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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00253-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00253-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Susana Gallego Becerra por no encontrarse acreditado el requisito de la inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00253-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de febrero de 2024

Demandante: Susana Gallego Becerra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00253-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00253-00
Demandante: SUSANA GALLEGO BECERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO
5º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – no
cumple con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Susana
Gallego Becerra contra el Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 18 de enero de 20241, la señora Susana Gallego Becerra, actuando
mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La peticionaria consideró vulnerada sus garantías superiores con ocasión de
las providencias judiciales del 5 de diciembre de 2022 dictada por el Juzgado 5º
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y del 21 de junio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. En dichas
decisiones, se rechazó la demanda de reparación directa instaurada por la actora

1
El asunto inicialmente lo conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia; sin embargo, esta
autoridad judicial en auto del 19 de enero de 2024 dispuso la remisión de la acción de tutela, dado
que carecía de competencia para conocer sobre aquella.

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Demandante: Susana Gallego Becerra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00253-00

en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, porque
se consideró que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control2.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:

PRIMERO. Que se tutelen los derechos fundamentales de la señora SUSANA
GALLEGO BECERRA (…) al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
SEGUNDO. Que se revoque el auto que rechaza la demanda formulada por
SUSANA GALLEGO BECERRA en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, la proferida por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, del día 6 de
diciembre de 2022 al interior del proceso de reparación directa y confirmado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN en el proceso con número de
radicado 05001333300520220047200.
TERCERO: Que se ordene al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, que en el término de un (1) mes, contados a partir de
la notificación de la sentencia emita auto que admite la demanda por reparación
directa conforme la debida valoración probatoria, indilgada en el sustento fáctico
propuesto.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 23 de septiembre de 2022, la señora Susana Gallego Becerra presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. La interposición del medio de
control tenía como fin que se declararan administrativa y patrimonialmente
responsable a la demandada por los perjuicios ocasionados como consecuencia de
las irregularidades que se presentaron durante un procedimiento policivo de registro
llevado a cabo el día 12 de mayo de 20203.

5. En primera instancia, el proceso lo conoció el Juzgado 5º Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, que en auto del 5 de diciembre de 2022, resolvió
rechazar la demanda presentada por la accionante, al haber operado el fenómeno
de la caducidad del medio de control de reparación directa. En sentir de este
operador judicial, la demandante tenía hasta el 1º de julio de 2022 para presentar la
demanda; sin embargo, aquella solo lo hizo hasta el 23 de septiembre de ese año,
fecha en la que ya había operado el fenómeno de la caducidad.

6. Adicional a ello, el operador judicial de primera instancia consideró que no
era procedente tener en cuenta para efectos de contabilizar el aludido tiempo la
suspensión de términos dispuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia en los Acuerdos Nos. CSJANTA20-80 del 12 de julio de 2020 y

2
Rad. 05001-33-33-005-2022-00472-00/01.
3
La señora Susana Gallego Becerra indicó en la demanda, que el patrullero a cargo del
procedimiento policivo, realizó su registro personal, de manera irrespetuosa, valiéndose de la fuerza.
Por esto, la accionante fue diagnosticada con fractura de la epífisis inferior del húmero.

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CSJANTA20-87 del 30 de julio de 2020 por el cierre de los despachos en los que
funcionan los Juzgados Administrativos de Medellín4. Esto, porque en criterio del
juez de primera instancia, dichos cierres no adicionan el término de caducidad del
medio de control.

7. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación5, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto
del 21 de junio de 2023 en el que confirmó la decisión de primer grado.

8. En concreto, la autoridad judicial accionada indicó que el término de 2 años
de caducidad del aludido medio de control empezó a transcurrir desde el 1º de julio
de 2020 (fecha en la que el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión
de términos prevista en el Decreto Legislativo 564 de 2020 en razón de la pandemia
por covid-19). Por ello, inicialmente la demandante tenía hasta el 1º de julio de 2022
para presentar la demanda de reparación directa.

9. Sin embargo, el tribunal administrativo accionado dispuso que, para efectos
de contabilizar el término de caducidad, se debía tener en cuenta el periodo de 22
días6 en el que los Juzgados Administrativos de Medellín se encontraban cerrados
por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia en Acuerdos
antes mencionados.

10. Así, para el operador judicial accionado, sumado el término de suspensiones
locales al 1º de julio de 2022, la parte demandante tenía hasta el 23 de julio de 2022
para radicar la demanda de reparación directa; pero, aquella solo lo hizo hasta el 23
de septiembre de 2022, cuando el medio de control ya había caducado.

