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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00262-00

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00262-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Darwin Darío Cadrazco Fuentes contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00262-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00262-00

Solicitante: DARWIN DARÍO CADRAZCO FUENTES

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Pretensiones netamente económicas.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Darwin Darío Cardozo Fuentes
contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 22 de enero de 2024, Darwin Darío Cadrazco Fuentes, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que alegó vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A, al proferir la sentencia del 22 de junio de 2023 y el auto de aclaración del 16 de
noviembre de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que promovió contra la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.

En virtud del amparo, solicita dejar sin efectos las providencias reprochadas y que se
ordene a la autoridad judicial a dictar una nueva sentencia en la que se resuelva

1 Identificado con número de radicado: 25000-23-42-000-2018-00254-01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-00262-00
Solicitante: Darwin Darío Cadrazco Fuentes
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

confirmar lo determinado por el juez de la primera instancia, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Hechos relevantes

El señor Darwin Darío Cadrazco Fuentes, ingresó a la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá como bombero código 475 grado 15, desde el
13 de agosto de 2013. Su jornada laboral se estableció mediante el sistema de turnos
de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso remunerado.

El 31 de agosto de 2015 el accionante radicó una reclamación ante la Secretaría
Distrital de Gobierno con el fin de obtener la liquidación, pago y la indexación de horas
extras diurnas y nocturnas en días ordinarios, dominicales y festivos, que excedieron
las 44 horas semanales, así como los descansos compensatorios correspondientes a
los días festivos y dominicales, la reliquidación de recargos nocturnos en días
ordinario y de los domingos y festivo; primas de servicios, vacaciones y navidad,
sueldo de vacaciones y demás factores salariales percibidos con base en la
liquidación total de las horas extras laboradas y recargos nocturnos, así como los
compensatorios cancelados.

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mediante
Resolución No. 731 del 12 de noviembre de 2015 negó la reclamación solicitada. El
solicitante presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, la cual fue
confirmada mediante Resolución No. 397 del 13 de julio de 2017.

El señor Cadrazco Fuentes presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y solicitó condenar a la Entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar,
previa indexación de los valores, lo reclamado ante la entidad, incluyendo la
reliquidación de todos los factores salariales y los intereses moratorios de las sumas
adeudadas.

En sentencia del 23 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección E, accedió parcialmente a las pretensiones de la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-00262-00
Solicitante: Darwin Darío Cadrazco Fuentes
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

demanda. Inconforme con la decisión, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, formuló recurso de apelación.

El 22 de junio de 2023, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A profirió
la sentencia que revocó la anterior decisión y negó las pretensiones de la demanda.
El demandante solicitó la corrección, adición y/o aclaración de la sentencia y pidió que
la autoridad sustentara las razones legales con fundamento en las cuales revocó el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. En auto del
16 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación
negó la solicitud.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues incurrió en:

(i) Defecto fáctico, pues estima que la autoridad incurrió en una indebida
valoración del material probatorio que obra en el expediente ordinario, ya que,
contrario a lo afirmado en la sentencia reprochada, el cuerpo de bomberos no efectuó
el reconocimiento, liquidación y pago de las horas extras diurnas reclamadas como
tampoco la reliquidación de los recargos nocturnos, dominicales y festivos laborados
y pagados, así como las cesantías. Sostiene que la autoridad no tuvo en cuenta el
número de los recargos reliquidados, pues existe una diferencia entre la reliquidación
según la Resolución 731 del 12 de noviembre de 2015, frente a la información
certificada por la demandada respecto de los recargos laborados y pagados.

(ii) Defecto sustantivo, en la medida en que se realizó una interpretación errónea
e irrazonable de las normas y la jurisprudencia aplicable al caso. Adujo que la
autoridad no interpretó de forma correcta el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978,
pues la diferencia que existe entre lo pagado por la entidad demandada y lo que
reclama el demandante es del 26%, por lo que considera que los supuestos de la
citada norma no fueron debidamente aplicados, por ello, se le deben reconocer unas
horas extra que laboró y no fueron tenidas en cuenta en las resoluciones demandadas.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-00262-00
Solicitante: Darwin Darío Cadrazco Fuentes
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Adujo que se desconoció la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como otros fallos de la
Corporación, que en casos similares a los del solicitante, accedieron al
reconocimiento, liquidación y pago de 50 horas extras diurnas al mes, con fundamento
en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, y en las que se señaló que deben
ser liquidadas con base en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica
mensual sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190), al
igual que la reliquidación que los recargos nocturnos, dominicales y festivos laborados
y pagados, y de las cesantías,

4. Trámite procesal

El 29 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en calidad de tercero con interés. También se
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de
su cargo.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A adujo que la providencia reprochada se fundamenta en las razones de hecho y de
derecho aplicables al caso. Por lo que esgrimió que se circunscribe al análisis
realizado en el aparte considerativo de la sentencia. Sostuvo que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, no es posible alegar la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias en las que se realizó una interpretación razonable de las normas.
Esgrimió que lo anterior implicaría una intromisión arbitraria del juez constitucional
afectando la autonomía judicial y los principios constitucionales.

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá solicitó que
se declare improcedente el amparo. Adujo que el solicitante no acreditó haber agotado
el recurso extraordinario de revisión contra la providencia que reprocha. En atención
a esto, sostuvo que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable con la
expedición de la providencia cuestionada.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-00262-00
Solicitante: Darwin Darío Cadrazco Fuentes
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A aportó
copia digital del expediente digital.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal,
que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad
los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la
providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3 Ibidem.

