Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00270-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
22 de febrero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00270-00
Demandante: LUZ HAYDEE CASTILLO RUIZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00270-00
Demandante: LUZ HAYDEE CASTILLO RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reajuste de
mesada pensional docente. Requisito general de procedencia de la
inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Luz Haydee Castillo Ruiz, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que
pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente,
por la sentencia de 24 de noviembre de 2021, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó el fallo de primera instancia, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), con el fin de que se
ordenara el reajuste de su mesada pensional conforme con la Ley 91 de 1989.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que presentó solicitud ante el Fomag, con el fin de que se
regulara su mesada pensional con base en el numeral 5º del artículo 8º de la Ley
91 de 1989, en el que se determina que los pensionados deben aportar el 5% de
cada mesada pensional y de toda mesada adicional, “y con lo dispuesto en el
artículo 1º de 1.988”, que establece que las pensiones de los sectores públicos se
deben reajustar en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional incrementa
anualmente el salario mínimo.
Adujo que ante el silencio frente a su petición, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de
que se declarara la nulidad del acto ficto negativo y, en consecuencia, que se
declarara que el descuento que debía hacerse en su mesada pensional era solo
del 5% del valor de cada mesada por concepto de salud y no el 12% que se le
venía descontando.
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Demandante: LUZ HAYDEE CASTILLO RUIZ
Sostuvo que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Buenaventura, que en sentencia de 28 de noviembre
de 2019 accedió a la pretensión subsidiaria de la demanda y ordenó la devolución
de las sumas descontadas por concepto de salud en las mesadas adicionales de
junio y diciembre, y negó las demás pretensiones.
Indicó que, en tanto existía dentro del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
una posición que estaba en armonía con las pretensiones de la demanda, el 9 de
diciembre de 2019 formuló recurso de apelación contra esa decisión.
Refirió que durante el trámite del citado recurso, la Sección Segunda del Consejo
de Estado unificó la jurisprudencia frente al tema en litigio emitiendo una postura
totalmente contraria a las pretensiones de la demanda, por lo que, en su condición
de apelante única, el 16 de julio de 2021 radicó desistimiento del recurso de
apelación, en el que solicitó la terminación del proceso y que se declarara en firme
la sentencia de primera instancia.
Aseveró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto de 13 de
septiembre de 2021, resolvió no aceptar el desistimiento del recurso de apelación
y decidió continuar con el proceso. Indicó que por sentencia de 24 de noviembre
de 2021, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó la totalidad de las
pretensiones, “mediante el cual esgrime sus argumentos y consideraciones para
no dar trámite al desistimiento del Recurso de Apelación procediendo a revocar la
sentencia de primera instancia”.
Finalmente, afirmó que el 3 de diciembre de 2021 presentó incidente de nulidad en
el que solicitó la nulidad de lo actuado desde el auto de 13 de septiembre de 2021,
inclusive, el cual fue resuelto por auto de 12 de septiembre de 2023, en el sentido
de rechazarlo de plano porque no se encuadraba en algunas de las causales
previstas en el Código General del Proceso.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de
justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 24 de noviembre de 2021,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo de primera
instancia, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el Fomag, con el fin de que se ordenara el reajuste
de su mesada pensional conforme con la Ley 91 de 1989.
A su juicio, la decisión objeto de reproche constitucional incurrió en i) violación
directa de la Constitución, por cuanto, indicó, “el desistimiento de un Recurso de
Apelación es un acto libre y voluntario de los sujetos procesales, y en este caso
que quien desiste del recurso de apelación es el mismo sujeto procesal que lo
interpuso; por lo tanto no debe existir impedimento alguno para que el Juzgador
vigente lo acepte sin detenerse a meditar los motivos que promovieron tal petición
ni las consecuencias que la misma generará; siendo su única obligación aceptar el
respectivo desistimiento y en este caso devolver el expediente al Juzgado de
origen a fin que se surtan los respectivos trámites, ejecutoria y archivo”.
Adujo que en la sentencia de segunda instancia objeto de tutela, el tribunal
accionado incurrió en desaciertos procedimentales, en incorrecta aplicación de la
ley y en desconocimiento de hechos relevantes del proceso, “procediendo con
dichas situaciones anómalas a perjudicar enormemente a la Accionante,
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tipificándose de esta manera la vulneración al debido proceso al no darse trámite
respectivo a la petición y a la obligatoria aplicación de la norma. Siendo la Acción
Constitucional la herramienta pertinente para remediar dicho perjuicio”.