11. Esta decisión fue notificada el 22 de junio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. A partir de una lectura integral de la acción de tutela, la sala nota que la
señora Susana Gallego Becerra considera que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, al contabilizar de manera errónea el término de
caducidad del medio de control de reparación directa, al no tener en cuenta que de
acuerdo con el Decreto 564 de 2020, los términos judiciales se encontraban
suspendidos por el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020.

4
La suspensión de términos se dio durante los periodos comprendidos entre el 13 de julio al 26 de
julio de 2020, el 31 de julio al 3 de agosto y 7 de agosto al 10 de agosto de 2020.
5
Sostuvo que el juzgado de conocimiento hizo un errado cómputo del término de caducidad, puesto
que, en virtud de la suspensión de términos consagrada en el Decreto 564 de 2020, esta se debe
trasladar al periodo para demandar, lo cual arrojaría como fecha para accionar oportunamente el 10
de octubre de 2022, por lo que, al radicarse la demanda el 23 de septiembre de 2022, hubo un
ejercicio del medio de control dentro de los términos de ley.
6
Comprendidos entre el 13 y 26 de junio de 2020, 31 de julio y 3 de agosto de 2020 y 7 y 10 de
agosto de 2020.

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13. Para la accionante, teniendo en cuenta la suspensión del término de
caducidad dispuesta en el Decreto en mención, aquella contaba hasta el 10 de
octubre de 2022 para presentar la demanda de reparación directa; sin embargo, la
radicó el 23 de septiembre de ese año, esto es, dentro del plazo perentorio para
ejercer el medio de control aludido.

14. Adicional a ello, la tutelante reprochó el hecho de que el Juzgado 5º
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín no haya tenido en cuenta para
efectos de contabilizar el término de 2 años de caducidad del medio de control de
reparación directa, la suspensión de términos dispuesta por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia, por el cierre de algunos despachos judiciales, entre
ellos los Juzgados Administrativos.

15. Así, al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela, la sala
evidencia que la tutelante circunscribe el debate a un defecto sustantivo por
indebida interpretación del Decreto 564 de 2020 y por desconocimiento de los
Acuerdos CSJANTA20-80 del 12 de julio de 2020 y CSJANTA20-87 del 30 de julio
de 2020.

1.5. Trámite de la acción de tutela

16. En auto del 23 de enero de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
y al Tribunal Administrativo de Antioquia.

17. Además de lo anterior, dispuso la vinculación como terceros con interés de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

1.6. Intervenciones e informes

18. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

19. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Esto, porque en la providencia
reprochada se realizó el estudio correspondiente al término de caducidad. Así, en
su sentir, el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del operador
judicial que conoció el asunto en sede ordinaria, salvo que resulte palmaria la
vulneración de algún derecho fundamental, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

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1.6.2. Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

20. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto respetó los derechos
fundamentales invocados por la accionante dentro del trámite ordinario. Además,
indicó que al juez de tutela le está vedado cuestionar las decisiones adoptadas por
los operadores judiciales dentro del ámbito de sus competencias.

1.6.3. Policía Nacional

21. La entidad vinculada rindió informe en el que indicó que la presente acción
de tutela es improcedente por cuanto no se encuentra superado el requisito general
de inmediatez. En este punto, mencionó que la solicitud de amparo se radicó por
fuera del término razonable para ello. Así, señaló que la providencia reprochada fue
notificada el 22 de junio de 2023, mientras que el escrito inicial de amparo se radicó
el 19 de enero de 2024, es decir, luego de transcurrido un periodo de 6 meses y 28
días.

22. Adicional a ello, la Policía Nacional señaló que lo pretendido por la accionante
es revivir la discusión en torno a la caducidad del aludido medio de control, asunto
que ya fue decidido por los jueces naturales del asunto.

23. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, pese a que fue notificada,
guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Susana Gallego Becerra contra el Juzgado 5º Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que la señora Susana Gallego Becerra está legitimada en
la causa por activa. Esto, porque le asiste un interés directo y personal en las
resultas del proceso, pues figura como demandante dentro del proceso de

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reparación directa en el que se profirieron las providencias reprochadas a través de
este mecanismo constitucional.

27. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Juzgado 5º Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia están
legitimados en la causa por pasiva. Esto, porque son las autoridades judiciales que
profirieron las decisiones de segunda instancia reprochadas en esta oportunidad.

