Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00246-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00246-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00246-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
Demandante: OLGA MARÍA TOLOSA DE DEL CASTILLO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.
Decide la Sala1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 18 de enero de 2024, los señores Olga María Tolosa del Castillo, Ana Leonor
Florián de Moreno, Juvenal Crespo Zambrano, Mariana Leonor Florián Miranda,
Aquilino Díaz Tovar, Luz Estella Castro Martínez, Jairo Oliveros Pérez, Claudina
Castro Pedrozo , Eduardo de los Santos Ospino Rivas , Aura Elena Serrano
Cantillo, José Manuel Mora Oviedo , Libardo Ruidíaz Bonilla, Genoveva González
de Roldán, Alfonso Palmera Ramo, Perceveranda Ospina de Barreto, Ana Vicencia
Ruidíaz de Palencia y Concepción Pedrozo de Cortés, mediante apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena , porque consideraron vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
1 Se advierte que, el 30 de mayo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
Demandante: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
administración de justicia. Formularon las siguientes pretensiones (transcripción
textual):
1º - Solicito que se tutelen los derechos fundamentales de mis representados
OLGA MARÍA TOLOSA DE DEL CASTILLO, ANA LEONOR FLORIAN DE
MORENO, JUVENAL CRESPO ZAMBRANO, MARIANA LEONOR FLORIA
MIRANDA, AQUILINO DÍAZ TOVAR, LUZ ESTELA CASTRO MARTÍNEZ,
JAIRO OLIVEROS PÉREZ, CLAUDINA CASTRO PEDROZO, EDUARDO DE
LOS SANTOS OSPINO RIVAS, AURA ELENA SERRANO CANTILLO, JOSE
MANUEL MORA OVIEDO, LIBARDO RUIDIAZ BONILLA, GENOVEVA
GONZÁLEZ DE ROLDÁN, ALFONSO PALMERA RAMOS, PERCEVERANDA
OSPINO DE BARRETO, ANA VICENCIA RUIZDIAZ DE PALENCIA,
CONCEPCIÓN PEDROZO DE CORTÉS, tales como la igualdad, el debido
proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva, la correcta ejecución de las sentencias judiciales, en conexidad con el
derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas, la dignidad humana y
demás que se detallaron en el líbelo de la presente tutela.
2º - Como consecuencia de lo anterior solicito DEJAR SIN EFECTOS la
providencia LA SENTENCIA DE PRIMERA, de fecha 8 de julio de 2022
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de Santa Marta y
la de SEGUNDA INSTANCIA, de fecha (03) de mayo del año dos mil veintitrés
(2023) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
3. Emita esta sala decisión judicial, se sirva expedir providencia de reemplazo
en la se conceda todas las pretensiones de la demanda en el medio de control
de Reparación directa bajo el radicado: 47-001-3333-007-2017-00315-00, y se
condene a las entidades demandas a cancelar los valares en salario para
reparar el daño que estas causaron y se mantienen el tiempo hasta el día de
hoy.
4. SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el Juez colegiado de tutela
considere necesarias para el restablecimiento inmediato del derecho
fundamental vulnerado en aras de atribuir la responsabilidad del pago de la
condena dictada en el medio de control de reparación directa No. : 47-001-
3333-007-2017-00315-00, adelantado por la señora OLGA MARÍA TOLOSA
DE DEL CASTILLO y Otros, en contra de DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, el MUNICIPIO DE GUAMAL y la ES.E. HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL
5. Se respete el debido proceso integrado en el respecto al precedente
Jurisprudencial Horizontal y vertical respectivamente, de mis poderdantes, los
cuales están siendo vulnerados por la omisión de la E.S.E. Hospital Hospital
Nuestra Señora del Carmen Municipio de Guamal – Magdalena al no dar
cumplimiento a una decisión judicial.
6. Se ordene que el termino no mayor a 48 horas, los accionados realicen las
gestiones medico administrativas tendientes a que se les proporcione a los
demandantes las prótesis dentales en acrílico termocurado, de acuerdo al (sic)
programa de atención integral del adulto mayor “sonrisa Otoñal” para evitar que
se siga vulnerando el derecho a la salud de mis prohijados. 7. Vincúlese a las
otras entidades que hicieron parte del proceso objeto de la presente tutela, tales
como (…).
