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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00188-00

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00188-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Leonardo Andrés Amaya Gil, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 10 Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABGOGADO (…) PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba. Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00 Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00188-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: LEONARDO ANDRÉS AMAYA GIL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA para que se permita presentar virtual o remotamente el examen de
Estado, previsto en la Ley 1905 de 2018 como requisito para ejercer la profesión de
abogado / NIEGA AMPARO – No se demostró vulneración endilgada a la autoridad
demandada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo Andrés
Amaya Gil contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de enero de 2023 1, el señor Leonardo Andrés Amaya Gil presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el objeto de que se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de locomoción «y residencia», al trabajo y a la educación. Formuló las
siguientes pretensiones:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales la igualdad, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de locomoción y residencia, derecho al trabajo y
derecho a la educación, consagrados en los artículos 13,16, 24, 25, 67 de la
Constitución Política Nacional respectivamente.

2. ORDENAR al Honorable Consejo Superior de la Judicatura, que:

I. Realice las actuaciones a que haya lugar, con el fin de habilitarme la
presentación del examen establecido en la Ley 1905 de 2018 de manera
virtual o de forma remota mediante el uso de las herramientas tecnológicas.

1 Se advierte que, el 31 de enero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

II. Habilitar en el link de inscripción de la prueba, la opción de presentar el
examen de manera virtual, ya que solo permite seleccionar municipios de
forma presencial.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

La Ley 1905 del 28 junio 2018, estableció que, para ejercer la profesión de
abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el
graduado debe «acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado»
realizado por el Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023, el Consejo
Superior de la Judicatura abrió la etapa de inscripciones para la presentación del
examen en 2024 y, entre otras condiciones, estableció que se debe determinar la
ciudad en donde se presentará la prueba de manera presencial.

Narró que, el 15 de noviembre de 2023, invirtió sus ahorros en un curso de inglés
de siete meses de duración, en la ciudad de Dubái, con derecho a la visa de
residencia por un año. Tiene programado iniciar sus estudios el 8 de abril de este
año.

Por lo anterior, el 6 de enero de 2024, el actor radicó petición ante la autoridad
accionada, con el fin de que le habilitaran un enlace para la inscripción de la
prueba con la opción de presentar el examen de forma virtual o remota, toda vez
que la plataforma sólo permite elegir la modalidad presencial en los municipios allí
relacionados. El 12 de enero de 2024, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le
respondió que, según el PCSJA23-12127 de 2023, únicamente existe la
posibilidad de presentar el examen de manera presencial en las ciudades que
aparecen en la plataforma.

1.3. Argumentos de la tutela

El señor Leonardo Andrés Amaya Gil considera que la negativa de la entidad
frente a la solicitud de presentación virtual o remota del examen de Estado para
abogados vulnera su derecho a la igualdad, por cuanto el hecho de no
encontrarse en el país le impide realizar la prueba y recibir el mismo trato con
iguales garantías que las ofrecidas a los demás aspirantes.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Afirmó que, contrario a lo manifestado por la autoridad accionada, la tarjeta
profesional provisional no basta para vincularse laboralmente, puesto que la Ley
1905 de 2018 exige la aprobación del examen de Estado para ejercer la
profesión, por lo que su tarjeta provisional perderá vigencia ante la imposibilidad
de presentar el examen de manera presencial. Esto, en su criterio, es un acto
discriminatorio y excluyente para las personas que tienen proyectos académicos
en el exterior.

Agregó que el ICFES cuenta con la experiencia y las condiciones técnicas para
permitir la presentación de la prueba en modalidad virtual, toda vez que en
pandemia diseñó el examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior,
Saber Pro, que se desarrolló virtualmente.

Asimismo, adujo que la imposibilidad de presentar la prueba de manera virtual o
remota no sólo desconoce su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino
el de autodeterminar libremente su propia existencia, amén de que lo obliga a
permanecer en el país hasta la fecha del examen, con lo cual, de paso, se violan
sus derechos a la educación y a la libertad de locomoción y residencia, pues se le
impide tomar el curso de inglés en Dubái, con el objeto de mejorar sus
competencias en el campo laboral.

