ninguna conducta que vulnere

los derechos fundamentales de la actora y además se le ha dado un

impulso acucioso al asunto, teniendo en cuenta que tiene a su cargo

más procesos de nulidad electoral desde que finalizó la jornada de

elecciones del mes de octubre de 2023, los cuales de igual forma

deben ser atendidos de manera prioritaria, al igual que las acciones

de tutela, de cumplimiento, populares e incidentes de desacato a su

cargo.

I.5.2.- El TRIBUNAL a través de la Magistrada ponente del medio

de control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 68001-23-33-000-2023-00789-00, informó lo siguiente:

“[…] considera este despacho que la acción no está llamada a prosperar

toda vez que, en el análisis efectuado en esta instancia, ya fue registrado

auto mediante el cual se resuelve tanto la solicitud de aclaración, como la

reforma a la demanda y la solicitud de suspensión provisional propuesta

por la actora, visible en la actuación de fecha 19 de enero de 2024, índice

18 del registro de actuaciones en SAMAI […]”.

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Actora: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ

Adujo que frente a la solicitud de acumulación de procesos se debe

impartir el trámite establecido en el artículo 282 del CPACA, por lo

que, una vez vencido el término para contestar la demanda, la

SECRETARÍA le informará al Magistrado Ponente el estado en que

se encuentran los demás asuntos para proceder a decidir la

acumulación mediante auto, lo cual no ha sucedido al momento de

contestar la acción de tutela de la referencia, razón por la que no

puede resolver ésta si aún está en trámite dicho traslado.

Destacó que tuvo en cuenta todas las disposiciones constitucionales

y ritualidades legales garantizando los derechos fundamentales de

las partes dentro del proceso de nulidad electoral, razón por la cual

solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de amparo de la

referencia.

I.5.3.- La REGISTRADURÍA, vinculada en calidad de tercero con

interés directo en las resultas del proceso, solicitó su desvinculación

de la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la

causa por pasiva, pues, a su juicio, la entidad competente para

resolver las solicitudes de la actora es la autoridad judicial

demandada.

I.5.4.- Los señores ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS y

EDUARD ABRIL BORRERO, vinculados en calidad de tercero con

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interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en

debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la REGISTRADURÍA solicitó su desvinculación

en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa

por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Comoquiera que la REGISTRADURÍA actuó como parte demandada

dentro de los medios de control de nulidad electoral identificados con

los números únicos de radicación 68001-23-33-000-2023-00774-00

y 68001-23-33-000-2023-00789-00, objeto del presente estudio,

como tercera, le asiste interés directo en las resultas del proceso,

razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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En el presente caso, la actora promovió acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, los cuales estimó

vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA por cuanto no se

ha tramitado la solicitud de medida cautelar dentro de los procesos

de nulidad electoral identificados con los números únicos de

radicación 68001-23-33-000-2023-00774-00 y 68001-23-33-000-

2023-00789-00, como tampoco la solicitud de acumulación de los

mismos.

Conforme a lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si la

autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales

invocados por la actora, al incurrir en una presunta mora judicial

injustificada dentro de los procesos de nulidad electoral identificados

con los números únicos de radicación 68001-23-33-000-2023-

00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00774-00, estudio que se

hará de manera independiente.

• Frente al medio de control de nulidad electoral

identificado con el número de radicación 2023-00789-

00.

En primera medida, para la Sala es importante aclarar que el artículo

86 de la Constitución Política establece que toda persona podrá

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ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado

para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19914 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona5.

En el asunto cuyo estudio ocupa la atención de la Sala, se observa

que la actora presentó demanda de nulidad electoral en ejercicio del

medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado

2023-00774-00, pero no así respecto del expediente identificado con

el número único de radicación 2023-00789-00, el cual fue

presentado por el señor ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS,

ambos procesos contra el acto de elección del señor EDUARD ABRIL

BORRERO como alcalde del Municipio de Concepción (Santander),

para el período constitucional 2024-2027.