(…)
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
Demandante: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
La parte accionante manifestó que, el 20 de enero de 2006, la Gobernación del
Departamento del Magdalena, los alcaldes de los 29 municipios del departamento
en mención y los gerentes de los hospitales de nivel I y II del Departamento del
Magdalena suscribieron el convenio interadministrativo de cooperación y
cofinanciación del proyecto denominado «sonrisa otoñal», cuyo objetivo consistió
en prestar atención integral para la rehabilitación oral al adulto mayor.
Asimismo, entre otras, se acordó que el referido gobierno departamental y los entes
territoriales deberían aportar, en su orden, la suma de $100.000.000 y
$2.717.424, para la ejecución del proyecto en mención, y los hospitales deberán
asignar un odontólogo, para lo concerniente a la fase de rehabilitación oral.
En el marco del referido convenio, el municipio de Guamal envió la lista de algunas
personas de tercera edad al hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal E.S.E.
(no especificó fecha), a fin de que sus piezas dentales fueran extraídas; sin
embargo, ese procedimiento dental quedó mal hecho, pues, producto del
incumplimiento del pago de los alcaldes de los municipios de Pedraza, Retén,
Sábanas de San Ángel, Sitionuevo, Tenerife y Zapayán, el 14 de marzo de 2008,
el secretario de salud del referido departamento, el interventor del proyecto y el
contratista declararon la suspensión del convenio interadministrativo en mención,
lo que llevó a que a muchas personas no les instalaran la respectiva prótesis.
Por lo anterior, el 20 de octubre de 2017, la parte accionante, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, demandó al Departamento del Magdalena, al
Municipio de Guamal y la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal,
a fin de que fueran declarados administrativamente responsables por los perjuicios
causados a estos, en consideración a que, producto de ese incumplimiento, las
personas referidas tienen dificultades para masticar sus alimentos2.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, en sentencia del 8 de julio de
2 Según los documentos obrantes en el expediente ordinario, a algunas personas le extrajeron las
piezas dentales y, con posterioridad, las prótesis prometidas no fueron implantadas, ya que nunca
se entregaron o, en su defecto, fueron entregadas con imperfecciones, por lo que no les quedaron
bien.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2022, declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la
parte demandada.
Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante interpuso recurso de
apelación, por considerar que la omisión en la implantación de las prótesis
constituye un daño continuado, por lo que no operaba el fenómeno de la caducidad.
Además, mencionó que se debía acatar el precedente horizontal fijado por el
Tribunal Administrativo de Magdalena, en las sentencias del 6 de marzo de 2014 y
28 de noviembre de 2018, dictadas, en su orden, dentro los procesos con radicado
2011-00187-01 y 2013-00678-01.
El Tribunal administrativo del Magdalena, en sentencia del 3 de mayo de 2023,
confirmó tal decisión.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte accionante mencionó que la providencia cuestionada incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo, por las siguientes razones:
El Tribunal accionado desconoció el precedente horizontal fijado por la propia
autoridad judicial accionada, dentro los expedientes con radicado 47001-23-31-
002-2011-00187-00 y el 47001-3331-752-002-2013 678-00, a través de las cuales
se señaló que en estos casos se configura un daño continuado y, por tanto, no hay
caducidad de la acción.
Indicó que el cómputo de la caducidad, en «los casos de lesiones a la integridad
psicofísica de las personas», se cuenta a partir del conocimiento del daño. Para
sustentar tal afirmación, citó la sentencia del 28 de febrero de 2022 (exp. 55785),
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación.
Asimismo, adujo que las providencias en cuestión vulneraron el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (no fundamentó las razones)
y la vida. Frente al último, adujo que la parte accionante no cuenta con los recursos
económicos que permitan su «existencia». Resaltó que la señora Miriam Rosa
Mariana Granados, quien padece de síndrome de down, depende económicamente
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
de la señora Iluminada Beatriz3. Además, el señor Álvaro López Domínguez no
puede laborar, dado que tiene amputada una pierna.
