Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00246-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de febrero de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Demandante: OLGA MARÍA TOLOSA DEL CASTILLO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso:se cuestionaron las sentencias de primera y segunda instancia que declararon
la caducidad del medio de control de reparación directa incoado por los demandantes. La Sala
declarará improcedente la tutela porque no cumplió el requisito de relevancia constitucional,
debido a que fue empleada como una tercera instancia al proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Olga María Tolosa del
Castillo y otros2 en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta para la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 3 de mayo de 2023 y 8
de julio de 2022.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito radicado el 19 de enero de 2024.
2
Ana Leonor Florián de Moreno, Juvenal Cresto Zambrano, Mariana Leonor Florián Miranda, Aquilino Díaz
Tovar, Luz Estela Castro Martínez, Jairo Oliveros Pérez, Claudina Castro Pedrozo, Eduardo de los Santos
Ospino Rivas, Aura Elena Serrano Cantillo, José Manuel Mora Oviedo, Libardo Ruidíaz Bonilla, Genoveva
González de Roldán, Alfonso Palmera Ramos, Perceveranda Ospino de Barreto, Ana Vicencia Ruidíaz de
Palencia, Concepción Pedrozo de Cortés.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
1) El departamento del Magdalena, los 29 municipios y los hospitales de primer y segundo
nivel suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación y financiación del
proyecto “Sonrisa Otoñal”, para adelantar el programa de atención integral para la
rehabilitación oral al adulto mayor que tenía como fin entregarles a 120 pacientes por
municipios unas prótesis orales parciales o totales en acrílicos termocurado, en tres
fases, durante la vigencia del 2006.
2) En la cláusula cuarta se establecieron las obligaciones de las ESE, las cuales
consistían en designar a un odontólogo para que clasificara al adulto mayor, realizara la
valoración clínica y radiográfica de los maxilares y preparación preprotésica (exodoncia
de restos radiculares o de elementos dentarios que hayan perdido soporte periodontal o
destrucción irrecuperable de su corona clínica, regularización de reborde alveolar o
eliminación de tejido nacido sin soporte óseo y demás consideraciones clínicas).
3) Así mismo, las ESE estaban obligadas a través de estos profesionales a ejecutar el
proyecto en sus fases de rehabilitación oral, esto es, la clínica, que hace referencia a la
toma de impresiones preliminares, instalación de rodetes en cara, establecimiento de
dimensión vertical, escogencia del tamaño, forma y color de los dientes, montajes,
alineación y oclusión de dientes, revisión de la funcionalidad y remisión de estos al
laboratorio dental; todo esto debía realizarse en 120 días y la de recibo de las prótesis
acriladas elaboradas por el laboratorio dental, instalación en la cavidad oral, revisión de
funcionalidad y estética, recibo a satisfacción del paciente.
4) El 11 de noviembre de 2016, radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial.
5) El 20 de octubre de 2017, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del departamento del Magdalena, el municipio del Guamal y
la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal para que se declarara la
responsabilidad patrimonial del Estado por la falla en el servicio en la que incurrieron las
demandadas por haberles extraído unas piezas dentales, sin que a algunos les hubieran
colocado las prótesis, a otros les fueron entregadas con desperfectos y a otros no les
encajaran.
6) En sentencia de 8 de julio de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta declaró caducado el medio de control, pues realizó el conteo
teniendo en cuanta que el hecho generador del daño consistió en la extracción de dientes
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
y muelas que tenían una funcionalidad en la cavidad oral de los demandantes y por no
contar con ellas ni con las prótesis totales o parciales sufrieron un menoscabo en su
salud, propiamente, en la masticación y deglución de alimentos3.
7) En consecuencia, aunque no existía prueba en el expediente de la fecha exacta en
que se produjo la extracción de las piezas dentales de los demandantes, infería que dicho
procedimiento, sin lugar a dudas, se produjo antes del 17 de octubre de 2008, momento
en que el laboratorio Arvident recibió el listado de pacientes beneficiarios del programa
Sonrisa Otoñal, por lo tanto, los demandantes tenían hasta el 17 de octubre de 2010 para
presentar la demanda, empero, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 11
de noviembre de 2016 y la demanda el 20 de octubre del año siguiente.