En ese orden de ideas, se tiene que, en principio, el legitimado en la

causa para promover la presente acción de tutela frente al medio de

control de nulidad electoral 2023-00789-00 es el señor

ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS y las demás partes

vinculadas dentro del mismo, no así la señora OSSES MÉNDEZ,

quien no está legitimada en la causa por activa para cuestionar el

trámite surtido dentro de un proceso judicial del cual no es parte.

5
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

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Al respecto, conviene recordar que es requisito indispensable que la

accionante haya hecho parte de ese proceso para que pueda alegar

la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión

a la presunta mora judicial alegada.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en

que quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar

la protección del derecho fundamental al debido proceso,

presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o

actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial, debe

acreditar que es o fue parte dentro del mismo6.

Cabe señalar que, si bien se solicitó la acumulación de los citados

procesos, hasta la fecha aún no se ha decretado la misma debido a

que se están surtiendo los traslados respectivos.

Así las cosas, en razón a que la señora LOREIN ELIZABETH OSSES

MÉNDEZ no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el

respectivo medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 2023-00789-00, del cual alega una

presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los

derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la

6
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada
con el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón
y 2 de noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-
00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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administración de justicia cuya vulneración depreca, la Sala declarará

su falta de legitimación en la causa por activa respecto de las

pretensiones de ésta, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

• Frente al medio de control de nulidad electoral

identificado con el número de radicación 2023-00774-

00.

Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta que la accionante funge

como parte demandante dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número de radicación 2023-00774-00,

a la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada

vulneró los derechos fundamentales invocados, al incurrir en una

presunta mora judicial injustificada dentro del mismo.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.

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solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional8 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora10. Advirtió, además, que (iv)

8
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
9
Ibidem.
10
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

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el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”11.

13.5. En la providencia T-230 de 201312, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional13.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la

11
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
12
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
13
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».

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Corte (i) niega la protección constitucional14, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad15; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio16.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA

dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el

14
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
15
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
16
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
17
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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radicado 2023-00774-00, en aras de determinar si en el presente

asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial

injustificada.

Según la información relacionada en SAMAI, se tiene lo siguiente:

• El proceso fue radicado el 23 de noviembre de 2023, ante el

TRIBUNAL.

• Mediante auto de 28 de noviembre de 2023, el despacho de

conocimiento admitió la demanda y requirió a la

REGISTRADURÍA para que allegara la dirección electrónica de

notificación del señor EDUARD ABRIL BORRERO, parte allí

demandada.

• Luego, mediante providencia de 7 de diciembre de 2023,

denegó la medida cautelar solicitada por la actora el 6 de

diciembre de 2023 y requirió nuevamente a la REGISTRADURÍA

para que allegara la referida dirección de notificación.

• La SECRETARÍA, luego de que la REGISTRADURÍA allegara

la dirección de correo electrónico del señor EDUARD ABRIL

BORRERO, parte allí demandada, el 11 de diciembre de 2023, lo

notificó de las anteriores decisiones.

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• Contra la decisión que denegó la medida cautelar solicitada, la

actora interpuso el recurso de reposición y, en subsidio,

apelación, el 12 de diciembre de 2023.

• Posteriormente, la actora el 13 de diciembre de 2023, adujo

que desistía del citado recurso y que retiraba la demanda; sin

embargo, el 18 y 19 de ese mes y año, solicitó que no se tuviera

en cuenta el anterior memorial, comoquiera que la parte

demandada ya había sido notificada y reiteró que se debía

resolver sobre el recurso inicialmente presentado.

• La actora el 11 de enero de 2024, solicitó nuevamente la

suspensión provisional del acto de elección del señor EDUARD

ABRIL BORRERO y que se le notificara a éste las decisiones

proferidas dentro del proceso de nulidad electoral.

• El 19 de enero de 2024, el TRIBUNAL dejó sin efectos el

proveído de 7 de diciembre de 2023 y, en su lugar, rechazó por

extemporánea la solicitud de medida cautelar y asimismo la

reforma de la demanda.

• Contra la anterior decisión, el 23 de enero de 2024, la actora

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.

