Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00174-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00174-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00174-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-00174-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES
PRETENDEN QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN
INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON
LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1.
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00174-00
Actores: PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores PEDRO MANUEL, MIGUEL ARMANDO, JULIO CÉSAR,
CARMEN ELISA, RUTH AMPARO, ANA MARÍA y SANDRA
JANETH BENAVIDES RIVERA, MIGUEL ÁNGEL BENAVIDES
DÍAZ, JUDITH RIVERA DE BENAVIDES, MANUEL ALEJANDRO y
NATHALY BENAVIDES CARDONA, OLGA LUCÍA y AURA DE
JESÚS CARDONA CARDONA, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron
vulnerados por la SECCIÓN TERCERA, al haber proferido en
segunda instancia la sentencia de 21 de marzo de 2023, dentro de la
acción de reparación directa identificada con el número único de
radicación 050012331000-2002-03468-01, a la que fueron
acumulados los expedientes núms. 50012331000-2003-02969-01 y
050012331000-2003-03358-01.
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Actores: PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA Y OTROS.
I.2.- Hechos
Indicaron que en el año 1993 el señor PEDRO MANUEL
BENAVIDES RIVERA se desempeñaba como comandante de la
estación de policía de Yarumal-Antioquia.
Comentaron que en el año 1995, el señor PEDRO MANUEL
BENAVIDES RIVERA fue vinculado por la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN2 a un proceso penal en el que se le atribuía formar parte
de un grupo armado de justicia privada denominado “los 12
apóstoles”, el cual había cometido múltiples homicidios en el
municipio aludido.
Informaron que, como consecuencia de lo anterior, la FISCALÍA
impuso al señor PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA una medida
de aseguramiento de detención preventiva que se prolongó entre el
20 de octubre de 1999 y el 12 de abril de 2000.
Agregó que el 28 de agosto de 2021 la FISCALÍA decretó la
preclusión de la investigación, por lo que las actuaciones seguidas en
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En adelante la FISCALÍA.
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su contra fueron archivadas.
Precisaron que por los mismos hechos también fue investigado y
privado de la libertad por tiempo similar el señor NORBEY DE JESÚS
ARROYAVE ARIAS quien fungió como patrullero de la estación de
policía aludida, frente al cual también fue decretada la preclusión de
la investigación.
Agregaron que el señor PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA, así
como los demás accionantes en calidad de familiares, promovieron
en el año 2003 dos demandas de reparación directa contra la
FISCALÍA, con la finalidad de que se les indemnizara por la privación
injusta de la libertad de aquel.
Anotaron que los procesos fueron identificados con los números
únicos de radicación 050012331000-2003-02969-00 y
050012331000-2003-03358-00 y atribuidos para su trámite de
primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA3 que, mediante sentencia de 11 de mayo de 2012,
decidió los litigios de forma conjunta y declaró probada de oficio la
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En adelante el TRIBUNAL.
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excepción de caducidad de la acción promovida por MANUEL
ALEJANDRO y NATHALY BENAVIDES CARDONA y denegó las
demás pretensiones.
Sostuvieron que el señor NORBEY DE JESÚS ARROYAVE ARIAS y
su grupo familiar en igual sentido promovieron una demanda de
reparación directa que fue identificada con el número único de
radicación 050012331000-2002-03468-00 y atribuida para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia
de 5 de abril de 2011, accedió de forma parcial a las pretensiones de
la demanda.
Comentaron que al igual que la FISCALÍA y el señor NORBEY DE
JESÚS ARROYAVE ARIAS interpusieron los recursos de apelación
respectivos ante la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que,
mediante auto de 10 de mayo de 2018, decretó la acumulación de
los expedientes para ser decididos de forma conjunta.
Explicaron que la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación,
mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, revocó las decisiones
recurridas y, en su lugar, denegó todas las pretensiones formuladas
contra la FISCALÍA, al estimar que si bien los señores PEDRO
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MANUEL BENAVIDES RIVERA y NORBEY DE JESÚS ARROYAVE
ARIAS fueron exonerados de responsabilidad penal, su actuación en
el trámite incidió en la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que la medida de aseguramiento no cumplió con los
requisitos para su imposición, comoquiera que carecía de indicios que
la justificaran.