Asimismo, manifestó que las demás personas son de escasos recursos, razón por
la cual el juez de tutela deberá proteger sus derechos fundamentales, para evitar
que fallezcan, sin haber gozado de tales garantías, tal como sucedió con los
señores Mario Abel Ariza Montenegro y Francisco López Hernández.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 23 de enero de 2023, el magistrado sustanciador en primera
instancia admitió la tutela y ordenó notificar al presidente y a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo del Magdalena, al titular del Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta, como parte demanda, y al gobernador del
Departamento del Magdalena, al alcalde del municipio de Guamal (Magdalena) y al
director del hospital Nuestra Señora del Carmen del Guamal E.S.S., como terceros
con interés
2.2. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo, dado que la parte accionante
busca reabrir el debate jurídico que ya fue zanjado por el juez natural.
2.3. Por escrito del 1º de febrero de 2024, la Gobernación del Magdalena solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por el incumplimiento del
requisito de inmediatez, pues la parte accionante presentó escrito de tutela por
fuera del término establecido para tal fin, o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo, por no haber vulnerado los derechos
fundamentales que reclamó la parte accionante.
2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 19 de febrero de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, bajo
3
Cabe resaltar que la referida persona figuró como parte accionante, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 47001-23-31-002 2011-00187-00, por lo que el Despacho entiende
que la parte aquí accionante se confundió en la transcripción del nombre.
5
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
el argumento de que la parte accionante busca convertir la sede de tutela en una
instancia del proceso de reparación directa, pues los fundamentos fácticos y
jurídicos del escrito de tutela son reiteración del recurso de apelación que interpuso
contra el fallo del 8 de julio de 2022, que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa.
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante adujo que no pretende
reabrir la discusión jurídica que zanjó el juez natural, en el proceso de reparación
directa, pues su intención es advertir sobre el desconocimiento del precedente
judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo del Magdalena.
El análisis que efectuó el a quo, respecto al requisito general de relevancia
constitucional, era una forma de omitir «lo evidente en los expedientes que se
solicitaron como prueba».
5. Vinculación de terceros con interés
El Despacho sustanciador del proceso en segunda instancia, mediante auto del 20
de mayo de la presente anualidad, ordenó vincular como terceros con interés a los
señores Cristina Cadena Jiménez, Ernestina Martínez de Sánchez, José Alcides
García Martínez, Cura Isabel Zambrano de Narváez, Antonio Ruizdíaz, Yudith de
Jesús Muñoz Narváez, Emelina del Carmen Chávez de Zambrano, Pedro Manuel
Zambrano Pedrozo, Orlando Suárez Arenilla, Heliodora Villalobos Miranda, María
Isabel Yepes Ávila, Esperanza Flórez Rodríguez, Lucina Rivas Guillen, Cayetano
Alcendra Zambrano, Pola María Feria de Mora, José Inés Florián Noriega, José
María Macías Bellos, Domingo Manuel Florián Pedrozo, Gustavo Aguilar García,
Manuel Salvador Pedrozo Pérez, Salomón Ernesto Noriega Cortés, Luis Alejandro
Mugno Contreras, Amancio Caro Torres, Alfonso López Castro, Bertilda Polo de
Mejía, Nelva Rivera Carrera y Cristóbal Cotes González, quienes, junto con la parte
accionante instauraron demanda de reparación directa con radicado 47-001-3333-
007-2017-00315-02.
No obstante lo anterior, ninguno de los vinculados se pronunció frente a las
pretensiones de la tutela.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
6. Intervención en segunda instancia
En memorial del 24 de mayo de 2024, la Gobernación del Magdalena reiteró la
solicitud de declaratoria de improcedencia contenida en la contestación de la
demanda y, adicionalmente, sostuvo que:
• Si bien la parte accionante expresó su inconformidad frente a las sentencias
cuestionadas, lo cierto es que no advirtió sobre la configuración de yerros de
naturaleza constitucional en tales decisiones, lo cual le impide al juez de tutela
intervenir de fondo en el caso bajo estudio.