8) La parte demandante apeló con base en que i) no había operado el fenómeno de la
caducidad, toda vez que se trataba de un daño continuado y ii) se debía acatar el
precedente horizontal del Tribunal Administrativo del Magdalena contenido en sentencias
del 6 de marzo de 2014 y 28 de noviembre de 2018, proferidas en los procesos con
radicaciones nos. 47001-23-31-002-2011-00187-01 y 47001-33-31008-2013-00678-01,
respectivamente.
9) Por providencia de segundo grado de 3 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo
del Magdalena confirmó la decisión, tras argumentar que no se trataba de un daño
continuado, puesto que el hecho generador del daño alegado por los demandantes fue
3
“Hecha la anterior claridad sobre el inicio de la contabilización del término para ejercer el medio de control
de reparación directa, el cual opera desde la ocurrencia del hecho generador del daño, y es independiente
de la prolongación en el tiempo de los perjuicios, cabe precisar que, en el caso objeto de estudio, según
los hechos narrados en la demanda, los perjuicios se concretaron con la falta de suministro e instalación
de las prótesis dentales (totales o parciales) como consecuencia directa y exclusiva de la extracción de los
dientes y muelas.
Así, se tiene que los argumentos jurídicos de la parte actora no son de recibo respecto a que la falta de
suministro e instalación de las prótesis dentales constituyó el hecho dañoso, pues, por el contrario, el
Despacho considera que el hecho dañoso consiste en la extracción de las piezas dentales siendo este del
tipo que produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables evidenciando consecuencias
instantáneas y con secuelas permanentes.
Visto así, y conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado citada, el medio de control de reparación
directa ha caducado, teniendo en cuenta que, aun cuando no hay prueba en el plenario de la fecha exacta
en que se produjo la extracción en las piezas dentales de los demandantes, dicho procedimiento, sin lugar
a dudas, se produjo antes del 17 de octubre de 2008, momento en que el Laboratorio Arvident recibió el
listado de pacientes beneficiarios del programa Sonrisa Otoñal, para la rehabilitación oral del adulto mayo
que consistía en el emuflado, acrilado, pulido y brillo de dichas prótesis. (Archivo 05)
En tal virtud, al efectuarse el computo del término de caducidad del medio de control de reparación directa
desde el 17 de octubre de 2008, los demandantes tenían hasta el 17 de octubre de 2010 para interponer
la demanda; empero, la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público se presentó el 11
de noviembre de 2016 y la demanda el 20 de octubre de 2017, en ambas oportunidades ya había ocurrido
la caducidad del presente medio de control”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
la extracción de las piezas dentales y la falta de suministro e instalación de las prótesis
correspondía era a los efectos de ese daño.
10) Por otro lado, en lo que referente a las sentencias invocadas como precedente
manifestó que en tales no se abordó el fenómeno de la caducidad ni mucho menos se
determinó que el daño alegado en esas oportunidades fuese de carácter sucesivo, como
erradamente lo planteó la parte demandante.
Fundamentos de la vulneración
Los actores, por un lado, alegaron un defecto sustantivo y fáctico porque se
desconocieron dos fallos proferidos en los procesos con radicaciones nos. 2011-00187-
01 y 2013-00678-01, en los cuales se profirieron decisiones favorables a los allí
demandantes, a pesar de que se trataron de los mismos supuestos fácticos de los aquí
accionantes.
Lo anterior, por cuanto se trató del mismo contrato interadministrativo con base en el cual
se les retiraron las piezas dentales a todos los adultos mayores que hicieron parte del
proyecto, por lo tanto, fueron afectados en el mismo tiempo (2006), de modo que no
entienden por qué en esos casos se tuvo por superada la caducidad del medio de control
por considerar que se trató de un daño continuado -que la doctrina ha definido como
sucesivo o continuo- y en el presente no.