Precisaron que, para la imposición de la medida de aseguramiento,
la FISCALÍA requería de un indicio de responsabilidad, lo cual “[…]
no podía estructurarse válidamente con la información aislada con la
que contaba el ente instructor y que provenía exclusivamente de
fuentes “anónimas” y “reservadas” […]”.
Agregaron que la autoridad judicial no contaba con elementos de
juicio para concluir que hubo culpa exclusiva de la víctima,
comoquiera que el comportamiento del señor PEDRO MANUEL
BENAVIDES RIVERA dentro del proceso penal fue acorde con los
aspectos procesales que le correspondían, en particular rendir la
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indagatoria en la que expresó todo lo que sabía sobre los hechos que
se le atribuían.
Adujeron que correspondía a la FISCALÍA investigar incluso los
hechos que fueran favorables a los sindicados, no obstante, “[…]
dentro de una investigación penal donde no se evidencia ninguna
actividad del ente instructor dirigida a constatar los puntos sobre los
que versa la defensa del sindicado, se viola la máxima de la
investigación integral, y con ello el apotegma del “derecho de
defensa”, y la “presunción de inocencia”, sustratos del debido
proceso constitucional […]”.
Precisaron que “[…] evaluar la conducta que dio apertura al proceso
penal como determinante del daño es improcedente, por tanto, ello
le corresponde al Juez penal, mas no al Juez administrativo; ya que
implicaría evaluar hechos y elementos probatorios anticipadamente
evaluados en el proceso penal, generando una clara vulneración a los
componentes del principio de debido proceso, especialmente de
presunción de inocencia […]”.
I.4.- Pretensiones
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Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:
“[…] se amparen los derechos fundamentales del señor Pedro
Manuel Benavides Rivera y demás actores y como consecuencia
de ello, se disponga:
• Dejar sin efectos la sentencia de marzo 21 de 2023, proferida
por la Subsección B – Sección Tercera – Consejo de Estado,
dentro del proceso radicado: 05001 2331 000 2003 02969 01 y
05001 2331 000 2003 03358 01 (44.942), como consecuencia
de ello, se le ordene a la Sala emitir otro fallo conforme las
directrices que se marque en el fallo de tutela […]”. (sic).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que la providencia y el
expediente de la respectiva acción de reparación directa contienen
los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción
de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.
Agregó que, en todo caso, estaría presta a lo que se decida en la
presente acción de tutela.
I.5.2.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de
tutela es improcedente por falta del requisito general de la
subsidiariedad, dado que los actores no han hecho uso de todos los
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mecanismos judiciales que tienen a su disposición para controvertir
la decisión cuestionada.
Indicó que, en su sentir, los actores no sustentaron de forma
suficiente las causales específicas de procedibilidad de la solicitud de
amparo, además que la providencia cuestionada estuvo basada en el
respeto del debido proceso de las partes, sin que se advierta que la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación hubiese podido vulnerar
derecho alguno de los deprecados.
I.5.4.- El señor NORBEY DE JESÚS ARROYAVE ARIAS y su grupo
familiar, demandantes en el proceso identificado con el número único
de radicación 2002-03468-01, vinculados en calidad de terceros
con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto
la sentencia de 21 de marzo de 2023, proferida en segunda
instancia por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación dentro de
la acción de reparación directa, identificada con el número único de
radicación 050012331000-2002-03468-01, a la que fueron
acumulados los expedientes núms. 050012331000-2003-02969-01
y 050012331000-2003-03358-01.
La controversia tiene origen en la privación de la libertad del señor
PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA, entre el 20 de octubre de
1999 y el 12 de abril de 2000, como consecuencia de una medida
que le fue impuesta por orden de la FISCALÍA en el curso de un
proceso penal, en el que se le investigó por el delito de pertenecer a
un grupo de justicia privada, no obstante, haberse decretado la
preclusión de la investigación con posterioridad.
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El reproche de los actores subyace del hecho de que, en su sentir, la
FISCALÍA no contaba con ningún indicio para decretar la medida de
aseguramiento, además de no existir elementos para eximirse de
responsabilidad a aquella entidad.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación vulneró los derechos deprecados e
incurrió en las irregularidades aludidas, al haber proferido la
sentencia de 21 de marzo de 2023.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia cuestionada la
SECCIÓN TERCERA denegó las pretensiones de los actores, en la
acción de reparación directa origen de la controversia, con base en
el siguiente análisis:
“[…] 2.2. Identificación del daño.