• Existe otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para que los
demandantes reclamen la protección de sus derechos: el recurso extraordinario de
revisión.
• No se justificó por qué la parte accionante se demoró en acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa.
• El Tribunal Administrativo del Magdalena no incurrió en el defecto sustantivo
alegado, dado que sí se configuró el fenómeno de la caducidad en la acción de
reparación directa que pretendía ejercer la señora Olga María Tolosa y otros, pues
aquellos tardaron más de 11 años para interponer la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
2. Análisis del caso
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 3 de mayo de 2023 y notificada el día 3 de agosto
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
del mismo año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 18 de enero de
2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
4
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
● Análisis de la relevancia en el caso concreto
Como bien lo sostuvo el fallador de primer grado, la Sala advierte que la parte
accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del medio de control de
reparación directa, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la
determinación de los jueces naturales sobre la configuración del fenómeno de la
caducidad.
Así pues, se observa que tanto el Juzgado como el Tribunal hicieron un análisis de
los hechos y las pruebas que dieron lugar a la demanda ordinaria y del momento en
que, a su juicio, se causó y conoció el daño, como parámetro para el cómputo de la
oportunidad para el ejercicio del medio de control.
En efecto, en sentencia del 8 de julio de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Santa Marta expuso que, en la audiencia inicial celebrada el 8 de mayo de 2019,
declaró no probada la excepción previa de caducidad; sin embargo, producto del
recurso de apelación que presentó el Departamento de Magdalena, el Tribunal
Administrativo del Magdalena revocó la decisión en mención, para que se surtiera
el debate probatorio y allí considerar si existían pruebas para confirmar o desvirtuar
la información sobre el momento que la parte accionante conoció del daño.
El Juzgado siguió los parámetros que dispuso el superior jerárquico, y en esa
segunda ocasión se abstuvo de decidir la excepción de caducidad en el desarrollo
de la audiencia inicial, precisamente, para continuar el debate probatorio y
establecer la prueba que permitiera estudiar la caducidad.
En consecuencia, agotado en el trámite del proceso, el Juzgado concluyó que el
hecho generador consistió en la extracción de dientes que tenían «en la cavidad
oral de los demandantes y al no contar con ellas ni con las prótesis totales o
parciales, sufrieron un menoscabo en su salud, propiamente, en la masticación y
deglución de alimentos».
Indicó que no era de recibo que la falta de instalación de la prótesis dental
constituyera el hecho dañoso, pues ese hecho se generó con la referida extracción,
situación que ocurrió antes del 17 de octubre de 2008, por lo que la parte accionante
tenía hasta el 17 de octubre de 2010 para ejercer la acción de reparación directa;
9
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
sin embargo, ello no ocurrió, dado que la parte actora presentó la respectiva
conciliación extrajudicial el 11 de noviembre de 2016 y la demanda el 20 de octubre
de 2017, esto es, por fuera del término estipulado.
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte accionante
instauró recurso de apelación, entre otras, bajo el argumento de que la autoridad
judicial en mención desconoció el precedente fijado en la sentencia del 6 de marzo
de 2014 (exp. «187-2011»), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
En ese sentido, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en la tutela
y en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 8 de julio de 2022, dictado
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, y los propuestos en la
demanda de tutela de la referencia, se evidencia que los defectos en que
supuestamente incurrió la autoridad judicial demandada fueron invocados para
continuar con el debate jurídico que ya fue decidido, inclusive, como se vio, aquellos
relacionados con el supuesto desconocimiento del precedente horizontal.