Finalmente, señaló que cualquier otro medio judicial resulta ineficaz para evitar un
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el artículo 2 del Acuerdo PCSJA23-
12127 de 2023 dispuso como límite de las inscripciones el 23 de enero de 2024.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 19 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que aquel se notificara al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y al
director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.1. La autoridad accionada solicitó que se niegue el amparo solicitado teniendo
en cuenta que no vulneró derecho fundamental alguno, e insistió en que, el 22 de
enero del año en curso, el actor se inscribió para la prueba presencial que se
llevará a cabo en mayo de 2024, escogiendo como sede la ciudad de Popayán, y,
de todas formas, señaló que, si lo prefiere, tiene la oportunidad de inscribirse para
la prueba que se realizará en el mes de octubre de esta anualidad.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Explicó que no se puede presentar el examen en forma virtual, ya que la
planeación de la práctica de la prueba se encuentra enmarcada bajo estándares
de seguridad que permiten garantizar la confiabilidad de los resultados, y además,
hace parte de una planeación previa y estratégica, que se desarrolló a la luz del
contrato No. 196 de 2023, suscrito con el ICFES para tal efecto.

Agregó que el accionante conocía de antemano que para el año 2024 se
programaría la presentación de las pruebas, e incluso tramitó su tarjeta
provisional de abogado y, por ende, estuvo en la libertad de optar por realizar sus
estudios en el exterior, sin que le sea imputable a la Administración que no se
encuentre en el país para la fecha del examen.

Insistió en que la modalidad presencial exigida para la presentación del examen,
lejos de ser arbitraria, irrazonable e injustificada, se ajusta a la necesidad especial
de salvaguardar los derechos de terceros y hacer efectivos los controles estatales
para la obtención del título profesional de abogado, para lo cual debe asegurarse
la veracidad de los resultados.

2.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad demandada vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
locomoción, al trabajo y a la educación del señor Leonardo Andrés Amaya Gil, al
autorizar la presentación virtual o de forma remota del examen de Estado
establecido en la Ley 1905 de 2018, como requisito para ejercer la profesión de
abogado.

2. Análisis de la Sala

Según la Constitución Política, el trabajo es un fin del ordenamiento constitucional
(preámbulo); uno de los fundamentos del Estado (art. 1°) y un derecho y una
obligación social (art. 25). En su faceta de derecho, el trabajo se erige como una
de las garantías fundamentales contenidas en la Carta Superior y emerge como
esencial para la realización de otros derechos humanos, entre ellos la dignidad
humana2.

2
Ver, entre otras, las sentencias C-536 de 2019, C-586 de 2016, T-611 de 2001 y T-182 de 2022 de
la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En palabras de la Corte Constitucional, «[el] trabajo ocupa un lugar axial en el
ordenamiento constitucional (preámbulo y artículos 1°, 25 y 53); y se trata de un
derecho que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, lo cual significa
que, tanto en el ámbito público como en el privado, deben respetarse los principios
instituidos en el artículo 53 superior, la libertad, la igualdad, la dignidad y los
derechos de los trabajadores, como son la intimidad, la integridad física y moral, el
buen nombre y la libertad sexual, entre otros 3».

La Corte Constitucional ha precisado que no hacen parte del núcleo esencial del
derecho al trabajo la facultad de ocupar determinados puestos o cargos públicos,
de estar vinculada una persona a una entidad, empresa u organización definidas o
de cumplir funciones en un lugar específico4.

En cuanto al derecho a la igualdad, específicamente a la igualdad de
oportunidades, vale la pena señalar que su efectivo goce y materialización debe
ser garantizado tanto por el Estado como por los particulares, quienes están en la
obligación de brindar a todas las personas, especialmente a aquellas que se
encuentran en Estado de debilidad manifiesta y pertenecen a grupos
poblacionales históricamente discriminados, un trato digno, solidario y libre de
discriminación. En ese orden, está prohibido ejercer cualquier acto arbitrario o
excluyente, que impida el acceso en condiciones de igualdad a oportunidades
laborales, académicas o de cualquier índole.

Con fundamento en esta garantía constitucional es que las personas demandan
un comportamiento objetivo e imparcial por parte de las autoridades y entidades
públicas y privadas, sobre todo al momento de establecer requisitos y condiciones
para acceder a alguna oportunidad laboral o académica, de modo que se otorguen
las mismas prerrogativas y posibilidades, bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad 5.