29. El hecho generador del daño deriva de la privación de la
libertad de Norbey Arroyave y Pedro Benavides, quienes
cumplieron períodos de detención de 8 meses y 29 días, así
como de 5 meses y 24 días, respectivamente.
2.3. Hecho exclusivo de la víctima
30. Debido a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados,
el trámite se adelantó de acuerdo con las previsiones del
Decreto 2700 de 1991. El caso era de conocimiento de la
justicia regional, la cual, posteriormente, se integró a la
jurisdicción ordinaria.
31. Según el artículo 388 del CPP, en “los delitos de competencia
de los jueces regionales sólo procede como medida de
aseguramiento, la detención preventiva”. Esta se impondrá
cuando existiere en contra del sindicado, “un indicio grave de
responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas
en el proceso”. Además, en los delitos de competencia de la
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justicia regional, estaba permitido reservar la identidad del
testigo y de todos los apartes de su declaración que permitieran
identificarlo.
[…]
39. En cumplimiento de lo anterior, la fiscalía regional dispuso la
apertura de instrucción y la vinculación, mediante diligencia de
indagatoria de los funcionarios de la Policía Nacional Norbey
Arroyave y Pedro Benavides, entre otros. A los sindicados se les
imputó la comisión del comportamiento previsto por el artículo
2 del Decreto 1194 de 1989 –convertido en legislación
permanente mediante Decreto 2266 de 1991-, agravado por el
artículo 4 de la misma normativa, por tratarse de integrantes de
la Policía Nacional. Según dicha disposición, se sancionaría a
quien “ingrese, se vincule, forme parte o a cualquier título
pertenezca a los grupos armados a que se refiere el artículo
anterior”, es decir, a “los denominados comúnmente
escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia
privada, equivocadamente denominados paramilitares”.
40. Después de las diligencias de indagatoria, mediante
resoluciones de 23 de septiembre y 20 de octubre de 1999, la
fiscalía regional le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva a Norbey Arroyave y Pedro Benavides,
respectivamente, por la conducta indicada. Como el fundamento
probatorio en ambas resoluciones es similar, la Sala abordará su
análisis en conjunto.
41. Los medios de prueba en los que se fundamentaron esas
providencias y que fueron enlistados por la fiscalía son los
siguientes - varios de estos elementos fueron allegados a este
proceso de reparación, por lo que se pudo conocer, en detalle,
su contenido-:
42. 1) Las denuncias realizadas por la oficina de derechos
humanos, la personería municipal y Amnistía internacional. En
estos documentos, según la fiscalía, se resaltó la “formación de
un grupo armado” y que “como consecuencia de sus actuaciones
al margen de la ley han resultado muchísimas personas
eliminadas con arma de fuego (…) y los organismos de policía
permanecen inermes ante los hechos ocurridos”.
43. 2) La declaración de José Leonidas Rada López, a partir de
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la cual se destacaron los siguientes hechos en el auto de
situación jurídica: “observó a varios policías acechando a un
muchacho de nombre Mario Jaramillo a quien tienen en una
lista”; “[e]ntre los miembros de la Policía Nacional menciona a
uno que le dicen ‘RUSO’, que pertenece al F2 y lo describe como
un mono alto, acuerpado y se mantiene de civil” y, por último,
“[d]ice que la Policía tiene que ver con los homicidios porque
muchos ciudadanos los han visto actuando a ellos también”.
44. 3) Las declaraciones de 2 testigos con reserva de identidad
y de Reinaldo Jiménez Serna –quien, posteriormente, se rehusó
a firmar el acta de su diligencia-, en las que se refirió la
existencia del aludido grupo armado, al igual que la pertenencia
a dicha organización de varios comerciantes del municipio -a
quienes identificaban por su nombre- y del párroco de la Iglesia
católica. Lo anterior, además, se reforzó con los resultados de
las diligencias de allanamiento practicadas a las residencias de
otros dos sindicados, en las que se encontró, según el auto de
situación jurídica, “siete armas de fuego con sus respectivos
salvoconductos (…) una chaqueta y una goleana de uso privativo
de las fuerzas armadas (…) un revolver marca Llama calibre 38
con 94 cartuchos para el mismo revólver, 1 sobaquera, dos
chapuzas y diferentes oficios provenientes de algunos militares”.
