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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00229-01

Fecha
3 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00229-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00229-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

3 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00229-01
Accionante: Jhon Jairo Preciado Mesa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., tres (03) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00229-01
Accionante: Jhon Jairo Preciado Mesa
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Debido proceso – Constitución terna fiscal.
Subtema 2: Legitimación en la causa – No se configuró.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Jhon Jairo Preciado Mesa, en contra
de la sentencia del 29 de febrero de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela.

Jhon Jairo Preciado Mesa solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, “derecho al juez y acusador justo e imparcial”, “derecho al respeto”, “derecho
a una justicia pronta, eficaz, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho”,
al “principio de confianza legítima”, al “principio de transparencia y eficacia en las
decisiones de la administración pública y de justicia” y al “principio de objetividad”; que
consideró vulnerados por la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia
y la Fiscalía General de la Nación, por cuanto la elección de alguna de las candidatas
que componen la terna designada por el Presidente de la República para ejercer el
cargo de Fiscal General de la Nación, podría representar beneficios en el proceso
penal que en la actualidad cursa en contra del hijo del mandatario.

1.2. Hechos de la solicitud1.

1.2.1. El presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales y
legales, constituyó la terna para la elección de Fiscal General de la Nación.

1.2.2. La Fiscalía General de la Nación encausó penalmente al ciudadano Nicolás
Petro en el mes de julio de 2023, por los delitos de concierto para delinquir agravado
entre otros, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

1
Escrito de tutela contenido en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado identificado con el número 57758FEB4FFA72DA 031117F58DCE4D71
9434BBE4B718F989 DA2D98C0E05CBB55.

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1.2.3. Afirmó el accionante que, dado el interés del Presidente de la República en las
resultas de la investigación adelantada, conexo con el nombramiento de un nuevo
fiscal ternado por sus designios, eventualmente podría incidir en aquella causa penal.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela.

La parte accionante presentó escrito de tutela en el que solicitó al juez constitucional
i) amparar su derecho fundamental al debido proceso y al “derecho al juez y acusador
justo e imparcial”, “derecho al respeto”, “derecho a una justicia pronta, eficaz, dentro
de un Estado Social y Democrático de Derecho”, al “principio de confianza legítima”,
al “principio de transparencia y eficacia en las decisiones de la administración pública
y de justicia” y al “principio de objetividad”; ii) advertir a la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia abstenerse de decidir la elección de Fiscal General de la Nación
y devolver la terna al Presidente para que éste manifieste su impedimento; iii) copia
de la acusación del ciudadano Nicolás Petro Burgos a la Fiscalía General de la Nación
o al Juzgado Penal del Circuito Especializado; iv) conminar al Congreso de la
República para que en situaciones futuras legisle sobre la materia, esto es, el conflicto
de intereses frente a la elección de Fiscal General de la Nación.

Como argumentos de la solicitud de amparo, el accionante expuso que, el desarrollo
del proceso de elección del Fiscal General de la Nación, el Estado debe propender por
el cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia, situación que en el
presente caso no se configuró, dado que en este versaron conflictos de intereses que
conllevaron a la vulneración de sus derechos fundamentales y la falta de imparcialidad.

Por lo anterior, el Presidente de la República debió declararse impedido al momento
de presentar la postulación de la terna de candidatos a ocupar el mencionado cargo,
en atención a la existencia del proceso penal adelantado en contra de su hijo Nicolás
Petro Burgos.

Agregó que se desconoció el contenido del artículo 56 numerales 1° y 5° de la Ley 906
de 2004, respecto de la manifestación de impedimento que debió presentar el
Presidente de la República.

1.4. Trámite en primera instancia.

1.4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, profirió auto el 22 de enero de 20242,
en el que admitió la acción tutela y dispuso negar la solicitud de medida provisional
solicitada por el actor.

