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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00198-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00198-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Cristhian Camilo Valderrama Reyes en la solicitud de tutela presentada en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00198-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de Carrera Judicial y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Temas: Tutela contra actos emitidos en un concurso de méritos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Cristhian Camilo Valderrama Reyes,
en contra de la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Cristhian Camilo Valderrama Reyes promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a
cargos públicos, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los actos
administrativos con los cuales la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla decidió exonerar al demandante del IX Curso
de Formación Judicial Inicial a desarrollarse en el marco de la convocatoria 27 para
la provisión de funcionarios de la Rama Judicial.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018 con el que convocó al proceso de selección para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, para el cual se inscribió para
concursar por el cargo de Magistrado Tribunal Sala Penal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

ii) El 1 de septiembre de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
emitió la Resolución CJR22-0351 en la que publicó los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos correspondiente, habiendo obtenido un puntaje de
841.65, por lo que, el 8 de febrero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0061,
tras la verificación de los requisitos establecidos en la convocatoria para los
respectivos cargos fue admitido para continuar a la siguiente fase.

iii) La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por delegación del Consejo Superior de
la Judicatura, abrió el proceso de solicitudes de homologación y/o exoneración del
IX curso de Formación Judicial Inicial, por lo cual, solicitó se la homologación del
puntaje del curso de formación actual, por el puntaje de 994.70, obtenido en el IV
Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas) Promoción
2009.

iv) La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expidió la Resolución
EJR23-122 del 22 de junio de 2023 con la que resolvió, entre otros, exonerarlo de
la realización del IX Concurso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial y sustituirla por la
equivalencia de la última calificación integral de servicios en firme multiplicada por
10. Contra el anterior pronunciamiento de la administración interpuso recurso de
reposición el cual fue resuelto con la Resolución EJR23-254 del 31 de agosto de
2023 con la que confirmó el sentido de su decisión.

v) Al considerar que existió un yerro de parte de la escuela judicial, mediante escrito
de 9 de octubre de 2023, solicitó revisar el puntaje y corregir la actuación, a lo cual
no accedió la entidad demandada insistiendo en el puntaje de 930, sin tener en
cuenta los decimales.

vi) Argumentó que la homologación del curso de formación judicial por el resultado
en un curso anterior, obedece a la interpretación que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo le ha dado al alcance del artículo 160 de la Ley 270,
fijando el criterio según el cual no debe repetir el curso de formación judicial quien
ya lo ha cursado, lo cual resulta aplicable no solo para quienes no han ingresado a
la carrera judicial, sino también a favor de quienes son servidores judiciales en
carrera, en virtud del principio pro homine y derecho a la igualdad.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES y en consecuencia
ORDENAR a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que corrija la actuación
administrativa y proceda a resolver las solicitudes de homologación sin discriminar o
restringir de esta posibilidad a los funcionarios judiciales de carrera.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

Subsidiariamente, se ordene a la escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, corregir el
puntaje asignado en virtud de la exoneración y otorgarme el que corresponde de
934,9 puntos […]» (sic).

1.2. Informe rendido en el proceso

1.2.1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla1, rindió informe en el que solicitó
declarar la improcedencia o, en su defecto, negar el amparo, por considera que, la
resolución que confirmó la homologación, pero negó la exoneración no es un acto
de trámite sino de fondo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley
1437 de 2011, por tanto, el demandante cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” definió la operación aritmética
que permite la equivalencia entre la calificación integral de servicios, en firme,
superior a ochenta (80) puntos, con la evaluación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial que se aprueba con un puntaje mínimo de 800, por lo que multiplicó el puntaje
de la última calificación integral de servicios en firme por 10, lo cual se hizo de
manera igualitaria en todos los casos de exoneración, de tal manera la calificación
de servicios del señor Valderrama en el segmento de “Calificación Integral”
explícitamente dice “93 aprox”.

1.3 Sentencia de primera instancia2

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 8 de febrero de
2024, declarar la improcedencia del amparo solicitado, al considerar que existe otro
mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para
controvertir la legalidad de los actos administrativos cuestionados, además de no
configurarse un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela transitoria.