En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en el proceso
ordinario y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar
de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia
adicional:
Argumentos del recurso de apelación Argumentos de la demanda de tutela
que analizó el Tribunal Administrativo (transcripción textual)
del Magdalena5
(transcripción textual)
Caducidad del Daño La Juez falladora de Primera Instancia en el
presente proceso por el cual se presente la
El despacho manifiesta: (...) demanda; ella, estando de magistrada
encargada en el tribunal administrativo, falló el
Respeto a lo anterior este suscrito tuvo la proceso bajo radicado No. 47-001-23-31-002-
oportunidad de presentar una acción de tutela, 2011-00187-00 en las misma condiciones del
la cual, conoció la Corte Constitucional contrato que se enuncia en esta tutela (Sonrisa
mediante La sentencia T-606 DE 2016, en la cual Otoñal), respecto a personas en las misma
el objeto de la discusión es un caso con hechos condiciones de la que represento, revocó la
iguales y razones de méritos, en causados sentencia de primera Instancia y concedió las
contra los mismos actores, y el alto tribunal pretensiones de la demanda, cuya parte motiva
Expreso lo siguiente: (...) manifestando que se encontraba frente a un
daño de tracto sucesivo.
La aquí fallante, siendo magistrada de
Descongestión Administrativa del Magdalena,
5
La transcripción se extrajo de la sentencia del 3 de mayo de 2023, emitida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dentro del expediente con radicado 47-001-3333-007-2017-00315-02.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
con ponencia de fallo de fecha 6 de marzo de El proceso bajo el radicado No. 47- 001-3331-
2014. Mediante el Radicado 187-2011, REVOCO 752-002-2013 678-00 que en primera Instancia
la sentencia de Primera Instancia y concedió las le correspondió al SEGUNDO ADMINISTRATIVO
pretensiones de la demanda frente a las DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
entidades accionadas, en virtud de que nunca SANTA MARTA, dicto sentencia concediendo las
opero el fenómeno que hoy está aplicando al pretensiones de la demanda y el tribunal la
presente proceso. confirmó. DECIMO SEGUNDO: Los dos Procesos
antes citados, crearon un precedente
Por otra parte, El tribunal Administrativo jurisprudencial para este caso de las personas
mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de la tercera edad, afectadas por el convenio de
de 2018, y bajo el radicado 678 «de 2013. la SONRISA OTOÑAL, esto es, por estar frente a
REVOCO PARCIALMENTE, la sentencia del aquo un daño de tracto sucesivo, no es aplicable la
del Juzgado Segundo Administrativo de excepción de la Caducidad.
Descongestión y concedió las pretensiones de
las demandas en el sentido de conceder los Los Magistrados firmantes en los dos
daños morales y daños a la salud, solicitados por expedientes antes citados, para el proceso que
el apoderado de la parte demandante. Se le es objeto de la presente tutela, sin fundamento
debe de recordar que este Tribunal no le dio alguno declararon la caducidad, sin la
aplicabilidad a la caducidad de la acción observancia que las personas demandantes
alegando que se trataba de un daño continuado fueron afectadas por el mismo contrato (Sonrisa
o de tracto sucesivo, como ocurre en el Otoñal), cambiando el precedente de tracto
presente proceso del cual también se habló de sucesivo o daño continuado a unas personas
un precedente vertical del que ya hablaremos que se encuentran en las mismas condiciones,
continuación con los mismo demandando y los mismo
elementos que se usaron para generar el daño,
en el mismo espacio de tiempo y lugar, creando
una violación a los derechos relacionado en la
presente tutela.
El demando Principal, el Departamento del
Magdalena, teniendo en cuenta el precedente
jurisprudencial de los procesos aquí citados,
Concilió de manera extrajudicial en la
procuraduría, y el Juzgado Séptimo
Administrativo en el presente proceso improbó
la conciliación aun cuando el comité de
conciliación de la gobernación llevó la posición
de conciliar.
Para tener presente, todos los hechos de sonrisa
Otoñal donde fueron afectados y reparados las
personas de los radicados de los hechos Décimo
y Décimo Primero, como las personas del
proceso por el cual presento esta acción de
Amparo, todo ocurrió en el año 2006, por lo que
la caducidad no aplicaba porque todos los aquí
afectados el daño es de tracto sucesivo o daño
continuado.