1.4.2. La Corte Suprema de Justicia 3, manifestó que, respecto del argumento
encaminado a la devolución de la terna presentada por el presidente de la República
para la elección de Fiscal General de la Nación, citó el contenido de la sesión de Sala
Plena de 14 de septiembre de 2023, en la que se expuso que “estudiado el asunto la
Plenaria determinó por mayoría que no existía en el ordenamiento constitucional y

2
Documento contenido en el índice 8 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 682F12FEAB134097 F4F75E9708C30F37 8B7AE2DB9CA7622F
118A8DBDFE759DD6.
3
Documento incorporado en la carpeta ZIP, visible en el índice 16 del expediente digital de tutela de
primera instancia en Samai, con certificado núm. A83139521B06EBF3 FA5B18272DB57E83
70B84FA501A08007 D2157387C3418C88.
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legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro
Urrego, Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
249 de la Constitución Política, para elegir Fiscal General de la Nación”.

Indicó que la anterior decisión fue producto del ejercicio deliberatorio efectuado por
parte de los Magistrados de la Corporación, por lo tanto, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para controvertir las decisiones tomadas en ejercicio de las
funciones constitucionales endilgadas a la Corporación. Destacó que sus actuaciones
se ciñeron al ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial, así
como de la separación de funciones entre órganos del Estado. Finalmente solicitó
declarar la improcedencia del presente trámite constitucional en lo que respecta a la
pretensión del numeral 2°.

1.4.3. La Fiscalía General de la Nación 4, solicitó declarar la improcedencia de la
acción, bajo el argumento de que el accionante no logró acreditar su legitimación en el
proceso penal adelantado contra Nicolás Petro Burgos, por lo que no fue posible
acceder a la solicitud de remisión del escrito de acusación formulado y tramitado ante
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, así como la
ausencia de vulneración alguna de los derechos conculcados por el accionante, que
se hayan derivado de las actuaciones propias de la entidad.

1.4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE5, manifestó su oposición a la prosperidad de las pretensiones de la solicitud
de amparo, dado que, no se configuró una violación a los derechos fundamentales del
actor, así como la falta de legitimación en la causa por activa para promover este
mecanismo de protección, debido a que la controversia que expuso derivada de la
postulación de la terna de candidatos al cargo de Fiscal General de la Nación, no
impactó en forma alguna sus derechos fundamentales. Finalmente adujo que las
causales de impedimento citadas en el escrito de tutela, no son procedentes en este
caso, en razón a que, la presentación de la terna para ocupar el mencionado cargo, lo
fue de conformidad a una función constitucional y no judicial.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, el 29
de febrero de 20246, en la que declaró la improcedencia del amparo por falta de
legitimación en la causa por activa.

Como argumento de su decisión, indicó que, posterior a la lectura del escrito de tutela
y la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad,
concluyó que el actor no indicó de forma expresa cuál es el interés legítimo que le
asiste para cuestionar la aludida terna, ni explicó en qué forma la actuación
administrativa vulneró sus derechos fundamentales.

4
Documento incorporado en la carpeta ZIP, visible en el índice 17 del expediente digital de tutela de
primera instancia en Samai, con certificado núm. 3E27E87C1FAEDAFD 57969A30D5DB18F4
33B7354DE58A53E6 0B480A59B6A0D2CF.
5
Documento incorporado en la carpeta ZIP, visible en el índice 22 del expediente digital de tutela de
primera instancia en Samai, con certificado núm. 360CC9C58C47BE7E 399B6393776CCD5B
5B6B96CA7FF5E307 18B3BEECC5BDB49C.
6
Documento contenido en el índice 29 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 3BB0ECC893B3AD24 89F6F89E04DCF0E4 9ED85F18D1C5840C
145FFF9F525C59FD.
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Tampoco acreditó ser parte o tercero con interés dentro del proceso penal adelantado
contra el señor Nicolás Petro Burgos, proceso en el cual sustentó el presunto
impedimento del Presidente de la República para proponer la terna para elección de
Fiscal General de la Nación y la petición encaminada a la remisión del escrito de
acusación radicado.

Aclaró que cualquier desacuerdo que eventualmente existiera con ocasión del proceso
penal, es ajeno a discusiones en sede de tutela de terceros sin interés jurídico alguno
en tales juicios.

En ese orden de ideas, manifestó que en el presente asunto no logró evidenciar la
trasgresión de manera concreta de los derechos fundamentales del actor, dado que
aquel fundamentó su solicitud en elementos fácticos abstractos y apreciaciones
personales respecto del proceso de elección mencionado.