Así entonces, el tribunal se apartó de la tesis o de su mismo precedente horizontal que
había sostenido en torno a la configuración del daño continuado, en casos con supuestos
fácticos iguales.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1º- Solicito que se tutelen los derechos fundamentales de mis representados
OLGA MARÍA TOLOSA DE DEL CASTILLO, ANA LEONOR FLORIAN DE
MORENO, JUVENAL CRESPO ZAMBRANO, MARIANA LEONOR FLORIA
MIRANDA, AQUILINO DÍAZ TOVAR, LUZ ESTELA CASTRO MARTÍNEZ,
JAIRO OLIVEROS PÉREZ, CLAUDINA CASTRO PEDROZO, EDUARDO DE
LOS SANTOS OSPINO RIVAS, AURA ELENA SERRANO CANTILLO, JOSE
MANUEL MORA OVIEDO, LIBARDO RUIDIAZ BONILLA, GENOVEVA
GONZÁLEZ DE ROLDÁN, ALFONSO PALMERA RAMOS, PERCEVERANDA
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
OSPINO DE BARRETO, ANA VICENCIA RUIZDIAZ DE PALENCIA,
CONCEPCIÓN PEDROZO DE CORTÉS, tales como la igualdad, el debido
proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva, la correcta ejecución de las sentencias judiciales, en conexidad con el
derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas, la dignidad humana y demás
que se detallaron en el líbelo de la presente tutela.
2º- Como consecuencia de lo anterior solicito DEJAR SIN EFECTOS la
providencia LA SENTENCIA DE PRIMERA, de fecha 8 de julio de 2022
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de Santa Marta y la
de SEGUNDA INSTANCIA, de fecha (03) de mayo del año dos mil veintitrés
(2023) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA.
3º-. Emita esta sala decisión judicial, se sirva expedir providencia de reemplazo
en la se conceda todas las pretensiones de la demanda en el medio de control
de Reparación directa bajo el radicado : 47-001-3333-007-2017-00315-00, y se
condene a las entidades demandas a cancelar los valares en salario para
reparar el daño que estas causaron y se mantienen el tiempo hasta el día de
hoy.
4º- SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el Juez colegiado de tutela
considere necesarias para el restablecimiento inmediato del derecho
fundamental vulnerado en aras de atribuir la responsabilidad del pago de la
condena dictada en el medio de control de reparación directa No. : 47-001-3333-
007-2017-00315-00, adelantado por la señora OLGA MARÍA TOLOSA DE DEL
CASTILLO y Otros, en contra de DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, el
MUNICIPIO DE GUAMAL y la ES.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE GUAMAL.
5º- Se respecte el debido proceso integrado en el respecto al precedente
Jurisprudencial Horizontal y vertical respectivamente, de mis poderdantes, los
cuales están siendo vulnerados por la omisión de la E.S.E. Hospital Hospital
Nuestra Señora del Carmen Municipio de Guamal – Magdalena al no dar
cumplimiento a una decisión judicial.
6º- Se ordene que el termino no mayor a 48 horas, los accionados realicen las
gestiones medico administrativas tendientes a que se les proporcione a los
demandantes las prótesis dentales en acrílico termocurado, de acuerdo al
programa de atención integral del adulto mayor “sonrisa Otoñal” para evitar que
se siga vulnerando el derecho a la salud de mis prohijados”.
Actuación procesal
Mediante auto de 23 de enero de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena y al titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, así como la vinculación del gobernador del departamento del Magdalena, el
alcalde del municipio de Guamal y el director de la ESE Hospital Nuestra Señora del
Carmen del Guamal, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
Intervenciones de las autoridades demandadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que la
solicitud de amparo estaba dirigida a revivir el debate ya precluido, en tanto se pretendió
convertir el trámite de la acción de tutela en una instancia adicional debido a que la parte
demandante no aceptó las decisiones adoptadas por los jueces naturales en el curso del
proceso ordinario, razón por la cual se debe declarar improcedente la acción de tutela de
la referencia.
El apoderado de la Gobernación del Magdalena solicitó que se declare improcedente el
mecanismo por incumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez que transcurrieron
8 meses desde que se profirió la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso
o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones, porque no ha vulnerado las garantías
fundamentales de los demandantes.
Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de que fueron notificadas en debida
forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
Delimitación del asunto
En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las
providencias del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y
el Tribunal Administrativo del Magdalena, lo cierto es que los argumentos de reproche de
la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia de segunda
instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo
decidido por dicha autoridad judicial.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 3 de mayo de 2023.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las
siguientes razones:
1) En primer lugar, la parte actora le atribuyó a la providencia del 3 de mayo de 2023 los
defectos sustantivo y fáctico porque, supuestamente, interpretó y aplicó de forma
incorrecta la jurisprudencia , a diferencia de lo que ocurrió en las dos sentencias
proferidas por la misma autoridad judicial con similares supuestos fácticos que fueron
resueltas en forma favorable a los intereses de los demandantes en esas oportunidades.
