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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00236-00

Acción de tutela: fallo de primera instancia

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00236-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente los cargos 114, 215 y 316 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Estebana Ramos, respecto el cargo número 4 relativo al trámite brindado por la Unidad de Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Entiéndase también a la Unidad de Atención y Reparación integral a las Victimas. 14 Sobre el cargo según el cual el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha dado trámite a su solicitud de medida cautelar. 15 Frente al acompañamiento de las entidades. 16 En cuando la investigación de la Directora de la Unidad. 15 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00 Demandante: Estebana Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00236-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00236-00

Actora: Estebana Ramos

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la señora Estebana Ramos,
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

La señora Estebana Ramos, en ejercicio de la acción de tutela, actuando en nombre
propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, que estimó lesionados por el
Tribunal Administrativo del Cesar, como consecuencia de no haber dado trámite a
la acción de tutela presentada ante dicha autoridad judicial el 3 de noviembre de
2023, así como la solicitud relacionada con la medida provisional en ella invocada1.

En el escrito de tutela, la parte actora solicita:

“(…) 1. Ordene al tribunal superior de Valledupar2 garantizar la protección de mis derechos
fundamentales como víctima prioritaria del desplazamiento forzado y a mi salud de igual
forma enviarme copia de la respuesta enviada por el juzgado sexto administrativo a la
demanda seguida ante este tribunal administrativo.

1
Acción de tutela de radicado No. 2023-00267-00. M.P Carlos Mario Arango Hoyos.
2
Se refiere al Tribunal Administrativo del Cesar.

2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

2 ordenar a la defensoría procuraduría y personería que me ayuden con el trámite de entrega
de la carta cheque para poder cobrar mi indemnización.

3. Ordenar a la directora de la unidad de víctimas Patricia tobón yagari entregarme la carta
cheque para poder retirar mi indemnización administrativa por desplazamiento de manera
inmediata.

4. Exhortar al juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad dde valledupar
para que garantice el cumplimiento total del fallo emitido por ellos a mi favor y en contra de
la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 5 tramitar con medida
provisional estación de tutela con el fin de evitar daños irreversibles a la integridad y ordenar
una investigación en contra de la directora de la unidad para las víctimas Patricia tobón yagari
por manejo indebido de los recursos destinados a las víctimas y manifestarme qué beneficios
lucrativo tiene estas al retener la entrega de las cartas cheques. 6. Solicitar a la fiscalía
general de la nación y a la procuraduría general de la nación una investigación en contra de
la doctora Patricia tobón yagari directora de la unidad para la atención y reparación integral
a la víctima por el uso indebido del dinero destinado a la reparación de víctimas.

7. Ordenar al banco agrario manifestar la cantidad del monto de la indemnización consignado
a mi nombre para así saber cuánto me está robando la directora de la unidad para las
víctimas al entregarme la indemnización con el salario mínimo del año pasado (…)”. (sic)

2. Los hechos y las consideraciones

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación3:

Señaló que hace parte de la población víctima del conflicto armado, por lo que en
repetidas ocasiones ha solicitado ante la Unidad de Víctimas que le reconozca la
indemnización a la que haya lugar como consecuencia del desplazamiento que
sufrió.

Informó que instauró acción de tutela contra la Unidad de Víctimas por los hechos
narrados, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Valledupar, que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2023, amparó
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada
que en un término no superior a cinco (5) días desplegara las gestiones tendientes
a determinar la entrega de la Indemnización Administrativa a su hogar de manera
prioritaria, debido a sus condiciones de salud, discapacidad y edad’.

3
Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI

3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Alegó que, ante la omisión de la autoridad judicial para hacer cumplir la sentencia
de tutela referida, presentó otra acción de tutela contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito, ante el Tribunal Administrativo del Cesar.

Aseveró que en su escrito de tutela solicitó como medida provisional lo siguiente:

“1. Ordenar al juzgado sexto administrativo del circuito judicial de Valledupar hacer
cumplir la orden desacatada por la unidad de víctima de manera inmediata en su
totalidad con el fin de evitar daños irreversibles a nuestra integridad.

