Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00218-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00218-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00218-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00218-00
Accionante: Rafael Ángel Agudelo López y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, buena fe e igualdad en proceso de reparación directa por atentado
terrorista perpetrado por las FARC en el municipio de Apartadó, Antioquia.
Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.
Decisión: Se niega el amparo porque no se encuentra configurado el defecto
alegado.
Fallo de primera instancia
I. ANTECEDENTES
La Subsección decide la acción de tutela presentada por los señores Rafael
Ángel Agudelo López, Miguel Ángel Agudelo Carvajal, Edder de Jesús Agudelo
López, Gloria Irene Betancur Rico, Diego Orozco Grisales, Jaime Alberto
Sánchez Restrepo, Sol Mery Salazar de Sánchez, Marisol Sánchez Salazar,
Carlos Mario Sánchez, Gloria Stella Betancur Quintero, Ricardo León Moreno
Betancur, Gloria Lucía Moreno Betancur, Alberto de Jesús Vélez Cañas, Enna
Margarita Trujillo de Moreno, Mirian del Carmen Valencia Bedoya, Luz Omaira
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Valencia Bedoya, Francisco Javier Sánchez Aguirre, María Noelia Villa Téllez,
María Ávila Martínez Bejarano, Adelaida Bermúdez Loaiza, Fanny Stella Trujillo
Chaparro, Sabino Antonio González Pineda, Franquelina Higuita de González,
Nubia Esther Quiceno Garcés, Jairo Alcides Buenaño Chavarriaga, Claudia
Patricia Buenaño Chavarriaga, Claudia María Sánchez Nanclares, Carlos Andrés
Giraldo Monsalve, Luis Ángel Agudelo López, Gabriel Ángel Agudelo López,
María Rosa Agudelo Carvajal, José Antonio Aricapa León, Nhora Luz Aricapa
Uchima, José Humberto Aricapa Aguirre, Lucelly Uchima y Gabriel Ángel
Uchima, quienes actúan por conducto de apoderado, en contra de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe y acceso a la
administración de justicia al expedir la sentencia del 8 de junio de 2021 dentro
del proceso de reparación directa con radicado núm. 05001-23-31-000-1999-
00132-01 (36221).
1. HECHOS
Los accionantes instauraron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión del ataque
terrorista perpetrado por la guerrilla de las FARC en el municipio de Apartadó,
Antioquia, donde detonaron una volqueta con explosivos cerca del comando de
policía, lo que causó la muerte y heridas a varios habitantes del municipio así
como la destrucción y daños a establecimientos de comercio y viviendas de la
zona.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Décima de Decisión a través de
sentencia del 19 de agosto de 2008 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, para lo cual se remitió al pronunciamiento efectuado por la Sala
Séptima del mismo Tribunal que, al analizar otro proceso en el que se solicitó la
indemnización por la muerte de varias personas en el mismo atentado terrorista,
encontró demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas, a lo que
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sumó varias declaraciones rendidas en el proceso, a partir de las cuales concluyó
que el atentado estaba dirigido contra el Comando de Policía que estaba
amenazado por la guerrilla de las FARC y que no se tomaron las medidas para
impedirlo.
Apelada la decisión por la entidad demandada, la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado a través de providencia del 8 de junio de 2021 revocó
lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que en el proceso no se probó que la entidad demandada tuviera
conocimiento previo de que los grupos ilegales actuarían contra la institución el
día que se produjo el atentado.
Los accionantes manifiestan que la autoridad judicial demandada incurrió en el
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del 20 de junio de
2017 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado núm.
25000-23-26-000-1995-00595-01; demandante: Rosa Elena Puerto Niño) en la
que, según el accionante, se estableció que cuando se analizan asuntos
relacionados con actos terroristas, es posible estructurar la responsabilidad bajo
los títulos de imputación de falla en el servicio, riesgo excepcional o daño
especial.
Agregan que dichas pautas han sido posteriormente aplicadas y, por tanto,
validadas por las sentencias del 8 de junio de 2017 (radicado núm. 05001-23-31-
000-2002-02401-01; N.I. 4556); 19 de julio de 2017 (radicado núm. 50001-23-
31-000-2001-10478-01; N.I. 37498); 19 de julio de 2017 (radicado núm. 76001-
23-31-000-2006-02021-01; N.I. 37847) y del 14 de enero de 2019 (radicado núm.
05001-23-31-000-2005-03186-01; N.I. 43112).