45. 4) La declaración de un testigo con reserva de identidad que
informó que, después de las reuniones que sostenían integrantes
del grupo delictivo con funcionarios de la policía, “aparecían las
víctimas al otro día”. Al revisar este testimonio, rendido el 30 de
agosto de 1994, el testigo afirmó, en detalle, lo siguiente:
“El encargado de coordinar todo siempre es el relojero de la
esquina del palacio municipal, el relojero no es sino uno, pero
no le se el nombre, esto lo afirmo porque yo he visto que va con
mucha frecuencia al Comando de Policía, donde se reunían con
primero con el Capitán Pedro Benavidez Rivera, almorzando y
comiendo con este y los demás integrantes del grupo, no se que
trataban en esas reuniones, pero siempre que se reunían
aparecían las víctimas en zona rural y local, era lo más normal,
que después de dichas reuniones aparecieran los muertos. En
estas reuniones participaban como dije anteriormente el Capitán
Pedro Benavidez Rivera, el relojero, N.N. Zapta alias Chonta o
Cabeza de Chonta (…) PREGUNTA: Conoce a quien denominan
alias EL RUSO, en caso positivo indique de quien se trata.-
RESPUESTA: Si él es de la Sijin del Departamento de Policía de
Antioquia y en este momento se encuentra laborando en el
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municipio de Sopetran, él es de apellido ARROYAVE (…) siendo
de la Policía se mantenía con los Doce Apóstoles y siempre que
se reunía con ellos aparecían las víctimas al otro día y hablaba
con mucha familiaridad con los integrantes de dicho grupo, de
todas maneras existe una conexidad bien sea de tolerancia o de
colaboración, desconozco el grado de colaboración, de la
institución de la policía con los Doce Apóstoles(…)”
46. 5) La declaración de un testigo con reserva de identidad en
la que se aludía a 4 particulares como integrantes del grupo, los
cuales fueron “directamente asesorados por dos señores
miembros (…) de la Policía Nacional grupo Sub-Sijin y a los
cuales conocían como el Cabo (…) y el agente ‘RUSO’”.
47. 6) En otra diligencia testimonial reservada se informó que
varios agentes de la Policía Nacional, entre ellos, el funcionario
conocido como “Ruso”, coordinaban y, en ocasiones,
participaban directamente en las acciones del grupo de “los
apóstoles”. En efecto, en la diligencia de ampliación de
declaración rendida el 2 de diciembre de 1994 se relató “que la
adquisición de estas armas se realizó personal y directa, por
personal de la Policía Nacional (…) por un agente que se apodaba
EL RUSO dentro de la comunidad (…) además en ese entonces
existía como Inspectora Municipal de policía la doctora (…) La
Dra (…) trasmitía toda la información al RUSO, faltando así, a su
ética profesional, luego el RUSO, trasmitía la información al
RELOJERO, quien informaba a (…), para que luego los directivos
del grupo, tomaran las decisiones correspondientes como eran
liquidar a las personas en los casos que ellos indicaran”.
48. 7) El Informe rendido por el CTI “en el cual se menciona la
participación de los dos comandantes en los hechos sangrientos
de aquella época”. En efecto, en el Informe No. 345 de 20 de
agosto de 1997 se señalaron los siguientes resultados de su
actividad investigativa:
[…]
49. En el mismo documento, se precisaron los lugares de reunión
de la organización, los delitos cometidos, el lugar de los hechos,
las sindicaciones y los integrantes del grupo paramilitar, entre
los que se señalaba a “N.N. Alias EL RUSO, agente de la Policía,
uno de los más temidos gatilleros de la organización”. Además,
agregó lo siguiente:
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“En las diferentes labores de inteligencia realizadas por los
organismos de la Fiscalía sobre los hechos objeto de este
informe, se ha podido establecer que la mayoría de los efectivos
policiales y del ejército, han venido colaborando directa e
indirectamente con la organización y consumación de los delitos
y es por eso que según lo investigado y de acuerdo a los
testimonios de testigos los siguientes también colaboraron con
la organización criminal: PEDRO VENAVIDES RIVERA, capitán de
la Policía nacional (…) Agente de la policía apodado EL RUSO”.