2. tener en cuenta que ya cancelaron a la tercera edad y en mi caso tengo 74 años
y no me han cancelado siendo que ellos dicen que desde 68 años tenemos derecho
a recibir la indemnización de manera prioritaria.

3. Vincular a la defensoría del pueblo procuraduría y personería municipal para que
garanticen el cumplimiento de la orden judicial emitida por el juzgado sexto
administrativo”. (Sic)

Destacó que el Tribunal accionado pasó por alto su solicitud de medida provisional y
que no ha proferido la sentencia pertinente contra el Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar que, a su juicio, no ha desplegado las acciones necesarias para hacer
cumplir la orden contenida en la decisión del 23 de octubre de 20230.

2.1 Consideraciones de la parte actora

Indicó que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, al no darle
trámite a su solicitud de medida provisional, así como la acción de tutela presentada
contra el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar.

3. Trámite procesal

Mediante auto de 29 de enero de 2024, el Despacho del consejero de Estado, doctor
William Barrera Muñoz, de la Sección Tercera – Subsección C, remitió el expediente
en cuestión para estudiar la posible acumulación al evidenciar que en la Corporación
se tramitaba otra acción de tutela por los mismos hechos que la solicitante alega
vulnerados, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2023-06800-00.

4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
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Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Posteriormente, a través de auto de 7 de marzo de 2024, el Despacho del
magistrado ponente negó la solicitud de acumulación del expediente de tutela con
radicado número 11001-03-15-000-2024-00236-00 al proceso con radicación
número11001-03-15-000-2023-06800-00, como quiera que la acción constitucional
con radicado número 11001-03-15 2023-06800-00, ya había sido decidida en
primera instancia por esta Subsección mediante sentencia de 15 de febrero de
2024.

Sin perjuicio de lo anterior, en el mismo auto se avocó el conocimiento de la presente
acción de tutela, se admitió, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada,
esto es al Tribunal Administrativo del Cesar y se vinculó al Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar y a la Unidad de Víctimas, en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso.

4. Intervenciones

4.1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar, relató que existen
otras acciones de tutela por los mismos hechos; tres ante el Tribunal Administrativo
del Cesar, una ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Valledupar y tres ante el Consejo de Estado, incluyendo esta.

Explicó que, teniendo en cuenta dicha información, en todos los casos se ha
pronunciado manifestando que el fallo de tutela de su conocimiento que profirió el
23 de octubre de 2023, mediante el cual amparó los derechos fundamentales de la
señora Estebana Ramos; ordenó en principio dar inicio al proceso de identificación
de carencias, con el fin de establecer si es procedente la entrega de ayuda
humanitaria a la señora Estebana Ramos y, en caso de cumplirse con los requisitos
exigidos por la ley para hacerse beneficiaria de esta ayuda, le sean otorgadas hasta
que se garantice la transición a soluciones duraderas.

Aseveró que, en el mismo sentido, ordenó priorizar el caso de la actora, antes del
vencimiento del término de 120 días hábiles que dispone la Resolución 1049 de
2019 para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento de la indemnización
administrativa, esto es, otra pretensión.

5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Argumentó que, en ese sentido, la orden impartida en la tutela no indica, como
erróneamente parece interpretar la accionante, la entrega de la ayuda humanitaria
en un término de 5 días, sino que dicho término es concedido para la iniciación del
proceso de identificación de carencias o identificación de sus necesidades y, solo
una vez corroboradas las condiciones de beneficiaria de la ayuda humanitaria,
proceder a otorgadas hasta que se garantice la transición a soluciones duraderas a
través de la estabilización socioeconómica.

Precisó que, en cumplimiento a la orden judicial, la Unidad de Atención y Reparación
integral a las Victimas, puso en conocimiento del despacho las acciones adelantas
y remitió al trámite de tutela un informe 4 en cumplimiento a las órdenes impartidas.