Por otra parte, precisan que en este caso se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, en tanto agotaron todos los medios de
defensa y que acuden al mecanismo dentro de un plazo razonable, pues
interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda
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instancia, el cual fue resuelto por la Sala 26 Especial de Decisión del Consejo de
Estado en providencia del 30 de octubre de 2023, notificada electrónicamente el
11 de noviembre de 2023.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitan que, en amparo de los derechos
fundamentales, se deje sin efectos la sentencia del 8 de junio de 2021 proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y, en su lugar, se
ordene dictar una decisión de reemplazo que se ajuste a los lineamientos
jurisprudenciales trazados en la sentencia del 20 de junio de 2017 de la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado con radicado núm. 25000-
23-26-000-1995-00595-01 y las demás que forman parte de la línea
jurisprudencial sobre la materia.
3. TRÁMITE PROCESAL
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 22 de enero de 2024 a través
del cual se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
como terceros interesados en las resultas del proceso.
Asimismo, se le requirió al apoderado de la parte demandante para que aportara
los poderes conferidos por los señores Gabriel Ángel Agudelo López, Claudia
María Sánchez Nanclares, María Rosa Agudelo Carvajal, José Antonio Aricapa
León, Nhora Luz Aricapa Uchima, José Humberto Aricapa Aguirre, Lucelly
Uchima y Gabriel Ángel Uchima, en tanto estos no fueron allegados con la
demanda.
En atención a ello, el apoderado aportó los poderes otorgados por Gabriel Ángel
Agudelo López, Claudia María Sánchez Nanclares, José Antonio Aricapa León,
Nhora Luz Aricapa Uchima, José Humberto Aricapa Aguirre, Lucelly Uchima y
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Gabriel Ángel Uchima, así como el registro civil de defunción de la señora María
Rosa Agudelo de Agudelo.
4. INFORMES
4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la
prosperidad de la demanda, argumentando que, tal como se señaló en el fallo
de segunda instancia, los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1997 no son
atribuibles a la Policía Nacional, pues no obraba advertencia por parte de
inteligencia sobre la intención de perpetrar dicho atentado. Agregó que, aunque
funcionarios de la Estación de Policía del municipio de Apartadó evitaron que se
estacionara la volqueta frente a las instalaciones del comando, estos no podían
impedir que la ubicaran en otro punto del municipio, pues tampoco eran
conocedores de que estaba cargada con dinamita, por lo que no es dable
endilgar una omisión a la institución.
4.2. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado al proferir
la sentencia del 8 de junio de 2021 mediante la cual revocó el fallo de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
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instaurada contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional con ocasión
del atentado perpetrado por las FARC en el municipio de Apartadó, Quibdó.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
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elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
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de 6 meses desde que se notificó la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión instaurado contra la sentencia objeto de
cuestionamiento (11 de noviembre de 2023) y la presentación de la acción de
tutela (17 de enero de 2024).
3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia del desconocimiento del precedente en el que presuntamente
incurrió la autoridad judicial demandada.
3.1.5. Sobre la legitimación en la causa por activa, se observa que el apoderado
de la parte demandante, en el término concedido, aportó al proceso los poderes
otorgados por los señores Gabriel Ángel Agudelo López, Claudia María Sánchez
Nanclares, José Antonio Aricapa León, Nhora Luz Aricapa Uchima, José
Humberto Aricapa Aguirre, Lucelly Uchima y Gabriel Ángel Uchima, así como el
registro civil de defunción de la señora María Rosa Agudelo de Agudelo, por lo
que se encuentra acreditado este requisito frente a todos los accionantes.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
4. Caso concreto
La parte accionante argumenta que la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 8 de junio de 2021, incurrió en
desconocimiento de la sentencia del 20 de junio de 2017 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado (radicado núm. 25000-23-26-000-1995-00595-
01; demandante: Rosa Elena Puerto Niño)1 en la que, según el accionante, se
estableció que cuando se analizan asuntos relacionados con actos terroristas,
1
Reiterada por las sentencias del 8 de junio de 2017 (radicado núm. 05001-23-31-000-2002-02401-01; N.I.
4556); 19 de julio de 2017 (radicado núm. 50001-23-31-000-2001-10478-01; N.I. 37498); 19 de julio de
2017 (radicado núm. 76001-23-31-000-2006-02021-01; N.I. 37847) y del 14 de enero de 2019 (radicado
núm. 05001-23-31-000-2005-03186-01; N.I. 43112).
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es posible estructurar la responsabilidad bajo los títulos de imputación de falla
en el servicio, riesgo excepcional o daño especial.
