Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00248-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00248-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00248-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: GUILLERMO VIGOYA TORO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Guillermo Vigoya Toro
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Guillermo Vigoya Toro solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de
28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro
del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 66001-33-33-005-2020-00207-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1 Indicóque la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES,
mediante la Resolución núm. GNR 252826 del 9 de octubre de 2013, le “[…]
reconoció pensión (…) en cuantía de $1.254.235 a partir del 01 de octubre de 2013
siendo el ingreso base de liquidación el promedio de los últimos 10 años con una
tasa de reemplazo del 75% […]”.
2.2 Manifestó que inconforme con la tasa de reemplazo aplicada, interpuso los
respectivos recursos de reposición y apelación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Guillermo Vigoya Toro
2.3 Indicó que el recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución núm.
GNR 261672 del 17 de julio de 2014, a través de la cual se dispuso reponer “[…]
parcialmente, variando únicamente el monto de la pensión en cuantía de $1.258.130
[…]”.
2.4 Señaló que, por su parte, el recurso de apelación “fue resuelto mediante
Resolución VPB 49689 del 19 de junio de 2015, confirmando los actos
administrativos GNR 252826 del 09 de octubre de 2013 y GNR 261672 del 17 de
julio de 2014”.
2.5 Refirió que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
66001-33-33-005-2020-00207-00/01 en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES, para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones núms. GNR 252826 del 9 de octubre de 2013, GNR 261672 del 17 de
julio de 2014 y VPB 49689 del 19 de junio de 2015 y se reliquidara su pensión
pasando del “[…] 75% del IBL al 100% del IBL […]”.
2.6 Manifestó que, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2021, el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Pereira accedió a las pretensiones de la
demanda.
2.7 Señaló que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.
2.8 Indicó que el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 28 de
septiembre de 2023, revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar
“las pretensiones de la demanda en su integridad”.
2.9 Manifestó que la providencia de 28 de septiembre de 2023 vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, toda vez que incurrió en un defecto
sustantivo, en un defecto fáctico y en un defecto por desconocimiento del
precedente.
2.10 Encuanto al defecto fáctico indicó que se desconocieron los documentos
aportados al proceso, mediante los cuales se acreditaron “[…] 20 años de servicio
y 55 años de edad (…), con anterioridad al 30 de octubre de 1996 […]”, por lo que
se debió aplicar el régimen de transición previsto en el Decreto 1653 de 5 de agosto
de 19771, y no la Ley 33 de 29 de enero de 19852.
2.11 Respecto al defecto sustantivo, señaló que la sentencia objeto de esta acción
“[…] no tuvo en cuenta la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1653 de 1977 […]”.
1
“Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social que prestan
sus servicios al Instituto de Seguros Sociales”.
2
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público”.
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Accionante: Guillermo Vigoya Toro
2.12 Sobreel desconocimiento del precedente, indicó que el Tribunal accionado
desconoció “su propio precedente” contenido en la sentencia de 27 de junio de
2018, en la que se precisó “[…] que [a] los funcionarios de la seguridad social (…)
que completaron sus 20 años de servicios sumando los prestados al ISS y a la Ese
Rita Arango Álvarez del Pino, (…) la pensión debe ser liquidada y reconocida con
una tasa de reemplazo del 100% y no del 75% […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha
28 de septiembre de 2023, proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, dentro del proceso radicado proceso
radicado 66001-33-33-005-2020-00207-01 (J-0226-2022), demandante
GUILLERMO VIGOYA TORO, demandado COLPENSIONES, Medio de Control
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, violó mis derechos fundamentales a
la Igualdad y al Debido Proceso.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se DEJE SIN
EFECTOS la sentencia citada, y se ordene al TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, dentro del término
razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo en la cual se
acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y lo dicho por
el Tribunal en la sentencia cuyo desconocimiento se invocó, específicamente la
emitida dentro del proceso Radicado: 66001-33-33-751-2015-00285-01 (J-0853-
2016) Medio dé Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante:
Carlos Erwin Gómez Yutersonke Demandado: COLPENSIONES sentencia del
27 de junio de 2018 M.P. Dr. Juan Carlos Hincapié Mejía) […]”. (Negrilla original
del texto)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de enero de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pereira.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El
Tribunal Administrativo de Risaralda, por intermedio del magistrado
ponente de la providencia objeto de esta acción, manifestó que la tutela debe ser
declarada improcedente porque carecer de relevancia constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
5.2. Como fundamento de lo anterior, indicó que “la controversia tiene una
connotación patrimonial de carácter estrictamente privado, razón por la cual la
cuestión que se debate se refiere a un aspecto meramente legal, que no impacta
derechos fundamentales sino beneficios patrimoniales”.
