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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00249-01

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00249-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificase la sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la presente acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para en su lugar declarar su improcedencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00249-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

16 de mayo de 2024

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00249-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00249-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – se modifica fallo que
negó la acción de tutela para en su lugar declarar la
improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) a través de la
subdirectora de Defensa Judicial Pensional (e), interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 5° Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
en conexidad con los principios de sostenibilidad financiera del sistema
pensional.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00249-01

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
ocasión de las sentencias del 31 de agosto de 2023 y 30 de septiembre de
2021 respectivamente dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la señora María del Rosario
Pacheco Timón contra la UGPP.

1.2. Pretensiones

La parte demandante pretende:

«Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean
AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
con las sentencias del 30 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de 2023.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a. DEJAR sin efectos las decisiones dictadas por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA dentro de la acción contenciosa No.
Rad. 73001-33-33-005-2019-00257-00 promovida por la señora MARÍA
DEL ROSARIO PACHECO TIMÓN en razón a que impone a cargo de la
UGPP la obligación de reconocer y pagar a favor de la causante una
pensión de jubilación por aportes pasando por alto que ello no es de
nuestro resorte.

b. Se ORDENE el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA a dictar
nueva sentencia ajustada a derecho determinando que el reconocimiento
pensional por aportes conforme a la Ley 71 de 1988 queda a cargo de
COLPENSIONES en razón a la falta de competencia de la UGPP para
asumir la prestación ordenada.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no
estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera
transitoria los fallos del del 30 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de
2023, proferidos en el proceso contencioso administrativo No. 73001-33-
33-005-2019-00257-00, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario
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de revisión1».

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

Del expediente, se advierten los siguientes hechos que son considerados
como relevantes:

La señora María del Rosario Pacheco Timón laboró al servicio del Hospital
San Carlos E.S.E de Saldaña y efectuó aportes a pensión a la extinta
Cajanal, al entonces Instituto de Seguro Social hoy Colpensiones y a
Colfondos.

Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó a la UGPP y a Colpensiones con el
fin de que se declarara la nulidad de los actos fictos negativos producto de
las peticiones presentadas ante dichas entidades. En consecuencia, pidió se
reconociera y pagara la pensión por aportes por cada una de las entidades.

En primera instancia correspondió conocer al Juzgado Quinto Administrativo
de Ibagué, que en sentencia del 30 de septiembre de 2021 accedió a las
pretensiones de la demanda.

Consideró que, de acuerdo con los elementos de prueba aportados al
proceso, se encontraba en el régimen de transición y, por tanto, tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión por aportes contemplada en
la Ley 71 de 1988.

En cuanto a los tiempos de cotización, sostuvo que en Cajanal/UGPP había
aportado un total de 19,17 años y en el I.S.S./Colpensiones había aportado 5
años, 10 meses y 21 días, de manera que, de acuerdo con las normas
aplicables, al no haber alcanzado a completar 6 años de cotización con el
entonces I.S.S., hoy Colpensiones, la entidad que asumía el reconocimiento
y pago de la prestación era aquel con el cual había tenido mayor tiempo de
aportes, esto es con el extinto Cajanal hoy UGPP, quien debía asumir la
pensión.

Aclaró que, si bien la última entidad a la que aportó había sido a Colfondos,
la demandante había solicitado su retorno al régimen de prima media con
prestación definida y que no había perdido el régimen de transición dada la

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Transcripción del original con posibles errores

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densidad de semanas cotizadas, dejando establecida, además, la obligación
de la UGPP en el cobro diligente de las respectivas sumas tanto a
Colpensiones como a Colfondos.

La decisión fue apelada por parte de la UGPP y conoció en segunda
instancia el Tribunal Administrativo del Tolima que, en sentencia del 31 de
agosto de 2023 confirmó la decisión del juzgado.

Encontró que tal como lo anunciaba la decisión de primera instancia, la
accionante estaba dentro del régimen de transición y en ese orden podía
hacer el traslado en cualquier tiempo a diferentes fondos pensionales y que,
por esa misma condición de estar en transición, era beneficiaria de la
pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988.