Ahora, respecto el incidente de desacato promovido por la accionante, afirmó que
mediante auto de fecha 8 de noviembre de 2023, dispuso requerir a la Unidad de
Atención y Reparación integral a las Victimas sobre el acatamiento a la sentencia
del 23 de octubre de 2023 y, en respuesta, la entidad informó al Juzgado las
acciones adelantadas para el cumplimiento del fallo de tutela que incluían:

(i) un giro cobrado el 26 de julio de 2023, correspondiente al componente de
alojamiento y alimentación, para una vigencia de cuatro (04) meses y que
corresponde al primero de tres giros reconocidos;

(ii) identificación de carencias anotadas en la resolución no. 0600220234108036 de
2023, notificada por aviso enviado a residencia el 29 de septiembre de 2023 y;

(iii) en relación a la solicitud de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, mediante comunicación radicado No. 2023-
1509030-1 del 7 de octubre de 2023, se informó a la señora Estebana Ramos que

4
En que indicó que “respecto a la atención humanitaria que, el giro cobrado el 26 de julio de 2023, correspondió al componente
de alojamiento y alimentación, para una vigencia de cuatro (04) meses, y este giro correspondió al primero de tres giros
reconocidos. Así mismo se le aclaró que, la decisión adoptada en el proceso de identificación de carencias se encuentra en
la resolución No. 0600220234108036 de 2023, notificada por aviso enviado a residencia el 29 de septiembre de 2023.” Y
“Además, su señoría, si bien la Unidad reconoce el criterio de priorización del accionante, el mismo no es óbice para omitir el
debido proceso señalado en el artículo 11 de la resolución 1049 de 2019. No obstante, una vez se determine si procede o no
el reconocimiento de la indemnización administrativa, la Unidad procederá a dar prelación al pago del accionante: -aquí se
insertan cuadros donde se plasma la información relatada- (…)”

6
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actualmente cuenta con criterio de priorización, dado que acreditó debidamente uno
de los tres criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en
los artículos 4 de la resolución 1049 de 2019 y primero de la resolución 582 de 26
de abril de 2021.

Aseveró que, teniendo en cuenta las pruebas allegadas por la Unidad de Víctimas
sobre las acciones adelantadas para el cumplimiento del fallo de tutela de fecha 23
de octubre de 2023 y al advertir que aún se estaba dentro del término que establece
la Resolución No. 1049 de 2019, para el pago de la indemnización administrativa
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, el despacho mediante auto
del 6 de diciembre de 2023, declaró el cumplimiento de lo ordenado en sentencia
de 23 de octubre de 2023.

De conformidad con lo expuesto, solicitó que se niegue el amparo deprecado.

4.2. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, aseveró que al verificar en el Registro Único de Víctimas y en la base
de datos, observó que el 2 de febrero de 2024, el hecho victimizante de
desplazamiento forzado fue objeto de reconocimiento y pago en un 50% y relacionó
una tabla con los parámetros establecidos para ello.

Informó que, en esa medida, no es posible un nuevo reconocimiento del mismo
hecho victimizante de desplazamiento forzado, en virtud del principio de prohibición
de doble reparación y de compensación contenido en el artículo 20 de la Ley 1448
de 2011.

Finalmente, solicitó que se declare la carencia de objeto por hecho superado, al
evidenciarse la diligencia de la Unidad para las Víctimas, en aras de proteger los
derechos fundamentales de la accionante.

4.3 El Tribunal Administrativo del Cesar, se limitó a enviar el expediente de la
referencia sin pronunciarse sobre los hechos y consideraciones de la demanda.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20175.

2. Problema Jurídico

La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y el principio de
dignidad humana de la señora Estebana Ramos, por no tramitar la acción de tutela
bajo el radicado No. 2023-00267-00 y a la solicitud de medida provisional en ella
contenida.

3. Generalidades de la acción de tutela

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean
violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de
particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no
disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos
esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo
que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho
fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el
evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario

5
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela, “[…] 5. Las
acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]”.