50. 8) El fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos humanos, que
sancionó con separación absoluta del cargo al capitán Pedro
Benavides y al agente Norbey Arroyave, por los hechos
mencionados.
51. 9) Las diligencias de indagatoria rendidas por Norbey
Arroyave y Pedro Benavides.
52. Al respecto, se tiene que, el 17 de septiembre de 1999,
Norbey Arroyave rindió diligencia de indagatoria y frente a las
preguntas formuladas por la fiscalía acerca de la existencia de
un grupo de justicia privada o, en particular, de las conductas
punibles atribuidas a esa misma organización, respondió lo
siguiente:
[…] 53. En la misma dirección, Pedro Benavides presentó sus
explicaciones en su injurada. A pesar de que no se tiene el acta
de dicha diligencia, en las resoluciones de definición de situación
jurídica de 20 de octubre de 1999 y de revocatoria de la medida
de aseguramiento de 11 de abril se hizo referencia a sus
argumentos defensivos. En efecto, el sindicado “se mostró
absolutamente ajeno a las sindicaciones que el despacho le hizo
en lo referente a su participación en el grupo denominado los
doce apóstoles, el cual se dedicó a labores de limpieza social y
dijo conocer a casi todos los procesados por esos hechos, pero
no tuvo vinculación ni conocimiento de quienes eran los
integrantes de la siniestra agrupación”
54. Además, por solicitud de la defensa, Pedro Benavides rindió
ampliación de su diligencia de indagatoria, la cual estuvo
centrada en resaltar aparentes deficiencias en el primer
interrogatorio realizado, al no haber sido conducido con técnica
jurídica, debido a que, en su criterio, se omitieron aspectos
importantes para la investigación. Asimismo, controvirtió las
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pruebas de cargo existentes en su contra.
[…]
56. Además, los mismos denunciantes y testigos hacían
señalamientos claros y concretos en contra de los integrantes de
la policía del municipio y, en particular, en contra de los
funcionarios Benavides y Arroyave, dado que, por el número y
sistematicidad en que se presentaban los homicidios, las
características en las que se ejecutaban -a veces, en el día, en
calles céntricas del municipio y a escasos metros de la estación
de policía-, la falta de investigación de esos hechos, la escasa
respuesta o implementación de medidas que permitieran frenar
esa escalada delictiva, entre otros argumentos, hicieron concluir
que, por lo menos de manera activa u omisiva, los entonces
procesados se vincularon, formaron parte o, a cualquier título,
pertenecieron a dicha organización armada.
57. En particular, la fiscalía construyó un indicio al contrastar la
información presentada por los testigos, quienes entregaron “los
datos de todos los integrantes, su modo de operar, las armas
que utilizan, los lugares de reunión, la forma como incluyen en
sus programas delictivos a los futuros contratados etc (…) todo
cuanto saben de las actuaciones de la banda”, y las limitadas
respuestas ofrecidas por los policiales que estaban a cargo de la
seguridad del municipio y que, se suponía, adelantaron las
primeras labores de indagación para el esclarecimiento de esos
comportamientos punibles.
[…]
59. Incluso los procesados reconocieron que se presentaron
numerosos homicidios en la zona, durante el tiempo que
estuvieron vinculados al comando de Policía Yarumal, sin
embargo, a pesar de la afluencia de denuncias y de las propias
actividades que realizaron - levantamientos de cadáveres,
recepción de entrevistas, pesquisas-, no ofrecieron ninguna
respuesta concreta sobre las labores investigativas realizadas o
las declaraciones recaudadas sobre los aludidos homicidios, que
permitieran hacer alguna identificación de los verdaderos
integrantes.
[…]
61. Debido a lo anterior, la fiscalía les impuso a Norbey Arroyave
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y Pedro Benavides medida de aseguramiento de detención
preventiva por la conducta descrita en el artículo 2 del Decreto
1194 de 1989. Es decir, a pesar de que no encontró elementos
de juicio que permitiera inferir su participación directa en los
numerosos homicidios investigados en Yarumal en ese
momento, por lo menos, con sus actuaciones y omisiones,
existían indicios sobre su pertenencia a la banda conocida
popularmente como los 12 apóstoles, al tolerar sus
comportamientos o participar en su organización.