De lo anterior se aprecia, sin dificultad, que los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso de reparación
directa y los de la solicitud de amparo respecto del desconocimiento del precedente
alegado coinciden. Adicionalmente, la Sala observa que los mismos fueron
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Demandante: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
estudiados y resueltos por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia
del 3 de mayo de 2023, en la cual, luego de analizar (i) el artículo 90 de la
Constitución Política de Colombia; (ii) el régimen de responsabilidad aplicable al
caso bajo estudio; (iii) las pruebas obrantes en el proceso ordinario y (iv) el
fenómeno de la caducidad en el medio de control de reparación directa, concluyó
que:
(…)
En efecto, el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTA MARTA profirió la sentencia de calenda ocho (08) de julio de dos mil
veintidós (2022), a través de la cual declaró probada la excepción de caducidad
de la acción, al considerar que aun cuando no existe prueba en el plenario de
la fecha exacta en que se produjo la extracción pacientes en las piezas dentales
de los demandantes, dicho procedimiento, sin lugar a dudas, se produjo antes
del 17 de octubre de 2008, momento en que el Laboratorio Arvident recibió el
listado de beneficiarios del programa Sonrisa Otoñal, para la rehabilitación oral
del adulto mayo que consistía en el emuflado, acrilado, pulido y brillo de dichas
prótesis, contando los demandantes hasta el 17 de octubre de 2010 para
interponer la demanda; empero, la solicitud de conciliación extrajudicial ante el
Ministerio Público se presentó el 11 de noviembre de 2016 y la demanda el 20
de octubre de 2017, en ambas oportunidades ya había ocurrido la caducidad
del presente medio de control.
Por su parte, el extremo actor presentó escrito de apelación en contra de la
referida sentencia adiada ocho (08) de julio de dos mil veintidós (2022),
efectuando en síntesis dos argumentos:¡) que en el presente asunto no es
posible que opere el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, toda vez
que se trata de un daño continuado y ¡i) que se debe aplicar el presente
horizontal vertido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en
providencias de calenda 6 de marzo de 2014, proferida dentro del proceso de
radicación 187-2011 y la del 18 de noviembre de 2018, dentro del proceso
radicado 678-2013.
(…)
De conformidad con el derrotero jurisprudencial anteriormente vertido por la
Sala, es dable concluir de forma diamantina que, el inicio de la contabilización
del término para ejercer el medio de control de reparación directa, opera desde
la ocurrencia del hecho generador del daño, lo cual dista de la prolongación en
el tiempo de los perjuicios, que para el caso sub examine, según los hechos
narrados en la demanda, los perjuicios se concretaron con la falta de suministro
e instalación de las prótesis dentales (totales o parciales) como consecuencia
directa y exclusiva de la extracción de las piezas dentales de los demandantes.
Adentrándonos al asunto sub júdice, considera esta Colegiatura que no le
asiste razón al extremo recurrente, en tanto afirma que en el presente asunto
se está frente un daño continuado, puesto que, el hecho generador del daño
alegado por dicho extremo procesal es la extracción de las piezas dentales de
los demandantes, siendo la falta de suministro e instalación de las prótesis
dentales los efectos de ese daño.
En efecto, en la sentencia T-606 de 2016 proferida por la H. Corte
Constitucional y la cual fue traída a colación por el apelante, la Alta Corporación
al efectuar el estudio del requisito de procedibilidad de la tutela atinente a la
subsidiaridad, señaló (…):
(...) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta que no entrará a
pronunciarse frente a la pretensión incoada por el accionante, en lo
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
Demandante: Olga María Tolosa del Castillo y otros
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
que se refiere a la posible indemnización que deben recibir sus
poderdantes por los supuestos daños fisiológicos y morales
causados, pues tal y como lo ha dicho de manera reiterada y
uniforme la jurisprudencia de esta Corporación, las obligaciones de
tipo económico. no son susceptibles de ser reconocidas y pagadas a
través del mecanismo (de amparo, pues para ello existe la
jurisdicción En refuerzo de lo anterior, la Sala precisa que tampoco
sería procedente realizar dicho reconocimiento, pues la acción
ordinaria prevista para ello ha caducado y la tutela no tiene vocación
de revivir los términos de la misma.