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decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio
irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

4. Caso concreto

La señora Estebana Ramos, plantea la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y del principio de dignidad humana,
porque el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha dado trámite a su solicitud de
medida cautelar dentro de la acción de tutela que presentó contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y la Personería Municipal de Valledupar.

Asimismo, la demandante solicitó que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y la Personería, brinden acompañamiento efectivo para que
la Unidad de Víctimas ‘haga entrega del cheque’ (sic) que le corresponde por
concepto de indemnización.

En el mismo sentido, pidió que ‘se le abra una investigación a la Dra. Patricia Tobón
Yagarí’ (sic), en calidad de Directora de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, al considerar que hace uso indebido del dinero destinado a
la reparación de víctimas.

De la lectura del escrito de tutela se observa que, además de reclamar el
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 23 de octubre de 2023, por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante la cual amparó
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada
para que ‘en un término no superior a cinco (5) días desplegara las gestiones
tendientes a determinar la entrega de la Indemnización Administrativa a su hogar
de manera prioritaria’, lo que plantea la actora es que, la Unidad de Víctimas vulneró
sus derechos fundamentales al no haber efectuado de manera correcta el pago de
la indemnización referida.

9
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Para efectos de dar respuesta al problema jurídico, la Sala procederá a estudiar
cada uno de los cargos por separado.

4.1. Primer cargo: según el cual el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha
dado trámite a su solicitud de medida cautelar.

Pues bien, en primer lugar, es importante señalar que esta Subsección en decisión
del 15 de enero de 2024, con el fin de determinar si la autoridad judicial accionada
dio trámite a su solicitud de medida cautelar dentro de la acción de tutela que
presentó contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
y otros6, puso de presente las siguientes actuaciones:

 El 3 de noviembre de 2023, la señora Estebana Ramos instauró acción de
tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la
Personería Municipal de Valledupar, invocando la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, mínimo vital, especial asistencia, debido
proceso y protección de los ancianos.

 La autoridad judicial accionada, mediante auto de 7 de noviembre admitió la
demanda y negó la medida provisional solicitada por la accionante.

 El 21 de noviembre de 2023, profirió decisión dentro de la acción de tutela
referida, negando el amparo deprecado, al considerar que no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la actora, por parte del señor Juez
Sexto Administrativo de Valledupar, la cual fue notificada a las partes el
mismo día.

Bajo ese contexto, se advierte que dicho cargo fue resuelto mediante la sentencia
referida7, en la que Sala consideró que las actuaciones adelantadas por la autoridad

6
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación y la Personería Municipal de Valledupar.
7
Sentencia de 15 de enero de 2024 M.P César Palomino Cortés.

10
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accionada resolvieron el requerimiento planteado por la señora Estebana Ramos,
pues el Tribunal Administrativo del Cesar dio respuesta de fondo a la solicitud
presentada por la demandante, actuación que fue notificada directamente a la parte
interesada; razón por la cual, no es posible realizar mayores pronunciamientos al
respecto, en tanto esta solicitud se torna improcedente.

4.2. Segundo Cargo: frente al acompañamiento de las entidades.

La demandante solicitó que la Defensoría del Pueblo8, la Procuraduría General de
la Nación9 y la Personería Municipal10, brinden acompañamiento efectivo para que
la Unidad de Víctimas ‘haga entrega del cheque’ que le corresponde por concepto
de indemnización.

En ese sentido, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de dicho cargo, toda
vez que lo requerido por la actora debe gestionarse ante la dependencia
correspondiente de cada entidad, lo cual no es competencia del Juez de tutela, en
tanto la actora debió agotar los medios de que dispone y, en este caso, bien pudo
acudir al derecho de petición. Circunstancia que no se encuentra demostrada en el
expediente, por tanto, no es posible acudir a la solicitud de amparo en tanto existe
otro medio de defensa judicial que debe ser agotado previamente, en virtud del
principio de subsidiaridad.