2) En consecuencia, dicha autoridad se apartó de la tesis o de su mismo precedente
horizontal que había sostenido en torno a la configuración del daño continuado, en casos
con supuestos fácticos similares.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a reiterar argumentos que fueron
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Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
planteados en el recurso de apelación presentado en contra del fallo de 8 de julio de 2022
que declaró en primera instancia la caducidad del medio de control, por considerar que
no había operado dicho fenómeno, toda vez que se trataba de un daño continuado y se
debía atender el precedente horizontal del Tribunal Administrativo del Magdalena
contenido en las sentencias del 6 de marzo de 2014 y 28 de noviembre de 2018,
proferidas en los procesos con radicaciones nos. 2011-00187-01 y 2013-00678-01. De
manera expresa, en la alzada indicó lo siguiente:
“4. Caducidad del Daño
El despacho manifiesta:
“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia” (se resalta).
Respecto a lo anterior este suscrito tuvo la oportunidad de presentar una acción
de tutela, la cual, conoció la Corte Constitucional mediante La sentencia T-606
de 2016, en la cual el objeto de la discusión es un caso con hechos iguales y
razones de méritos, encausados contra los mismos actores, y el alto tribunal
expresó lo siguiente:
“en refuerzo de lo anterior, la sala encuentra que los efectos por la falta de
instalación de las prótesis dentales, son de tracto sucesivo, es decir, se
mantienen en el tiempo, pues los adultos mayores siguen sin poder realizar de
digestión adecuados, en tanto en el proceso de trituración de los alimentos,
debe ser asumidos por otros órganos a los que no les corresponde dicha
función. En palabras del apoderado “(...) Las personas al momento de ingerir
los alimentos para poder ser deglutidos, requieren aproximadamente 40 ciclos
de masticación, lo cual, mis poderdantes en su condición de edentulos no
pueden realizarlo. Por lo que se le altera el normal proceso de digestión”.
La aquí fallante, siendo magistrada de Descongestión Administrativa del
Magdalena, con ponencia de fallo de fecha 6 de marzo de 2014. Mediante el
Radicado 187-2011, REVOCÓ la sentencia de primera instancia y concedió las
pretensiones de la demanda frente a las entidades accionadas, en virtud de que
nunca operó el fenómeno que hoy está aplicando al presente proceso.
Por otra parte, El Tribunal Administrativo mediante sentencia de fecha 18 de
noviembre de 2018, y bajo el radicado 678 de 2013, REVOCÓ
PARCIALMENTE, la sentencia del aquo del Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión y concedió las pretensiones de las demandas en el sentido
de conceder los daños morales y daños a la salud, solicitados por el apoderado
de la parte demandante. Se le debe de recordar que este Tribunal no le dio
aplicabilidad a la caducidad de la acción alegando que se trataba de un daño
continuado o de tracto sucesivo, como ocurre en el presente proceso del cual
también se habló de un precedente vertical del que ya hablaremos
continuación”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
4) En esos términos, es claro que en el recurso de apelación interpuesto en contra del
fallo de primera instancia que declaró caducado el medio de control de reparación directa,
la parte demandada indicó, en los mismos términos que ahora plantea que, el tribunal
demandado se apartó de la tesis que ya había adoptado en otros dos procesos judiciales,
en los cuales se tuvo por superada la caducidad por considerar que el daño alegado por
los actores era continuado.
5) Por su parte, en el fallo del 3 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena confirmó la decisión de primera instancia, en consideración a que el hecho
generador del daño alegado fue la extracción de las piezas dentales de los demandantes,
siendo la falta de suministro e instalación de las prótesis dentales los efectos de ese daño,
de modo que no se trataba de un daño continuado, en los siguientes términos:
“Pues bien, y en aras de dilucidar respecto del fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción, resulta ilustrativo efectuar un análisis de los
lineamientos jurisprudenciales imperantes en materia de daño continuado.