5.3. En segundo lugar, agregó que la acción de tutela estaba siendo utilizada como
“[…] una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
al pretenderse se estudie nuevamente la decisión del porcentaje que se debe tomar
del ingreso base de liquidación para la pensión de vejez reconocida al actor […]”.
5.4. Porúltimo, precisó que los defectos enunciados por el accionante no se
configuraron porque “[…] la decisión adoptada obedeció al análisis juicioso y
exhaustivo de las disposiciones aplicables al asunto debatido, y de la jurisprudencia
aplicable al caso en conjunto con la comunidad probatoria obrante en el plenario,
las cuales fueron valoradas dentro de la sana crítica en forma integral y no
aisladamente en cada una de sus partes […]”.
5.5. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, a través
de la directora de asuntos constitucionales, sostuvo que la presente acción de tutela
debe ser declarada improcedente, por cuanto se está usando como una tercera
instancia, que busca desplazar al juez contencioso administrativo.
5.6. Agregó que el “[…] despacho accionado procedió conforme a la ley y la
constitución así: (i) aplicó las normas relativas en la materia (ii) aplicó los preceptos
constitucionales sobre el particular (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la
materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los
derechos fundamentales del accionante […]”.
5.7. Señaló, que “tampoco está probado el perjuicio irremediable que justifique la
procedencia de la acción de tutela, pues el accionante a la fecha recibe su mesada
pensional”.
5.8. Por lo anterior, concluyó que “el caso en estudio NO CUMPLE con las causales
de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial y por lo tanto la misma
debe declarase improcedente”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Guillermo Vigoya Toro
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:
b) Si la providencia de 28 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 66001-33-33-005-2020-
00207-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedencia; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedencia
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
VI.4. El caso concreto
16. El señor Guillermo Vigoya Toro solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de
28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro
del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 66001-33-33-005-2020-00207-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
(Negrilla fuera del texto)
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Guillermo Vigoya Toro
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. (Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto)
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.
24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso porque incurrió en un defecto
sustantivo, en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente.
26. Como fundamento del defecto fáctico, indicó que la autoridad judicial accionada
no valoró los medios de prueba aportados al proceso con los cuales se lograba
acreditar 20 años de servicio y 55 años de edad con anterioridad al 30 de octubre
de 1996, para ser beneficiario del régimen de transición “consagrado en el Decreto
1653 de 1977”, y así obtener una tasa de remplazo del 100%.
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
27. Como fundamento del defecto sustantivo, señaló que el Tribunal Administrativo
de Risaralda inaplicó la Ley 100 de 23 de diciembre de 199319 y el Decreto 1653 de
1997.
28. Respecto al desconocimiento del precedente, sostuvo que se desconoció la
sentencia de 27 de junio de 2018 proferida también por el Tribunal accionado, la
cual, en una decisión contraria a la que hoy es objeto de tutela, indicó que
efectivamente para los “[…] funcionarios de la seguridad social (…) que completaron
sus 20 años de servicio sumando los prestados al ISS y a la Ese Rita Arango Alvarez
(sic) de Pino, (…) la pensión debe ser liquidada y reconocida con una tasa de
remplazo del 100% y no del 75% […]”.
29. Por lo dicho anteriormente, la Sala considera que la presente controversia carece
de relevancia constitucional porque: (i) la acción de tutela está siendo utilizada como
una tercera instancia; (ii) el defecto de desconocimiento del precedente no supera
la carga argumentativa mínima y, (iii) el objeto de debate no versa sobre el núcleo
esencial de algún derecho fundamental.