4.3. Tercer cargo: en cuando a la orden de “investigar” a la Directora de la
Unidad.

En el mismo término del punto anterior, en lo relativo a la solicitud de abrir una
investigación a la Dra. Patricia Tobón Yagarí, en calidad de Directora de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al considerar que hace uso
indebido del dinero destinado a la reparación de víctimas; la accionante debe acudir

8
Como entidad encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y libertades de
los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior, frent e a actos, amenazas o acciones
ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.
9
Como máximo organismo del Ministerio Público, que, en cumplimiento del ordenamiento constitucional, ejerce la
supervigilancia de la conducta de los servidores públicos, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los intereses
de la sociedad y vela por la protección de los derechos humanos.
10
En cumplimiento del rol de protección de los derechos humanos y la guarda de los principios del estado social de derecho,
así como para la vigencia de la moralidad administrativa y la defensa de los intereses de las comunidades locales.

11
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a la Procuraduría General de la Nación, para dicho menester, de conformidad con
su competencia; de suerte que en tanto la acción de tutela no resulta ser el
mecanismo idóneo para satisfacer dicha pretensión, de la que además no se deriva
vulneración alguna de los derechos fundamentales; sobre este particular, la solicitud
de amparo se torna improcedente.

4.4. Cuarto cargo: en cuanto al trámite brindado por la Unidad de Víctimas.

La señora Estebana Ramos, plantea su inconformidad frente el trámite adelantado
por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, entidad que informó mediante el escrito de 13 de marzo de 2024, que
verificó en la base de datos que el hecho victimizante de desplazamiento forzado
sufrido por la señora Estebana Ramos, fue objeto de reconocimiento y pago de la
medida el 2 de febrero de 2024, en un 50% y en la forma como se relaciona a
continuación, bajo los parámetros establecidos en las normas aplicables a su
solicitud.

En ese sentido explicó que, no es posible un nuevo reconocimiento del hecho
victimizante por ‘desplazamiento forzado’ en virtud del principio de prohibición de
doble reparación y de compensación, consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448
de 2011, según el cual nadie podrá recibir doble preparación por el mismo concepto.

Agregó que, si bien es cierto que la víctima acude a la acción de tutela en aras de
lograr la protección de derechos fundamentales presuntamente amenazados por la
Unidad para las Víctimas, demostró que la Entidad no incurrió en la vulneración
alegada y, en consecuencia “la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surtiría ningún efecto”11.

Destacó que, el compromiso para la íntegra atención y reparación a las víctimas no
es solo de la entidad, como lo ha dispuesto la Ley 1448 de 2011 en el artículo 29,
las víctimas directas del conflicto armado adquieren compromisos para cumplir los
fines de asistencia, atención y reparación; por consiguiente, afirmó que se debe

11
Corte Constitucional. Sentencia T- 646 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

12
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tener en cuenta que el acceso a estas medidas se concreta de manera gradual,
progresiva y sostenible, y aplicando el principio de participación conjunta.

Bajo ese lineamiento, la Unidad expresó que es un compromiso de las víctimas
brindar información veraz y completa a las autoridades encargadas de hacer el
registro y el seguimiento de su situación o la de su hogar.

Resaltó que ello ocurre particularmente para este caso, donde el derecho a la
reparación integral y el éxito del procedimiento depende de la entrega de la
documentación correspondiente y de las validaciones a que haya lugar.

De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que la Unidad para las Víctimas ha
dado el trámite correspondiente al caso de la señora Estebana Ramos; toda vez
que ha realizado el estudio de la documentación requerida en la medida que la
accionante la ha brindado, asimismo que con base en dicha información se le
reconoció y pagó lo solicitado en un 50%12.