Agregó que en el caso se evidencia que se le ha impedido el derecho a recibir
justicia de forma recta y bajo los parámetros del debido proceso, en tanto se está
desconociendo la aplicación obligatoria de la ley, hecho que, aduce, conlleva la
violación del derecho sustancial y procedimental, “lo que configura motivos
suficientes para promover la presente acción de tutela, cumpliendo con los
requisitos de procedibilidad de que tratan los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de
1991, y la jurisprudencia constitucional emitida tanto por la Corte Constitucional”.
Por último, expresó que, sobre el tema, en casos con situaciones fáctica y jurídica
similares a las que aquí se estudian, el Consejo de Estado ha proferido sentencias
accediendo a la solicitud de amparo de los derechos vulnerados1.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“•Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación N.º
76109333300320190005900, todas las actuaciones que se han surgido con
posterioridad al día 16 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó ante la
Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación; procediendo
especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 131 del 24 de
noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca.
• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura No. 109
del 28 de noviembre de 2019.
• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan
los trámites de ejecutoria y archivo.
5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se [dé] estricta aplicación
al Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta
situación”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias digitales de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2019-00059-01, actor: Luz
Haydee Castillo Ruiz.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de enero de 2024, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Buenaventura, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A, al
departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación y a la Agencia
1
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 18 de diciembre de 2022,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez, rad. 11001-03-15-000-2022-03989- 01, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de octubre de 2022, M.P. Alberto Montaña Plata,
rad. 11001-03-15-000-2022-04069-00. 3
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Demandante: LUZ HAYDEE CASTILLO RUIZ
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
158452 a 158459, todas de 30 de enero de 2024, con el fin de poner en
conocimiento la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Buenaventura
El titular del despacho rindió informe en el que manifestó que los argumentos que
dieron soporte a las decisiones adoptadas en el proceso 2019-00059-01 se
encuentran en el expediente, por lo que aportó su enlace digital.
6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, adujo, ese ministerio
no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada, por
lo que no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones
de la presente acción de tutela, pues los conflictos allegados a esta acción se
circunscriben a las actuaciones y decisiones emitidas por otra entidad, las cuales
deben ser dirimidas de acuerdo a lo establecido en la normativa que regula el
asunto.
Sostuvo que, en todo caso, tomando en cuenta que en el caso en concreto no se
evidencia violación alguna a los derechos del accionante, nos encontramos ante una
eminente causal de improcedencia de la acción constitucional.
6.3. Respuesta de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, afirmó, la competencia
para pronunciarse y controvertir los hechos y las pretensiones recae en el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, quien conoció del proceso en el que se profirió la
sentencia que se objeta.
6.4. Respuesta de Fiduprevisora
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, adujo, en su calidad de
vocera y administradora del Fomag no tiene la facultad de expedir, revocar o
modificar sentencias, por lo que no puede acceder a las pretensiones del accionante.
6.5. Los demás vinculados, aun cuando fueron debidamente notificados del auto
admisorio, guardaron silencio.
2
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: abogadooscartorres@gmail.com,
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; contactenos@valledelcauca.gov.co
njudiciales@valledelcauca.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co;
j03admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin03bun@notificacionesrj.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co. 4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. De la legitimación en la causa por pasiva
En los escritos de contestación de la acción de tutela, el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y Fiduprevisora
solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su
favor, por cuanto, adujeron, dadas sus funciones legales no tienen competencia
para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la presente acción de
tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De la revisión del expediente ordinario allegado como prueba, la Sala observa que
aquellos hicieron parte del proceso que originó la controversia en calidad de
demandados, lo que es razón suficiente para que en el auto admisorio de la
demanda se les haya vinculado como terceros interesados en el resultado del
proceso, por lo que se denegarán las solicitudes de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, la Sala debe establecer si
la solicitud cumple con el requisito general de procedencia que debe observar
contra providencias judiciales, consistente en la inmediatez en su presentación.
En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa y se cumplan los
restantes presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 24 de
noviembre de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo
de primera instancia, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que la accionante promovió contra el Fomag, con el
fin de que se ordenara el reajuste de su mesada pensional conforme con la Ley 91
de 1989, incurre en violación directa de la Constitución, por cuanto, indicó, “el
desistimiento de un Recurso de Apelación es un acto libre y voluntario de los
sujetos procesales, y en este caso que quien desiste del recurso de apelación es
el mismo sujeto procesal que lo interpuso; por lo tanto no debe existir impedimento
alguno para que el Juzgador vigente lo acepte sin detenerse a meditar los motivos
que promovieron tal petición ni las consecuencias que la misma generará; siendo
su única obligación aceptar el respectivo desistimiento y en este caso devolver el
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 5
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expediente al Juzgado de origen a fin que se surtan los respectivos trámites,
ejecutoria y archivo”.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien,
aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo
que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único
cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional4 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un
término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 5
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar6, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20167, así:
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce
la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe
contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la
fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración
4
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
5
Ibídem.