1.6. Impugnación.

La parte accionante presentó escrito de impugnación7 en contra de la sentencia del 29
de febrero de 2024, en el que solicitó su revocación bajo los siguientes argumentos:

i) Adujo que el interés general es una de las “banderas” de protección de la acción de
tutela, así como quien promueve la protección del medio ambiente, la justicia y los
valores y principios patrios; por tanto, consideró que el hecho de ser ciudadano
colombiano es suficiente parangón de legitimación en la causa para actuar ante la
inconformidad que genera la injusticia social, política o gubernamental.

ii) De conformidad con el postulado de economía procesal, consideró “absurdo” el
sentido del fallo de primera instancia pues, la legitimación es un presupuesto procesal
que sirve como óbice para decidir la admisión o el rechazo una demanda. Por tanto,
cuestionó el desgaste procesal adelantado respecto de la vinculación a la comunidad
a la presente acción para que, finalmente, fuera declarada la falta de legitimación en
la causa por activa.

iii) Estimó que la Corporación erró al admitir y tramitar la acción de tutela promovida
por el doctor Gerardo Botero Zuluaga, contra la terna propuesta para elección en el
mencionado cargo, debido a que – en su sentir – el sí tenía interés en ese proceso, a
diferencia del presente caso.

iv) Por otra parte, destacó que al Presidente de la República le asisten los deberes de
objetividad, imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones, entre ellas,
la conformación de la terna para elección de Fiscal. Concluyó que, indistinto de quien
ostente el cargo mencionado, la Fiscalía estaría en una posición que permitiría
parcializarse en el proceso en curso contra el hijo del mandatario.

v) Manifestó que en razón a que el acto administrativo del cual pretende el amparo, es
un acto “preparatorio o preparativo”, no es susceptible de control por vía de los medios
de control de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que la

7
Documento contenido en el índice 34 del expediente digital de tutela de primera instancia, con
certificado núm. 94069DCA1D77CA50 D96E3233CB83683B 5CCCD12DCDC61C58
1DA2403A4481214A.
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interposición de la presente acción es la única vía con la que cuenta para la
declaratoria de nulidad del acto de ternar por parte del Presidente de la República.

vi) Finalmente, consideró que el fallo violó el derecho a la igualdad, por lo que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitaba las tutelas interpuestas a favor del
entonces destituido alcalde de Bogotá, que permitieron su permanencia en el cargo
mencionado. Por ello, consideró que la declaración de falta de legitimación en la causa
es denegación de justicia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Requisitos de procedibilidad de la acción.

El artículo 86 Superior prevé la doble connotación de la acción de tutela, por un lado,
como un derecho, y, por otro lado, como un mecanismo preferente y sumario que tiene
toda persona para evitar, de manera inmediata y por sí o por quien actúe en su nombre,
la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, es decir, que
su naturaleza es restitutoria o preventiva. Fue reglamentada en el Decreto 2591 de
1991, en el artículo 1°, bajo los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”
(La Sala destaca).

De los parámetros fijados por el constituyente primario, se desprenden elementos
relevantes para la comprensión y ejercicio de este mecanismo. Un pilar esencial es
que los derechos objeto de este medio de control se catalogaron como los de rango
constitucional y de índole fundamental. Sin embargo, el artículo 2° del Decreto 2591
de 1991, dispuso:

“Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos
constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un
derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero
cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le
dará prelación en la revisión a esta decisión”.

Así, un análisis sistemático y axiológico del marco jurídico colombiano, ha permitido
entender que el constituyente no definió un listado único o taxativo de derechos a
proteger con esta acción, pues del artículo 2 ibidem se desprende la existencia de
decisiones de tutela sobre derechos no relacionados expresamente en la constitución

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pero que, por su naturaleza, está justificado su amparo, lo que reconoce un catálogo
abierto de estos.

Ahora bien, la noción de derecho fundamental ha tenido fuente en su relación con la
dignidad humana y su materialización; desde una mirada positivista del texto
constitucional y, finalmente, como resultado de la teoría de la conexidad.