En lo que atañe al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad
invocado por el accionante, la Sala tiene a bien recordar, que también es conocido
como el derecho a la autonomía e identidad personal, con el cual se protege la
capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales
que habrán de guiar el curso de su existencia.

Según la jurisprudencia constitucional, con esta garantía superior se «(…) busca

3
Sentencia T-074 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
4
Sentencia T-799 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Sobre el particular, ver sentencia T-031 de 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de
adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida
acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre,
claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional»6.

De antaño la Corte Constitucional 7 ha señalado que «(…) en el artículo 16 de la
Carta Política, se consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de
libertad se reduce finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma
constitucional constituye una cláusula general de libertad. Así caracterizado, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad presupone, en cuanto a su
efectividad, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía
suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las
opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial».

En ese orden de ideas, este derecho comporta la libertad e independencia del
individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de
personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de
no causar un perjuicio social y, por consiguiente, se configura su vulneración
cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir
aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias
que dan sentido a su existencia8.

En el asunto bajo estudio, el señor Leonardo Andrés Amaya Gil considera que la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura vulneró sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de
la personalidad, al trabajo y a la educación, porque no le permitió presentar de
manera virtual o de forma remota el examen de Estado para abogados establecido
en la Ley 1905 de 2018, a pesar de que, para la fecha programada en el Acuerdo
PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023 (mayo de 2024), se encontrará en la
ciudad de Dubái, cursando estudios de inglés.

La Sala verifica que, en efecto, el actor tiene programado el viaje al extranjero con
el objetivo de adelantar un curso de inglés entre el 8 de abril y el 20 de octubre de
2024; asimismo, advierte que, el 6 de enero del presente año, radicó petición ante
la entidad para que el examen se realizara en la modalidad virtual, solicitud que la
demandada denegó bajo el argumento de que, «[c]onforme al numeral 10 del
artículo 3 del Acuerdo PCSJA23-12127 de 2023, quien se inscriba para la prueba
únicamente podrá seleccionar una de las ciudades de la lista dispuesta para su

6
Sentencia T-542 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7 Sentencia SU-642 de 1998; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

8
Sentencia C-336 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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presentación, toda vez que la aplicación está dispuesta solamente para realizarse
de manera presencial en los lugares dispuestos para ello; por lo tanto, no es
posible realizar la prueba en un lugar distinto o virtual».

Al respecto, la autoridad accionada precisó que el examen se viene diseñando
desde el año 2022, para lo cual se contrató a ICFES, entidad que, basada en su
experticia técnica en evaluaciones a gran escala, definió la realización de la
prueba bajo la modalidad electrónica en sitio, lo cual quedó consignado en el
contrato No. 196 de 2023.

En ese sentido, la entidad es diáfana al señalar que cambiar la modalidad de la
aplicación de la prueba, como lo solicita el tutelante, afecta la planeación
adelantada y las condiciones pactadas en el contrato suscrito con el ICFES, toda
vez que tendría que modificarse drásticamente el modelo bajo el cual se desarrolló
el proceso logístico y operativo para la implementación del examen.

Ahora bien, dentro de la justificación para negar la petición del tutelante, la
accionada expuso que la prueba electrónica en sitio permite supervisar en
condiciones de igualdad a todos los examinandos, realizar la entrega
personalizada de usuario y contraseña para el ingreso al aplicativo, tomar las
medidas de seguridad requeridas, tales como: evitar la grabación del examen
desde dispositivos externos, realizar tomas fotográficas, controlar el ingreso de
dispositivos no permitidos, impedir la asistencia de terceros y atender de forma
oportuna las necesidades que eventualmente puedan surgir, entre otras.

Además, la realización del examen virtual implica contemplar múltiples aspectos y
herramientas que permitan el desarrollo y control de la prueba, como lo sería la
implementación y habilitación de una plataforma de control de navegación, un
sistema de registro en línea, un sistema de reconocimiento facial basado en
inteligencia artificial, un sistema de almacenamiento de fotogramas y una mesa de
soporte, entre otros aspectos claves que garanticen las condiciones apropiadas
para la presentación del examen, así como la confiabilidad de la prueba.