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trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben
expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de
los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La providencia reprochada revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues
la Resolución 731 del 12 de noviembre de 2015 ya había realizado la reliquidación
que pretendía el solicitante con la demanda, al limitar la jornada ordinaria laboral en
190 horas mensuales y no en 240, y a partir de ello, se reliquidaron las horas extras,
los recargos nocturnos y la remuneración del trabajo en dominicales y festivos.

Consideró que, conforme a la certificación de los turnos laborados por el demandante,
se advierte que el accionante trabajó en jornada de 24 horas de labor por 24 horas de
descanso, que incluye horas diurnas y nocturnas, alternando en una semana 4 días
de trabajo y 3 de descanso y en la siguiente, 3 días de labor y 4 de descanso, en
consecuencia, en una semana laboraba 72 horas y en otra 96, esto es, un promedio
de 360 horas laboradas al mes, lo que supera la jornada ordinaria legal de 44 horas
semanales (190 horas mensuales).

En virtud de lo anterior, estimó que, Darwin Darío Cadrazco Fuentes trabajó
aproximadamente 360 horas al mes por el sistema de turnos, y lo permitido son 190
horas mensuales, por ello, laboró 170 horas adicionales, o incluso más, de las cuales
solo se puede pagar en dinero 50 horas al mes, según los límites que estableció el
artículo 36 del Decreto 1042 de 1978. Explicó que conforme a dicha norma, las horas
extras laboradas que excedan el tope de 50 horas al mes, se pagarán con tiempo
compensatorio a razón de un día hábil por cada 8 horas de trabajo. Como el
accionante disfrutaba de 15 días de descanso al mes, el tiempo extra que excedió el
tope legalmente permitido, fue debidamente compensado con el turno de descanso
de 24 horas.

Estimó que en los actos acusados, se reliquidó el valor correspondiente a 50 horas
extras diurnas al mes desde el 15 de diciembre de 2013 según los artículos 36 a 38
del Decreto 1042 de 1978 con base en una jornada ordinaria de 190 horas mensuales.
Asimismo, se reajustaron los recargos nocturnos que se generaron en la jornada

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ordinaria con el 35%, y el trabajo en dominicales y festivos con el 200% si era diurno
y, el 235% en caso que fuera nocturno, desde el 15 de diciembre de 2013, también
con base en una jornada ordinaria de 190 horas mensuales.

Sostuvo que como la liquidación de los actos demandados no arrojó un saldo a favor
para cancelar al demandante, no había justificación para reliquidar el valor de las
cesantías. Asimismo, la Sala consideró que las horas extras, los recargos nocturnos
y la remuneración del trabajo en dominicales y festivos no constituyen factor salarial
para la reliquidación de los demás factores y prestaciones sociales -prima de servicios,
vacaciones y prima de navidad-, conforme el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 y
los artículos 17 y 33 del Decreto 1045 de 1978, por ello no era procedente esa
solicitud.

Asimismo, esgrimió que conforme a la decisión del a quo tampoco era procedente
reconocer compensatorios adicionales por las 120 horas extras laborales adicionales
a las 50 reconocidas, en consideración a la jornada ejecutada, pues por cada turno de
24 horas laboradas, el solicitante gozaba de un descanso de 24 horas que equivale a
un día de descanso compensatorio, conforme al artículo 39 del Decreto 1042 de 1978
que establece el derecho a disfrutar un día de descanso compensatorio por el trabajo
realizado en domingos y festivos.

Adicional a lo anterior, resolvió negar la solicitud de aclaración, corrección y/o adición
que hizo el demandante, en la medida en que no se demostró la existencia de
conceptos o frases que se hayan incluido en la parte resolutiva que generen algún tipo
de duda, o redacción ininteligible, por cuanto no se omitió resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de
pronunciamiento por parte de la autoridad, como tampoco de corrección, ya que no
se advierten errores aritméticos, de cambio de palabras u omisión de ellas. Sostuvo
que lo que pretende el demandante es un nuevo análisis del material aportado,
situación que no es dable estudiar en sede de corrección, adición y aclaración, como
lo pide el demandante.

La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen

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divergencias de carácter netamente legal respecto a la liquidación y reconocimiento
de unas horas extras laboradas que según considera el solicitante no fueron
reconocidas por el empleador. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos
que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Además de lo expuesto, el accionante pide que se deje sin efectos una providencia
judicial que negó el reconocimiento de y/o reliquidación de unas horas extra, recargos
nocturnos, compensatorios, dominicales y festivos, y la reliquidación de unos factores
salariales. Esta pretensión, netamente económica y de naturaleza legal, escapa la
órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo
de pretensiones “deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias
de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las
jurisdicciones correspondientes”5.

Por último, el escrito de tutela no satisface una carga argumentativa suficiente al
esgrimir el desconocimiento de un precedente jurisprudencial. Adujo que la decisión
cuestionada no tuvo en cuenta una sentencia de unificación y otras decisiones
estimatorias de casos con supuestos fácticos y jurídicos similares, sin embargo, al
relacionar dichas providencias no se explicó de manera clara o suficiente cuál es su
fuerza vinculante o cuáles son las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto
ordinario.

5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Si bien el reproche planteado se encamina a una desigualdad de trato por parte de la
autoridad judicial accionada, la valoración de la normativa aplicable y de las pruebas
aportadas al expediente es una función que se ejerce de manera autónoma e
independiente, previa exposición de los fundamentos jurídicos que la motivan.
Además, cada caso cuenta con particularidades fácticas y probatorias que hacen
imposible motivar un juicio de responsabilidad en el resultado de otros procesos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Darwin Darío Cadrazco
Fuentes contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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