30. En primer lugar, se observa que los argumentos que sustentan la presente acción
de amparo fueron objeto de análisis por la autoridad judicial accionada en sentencia
de 28 de septiembre de 2023. Al respecto se señaló en la decisión cuestionada:
“[…] 2. OBJETO DE LA DECISIÓN
Deberá analizar el Tribunal en la presente instancia, circunscrito a los
fundamentos de los recursos de apelación, si la parte actora es beneficiaria del
Decreto 1653 de 1977, y en consecuencia se debe reajustar la pensión de vejez
reconocida, en cuantía del 100% de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio, tal y como lo estimó la a quo; o si por el contrario, debe darse aplicación
a lo establecido en la Ley 33 de 1985, esto es, en un porcentaje del 75%.
Así mismo, en caso de salir avante las pretensiones de la demanda, deberá
analizarse si es procedente el reconocimiento de intereses moratorios y costas
a favor del demandante.
3. ACERVO PROBATORIO
Se encuentra probado en el plenario que en favor del señor Guillermo Vigoya
Toro mediante Resolución GNR 252826 del 9 de octubre de 2013, la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES reconoció una
pensión de vejez, en aplicación de la Ley 33 de 1985, el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del mismo año, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado o cotizado durante los últimos 10 años (Archivo 8 Exp.
administrativo Dto. GEN-ANE-CM-2013-7083449-1381523678222.PDF).
Mediante Resolución GNR 261672 del 17 de julio de 2014 (Archivo 8 Dto. GRF-
AAT-RP-2013-7796539-20140718011910.PDF) COLPENSIONES modificó la
decisión anterior, reliquidando la pensión del actor con un porcentaje del 75%
aplicando la Ley 33 de 1985, la cual fue confirmada a través de la Resolución
19
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
No. VPB 49689 del 19 de junio de 2015, que resolvió el recurso de apelación
interpuesto en contra de la Resolución GNR 252826 del 9 de octubre de 2013
(Archivo 8 Exp. administrativo Dto. GRF-AAT-RP2015-
553294020150622094921.PDF).
Mediante Resolución No. SUB214314 del 13 de agosto de 2018 la entidad
demandada dio cumplimiento al fallo judicial de este Tribunal, que mediante
sentencia del 22 de mayo de 2018 declaró la nulidad parcial de la Resolución
GNR 252826 del 9 de octubre de 2013 y la nulidad de las Resoluciones GNR
261672 del 17 de julio de 2014 y VPB 49689 del 19 de junio de 2015, y ordenó
el pago del retroactivo de las mesadas en el periodo comprendido entre el 27
de marzo de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013, por lo que en su parte
resolutiva, se reconoció y ordenó el pago de un retroactivo más indexación de
la pensión de vejez a favor del actor (Archivo 8 Exp. administrativo Dto. GRF-
AAT-RP-2018_10513833-20180827093231.PDF).
A través de la Resolución SUB 342547 del 14 de diciembre de 2019
COLPENSIONES negó al demandante la solicitud de reliquidación pensional
(Archivo 8 Exp. administrativo Dto. GRF-AAT-RP-2019_11079861-
20191214123359.PDF), la cual fue confirmada mediante Resolución DPE 3362
del 27 de febrero de 2020 (Archivo 8 Exp. administrativo Dto. GRF-AAT-RP-
20126800392941-1382644840377.pdf).
4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO
Se ocupará la Sala de Decisión de lo que es objeto de controversia, en torno a
la liquidación de la pensión de vejez reconocida en favor del señor Guillermo
Vigoya Toro, referente al porcentaje que se debe tomar del ingreso base de
liquidación.
Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el Sistema
de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones», consagra el
régimen de transición en favor de las personas que al momento de entrar en
vigencia el sistema tuvieren 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más
si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, para quienes dispuso
que les sería aplicable el régimen anterior al cual se encontraran afiliados y que
el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de dichas personas que les
faltare 10 o menos años para adquirir el derecho, sería el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior.
Conforme a la referida norma, el empleado que reúna los presupuestos
establecidos para estar amparado por el régimen de transición tiene derecho a
que su pensión se reconozca de acuerdo con el régimen anterior.
Para ser beneficiario del régimen de transición es necesario que se presente
alguna de las siguientes situaciones:
1. Haber cumplido 35 años de edad o más, si es mujer, o 40 o más, si es
hombre, en el momento en que entró en vigencia la ley.
2. Tener al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 15 o más
años de servicio cotizados.
En este punto, es preciso indicar que el señor Guillermo Vigoya Toro es
beneficiario del régimen de transición, por cuanto al 1° de abril de 1994
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
contaba con más de 15 años de servicios20, lo que no es materia de discusión
en el presente caso.