1.4. Escrito de impugnación3

Cristhian Camilo Valderrama Reyes impugnó la sentencia de primera instancia, para
lo cual expuso que sí es procedente el amparo solicitado, por configurarse una de
las excepciones definidas por la Corte Constitucional en materia de tutelas en el
marco de concursos de mérito, debido a que los actos administrativos demandados
son de trámite y no son susceptibles de ser demandados a través de otro medio de
control.

2. Consideraciones

1 Ver índice 12 de SAMAI.
2 Ver índice 13 de SAMAI. Uno de los magistrados que hicieron parte de la Sala de decisión presentó

salvamento de voto en el sentido de manifestar que el asunto no tiene relevancia constitucional.
3 Ver índice 17 de SAMAI

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo, de la
procedencia de la acción de tutela y, solución del caso concreto

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
Decreto 1382 de 20004, esta Sala es competente para conocer la presente
impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera.

2.2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, esta Sala de decisión deberá determinar si: ¿la
solicitud de tutela es procedente para cuestionar los actos administrativos con los
cuales la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla decidió exonerar al demandante del IX Curso de Formación Judicial
Inicial a desarrollarse en el marco de la convocatoria 27 para la provisión de
funcionarios de la Rama Judicial?

Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si: ¿el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneraron los derechos fundamentales de Cristhian
Camilo Valderrama Reyes al exonerar al demandante del IX Curso de Formación
Judicial Inicial a desarrollarse en el marco de la convocatoria 27 para la provisión
de funcionarios de la Rama Judicial y no homologar el puntaje obtenido en un curso
de formación judicial anterior?

2.3. De la procedencia de la acción de tutela en materia de concurso de
méritos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la
solicitud de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los
derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la
acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: cuando no existen
mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; cuando
existen esos medios de defensa, pero, en el marco del caso concreto, no resultan
idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, cuando la
solicitud de tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

En sentencia T-187 de 2010, M.P. doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que
la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos

4 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los
particulares. Al respecto, precisó que:

«[…]La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar
protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los
mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y
excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.

De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria
y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un
mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de
un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio.[…]»
(Subrayado fuera del texto).

En virtud de la subsidiariedad que caracteriza a esta garantía de los derechos
fundamentales constitucionales, es dable afirmar que un amparo es improcedente
cuando el interesado no ejercitó los mecanismos ordinarios de defensa, sin
justificación alguna, y pretende, por vía de este mecanismo, revivir discusiones que
quedaron zanjadas ante la inactividad de quien debió ejercitar las vías
constitucionales y legales.

En un proceso de tutela en el que se cuestionaban actuaciones surtidas al interior
de un concurso de méritos, esta Sala tuvo la oportunidad de analizar los eventos en
los que era procedente la solicitud de amparo frente a esa materia5, criterio que se
ha mantenido incólume y se ha aplicado en causas de contornos similares; ocasión
en la que se partió del hecho de que los concursos de méritos para la provisión de
empleos en general, y en especial en el sector público, comportan una de las
instituciones más significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a
que se constituyen en la herramienta más transparente para obtener un empleo en
condiciones dignas.

De ahí, se consideró que en el marco de un concurso de méritos está en juego el
derecho de acceso al trabajo y que por ello tal Institución, el concurso de méritos,
debe ser vista con rigor constitucional por el funcionario judicial encargado de velar
por la aplicación de la norma suprema, en el caso concreto el juez de tutela.

Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido la improcedencia de la solicitud de
tutela respecto a las actuaciones surtidas al interior de los concursos de méritos por
regla general, sin embargo, en reciente sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022,
fijó 3 supuestos excepcionales, y sobre ello expresó:

«[…] 96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones
a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando

Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción
de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración
de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez administrativo.