En cuanto a la entidad encargada del pago de la prestación reconocida,
anunció que sería la última a la que se hubieren hecho los respectivos
aportes siempre y cuando el tiempo cotizado en esa entidad hubiere sido
mínimo de 6 años y que, en el caso de la actora había sido ante la UGPP
por un lapso de más de 19 años, por lo que era esa la entidad encargada del
reconocimiento y pago respectivo.

1.4. Sustento de la petición

La entidad tutelante señaló que las sentencias del 30 de septiembre de 2021
y 31 de agosto de 2023 proferidas por las autoridades accionadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora
María del Rosario Pacheco Timón incurrió en los defectos fácticos y
sustantivos por las siguientes razones:

«Defecto Fáctico Para el caso objeto de estudio en la presente acción de
tutela, este defecto se concreta en la dimensión negativa (ii) por valoración
defectuosa del material probatorio, por cuanto los despachos judiciales
accionados al momento de realizar el estudio de los tiempos de servicio
prestados y cotizaciones de la causante MARIA DEL ROSARIO
PACHECO, incurrieron en varias deficiencias, las cuales se pasan a
exponer así:

• Como se observa del material obrante el proceso contencioso quedaron
acreditados los siguientes tempos de servicio y/o semanas de cotización

Sin embargo, en lo que se refiere a los tiempos cotizados a Colfondos, los
mismos fueron devueltos a COLPENSIONES para que la señora María del
Rosario Pacheco Timón no perdiera el régimen de prima media con
prestación definida, lo anterior se puede corroborar en la historia laboral
emitida por Colpensiones que se aporta a esta acción constitucional y de la
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cual me permito relacionar la siguiente impresión de pantalla:

(…)

Así las cosas, los tiempos que en principio fueron cotizados a Colfondos al
haber sido devueltos a Colpensiones, no debieron ser valorados por los
despachos judiciales accionados como cotizaciones a Colfondos ya que
los mismos están cargados a Colpensiones de cara a la Historia Laboral
que esa misma entidad allegó al proceso judicial, en consecuencia el total
de tiempos que obran en Colpensiones corresponden a la suma de 6 años
11 meses y 18 días y no a 5 años, 10 meses y 21 días como lo
encontraron probado los Despachos judiciales a la hora de determinar la
competencia de la entidad de previsión social que reconocería la
prestación de la señora María del Rosario Pacheco, y que conllevó a que
erradamente se impusiera en cabeza de la UGPP una obligación pensional
que no debe asumir de acuerdo a las reglas contempladas en la Ley 71 de
1988 en concordancia con el decreto 2709 de 1994 artículo 10, lo que
implica que el defecto fáctico en este caso esté configurado, pues si se
hubiere valorado en debida forma dicho material probatorio las decisiones
hoy cuestionadas hubieran sido diferentes, eso es, poniendo en cabeza de
COLPENSIONES la obligación de reconocer y pagar la pensión a favor de
la señora MARÍA DEL ROSARIO PACHECO TIMÓN.

Defecto sustantivo. Conforme a los presupuestos jurisprudenciales
descritos y de cara a la realidad procesal es claro que el JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, con sus decisiones del 30 de
septiembre de 2021 y 31 de agosto de 2023, aplicaron erróneamente las
normas que regulan el tema de la pensión de jubilación por aportes en lo
que se refiere a la competencia para su reconocimiento, para el desarrollo
de este defecto es necesario revisar las siguientes temáticas:

(…)

Es pertinente señalar que la Unidad no controvierte que la causante sea
beneficiaria del régimen de transición por cuanto para la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 la señora MARIA DEL ROSARIO contaba
con más de 15 años de servicio ya que ingresó a laborar el 28 de abril de
1977 hasta el 28 de abril de 2003 y tenía más de 35 años de edad pues
nació el 07 de octubre de 1957. Así las cosas, teniendo en cuenta que la
causante María del Rosario Pacheco Timón realizó aportes a Colfondos
por 1 año y 27 días, es claro que tenía derecho como en efecto lo hizo, a
devolverse al Régimen de Prima Media con prestación definida conforme a
los presupuestos contenidos en la sentencia SU-062 de 2010 y
posteriormente en la sentencia SU-130 de 2013, que dispusieron que
únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados
a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General
de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de
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ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservando los beneficios del régimen de transición».