Se resalta igualmente que el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso como fecha
máxima para aplicar el régimen de transición el 31 de julio de 2010, a excepción
de los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del mismo (25 de julio de 2005), y como quiera que en el presente
caso, el actor contaba con el tiempo requerido para esa fecha, se mantiene el
beneficio.
Así entonces, en virtud del régimen de transición es posible obtener la pensión
de vejez teniendo en cuenta los requisitos establecidos tanto en el régimen
general contemplado para los servidores públicos en la Ley 33 de 1985, como
el estatuido para los regímenes especiales que estaban vigentes antes de la
Ley 100 de 1993, entre los cuales se encuentra el Decreto 1653 de 1977,
aplicable a los funcionarios de la seguridad social que prestaran sus
servicios al Instituto de Seguros Sociales.
El artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, prevé que los funcionarios de la
seguridad social tienen derecho a que se les reconozca la pensión de jubilación
siempre y cuando hubieren prestado sus servicios durante 20 años continuos o
discontinuos al Instituto de Seguro Social y los hombres cuenten con 55 años
de edad y las mujeres con 50 años, en un monto equivalente al 100% del
promedio de lo devengado en el último año de servicios.
Ahora, teniendo en consideración el criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, en lo concerniente a la aplicación de la
norma pertinente en los regímenes sujetos a la transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, esta colegiatura judicial comprende que el Ingreso Base de
Liquidación en este caso se calcula con fundamento en lo previsto en esta ley
y no conforme la norma en tránsito legislativo.
Al respecto, encuentra esta Sala que en la actuación administrativa mediante la
cual fue reconocida y reliquidada la pensión de vejez en favor del mencionado
señor, se calculó el Ingreso Base de Liquidación con el promedio de los salarios
o rentas cotizadas durante los últimos 10 años, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21 y en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
liquidación que resulta acorde con el criterio jurisprudencial adoptado con base
en las Sentencias de Unificación SU-395 de 2017 y de agosto 28 de 2018, por
lo que dicha situación no es objeto de debate judicial en el presente proceso.
Como se dijo ab initio de estas consideraciones, la parte demandante solicita la
reliquidación de la pensión por el 100% del Ingreso Base de Liquidación con
base en el Decreto 1653 de 1977, por lo que resulta necesario como primera
medida establecer si ostentaba la calidad de funcionario de la seguridad social,
para lo cual se realizará el siguiente análisis:
(…)
4.2. Caso concreto
20
Así se evidencia del reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en las páginas 94 y s.s. del Archivo 1 del expediente
digital y la entidad accionada así lo reconoce en las Resoluciones GNR252826 del 09 de octubre de 2013 (doc. 001 fl. 33) y
GNR261672 de julio 17 de 2014 (doc. 001 fl. 44).
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
En el presente caso, como quedó evidenciado, el señor Guillermo Vigoya Toro
es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 al cumplir con los requisitos allí dispuestos para tal efecto, y se
encuentra acreditado con el certificado expedido por el Coordinador del Grupo
de Administración de Entidades Liquidadas de la Dirección Jurídica del
Ministerio de Salud y Protección Social (Pág. 93 Archivo 1), que ocupó el cargo
de auxiliar de servicios administrativos desde el 16 de febrero de 1988 al 26 de
junio de 2003 en el Instituto de Seguros Sociales Liquidado, que en
cumplimiento al Decreto 1750 de 2003 fue escindido a la E.S.E. Rita Arango
Álvarez del Pino. Así se observa en la siguiente captura de pantalla:
(…)
Así mismo, de las Resoluciones demandadas, los reportes de semanas
cotizadas en pensiones (Archivo 8 Exp. Digital) y el Certificado emanado del
Coordinador de Talento Humano delegado por el agente liquidador de la E.S.E.
Rita Arango Álvarez del Pino, Fiduagraria S.A., se logra acreditar que continuó
al servicio de la extinta ESE Rita Arango Álvarez del Pino hasta el 2 de octubre
de 2009 (Pág. 104 Archivo 1 Exp.Digital). Dicho certificado indica:
(…)
Lo anterior significa que el actor laboró por un lapso de 15 años, 4 meses y 10
días en el Instituto de Seguros Sociales Liquidado y por 6 años, 6 meses y 7
días en la extinta ESE Rita Arango Álvarez del Pino.