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• A través del auto de 26 de enero de 2024 el TRIBUNAL dispuso

que la SECRETARÍA le informara si existían otros procesos

judiciales en esa Corporación en los cuales se pretendiera la

nulidad del acto de elección del señor EDUARD ABRIL

BORRERO como Alcalde del Municipio de Concepción

(Santander), para el período constitucional 2024-2027 y, de ser

así, ordenó que se mantuvieran los expedientes en la Secretaría

de los cuales no se haya vencido el término para contestar la

demanda, hasta que llegue la oportunidad procesal para decidir

sobre su acumulación.

• Mediante providencia de 26 de enero de 2024, el TRIBUNAL

rechazó por improcedente el recurso de reposición y, en subsidio,

apelación, interpuesto por la actora contra la decisión que

rechazó por extemporánea la solicitud de medida cautelar y

asimismo la reforma de la demanda.

• La actora el 31 de enero de 2024, contra esa decisión interpuso

recurso de súplica.

• La SECRETARÍA el 6 de febrero de 2024, mediante el informe

secretarial visible en el índice núm. 62 del expediente del

Tribunal, le puso de presente al Despacho sustanciador que

existían dos procesos en la Corporación en los cuales se demanda

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el acto de elección del Alcalde del Municipio de Concepción

(Santander), para el período constitucional 2024-2027, los cuales

estaban identificados con los números únicos de radicados

68001-23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-

00864-00.

• El 13 de febrero de 2024, la SECRETARÍA luego de surtir el

traslado del recurso de súplica presentado por la actora contra el

auto de 26 de enero de 2024, envío el expediente al Despacho en

turno para que resolviera la misma.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que la autoridad judicial accionada ya

resolvió la solicitud de medida cautelar rechazándola por

extemporánea, mediante los proveídos de 19 y 26 de enero de 2024,

decisión ésta última contra la que se interpuso recurso de súplica, lo

que evidencia que la finalidad de la acción de tutela de la referencia

es que se decrete la medida cautelar en los términos que pretende

la actora dentro del proceso de nulidad electoral.

En cuanto, a la solicitud de acumulación de los procesos de nulidad

electoral contra el Alcalde del Municipio de Concepción (Santander),

para el período constitucional 2024-2027, se evidencia que si bien el

TRIBUNAL no ha resuelto la misma, esto se debe a que actualmente

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el expediente se encuentra a la espera de que se resuelva el recurso

de súplica interpuesto por la actora contra el auto de 26 de enero de

2024, a cargo del Despacho que sigue en turno.

Conforme a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que la

autoridad judicial accionada ha realizado todas las actuaciones

pertinentes con el fin de resolver dicha acumulación, solicitando el

informe a la SECREATARÍA de los asuntos que se encuentran en la

Corporación con el mismo objeto y teniendo en cuenta las etapas

procesales dispuestas para ello.

Ahora, respecto de la notificación a la parte demandada del proceso

de nulidad electoral, la Sala advierte que esta se surtió en debida

forma una vez la REGISTRADURÍA allegó la dirección de correo

electrónico del señor EDUARD ABRIL BORRERO, la cual se realizó

el 11 de diciembre de 2023, de conformidad con la constancia de

notificación visible en el índice núm. 21 del expediente del Tribunal.

Así las cosas, para la Sala es claro que la autoridad judicial accionada

ha procurado ser diligente en su gestión atendiendo cada una de las

etapas procesales y resolviendo todas las solicitudes y recursos

presentados por la actora en lo que le conciernen al proceso de

nulidad electoral, lo que da cuenta que no se incurrió en mora

judicial.

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Asimismo, la Sala observa que pese a la carga actual de trabajo y la

congestión que enfrenta la Rama Judicial, de la cual no se escapa la

autoridad judicial accionada, le ha dado el trámite pertinente a los

medios de control de nulidad electoral garantizando el acceso a la

administración de justicia de las partes y el debido proceso.

Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que el

TRIBUNAL no incurrió en mora judicial injustificada, para la Sala se

impone denegar el amparo solicitado frente al medio de control de

nulidad electoral identificado con el número de radicación 2023-

00774-00, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA POR ACTIVA de la actora respecto de las pretensiones del

medio de control de nulidad electoral identificado con el número

único de radicación 68001-23-33-000-2023-00789-00, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado frente al medio de control

de nulidad electoral identificado con el número de radicación 68001-

23-33-000-2023-00774-00, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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