Al respecto, la Sala observa que, en la providencia cuestionada, la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado realizó un recuento
jurisprudencial en relación con la responsabilidad del Estado por actos violentos
perpetrados por terceros, así:
Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros dirigidos en contra de
instituciones representativas del Estado
(…)
El Estado es responsable patrimonialmente por actos terroristas dirigidos contra alguna de
sus instituciones representativas, por falla del servicio, si: (i) existían amenazas de la acción
terrorista en relación con esa institución y las autoridades, competentes y con capacidad
para contener el ataque, omitieron ese deber o brindaron las condiciones de seguridad de
forma insuficiente o tardía. (ii) Si los actos eran previsibles y resistibles y, a pesar de ello,
no se adoptaron las medidas necesarias e idóneas encaminadas a anticipar, evitar o mitigar
el resultado dañoso2. Un acto terrorista reviste un carácter irresistible si, a pesar de que se
adoptaron las medidas de seguridad, el Estado no pudo impedirlo -dada su magnitud y la
limitación de recursos y capacidades-, e imprevisible si no era posible advertir, por
anticipado, su ocurrencia, es decir, que el acontecimiento sucedió de manera súbita y
repentina3.
En suma, solo se configura la responsabilidad del Estado, si la entidad demandada tuvo
conocimiento oportuno sobre la posible ocurrencia de un acto violento, o habría podido
anticiparlo dadas las circunstancias específicas de orden público e información de
inteligencia y, por ende, habría tenido la capacidad real de contenerlo o de mitigar los
efectos lesivos, pero omitió ejercer oportunamente sus deberes jurídicos de seguridad y
protección.
12. En los eventos en que el acto terrorista se dirige contra una institución representativa
del Estado no procede la condena con fundamento en el daño especial, como se sostuvo en
2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, Rad. 18.860 [fundamento
jurídico 14], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera
Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 493-494, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de noviembre de 1994, Rad. 7.316 [fundamento
jurídico párr. 5-9], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección
Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 497, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
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algunas decisiones4. La jurisprudencia ha determinado que si una actuación legítima del
Estado causa un perjuicio al imponer una carga especial o excesiva a un particular, debe
indemnizarlo a título de daño especial. De no hacerlo, vulnera el principio de la igualdad
ante las cargas públicas, pues ningún ciudadano debe sufrir otras cargas que las impuestas
a los demás en interés social5.
La acción legítima del Estado debe ser la causa del perjuicio. Una “causalidad abstracta” -
que impute el daño por los deberes jurídicos generales de las autoridades públicas-
implicaría, en el fondo, una atribución ilimitada de responsabilidad: del ámbito de la
responsabilidad civil del Estado, propio del juzgador, se trasladaría al de la solidaridad, el
aseguramiento y la equidad, propios de la formulación de políticas públicas, y ajenos al juez
de la administración.
Como todos los ciudadanos se benefician de la seguridad y la protección del Estado y de las
condenas cuando se incumplen estos deberes (falla del servicio relativa), también les
corresponde soportar las cargas que se derivan de la existencia del Estado, incluidas, las
consecuencias de las acciones armadas de los grupos al margen de la ley en su contra. Esta
circunstancia descarta el daño especial, pues no se trata de una carga pública excesiva, dada
la necesidad de la existencia del Estado y la exigencia que se le hace en cuanto a la
protección de los derechos de los ciudadanos.
También debe descartarse la imputación con fundamento en el riesgo excepcional, al que se
refieren otros pronunciamientos6, pues este tiene su origen en el ejercicio de actividades
peligrosas, que reportan beneficios a quienes las ejercen y que justifican la obligación de
indemnizar perjuicios cuando con ellas se ocasionen daños.
Si el Estado, como organización de la convivencia social, fue creado para asegurar la
supervivencia de la comunidad (artículo 2 CN), no resulta coherente estimar que la Policía,
como cuerpo armado concebido para asegurar que los colombianos convivan en paz
(artículo 218 CN), constituya por sí misma un riesgo indemnizable. La presencia del Estado
no puede considerarse como una fuente creadora de riesgo, pues precisamente la
prerrogativa legítima del ejercicio de coacción es un presupuesto material de la
Constitución y un rasgo esencial del poder público.