Sin embargo, de conformidad con analizado respecto de la sentencia C-579 de
1996, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo
235 de la Ley 100 de 1993, se condicionó la aplicación del Decreto 1653 de
1977 a los trabajadores que antes de la ejecutoria de su decisión (20 de
noviembre de 1996) acreditaran 55 años de edad en el caso de los hombres, y
20 años de servicios continuos o discontinuos, ya que posterior a esa calenda
la calidad de ellos pasaría a ser de trabajadores oficiales, y es claro que el
demandante durante el periodo que laboró en el Instituto de Seguros Sociales,
sólo ostentó la calidad de funcionario de la seguridad social desde el 16 de
febrero de 1988 al 20 de noviembre de 1996, esto es durante 8 años, 9
meses y 10 días.
En otras palabras, ante la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional,
el Decreto 1653 de 1977 solo puede aplicarse a quienes satisficieron los
presupuestos señalados en el artículo 19 ibidem, esto es, que tuvieran [sic]
causada la pensión bajo esta normativa por tratarse de derechos adquiridos a
la fecha de ejecutoria de la sentencia (20 de noviembre de 1996).
Como quiera que el demandante no cumple con los requisitos señalados en la
norma cuya aplicación pretende, pues no completó el tiempo de 20 años de
servicios como funcionario de la seguridad social cuando, en virtud de la
transformación del Instituto de Seguros Sociales en una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, y a que los servidores adscritos a dicha entidad
adquirieron la calidad de trabajadores oficiales, perdiendo la calidad de
funcionario de la seguridad social, toda vez que el cargo de Auxiliar de Servicios
Administrativos desempeñado, no se encuentra enlistado dentro de los empleos
públicos relacionados en el Decreto 416 de 1997 que conservaron los beneficios
del régimen prestacional que venían disfrutando los funcionarios de la seguridad
social de conformidad, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en
su lugar negará las súplicas de la demanda […]”. (Negrilla original del texto,
cursiva original del texto y subrayado original del texto)
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
31. En criterio de esta Sala de Decisión, la parte accionante, a través de este
mecanismo de amparo, busca reabrir el debate jurídico, como si se tratase de una
tercera instancia, el cual fue zanjado por el juez de lo contencioso administrativo.
32. En efecto, el accionante pretende que el juez constitucional valide su tesis
jurídica consistente en que “[…] la tasa de reemplazo debe ser reconocida en el
100% de lo devengado en el último año de servicio y no en el 75% como se
hizo, si se tiene en cuenta que complet[ó] 20 años de servicios trabajados […]” para
el Instituto de Seguros Sociales – ISS y para la Empresa Social del Estado Rita
Arango Álvarez del Pino. Esto, de conformidad con el régimen de transición
aplicable previsto en el Decreto 1653 de 197721.
33. Igualmente, se destaca que el defecto por desconocimiento del precedente
planteado en el sub judice no superó la carga argumentativa mínima, toda vez que,
la parte accionante indicó una sentencia del mismo Tribunal accionado
presuntamente transgredida sin precisar las situaciones fácticas coligadas entre
este caso y el antecedente presuntamente desconocido.
34. Cabe destacar que esta Sección en la sentencia de 19 de abril de 2021 22, precisó
que en aquellos eventos en los que se alega el desconocimiento del precedente no
basta con citar o referenciar las sentencias que se alegan desconocidas, sino que
es necesario que la parte actora identifique con claridad: i) las reglas y sub reglas
jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas;
ii) las situaciones fácticas coligadas, y iii) que los problemas jurídicos planteados
en ambos casos eran análogos o similares; argumentación que en el sub examine
no se satisface.
35. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
sentencia SU-215 de 2022, esta Sección considera que el desarrollo argumentativo
de la presente acción constitucional no devela que la presente discusión gire en
torno al alcance, aplicación y desarrollo de algún derecho fundamental.
36. Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la discusión que
se expone a través del escrito de tutela no tiene relevancia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron debatidos en
su sede natural y no se aprecia que la decisión dictada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial.
37. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
21
“Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social que prestan
sus servicios al Instituto de Seguros Sociales”.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00248-00
Accionante: Guillermo Vigoya Toro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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