Así pues, resulta menester traer a colación lo dispuesto por el H. Consejo de
Estado en providencia de calenda primero (1*) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), dentro del proceso de radicación No. 25000-23-36-000- 2013-02242-
01(54792) en el cual se señaló ad litteram pedem:
(…)
De conformidad con el derrotero jurisprudencial anteriormente vertido por la
Sala, es dable concluir de forma diamantina que, el inicio de la contabilización
del término para ejercer el medio de control de reparación directa, opera desde
la ocurrencia del hecho generador del daño, lo cual dista de la prolongación en
el tiempo de los perjuicios, que para el caso sub examine, según los hechos
narrados en la demanda, los perjuicios se concretaron con la falta de suministro
e instalación de las prótesis dentales (totales o parciales) como consecuencia
directa y exclusiva de la extracción de las piezas dentales de los demandantes.
Adentrándonos al asunto sub júdice, considera esta Colegiatura que no le asiste
razón al extremo recurrente, en tanto afirma que en el presente asunto se está
frente un daño continuado, puesto que, el hecho generador del daño alegado
por dicho extremo procesal es la extracción de las piezas dentales de los
demandantes, siendo la falta de suministro e instalación de las prótesis dentales
los efectos de ese daño.
En efecto, en la sentencia T-606 de 2016 proferida por la H. Corte Constitucional
y la cual fue traída a colación por el apelante, la Alta Corporación al efectuar el
estudio del requisito de procedibilidad de la acción de tutela atinente a la
subsidiaridad, señaló ad litterae:
(…)
De la anterior sentencia constitucional, es dable inferir sin lugar a
equívocos que, contrario a lo afirmado por el extremo accionante, ahora
apelante, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en la
sentencia T-606 de 2016, únicamente consideró que se estaban
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Acción de tutela
transgrediendo los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los
74 ancianos participantes del proyecto “Sonrisa Otoñal”, en razón de la
no continuidad de los servicios de salud, sin embargo, estableció
claramente que, a su criterio, la acción ordinaria para lograr el
reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las entidades accionadas, vale decir, el medio de
control de reparación directa, ya se encontraba caducada”.
6) Asimismo, la demandada se pronunció respecto a la supuesta desatención del
precedente horizontal de esa misma Corporación, con los siguientes argumentos:
“En lo que respecta a las sentencias de proferidas por esta Corporación
dictadas dentro de los procesos de reparación directa radicados bajo los
números 187/2011 y 678/2013, en los que se solicitaba la declaratoria de
responsabilidad del departamento del Magdalena, unos municipios y unos
hospitales, con similares supuestos fácticos al proceso de la referencia, se
permite advertir la Sala que, en dichas providencias no se abordó el estudio del
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción ni muchos menos se determinó
que el daño alegado fuese de carácter sucesivo, tal como erradamente lo
plantea el extremo accionante.
Sobre el particular, resulta necesario mencionar que la Sección Primera del
Consejo de Estado, con ponencia del consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
en sentencia del 28 de junio de 2009, dentro del radicado 11001-03-15-000-
2019-02176-00, al analizar un caso similar, discurrió lo que a continuación se
transcribe: (…).
De conformidad con lo anterior, se itera, este Tribunal desechará dicho
argumento expuesto por el recurrente, habida consideración de que las aludidas
providencias no constituyen precedente judicial y porque el daño alegado no es
de tracto sucesivo, por ende, no podría aplicarse la regla especial de
caducidad”.
7) En síntesis, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional los demandantes expusieron similares planteamientos a los expuestos en
el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica
relacionada con la falta de enfoque del caso teniendo en cuenta las reglas de caducidad
tratándose de daño continuado o de tracto sucesivo, así como las decisiones adoptadas
en otros procesos fallados por la misma autoridad demandada en los que se resolvieron
las pretensiones en favor de los allí demandantes.
8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados desde la demanda
y que también fueron abordados por la parte demandante en el recurso de apelación,
motivos por los cuales fueron resueltos en la providencia que resolvió en cuestión como
se expuso en precedencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00246-00
Actor: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Acción de tutela
9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que fue propio del trámite del proceso de reparación directa y al juez constitucional le
está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
10) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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