[…]
63. La Sala advierte que la revocatoria de sus medidas de
detención57 y la posterior preclusión de la investigación
devinieron como consecuencia de la declaratoria de
inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional respecto de
las disposiciones de la Ley 504 de 1999, que mantenían la figura
del testimonio reservado en el ordenamiento jurídico.
64. En efecto, dado que la prueba de cargo se componía, en su
mayoría, de testimonios practicados en esas circunstancias, la
fiscalía concluyó que perdió “toda confianza y credibilidad lo
atestado por quienes nunca dieron la cara para incriminar” a los
entonces procesados. Por razones similares, mediante
resolución de 28 de agosto de 2001, la fiscalía precluyó la
investigación, toda vez que, de conformidad con los principios
generales de valoración probatoria resaltados en la aludida
sentencia de inexequibilidad, los medios de prueba obrantes en
el proceso no eran suficientes para atribuir responsabilidad penal
a los entonces sindicados.
65. En consecuencia, si bien los entonces procesados fueron
exonerados de responsabilidad penal, su actuación en el trámite
incidió en la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva. Precisamente, a pesar del conocimiento
directo que tenían de los hechos violentos registrados en la zona
y de las indagaciones que, frente a varios funcionarios del
municipio, se comprometieron a realizar, los sindicados se
limitaron a manifestar su desconocimiento frente a la existencia
del grupo de justicia privada como origen de las numerosas
conductas punibles presentadas, lo cual resultaba objetivamente
discutible, no solo por los testimonios y denuncias penales
formuladas, sino, lo más importante, por tratarse de una de las
autoridades encargadas de la persecución del delito […]”.
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Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación sí estudió si la medida de
aseguramiento origen de la controversia cumplió o no con los
requisitos legales para su imposición.
La autoridad judicial accionada estableció que conforme con el
artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época
de los hechos, la imposición de una medida de aseguramiento
preventiva procedía cuando hubiese un indicio grave de
responsabilidad en contra del sindicado.
La SECCIÓN TERCERA encontró probado que la FISCALÍA profirió
la resolución de la medida con base en las conclusiones probatorias
derivadas de las denuncias realizadas por la personería del municipio
en donde ocurrieron los hechos, amnistía internacional, una serie de
declaraciones de testigos protegidos con reserva de identidad, un
informe rendido por el Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI, el
fallo proferido por la Procuraduría en el que fue sancionado el actor
con la separación de su cargo, así como en las propias declaraciones
que este hizo en el proceso penal.
La accionada estableció que, aunque la FISCALÍA no encontró
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elementos de juicio que permitiera inferir la participación directa del
señor PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA en los numerosos
homicidios investigados, con sus actuaciones y omisiones, sí existían
indicios sobre su pertenencia a la banda conocida popularmente
como “los 12 apóstoles”, al tolerar sus comportamientos o participar
en su organización.
Por otro lado, la SECCIÓN TERCERA determinó que la revocatoria
de la medida y la preclusión de la investigación devino de la
declaratoria de inexequibilidad de las normas que preveían la figura
de los testimonios reservados, pruebas estas con base en las cuales
se había estructurado en parte la actuación seguida contra el señor
PEDRO MANUEL BENAVIDES RIVERA.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, porque a través de esta los actores lo
que pretenden es cuestionar una decisión judicial como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la autoridad
accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.
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En efecto, los actores pretenden que en sede de tutela se vuelva a
analizar si la medida de aseguramiento cumplió o no con los
requisitos para su imposición, además si hubo o no presupuestos
para eximirse de responsabilidad a la entidad allí demandada por la
privación de la libertad origen de la controversia, aspectos que fueron
resueltos por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, de forma
admisible y razonable.
Es claro que el objeto de la presente acción de tutela es que se haga
un nuevo examen integral de la situación fáctica y jurídica del caso,
con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad
judicial accionada y se acoja la interpretación que los actores
proponen.
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo
que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por los
actores, al no advertirse una actuación abiertamente arbitraria por
parte de la autoridad judicial accionada.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
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resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201714, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201815, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
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consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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