Sin embargo, para la Corte Constitucional, el concepto de derechos fundamentales
deviene de su relación con la dignidad humana, y exige al juez constitucional evaluar
la existencia de un consenso sobre el derecho, ya sea dogmático, legislativo,
constitucional o de derecho internacional de los derechos humanos, y valorarlo en
concreto. En todo caso, la fundamentabilidad de un derecho para que sea amparable
dependerá de la posibilidad de traducirlo en subjetivo8. Sobre este último punto, el Alto
Tribunal indicó:

“La posibilidad de “traducción” en derechos subjetivos es un asunto que debe
analizarse en cada caso y hace referencia a la posibilidad de determinar la existencia
de una posición jurídica subjetiva de carácter iusfundamental en el evento enjuiciado o
de establecer si están plenamente definidos el titular, el obligado y el contenido o faceta
del derecho solicitado por vía de tutela, a partir de los citados concesos” 9 (La Sala
destaca).

Por ende, si bien los derechos fundamentales podrían llegar a ser indeterminables
desde una construcción teórica, lo cierto es que, en lo atinente a la acción
constitucional, son tutelables aquellos que, siendo fundamentales, puedan ser
asignados a un titular, dimensionado su contenido y alcance, y se pueda identificar a
un responsable u obligado de su satisfacción.

Además, que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
establece en los artículos 43 y 48:

“Artículo 43. estructura de la jurisdicción constitucional.[…]
También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso
concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o
resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos
constitucionales” (La Sala resalta).

[…]

Artículo 48. alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. […]
“2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio
auxiliar para la actividad de los jueces”.

Por lo tanto, el juez de tutela no aborda juicios de normas en abstracto o basados en
hechos eventuales o potenciales, como, por ejemplo, lo realiza la Corte Constitucional
por demandas de inconstitucionalidad o el Consejo de Estado por conducto de los
medios de control de nulidad simple o por inconstitucionalidad.

8
Sentencia T-095 de 2016.
9
Sentencia T-235 de 2011.
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En términos prácticos, le asiste al juez de tutela estudiar hechos específicosocurridos
a una persona individualizable y determinable, que impactan en sus derechos
fundamentales y que justifica que se le ordene a una autoridad concreta el amparo de
estos.

Por lo anterior, es que, precisamente, los efectos de las sentencias emitidas en un
trámite de tutela, son, en principio, inter partes y no inter comunis, pares o erga omnes.
Esto significa que las decisiones del juez constitucional no tienen un alcance “general,
impersonal y abstracto, sino particular y concreto”10. En términos de la Corte
Constitucional, “solo se surten consecuencias jurídicas sobre la decisión adoptada por
la autoridad judicial de quienes sean partes, o hubiesen sido vinculados como terceros
con interés”11. Según el Alto Tribunal:

“De este modo, es claro que, por disposición legal, la decisión y órdenes contenidas en
la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos “inter partes”. Sólo
en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por vía del
establecimiento de los efectos “inter comunis” o “inter pares”. El uso de estos
“dispositivos amplificadores” es una competencia reservada a las autoridades judiciales
que adoptan las providencias. Particularmente, como se vio, la jurisprudencia vigente
ha establecido que la determinación y aplicación de estas figuras están autorizadas
únicamente a la Corte Constitucional”12

En ese sentido, el concepto de derecho fundamental amparable y los efectos que
tienen las decisiones de tutela define esta acción como un mecanismo creado para
discutir ante un juez constitucional, asuntos concretos en los que se ven involucrados
un titular de derechos y un sujeto pasivo, ya que el objeto es establecersi estas garantías
son vulneradas, amenazadas o desconocidas en circunstancias específicas y reales
por la acción u omisión de las autoridades o de un particular.

De acuerdo con lo expuesto, una cuestión esencial para comprender el alcance de los
efectos de los fallos que protegen derechos fundamentales está en la noción de
legitimación en la causa por activa. Sobre este punto, el artículo 86 Superior prevé que
la titularidad de la acción se encuentra en “toda persona”, y el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, que podrá ser ejercida de manera directa, ya sea por sí misma, mediante
representante o por apoderado, o forma indirecta, a través de agente oficioso o por el
defensor del pueblo “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa”.

En consecuencia, la materialización de los efectos inter partes de los fallos de tutela,
depende de que los derechos invocados sean fundamentales y amparables, lo que,a
su vez, exige la individualización de su titular como requisito necesario para establecer
la legitimación en la causa por activa.