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 26 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al
Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, y como
terceros con interés la señora María del Rosario Pacheco Timón y a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Así mismo requirió al Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Ibagué para que remitiera en medio digital, copia del 73001-33-33-005-2019-
00257-00/01.

De otra parte, negó la medida provisional solicitada, dado que no cumple con
los propósitos constitucionales establecidos para las medidas provisionales.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima.

El magistrado ponente mediante oficio del 29 de enero de 2024, rindió
informe manifestando que los argumentos de la providencia, resultan
suficientes para soportar la defensa en la acción de tutela por cuanto la
misma deviene en improcedente y que lo que pretende la parte actora es
lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso el cual fue
ampliamente debatido en la instancia judicial ordinaria.

1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Mediante comunicación remitida el 30 de enero de 2024, la directora de la
Dirección de Acciones Constitucionales de la entidad, rindió informe en la
cual expresó que los despachos accionados procedieron conforme a la ley y
la constitución y que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
conseguir la satisfacción del derecho reclamado por el actor, teniendo en
cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el
litigio objeto de debate.

1.6.3. El Juzgado 5° Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y la
señora María del Rosario Pacheco Timón pese a ser notificados en debida
forma, no se pronunciaron.

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1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 4 de abril de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, negó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que el
Tribunal Administrativo del Tolima, sí tuvo en cuenta las pruebas
relacionadas con el tiempo de servicios y los aportes a cada una de las cajas
y administradoras de pensiones que hizo la señora Pacheco Timón.

Por tanto, los elementos que tuvo el tribunal y las conclusiones a las que
llegó en relación con la entidad encargada del reconocimiento de la
prestación de la accionante en el proceso ordinario, fueron expuestas de
manera suficiente y dejaron establecido que, en atención al tiempo de
servicios cotizado en cada una de las administradoras, atendiendo a la
previsión del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, era la UGPP la
encargada del reconocimiento pensional respectivo.

1.7. Impugnación

La parte accionante, mediante escrito radicado el 15 de abril de 2024,
impugnó el fallo de 4 de abril de 2024, en el que pretende es dejar sin
efectos la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de
esta Corporación.

Manifestó que la vía de hecho se derivó en que las autoridades accionadas
erradamente le imponen a la UGPP el reconocimiento de la pensión de vejez
por aportes contenidos en la Ley 71 de 1988 a favor de la señora María del
Rosario Pacheco Timón pasando por alto su falta de competencia para ello.

Señaló que la entidad competente para cualquier tema prestacional era
Colpensiones y no la UGPP haciendo errada la posición de los despachos
accionados.

Indicó que, las autoridades accionadas erraron al ordenar el reconocimiento
de la prestación en cabeza de la UGPP desconociendo no solo la normativa
que regía tal competencia, contenidas en la Ley 71 de 1988 y su decreto
reglamentario 2709 de 1994 artículo 10°, sino las reglas determinadas por el
Consejo De Estado para dirimir este tipo de conflictos de competencias.

Reiteró lo manifestado en el escrito de tutela respecto al abuso del derecho
al considerar que efectuó una incorrecta contabilización de los tiempos
aportados en favor de la señora Pacheco Timón.

Expresó que se presentó defecto fáctico por defectuosa valoración del
material probatorio ya que en lo que se refiere a los tiempos cotizados a
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Colfondos, los mismos fueron devueltos a Colpensiones para que la señora
María del Rosario Pacheco Timón no perdiera el régimen de prima media
con prestación definida.

Adujo también que se incurrió en defecto material o sustantivo al aplicar
erróneamente las normas que regulan el tema de la pensión de jubilación
por aportes en lo que se refiere a la competencia para su reconocimiento.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora en contra la providencia del 4 de abril de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto
1983 de 2017 y, del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar
el fallo de primera instancia proferido el 4 de abril de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, para lo cual se deberán resolver los
siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser afirmativa la respuesta, la sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 5° Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con ocasión de las providencias del 31 de agosto
de 2023 y 30 de septiembre de 2021 respectivamente?

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad
adjetiva y iii) estudio del caso concreto.

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3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme
al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción contra providencia
judicial no puede ser ajena a esas características.

2 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera
Ponente: María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
4 Ibidem.