De hecho, del material probatorio allegado a la presente acción de tutela se observa
que mediante Oficio No. 2024-0404965-1 de 13 de marzo de 2023, la Unidad de
Víctimas informó a la señora Estebana Ramos, en lo referente a la indemnización
administrativa lo siguiente:

“(…) Atendiendo a la petición, relacionada con la indemnización administrativa por el hecho
victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO, la Unidad para las Víctimas brinda una
respuesta conforme a lo dispuesto en artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que está· en concordancia con la Ley
Estatutaria 1755 de 2015, y bajo el contexto normativo de la Resolución No. 01049 del 15 de
marzo de 2019 por medio de la cual “se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga
las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.” en los
siguientes términos:

Una vez conocida su petición de indemnización administrativa, se procedió con el análisis
del caso, encontrando al señor ESTEBANA RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía
N° 42485470, presentó solicitud de indemnización administrativa, por el hecho victimizante
de DESPLAZAMIENTO FORZADO.

De igual forma, se verificó en el Registro único de Víctimas y en las bases de datos que se
tienen a disposición que el hecho victimizante fue objeto de reconocimiento y pago de la
medida el 2024-02-02, en un 50% y en la forma como se relaciona a continuación, bajo los
parámetros establecidos en las normas aplicable a su solicitud.

12
La parte actora, la accionada, así como la Unidad de Victimas, no enunciaron el monto específico de dinero.

13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Por lo anterior, no es posible un nuevo reconocimiento del hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO, toda vez que, en virtud del principio de prohibición de doble
reparación y de compensación, consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, nadie
podrá· recibir doble reparación por el mismo concepto. lo cual se traduce en la improcedencia
para generar un desembolso adicional para atender las exigencias de quien ya cobro la
indemnización.

Con lo anterior, esperamos haber suministrado una respuesta clara a su petición. Recuerde
que nuestra misión es garantizar que, a través de un trámite ágil y oportuno, reciba usted la
indemnización por vía administrativa como medida de reparación integral sin que deba pagar
ninguna suma de dinero a terceros.

Que, al respecto, el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, Ley de carácter especial, establece:
“ARTÍCULO 20. PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE DOBLE REPARACIÓN Y DE
COMPENSACIÓN. La indemnización recibida por vía administrativa se descontar· a la
reparación que se defina por vía judicial. Nadie podrá recibir doble reparación por el mismo
concepto. (…)”.

Así las cosas, no se observa la vulneración de los derechos fundamentales de la
señora Estebana Ramos por parte de la autoridad judicial accionada, ni por parte
de la Unidad de Víctimas, por los argumentos esgrimidos.

Ahora, si la accionante tiene algún reparo distinto al acá examinado, frente el
proceso que llevó en búsqueda de la indemnización, debe reclamarlo ante dicha
entidad e incluso, si se tratare de decisiones de carácter particular y concreto
emitidas bajo la forma de actos administrativos, puede ejercer los medios de control
judicial de que dispone.

Es menester reiterar que, la inconformidad con el trámite que lleva la Unidad de
Víctimas respecto su caso, el cual, según se observa, -y ya estudiado por la
autoridad judicial accionada, así como otros Despachos de la Corporación y esta
Subsección en sentencias pasadas-, se ha llevado a cabo de conformidad con la
normativa y atendiendo a los tiempos dispuestos para tal fin.

Así las cosas, la Sala considera que no existe mérito, ni argumentos adicionales
que permitan conceder el amparo de tutela promovido por la señora Estebana
Ramos, contra el Tribunal Administrativo del Cesar, así como frente a la Unidad de
Atención y Reparación integral a las Victimas, como quiera que no se observan
irregularidades en el trámite llevado a cabo por la entidad en el marco del
desplazamiento forzado del cual fue objeto la accionante que conlleve al menoscabo
de los derechos fundamentales deprecados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

III DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
actora no acreditó que la parte accionada13 hubiere vulnerado sus derechos
fundamentales, ni desconocido preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que amerite la intervención del juez de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente los cargos
114, 215 y 316 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Estebana
Ramos, respecto el cargo número 4 relativo al trámite brindado por la Unidad de
Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

13
Entiéndase también a la Unidad de Atención y Reparación integral a las Victimas.
14
Sobre el cargo según el cual el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha dado trámite a su solicitud de medida cautelar.
15
Frente al acompañamiento de las entidades.
16
En cuando la investigación de la Directora de la Unidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00236-00
Demandante: Estebana Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)

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