En_ otras palabras, la Sala no entrará a analizar el incumplimiento
que se debate frente al contrato No. 343 de 2007, pues el presente
caso, no tiene el objetivo de responsabilizar ni reparar a alguna de
las partes por no haber cumplido con alguna de las obligaciones
pactadas dentro del mencionado contrato. Para esta Sala, el caso
sub judice. redunda en la discontinuidad en la prestación del servicio
de salud que desembocó en la falta de instalación de las prótesis
dentales de los 74 adultos mayores.
En síntesis, el presente caso no pretende discutir el cumplimiento de
las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso
administrativo como tampoco busca debatir el incumplimiento del
contrato No. 343 de 2006. El asunto (…) se circunscribe a revisar la
presunta discontinuidad en la prestación del servicio de salud que
condujo a la falta de ejecución del programa de rehabilitación oral y
de instalación de las prótesis dentales de los 74 adultos mayores,
pretensión para la cual la acción de tutela es el mecanismo judicial
procedente. En este orden de ideas, la Sala concluye que se cumple
el requisito de subsidiariedad, ya que sobre quienes recae la
presunta afectación de los derechos fundamentales, son sujetos de
especial protección constitucional que se encuentran en una
condición de vulnerabilidad manifiesta por su edad, sus condiciones
socioeconómicas y sus discapacidades físicas. En este sentido. la
acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y efectivo para
garantizar la protección de los derechos fundamentales de los
mismos(...).
En lo que respecta a las sentencias de proferidas por esta Corporación dictadas
dentro de los procesos de reparación directa radicados bajo los números
187/2011 y 678/2013, en los que se solicitaba la declaratoria de
responsabilidad del departamento del Magdalena, unos municipios y unos
hospitales, con similares supuestos fácticos al proceso de la referencia, se
permite advertir la Sala que, en dichas providencias no se abordó el estudio del
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción ni muchos menos se determinó
que el daño alegado fuese de carácter sucesivo, tal como erradamente lo
plantea el extremo accionante.
De la anterior sentencia constitucional, es dable inferir sin lugar a equívocos
que, contrario a lo afirmado por el extremo accionante, ahora apelante, el
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en la sentencia T-606 de 2016,
únicamente consideró que se estaban transgrediendo los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de los 74 ancianos participantes del
proyecto “Sonrisa Otoñal”, en razón de la no continuidad de los servicios de
salud, sin embargo, estableció claramente que, a su criterio, la acción ordinaria
para lograr el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las entidades accionadas, vale decir, el medio de control de
reparación directa, ya se encontraba caducada.
(…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
De lo anterior, cabe resaltar que la decisión de las autoridades judiciales no fue
arbitraria ni caprichosa, sino que estuvo precedida de un análisis jurisprudencial
sobre la distinción entre el daño continuado e instantáneo, lo cual le permitió concluir
que en el caso bajo estudio no era viable aplicar las disposiciones consagradas en
la tesis del daño continuado, para efectos de la contabilización del cómputo de la
caducidad, tal como lo planteó la parte accionante en la demanda de reparación
directa y en el recurso de apelación, pues el hecho generador del daño fue la
extracción de las piezas dentales de la parte accionante, «siendo la falta de
suministro e instalación de las prótesis dentales los efectos de ese daño ».
En ese sentido, es pertinente resaltar que esta Corporación ha diferenciado el daño
continuado y permanente de la siguiente forma6:
Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado,
con la agravación de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata
que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que
acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo el daño
estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones
diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros. En
este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el
término de la caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde
el momento en que se configuró el daño o se tuvo noticia de éste, en caso de
que estas circunstancias no coincidan.
El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar
que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los
perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. En el
presente caso, el hecho de la administración coincide con la consolidación del
daño, dado que se reclama por la utilización del predio como depósito de
basuras. Por lo tanto, el término de caducidad debe contabilizarse desde el
momento en que comenzó a usarse el terreno para desarrollar esa actividad.