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud
cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos que se
dicen vulnerados.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

En cuanto a los requisitos se puede establecer que la acción de la referencia
no se dirige contra una sentencia de tutela, puesto que las providencias que
censura la parte actora fueron proferidas en sede del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-
33-33-005-2019-00257-00/01.

Frente al requisito de la subsidiariedad, la Corte Constitucional y esta
Corporación han señalado el carácter subsidiario de la acción de tutela y su

5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

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procedencia como mecanismo residual, de tal modo que para que esta
acción sea procedente se requiere el agotamiento de los medios judiciales
ordinarios y extraordinarios para la protección de los derechos
presuntamente vulnerados.

En relación con este aspecto, se retoman los argumentos mencionados en la
sentencia SU 427 de 2016, que frente a la improcedencia de la acción de
tutela para cuestionar sentencias que reconocieron pensiones fundadas en
abuso del derecho, sostuvo:

«7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437
de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de
providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del
derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para
casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia,
establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este
Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la
ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente
para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de
cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal6, por lo que la Sala estima
pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe
iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las
funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio
de 2013.

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por
la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no
reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además
de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero7.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para
acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e
interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde
antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la

6
Reconocido por la Corte en las sentencias T-068 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) y T-1234 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en las que advirtió un problema
estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa.
7 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis

Guillermo Guerrero Pérez).

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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00249-01

defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. 7.25. Así las
cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es el recurso
de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio,
las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones
judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del
derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.»

A su vez, en dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional también
estableció que a pesar de que la UGPP podía acudir al recurso
extraordinario de revisión previsto en la citada norma, cuando se evidenciara
palmariamente la ocurrencia de un abuso del derecho, procedía la tutela
como mecanismo preferente, situación que en el caso sub examine no se
advierte.

La sala no desconoce que, en casos excepcionales a pesar de la existencia
del recurso extraordinario de revisión, la acción de tutela resultaría
procedente si se evidencia de manera palmaria que a través de las
providencias judiciales atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el
reconocimiento y/o liquidación de la pensión8, lo cual no se evidencia en esta
oportunidad.

Lo anterior, se alude teniendo en cuenta la tesis de la Corte Constitucional,
en las sentencias SU-631 de 20179 y SU-114 del 8 de noviembre de 201810
en las que se realizó la siguiente precisión conceptual:

«En las Sentencias SU-631 de 2017 y SU-427 de 2016, se restringió la
procedencia formal de la acción de tutela a la caducidad del recurso de
revisión y a la configuración del abuso palmario del derecho. También se
indicó que ese requisito formal en materia pensional se evidenciaba con dos
condiciones, a saber: (i) la ventaja irrazonable, fundada en una vinculación

8 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-

03-15-000-2016-03170-01, M.P. Rocío Araújo Oñate
9 En la Sentencia SU-631 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional, indicó que “El

carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de tutela al
momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela. No solo debe advertir (i)
que el ejercicio del derecho pensional pudo haber desbordado los límites que le impone el
principio de solidaridad del sistema de seguridad social –caso en el cual no debe perder de
vista que la acción de tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso
de revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone en un
riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión de una
anomalía en la interpretación judicial, en relación con la cual CAJANAL no pudo ejercer su
derecho de defensa y la UGPP se encuentra obligada a hacer erogaciones cuantiosas que,
por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de
manera actual”.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU 114 del 8 de noviembre de dos mil dieciocho (2018),

M.P. Alberto Rojas Ríos

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precaria del beneficiario de la pensión; y (ii) el incremento excesivo de la
mesada pensional derivada de la sentencia atacada».

De tal modo, se concluye que el recurso extraordinario de revisión constituye
el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir las sentencias de las
autoridades judiciales accionadas y procurar la protección de los derechos
fundamentales de la UGPP, alegados como desconocidos en la solicitud.

Por lo tanto, para la sala es claro que en el presente caso no se cumple con
el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, por cuanto la UGPP
puede hacer uso de un mecanismo de defensa judicial diferente a la solicitud
de amparo constitucional, como lo es el recurso extraordinario de revisión
previsto en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la
Ley 797 de 2003

En conclusión, la sala modificará la sentencia impugnada que negó la acción
de amparo para en su lugar declarar su improcedencia, por no tenerse
cumplido el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Modificase la sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la presente acción de
tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para en su lugar
declarar su improcedencia.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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