En suma, en los casos en los que no se acredite falla del servicio en atentados,
enfrentamientos o tomas guerrilleras, el daño resulta atribuible al hecho exclusivo y
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 1990, Rad. 5.417, [fundamento
jurídico 3] y sentencia de 8 de febrero de 1999, Rad. 10.731 [fundamento jurídico 1], en Antología
Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta
Nacional, 2018, pp. 478 y 481, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de julio de 1947
[fundamento jurídico 8] S.V. Jorge Lamus Girón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1973 [fundamento jurídico 9]. Estas providencias se pueden
consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo
B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 91 y 93, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de octubre de 2005, Rad. AG-2001-00948-01
[fundamento jurídico 5.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017
Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 484, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
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determinante de un tercero. La aplicación de teorías objetivas de responsabilidad en estos
casos, se soporta más en criterios de solidaridad, que en las categorías de la responsabilidad
civil del Estado. Estos títulos de imputación no son aplicables para definir a quién
corresponde el deber de indemnizar por actos terroristas de terceros contra instituciones del
Estado”.
A partir de dichas pautas jurisprudenciales, estableció lo siguiente:
“Aunque quedó probado que las FARC detonaron un artefacto explosivo en la Estación de
Policía de Apartadó y que esa detonación causó daños a la parte demandante, no se acreditó
que antes de la ocurrencia de estos hechos existían amenazas concretas de una acción
terrorista contra esa institución y que, de ser ello así, la demandada las conociera
oportunamente. Para la Policía no era posible advertir con anticipación que los grupos
ilegales actuarían ese día en contra de la institución, que no fue objeto de amenazas
concretas. Tampoco se puede perder de vista que el municipio de Apartadó se encontraba
ubicado en una zona de graves alteraciones de orden público [hecho probado 10.5], en la
que las amenazas contra la población y las instituciones del estado eran generalizadas. El
atentado no podía ser evitado por las autoridades ya que se produjo de forma imprevista,
mediante una acción aislada y sin que existiera sospecha alguna o actividad de inteligencia
de la que se pudiera advertir su ocurrencia. Además, aunque un agente de la institución
impidió que el “carrobomba” fuera estacionado al frente de la Estación, este no podía evitar
que lo parquearan en un sitio cercano, como en efecto ocurrió.
La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión, debe tenerse en cuenta que
la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los
grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades están obligadas a lo imposible,
esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos la compleja
capacidad institucional que se requiere para evitar la detonación de artefactos explosivos.
El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de
hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de
las autoridades.
Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA,
quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto
pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Como no se probó omisión por parte de las autoridades en garantizar la protección de los
demandantes, ni que esa acción armada pudiera preverse y evitarse, no se acreditó una falla
del servicio. El daño sufrido por la parte demandante con la detonación de un artefacto
explosivo es imputable al hecho exclusivo y determinante de un tercero -la guerrilla de las
FARC- y, por tanto, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las
pretensiones”.
De lo anterior, se observa que la Subsección accionada no ignoró o desconoció
en forma alguna las pautas jurisprudenciales invocadas por el accionante en
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relación con la atribución de responsabilidad al Estado por actos violentos
perpetrados por terceros bajo los regímenes de falla en el servicio, riesgo
excepcional o daño especial. Por el contrario, hizo referencia in extenso a la
construcción jurisprudencial en dicha materia y a los elementos que deben
concurrir en cada caso particular para determinar la responsabilidad patrimonial
pero no encontró acreditados los elementos para que, bajo alguno de ellos,
pudieran prosperar las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Así pues, la Sala descarta que en la providencia cuestionada se desconociera el
precedente proferido por la misma Sala de Sección en la materia pues, como
quedó visto, sí observó los elementos de atribución de responsabilidad y, a partir
del análisis de las pruebas aportadas al proceso, encontró que el atentado
sufrido por los demandantes era imputable al hecho exclusivo y determinante de
un tercero.
En este orden de ideas, no advierte esta Sala de Subsección que en el presente
asunto se haya configurado el desconocimiento del precedente planteado, pues
el análisis efectuado por el juez de segunda instancia para negar las
pretensiones de la demanda, lejos de observarse caprichoso o arbitrario, se
fundó en un estudio del conjunto de pruebas aportadas al proceso, valoradas
bajo las reglas de la sana crítica, en consonancia con los criterios
jurisprudenciales vigentes y aplicables, por lo que debe ser respetado en virtud
de los principios de autonomía e independencia judicial.
Así pues, la divergencia de criterios en la valoración de un mismo conjunto de
pruebas no es suficiente para la prosperidad del mecanismo constitucional, dado
que no es un instrumento para definir cuál es el planteamiento más adecuado
para resolver la litis y tampoco se estableció como tercera instancia de las
decisiones proferidas en el ámbito de sus competencias por las autoridades
judiciales.
Por lo anterior, se negará el amparo constitucional solicitado por los accionantes.
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Ac c i o n a n t e : R a f a e l Án g e l Ag u d e l o L ó p e z y o t r o s
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de tutela formulada por Rafael Ángel Agudelo López
y otros contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.
Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA
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