A continuación, se explican estas hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el reconocimiento
de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la
solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona afectada no tiene
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran».
Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren
derechos fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo».
(...)
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite expedidos en el marco de los concursos de méritos. Con
fundamento en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena de esta
corporación ha propuesto los siguientes requisitos, que permiten evaluar la
procedibilidad específica de la acción de tutela contra estos actos en particular: «i)
que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii) que
el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la
decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental […]»

Adicionalmente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 5 de noviembre de 20206, sostuvo:
«[…] Por regla general son los actos definitivos lo únicos que son susceptibles de ser
enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que a través
de estos la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los
asociados. Excepcionalmente también lo son los de trámite cuando impiden la
continuación de este. En los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio
que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son
preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo
susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto
de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto
definitivo que definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]»
Así, verificada la jurisprudencia que permite establecer la procedencia de la
presente solicitud de tutela, esta Sala de decisión debe afirmar que, en esta
oportunidad, los actos administrativos cuestionados son de trámite no susceptibles
de control ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, pues, si bien no
afectan su continuidad en el mencionado concurso de méritos, no se puede
desconocer que tienen incidencia en la decisión final, es decir, la lista de elegibles.

Así mismo, se satisfacen los requisitos fijados por la Corte Constitucional para que
proceda el estudio de fondo de la inconformidad planteada, pues i) la actuación

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Radicado 25000-23-41-000-2012-00680-01 (3562-15). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

administrativa se encuentra en curso en la fase eliminatoria, mediante el desarrollo
del curso de formación judicial; ii) las Resoluciones EJR23-122 de 22 de junio de
2023 y EJR23-254 de 31 de agosto de 2023 definen una situación especial y
sustancial que se proyecta en la decisión final, toda vez que asigna el puntaje que
corresponde por la exoneración, siendo necesario para la ubicación final en lista de
elegibles; y, iii) los actos de trámite referidos tendrían la potencialidad de ocasionar
la vulneración de los derechos fundamentales invocados al excluir al funcionario
demandante de acceder a la homologación por el puntaje obtenido en cursos de
formación judicial.

2.4. El caso concreto

Cristhian Camilo Valderrama Reyes acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que corrija la actuación administrativa y proceda a
resolver las solicitudes de homologación sin discriminar o restringir de esta
posibilidad a los funcionarios judiciales de carrera; o, de manera subsidiaria, se
ordene corregir el puntaje asignado en virtud de la exoneración y otorgarme el que
corresponde de 934,9 puntos.

Aclarada la pretensión de la parte demandante, previo a pronunciarse sobre el fondo
del asunto es pertinente efectuar algunas consideraciones relacionadas con la
normatividad aplicable al sub examine, como a continuación se hará.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 164 de la Ley 2707 de
1996, así como el artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
20188, la convocatoria es norma obligatoria y rectora del proceso de selección, por
tanto, de obligatorio cumplimiento para los aspirantes y la administración.

De tal manera, se profirió el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, que reglamenta el IX Curso de formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
promoción 2020-2021 y definió los requisitos para acceder a la homologación o
exoneración del curso. La mencionada norma, estableció dos situaciones jurídicas
diferentes para los aspirantes que superaron la Fase I y II de la etapa de selección

7 ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante el

cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y
condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina
su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.
(…)
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de
méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos
Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las
circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.
8 ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y reguladora

de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administración
como para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan las condiciones y términos
señalados en el presente Acuerdo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

de la Convocatoria No. 27 y pretenden no realizar el IX Curso de Formación Judicial
Inicial con la sustitución de la calificación de las 2 subfases, tales situaciones se
entienden de la siguiente manera:

1. Los aspirantes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera,
podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal
caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación
para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.

2. Los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera,
hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa
de procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán solicitar la
homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la
calificación sea superior a 800 puntos.

Ahora bien, descendiendo a la situación en concreto, es necesario precisar los
siguientes supuestos fácticos:

• El 26 de abril de 2023, Cristhian Camilo Valderrama Reyes solicitó que se le
homologara el puntaje del curso de formación actual con el puntaje de 994.70,
obtenido en el IV Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y
Jueces (zas). En la misma solicitud pidió también la exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

• La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” profirió la Resolución EJR23-122 del
22 de junio de 2023 con la que le negó la solicitud de homologación, en razón a
que la misma resulta improcedente para quienes son funcionarios judiciales y
solo es aplicable para quienes no hubiesen ostentado cargo de funcionario en
carrera, decisión que fue confirmada mediante Resolución EJR23-254 del 31 de
agosto de 2023, por la cual se resuelve el recurso de reposición.