En todo caso, al margen de que estén cumplidos los anteriores requisitos, la
procedencia de la acción de tutela está condicionada a que no exista otro medio de
defensa judicial, condicionamiento que, de acuerdo con la Corte Constitucional, no
responde a la sola existencia en abstracto de otro medio, sino que corresponde al juez

10
Sentencia T-583 de 2006.
11
Sentencia T-081 de 2021.
12
Sentencia SU-349 de 2019.
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constitucional estudiar si el mismo es idóneo y eficaz para la protección de las
garantías iusfundamentales en cada caso concreto.

Ahora, descendiendo al caso en concreto, el ciudadano Jhon Jairo Preciado Mesa –
en nombre propio – formuló tutela en contra de la Presidencia de la República de
Colombia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, por cuanto
consideró vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, y, en su sentir,
al “derecho al juez y acusador justo e imparcial”, “al respeto”, “a una justicia pronta y
eficaz dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho”, “principio de confianza
legítima”, “principio de transparencia y eficacia en las decisiones de la administración
pública y de justicia”, “principio de objetividad”; en atención a la terna presentada por
parte del Presidente de la República para la elección de Fiscal General de la Nación.
Lo anterior, teniendo en cuenta el interés que le asiste al mandatario en las resultas
del proceso penal activo en contra de su hijo, el señor Nicolás Petro Burgos, pues, no
manifestó impedimento para ello.

El a quo declaró la improcedencia de la presente acción debido a la falta de
legitimación en la causa por activa, pues el actor no logró demostrar su participación o
incidencia en el proceso penal mencionado ni en el proceso electoral de quien ocupara
el cargo de Fiscal General de la Nación, así como la falta de sustento fáctico y jurídico
de la forma en que estas situaciones vulneraron de manera directa sus derechos
fundamentales.

En su escrito de impugnación cuestionó la decisión basada en que, por ser ciudadano
colombiano y velar por el interés general, eran razones suficientes para declarar la
legitimación en la causa. También, la vulneración por parte del Presidente respecto del
cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad; así como el hecho de
que el acto del cual pretende suspender sus efectos, no cuenta con otro medio de
control judicial.

Como primera medida, la designación del Fiscal General de la Nación es un proceso
administrativo electoral que, por un lado, le corresponde agotar al Presidente de la
República mediante la presentación de una terna – en cumplimiento de una obligación
constitucional – y a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que debe elegir al
aspirante para que ejerza el cargo para un periodo de 4 años; y, por otro lado, está
sometido al principio del debido proceso que representa un límite al Estado y que evita
la configuración de actuaciones arbitrarias.

La Subsección denota que el actor no intervino de manera directa dentro del proceso
administrativo para la elección del Fiscal General de la Nación, dado que no cuenta
con la facultad de presentar la terna, ni tampoco pertenece a la Sala Plena que debe
votar y elegir al mencionado funcionario, y no conformó la terna mencionada. Por lo
anterior, no es posible predicar la legitimación del actor para solicitar la devolución de
la terna para ejercer el cargo de Fiscal General.

En el desarrollo de esta acción, el actor no explicó qué forma concreta se vio afectado
por que se remitiera la terna de elección o respecto del proceso administrativo, más
aún, al considerar que es una situación de interés general, sin considerar que la acción
de tutela es un mecanismo mediante el cual se busca la protección de los derechos
fundamentales de quien promueve la acción y no como un interés general, como indicó
en su escrito de impugnación.

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También, los reparos expuestos no se desarrollan en un proceso judicial sino en un
trámite administrativo electoral, que incluso es un motivo suficiente para descartar que
la garantía invocada incumbe al debido proceso en su dimensión judicial.

En consecuencia, esta Subsección concluye que el tutelante no cuenta con
legitimación en la causa por activa para controvertir el proceso administrativo electoral
del Fiscal General de la Nación, pues no es el titular del derecho fundamental al debido
proceso administrativo que invocó, motivo por el cual es necesario confirmar la
improcedencia de la solicitud de amparo.

Por otra parte, debe destacar la Sala que, para el día 12 de marzo de 2024 fue elegida
la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como Fiscal General de la Nación. Por tanto,
las pretensiones expuestas por el tutelante en la presente acción, eventualmente, no
podrían satisfacerse por una carencia actual de objeto. Por tanto, si el actor considera
que el proceso de elección se encuentra viciado, puede acudir a la vía ordinaria para
controvertir la legalidad de dicha decisión, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, previsto en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anteriores argumentos, la Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LMMT

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