Visto lo anterior, es claro que tanto el Juzgado como el Tribunal, además de explicar
por qué el hecho generador del daño no es continuado, soportaron razonablemente
la conclusión de que si se configuró la caducidad del medio de control, dado que,
aunque no había prueba en el expediente que acreditara la fecha exacta de la
extracción de las piezas dentales, lo cierto es que no existía duda de que esta se
produjo antes del 17 de octubre de 2008, circunstancia que no desvirtuó la parte
accionante en el recurso de apelación, ni mucho menos en la demanda de tutela,
pues, realmente, lo que cuestiona es que el cómputo de la caducidad se debió
analizar desde la óptica del daño continuado, con fundamento en dos sentencias
que profirió el Tribunal –supuesto que en un momento se analizará.
6
Cita extraída de la providencia del 3 de marzo de 2014, emitida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado 08001-23-31-000-2013-00671-
01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En ese orden de ideas, no hay duda de que las autoridades judiciales accionadas
abordaron directamente los aspectos fundamentales de la cuestión litigiosa
propuesta tanto en la demanda de reparación directa como en el recurso de
apelación, en torno a la caducidad del medio de control, es decir, estudiaron cómo
debía contabilizarse el plazo para presentar la demanda y, además, determinaron
que sí había certeza del momento que la parte accionante conoció el daño.
Con todo, conviene señalar que la Sección Quinta de esta Corporación, dentro del
expediente con radicado 11001-03-15-000-2019-02176-01, analizó un caso de
contornos fácticos y jurídicos similares al sub lite. En esa oportunidad, también
concluyó que era evidente que el hecho dañoso se originó con la extracción de las
piezas dentales de los allí accionantes, por lo que el cómputo de la caducidad
iniciaba a partir del día siguiente que ocurrió aquella eventualidad y, además, resaltó
que aquellos confundieron el daño proveniente de la omisión de la instalación de la
prótesis dental, en el marco del referido convenio administrativo, con un daño
continuado, pues, por más de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente
después de su consolidación, ello no significa que la acción nunca vaya a caducar.
Así lo dijo:
En este sentido, en primer lugar y en relación con el daño ocasionado por la
extracción de los dientes y muelas de los tutelantes, la regla de la caducidad
aplicable debía ser aquella según la cual, el término de los dos años debe
contarse a partir del día siguiente en el cual ocurre el hecho-extracción de las
piezas dentales-, circunstancia definida de esta manera por la autoridad judicial
accionada, por lo que frente a este punto, no es posible concluir que se hubiera
desconocido el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Ahora, en segundo lugar, y en lo que tiene que ver con el daño alegado por la
omisión, esta Sección advierte que los tutelantes confunden el daño originado
por la misma como consecuencia de que la administración no implantó las
prótesis dentales en desarrollo del convenio interadministrativo, con un daño
continuado o de tracto sucesivo, para los cuales, como se expuso en
precedencia, se aplican reglas distintas a efectos de contabilizar el término de
la caducidad.
De otra parte, esta Subsección ha dicho que, para examinar la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial,
se deben observar las siguientes reglas7:
7
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció8.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente9).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto10.
No obstante, el Despacho advierte que, si bien los casos que se analizaron en los
procesos con radicado 47001-2331-002-2011-00187-00 y 47001-3331 008-2013-
00678-01, guardan identidad fáctica con el caso bajo estudio, lo cierto es que allí no
se analizó la ocurrencia del fenómeno de la caducidad del medio de control y
tampoco se advirtió que el hecho generador del daño tenía carácter de continuado,
circunstancia que, como se vio, desvirtúa la vinculatoriedad del precedente judicial
invocado, pues no hay identidad jurídica en los casos referidos.
8
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo
cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
9
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
10
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00246-01
Demandante: Olga María Tolosa del Castillo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En suma, se concluye, que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con las providencias demandadas, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga, por lo que se confirmará la sentencia del 19 de febrero de 2024, en tanto
que la solicitud de amparo no cumplió el requisito de relevancia constitucional.
Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona de manera razonable
y fundamentada contiene una justificación fáctica y jurídica del sentido de la
decisión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad
e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a
la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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