Para la Sala la decisión de la autoridad accionada no vulnera las garantías
fundamentales invocadas por el tutelante, pues, lejos de ser arbitraria y
caprichosa, es razonable y justificada, dado que la decisión de no permitir la
presentación del examen en forma virtual, no sólo asegura la confiabilidad de la
prueba y los resultados de cada graduado, sino que también redunda en garantías
para los aspirantes, puesto que la modalidad presencial para desarrollar la prueba
electrónica en sitio ofrece las condiciones apropiadas para la presentación del
examen, verbigracia, aulas iluminadas, puestos individuales, centros de cómputo

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con los requisitos de software, hardware y conectividad requeridos para la correcta
ejecución en el proceso de aplicación.

Todo ello sumado a la existencia de un contrato suscrito con el ICFES, en el que
se pactaron las condiciones logísticas y operativas para la aplicación de la prueba,
bajo estándares que vienen siendo estudiados y desarrollados desde el año 2022.

De otra parte, la Sala no encuentra que la respuesta negativa de la entidad coarte
la libertad del tutelante, quien puede viajar según lo programó y tras culminar sus
estudios, regresar al país, si a bien lo tiene, y presentar el examen de Estado que
la Ley 1905 de 2018 exige para obtener la tarjeta profesional de abogado, toda
vez que la prueba programada para mayo de 2024 no es la única que se realizará,
puesto que, según el cronograma, en octubre del presente año se llevará a cabo
otro examen.

Todo indica, además, que en anualidades venideras seguirá el examen con igual
periodicidad, teniendo en cuenta que, conforme a la norma indicada9, el mentado
examen se convirtió en un requisito para ejercer la profesión de abogado, para
quienes iniciaron la carrera de derecho después del 28 de junio de 2018.

Aunado a lo anterior, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018 habilita a
los interesados para presentarse a cuantas convocatorias sean necesarias, hasta
que obtengan el porcentaje mínimo exigido para su aprobación, de manera que no
se avizora vulneración alguna y menos aún los perjuicios invocados por el
tutelante.

Conviene precisar que la aprobación del examen es un requisito adicional para la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, pero esta sólo es exigible cuando
el graduado pretenda «(…) ser representante de una persona natural o jurídica
para cualquier trámite que requiera un abogado», puesto que para las demás

9
Ley 1905 de 2018. ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación
del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ),
directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se
contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje
nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las
siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el
Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para
cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades
no se requerirá tarjeta profesional.

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Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

actividades no se requiere la tarjeta profesional, es decir, que el egresado con su
título puede ejercer en otros campos y acceder a oportunidades laborales en el
sector público o privado, siempre y cuando no ejerza la representación de un
tercero.

En todo caso, según lo conocido en el proceso, el señor Leonardo Andrés Amaya
Gil tramitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado provisional, que fue
asignada mediante Acta No. 23113 del 9 de octubre de 2023, en los términos del
Acuerdo PCSJA22- 11985 del 29 de agosto de 2022, la cual tendrá vigencia hasta
que se publiquen los resultados de la primera prueba 10.

Asimismo, se estableció que, el 22 de enero de 2024, el accionante se inscribió
para presentar el examen de Estado en el mes de mayo de 2024, en la ciudad de
Popayán, de conformidad con el Acuerdo PCSJA23-12127 de 2023; por
consiguiente, está en la libertad de permanecer en el país y realizar la prueba en
la fecha y ciudad programada, o de realizar su viaje de estudios y presentar el
examen de Estado cuando regrese, previa inscripción a una nueva convocatoria.
Mientras tanto podrá utilizar la tarjeta provisional que le fue asignada, con las
limitaciones previstas, si está en sus planes hacerlo.

De acuerdo con lo razonado, la Sala concluye la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no
vulneró los derechos fundamentales invocados, al no autorizarle al señor
Leonardo Andrés Amaya Gil la presentación virtual o remota del examen de
Estado para abogados. Por tanto, se impone negar el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Leonardo Andrés Amaya Gil,
por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

10
Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA LA
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABGOGADO (…)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la
implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar,
sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional
de Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00188-00
Demandante: Leonardo Andrés Amaya Gil
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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