• Por su parte, Cristhian Camilo Valderrama Reyes, en la misma petición
presentada el 26 de abril de 2023, solicitó también que se le confiriera la
exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial, por lo cual, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, emitió la Resolución EJR23-122 del 22 de junio de
2023, con la que accedió tal petición y dispuso sustituir la evaluación de las dos
(2) subfases del IX Curso de Formación Judicial Inicial, con base en la
equivalencia de la última calificación integral de servicios en firme del
peticionario, consistente en la multiplicación de la calificación por diez (10), lo
que arrojó un puntaje de 930 puntos.

• Contra el referido acto administrativo se interpuso recurso de reposición por
considerar que el puntaje que se debía asignar era 934,9 puntos, entre otros

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

argumentos, sin embargo, mediante Resolución EJR23-254 del 31 de agosto de
2023, se confirmó la Resolución EJR23-122 del 22 de junio de 2023.

Así pues, debe recordarse que, mediante Resolución EJR23-122 del 22 de junio de
2023, al demandante se le concedió el beneficio de no repetir el curso bajo la figura
de exoneración, dado que se constató el cumplimiento de los requisitos fijados, tales
como:

1. El aspirante fue admitido al concurso de méritos, conforme a la información
remitida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante los
oficios CJO23-1744 y CJO23-1910.
2. Es funcionario judicial de carrera en la Rama Judicial y
3. La última calificación integral de servicios en firme es igual o superior a
ochenta (80) puntos.

Ahora bien, no puede omitirse que con sustento en el artículo 2 del Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” definió la operación aritmética que permite la equivalencia entre la
calificación integral de servicios, en firme, superior a ochenta (80) puntos, con la
evaluación del IX Curso de Formación Judicial Inicial que se aprueba con un puntaje
mínimo de 800, la cual consiste en multiplicar el puntaje de la última calificación
integral de servicios en firme por 10, esto, en efecto, se hizo en el caso de Cristhian
Camilo Valderrama Reyes, teniendo en cuenta que su calificación de servicios en el
segmento de “Calificación Integral” establecía 93 puntos aproximadamente.

En este orden de ideas, revisados los supuestos fácticos y jurídicos que hacen parte
de la litis planteada, no se observa actuación arbitraria o caprichosa alguna
efectuada por la administración en lo transcurrido del mencionado concurso de
méritos, pues los pronunciamientos efectuados respecto a las peticiones realizadas
por el aquí demandante se encuentran ajustadas a la normatividad aplicable al
asunto, frente a la cual es pertinente recordar que la norma que regula el
procedimiento de selección, es decir, el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018, es norma reguladora de aquel y no puede ser desconocida por los
participantes, ya que al inscribirse la aceptaron de manera vinculante.

Es por esto por lo que no resulta admisible, traer disposiciones de otros
procedimientos administrativos, procesos judiciales, convocatorias y/o cursos, como
lo pretende el aspirante, al solicitar la aplicación de actos administrativos que
resolvieron solicitudes dirigidas a obtener la homologación o exoneración de
anteriores convocatorias, ya que cada convocatoria tiene sus propias reglas, de
manera que, acceder a tal pretensión implicaría la vulneración del principio de
confianza legítima.

En este orden de ideas, no se observa vulneración de los ius fundamentales
invocados, por lo que, en consecuencia, la Sala revocará la decisión proferida en

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00198-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes.

primera instancia mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela por
falta del requisito de subsidiariedad para, en su lugar, negar el amparo solicitado,
en tanto se encontró mérito para estudiar el fondo del reclamo planteado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Cristhian Camilo Valderrama Reyes en la solicitud de tutela
presentada en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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