2.3. Previo a hacer alusión a los problemas jurídicos, la sala considera importante
precisar que, si bien la parte actora censuró las providencias de primera y segunda
instancia proferidas al interior del proceso contencioso administrativo, de proceder
el análisis de fondo del asunto, la Sala hará el estudio del caso, únicamente frente
a la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser esta la
que puso fin a la litis.

2.4. Problemas jurídicos

28. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, en especial el de inmediatez.

29. De encontrarse superados, la sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión del
auto proferido el 21 de junio de 2023 en la que confirmó la decisión de primer
grado que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa?
Esto, al haber incurrido en el defecto sustantivo por indebida interpretación
del Decreto Legislativo 564 de 2020 y desconocimiento de los Acuerdos Nos.
CSJANTA20-80 del 12 de julio de 2020 y CSJANTA20-87 del 30 de julio de
2020 del Consejo Superior de la Judicatura.

30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial el de la inmediatez.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

32. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial12.

33. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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34. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

35. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

36. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre el requisito general de inmediatez

37. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable13, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo14.

38. De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación en sentencia
del 5 de agosto de 201415, como «regla general» acogió un plazo de 6 meses
«contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente».

39. Así, esta sección16 ha considerado como plazo prudencial el de 6 meses
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la notificación o ejecutoria de
la providencia judicial cuestionada, según sea el caso– que da lugar a la solicitud
de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara su
improcedencia.

13
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-
000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
15
Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Rad. 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00762-00.

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40. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.

41. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201517, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”18.

42. En el caso concreto, la sala advierte que la parte actora cuestionó el fallo
proferido el 21 de junio de 2023 en el que confirmó la decisión de primer grado que
rechazó la demanda de reparación directa presentada por la tutelante.

43. Según la anotación que obra en SAMAI y las pruebas aportadas al
expediente se evidencia que esta decisión fue notificada mediante estado fijado el
día el 22 de junio de 2023, el cual además le fue informado a la parte accionante
vía mensaje de datos, tal como se verifica en la siguiente captura de pantalla:

17
Corte Constitucional, Sentencia T-256 de 2015.
18
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Susana Gallego Becerra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00253-00

44. Así, la sala entenderá que la notificación del auto reprochado se surtió
debidamente el 23 de junio de 2023, fecha en la que se desfijó el estado. Luego la
decisión quedó ejecutoriada19 el 28 de junio de 202320.

45. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 18 de enero de 2024, es
decir, luego de transcurridos más de 19 días entre la ejecutoria de la sentencia
reprochada y el ejercicio de este mecanismo constitucional, lo cual implica que se
promoviera por fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección
del Consejo de Estado ha considerado.

46. En este punto, es preciso advertir que, si bien el término de inmediatez
feneció durante la vacancia judicial, (19 de diciembre de 2023 – 11 de enero de
2024), esto es, el 28 de diciembre de 2023, lo cierto es que aquella no afectaba la
radicación de la acción de tutela ya que el referido término se empieza a contar
desde que el afectado conoce el hecho generador de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales, y no desde que las autoridades estén ejerciendo su
función constitucional y legal.

47. Además, se reitera que esta sección en diferentes oportunidades ha
considerado que la vacancia judicial no suspende la inmediatez, comoquiera que el

19
Ley 1564 de 2012. Artículo 302. Ejecutoria: Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres
(3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos.
20
Esto, teniendo en cuenta que los días 25,26 y 27 eran sábado, domingo y lunes festivo.

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referido término se empieza a contar es desde que el afectado conoce del hecho
generador de la presunta vulneración de los derechos fundamentales, y no desde
que las autoridades judiciales están ejerciendo su función constitucional y legal21.
Además, en vacancia judicial existen jueces de turno que están habilitados para
conocer de las acciones de tutela. Y finalmente, en gracia de discusión, entre la
finalización de la vacancia y la interposición de esta tutela pasaron algunos días.

48. Por otra parte, la sección nota que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer
si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez para
superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías fundamentales.

49. Planteado así el asunto, para la sala no concurre alguna de las circunstancias
que justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de justicia para acudir
a alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus garantías fundamentales.

50. De conformidad con lo anterior, esta sección declarará improcedente el
amparo constitucional. Esto por cuanto no se encuentra superado el requisito
general de procedibilidad de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Susana Gallego Becerra por no encontrarse acreditado el requisito de la
inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-03120-00.

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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