6
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo. 6
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de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se
dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que
este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se
encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe
tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente”8
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que
se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional10.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora Luz Haydee Castillo Ruiz, quien actúa a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, vulnerados,
supuestamente, por la sentencia de 24 de noviembre de 2021, mediante la cual la
autoridad judicial accionada revocó el fallo parcialmente favorable de primera
instancia, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el Fomag, proceso en el que había solicitado que se
aceptara el desistimiento del recurso de apelación que interpuso contra el fallo del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura y que se dejara en
firme esa decisión.
Aun cuando en los hechos la accionante hizo referencia a que el 3 de diciembre
de 2021 presentó incidente en el que solicitó la nulidad de lo actuado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho desde el auto que resolvió no
aceptar el desistimiento del recurso de apelación que presentó, el cual fue
rechazado de plano mediante auto de 12 de septiembre de 2023, la Sala aclara
que los reparos que fundamentan la solicitud de amparo constitucional se dirigen
únicamente contra la sentencia de 24 de noviembre de 2021, por lo que es frente
a esta providencia que se verificará el cumplimiento de los requisitos de
procedencia, en específico, el de inmediatez u oportunidad en la presentación.
Adicionalmente, porque la solicitud de nulidad presentada por la parte actora en el
proceso ordinario no interrumpe el término de ejecutoria de la sentencia que
resolvió la controversia allí resuelta, respecto de la cual se alega que incurrió en
violación directa de la Constitución.
Ahora bien, conforme da cuenta el aplicativo de búsqueda de procesos de la página
web de la Rama Judicial, la sentencia de 24 de noviembre de 2021 se notificó a las
partes mediante correo electrónico enviado el 3 de diciembre de 2021, fecha a
8
Ibídem.
9 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
10T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. 7
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partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez. De lo
anterior da cuenta la siguiente captura de pantalla:
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la
Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien la misma disposición
establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en todo
momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo razonable,
pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 22 de enero de 202411, transcurrieron
dos (2) años y trece (13) días entre el momento de la notificación y el de la
interposición de la acción constitucional12, término que excede ampliamente el límite
establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla
general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.
La Sala aclara que si bien en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la
accionante formuló incidente de nulidad contra lo actuado a partir del auto que negó
el desistimiento que presentó en el que argumentó la causal del numeral 1º del
artículo 133 del Código General del Proceso, el cual se resolvió mediante auto de 12
de septiembre de 2023 en el que se rechazó de plano la nulidad alegada por no
haberse declarado la falta de jurisdicción o competencia dentro del proceso, dicha
fecha no puede tomarse en consideración para el cálculo de la inmediatez, la cual,
conforme con la jurisprudencia antes transcrita, debe contabilizarse a partir de la
notificación de la providencia que se objeta, en tanto es desde ese momento que las
partes tiene conocimiento del contenido de esta.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes decisiones
ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante
11
Acta individual de reparto.
12
Conforme con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,
“2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”. 8
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y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha precisado “que (…) ha
entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez
sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .
14
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la seguridad
jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que
también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios como el
de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener en
cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
15
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual.
En el presente caso no se presentaron circunstancias especiales, y la parte actora
no hizo manifestación alguna relativa a la existencia de alguna que le hubiese
imposibilitado ejercer la acción de tutela dentro del término referido, por lo que,
conforme con la jurisprudencia antes citada, el requisito se encuentra incumplido.
En todo caso, en relación con la presentación de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser
entendido de manera estricta. En tal sentido, en las sentencias T-1140 de 2005,
consideró que “puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la
acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de
procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del
término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el
mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de
terceros que se han generado por el paso del tiempo”.
Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales dictadas en el marco de
las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso
administrativa, la oportunidad de la solicitud de amparo, por regla general, es de seis
(6) meses, que se determinan a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales, regla que, por supuesto no es inflexible, y que se debe analizar
caso a caso.
Así las cosas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
13
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 9
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www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00270-00
Demandante: LUZ HAYDEE CASTILLO RUIZ
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y
Fiduprevisora.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Luz Haydee Castillo Ruiz, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
10
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