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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00271-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00271-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Julián David Agudelo Osorio Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-00271-00 SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Julián David Agudelo Osorio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla». TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00271-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de febrero de 2024

Demandante: Julián David Agudelo Osorio
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00271-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00271-00
Demandante: JULIÁN DAVID AGUDELO OSORIO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela contra acto administrativo – declara improcedente por
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Julián David
Agudelo Osorio contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Julián David Agudelo Osorio, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la «igualdad de trato en la aplicación
e interpretación de la ley, Art. 13 de la Constitución Política. (CP.); la igualdad en
el acceso a los cargos y funciones públicas, Art. 40 numeral 7 CP; Art. 23 numeral
1, literal c) de la Convención Americana de los Derechos Humanos; así como por
violar el mérito y la igualdad en el ingreso y ascenso en la carrera judicial».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por las
autoridades en mención, con ocasión al trato desigual que han dado a los
concursantes admitidos en la Convocatoria 27, con la expedición del Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 20192 y de las resoluciones EJR23 por
medio de las cuales la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» ha resuelto
solicitudes de exoneración u homologación del Curso de Formación Judicial Inicial.

1 Mediante escrito radicado el 22 de enero de 2024, en el buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría del Consejo de
Estado.
2 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial

Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021»

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Julián David Agudelo Osorio
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00271-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: solicito, respetuosamente, al máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, inaplicar por inconstitucional, Art. 4 de la CP, el parágrafo de la Ley
270 de 1996. Exactamente frente a las expresiones subrayadas:

“(…) Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de
formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos
(…) se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación” (subrayado propio)
[…]

SEGUNDA: solicito dejar sin efectos y/o inaplicar el Capítulo V. numeral 3 del
Acuerdo Pedagógico PCSJA 19-11400 del Consejo Superior de la Judicatura, que
regula las figuras de la “exoneración” y “homologación” del IX Curso de Formación
Judicial, por desconocer flagrantemente mi derecho a la igualdad en el acceso a los
cargos públicos (violación directa de la CP) así como por reproducir contenidos
normativos declarados inexequibles por la Corte Constitucional 130, Art. 243 de la
CP. […]

TERCERA: como consecuencia de la anterior declaración solicito que se expulsen
del ordenamiento jurídico y/o inapliquen las Resoluciones EJR23-110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189; las Resoluciones EJR23-
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221; las
Resoluciones EJR23-236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, (…) y ss. hasta la 325; las Resoluciones EJR23-327 y
328; las Resolución EJR23-418 del 28 de diciembre de 2023, en las que se
encuentren concursantes “exonerados” y/o“homologados”, del grupo de los 220
participantes que aspiramos al cargo de magistrado de tribunal
administrativo. De quienes, por la reserva legal del concurso, desconozco los
nombres completos, y por tanto me es difícil identificar en las cerca de doscientas
Resoluciones EJR23.

CUARTA: solicito que se restablezca mi derecho a la igualdad de trato ante la ley,
Art. 13 de la CP; la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos,
Art. 40 numeral 7 de la CP, el mérito, Art. 125 de la CP, el derecho a tener
concursos públicos y abiertos en las Rama Judicial, Arts. 160 y ss de la Ley 270,
ordenándole a la EJRLB, a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y al
Consejo Superior de la Judicatura que tomen las medidas necesarias para que
todos los 220 concursantes admitidos, al cargo de magistrado de tribunal
administrativo, que aprobaron las Fases I y II, sin ningún “trato preferente”, ni
“exoneración”, “homologación” y sus equivalentes se sometan a las mismas
fases, etapas y evaluaciones consagradas en la Convocatoria 27.

Esta orden no debe generar mayor traumatismo, pues sólo se ha culminado, sin
ninguna evaluación, el programa de la Subfase General denominado: “Habilidades
Humanas”, programa al que se puede acceder virtualmente, bajo la modalidad b-
learning, en los horarios y espacios que cada discente considere.

Esta orden, igualmente, debe incluir que las evaluaciones de la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, programadas para los días 4 y 5 mayo de
2023, incluyan a todos los 220 concursantes al cargo de magistrado de tribunal
administrativo, concursantes que deben ser evaluados en igualdad de condiciones,
exigencia y mérito que los demás participantes.

2
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QUINTA: en tal sentido, solicito que los efectos del fallo que resuelva estas
pretensiones sean retroactivos133 e inter comunis134 para evitar consolidar
situaciones jurídicas particulares contrarias al mérito y la igualdad.

SEXTA: teniendo en cuenta que los 3712 concursantes admitidos, los 536
beneficiarios de “homologaciones” y “exoneraciones” de todas las especialidades y
cargos, los 220 concursantes que aprobaron el examen para magistrados de
tribunal administrativo, entre otros, tendrían interés en el resultado de la presente
acción de tutela y, con la intención de evitar una posible nulidad, solicito,
respetuosamente, que todos los aspirantes admitidos sean vinculados y notificados
de la presente acción en sus respectivos correos electrónicos. Correos, nombres e
identificación que por la reserva legal pueden ser suministrados por la EJRLB3.

1.3. Hechos

El actor fundó su escrito de tutela en la siguiente síntesis:

Comentó que a través del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura convocó al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
Convocatoria 27.

Expuso que se inscribió en el mencionado proceso para optar por el cargo de
magistrado de Tribunal.

Puso de presente que, en octubre de 2020, luego de que la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial realizara un primer examen y detectara
algunos errores en la calificación de este, decidió corregir dicha actuación
administrativa y, en consecuencia, ordenó repetir a los concursantes las pruebas
de conocimientos, aptitudes y psicotécnica; actuación que fue avalada por la Corte
Constitucional mediante sentencia SU-067 de 2022.

Indicó que mediante la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022 se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos y que a través
de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 se decidió sobre la
admisión de aspirantes al concurso. En este punto, informó que fue admitido en el
proceso de selección para el cargo de magistrado.

Explicó que para el acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionarios de
carrera judicial se requiere que los participantes aprueben el Curso de Formación
Judicial Inicial.

Alegó que con el Acuerdo PCJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, en el que
se adoptó el acuerdo pedagógico que rige el Curso de Formación Judicial Inicial
para los aspirantes a los cargos de magistrados y jueces, se estableció un trato
diferenciado para una serie de participantes, comoquiera que se abrió la
posibilidad de solicitar la exoneración y homologación del mencionado curso.

Señaló que a la fecha se han expedido alrededor de 200 resoluciones EJR23 que
resuelven sobre las solicitudes de homologaciones y exoneraciones del Curso de
Formación Judicial Inicial.

3 Trascripción literal del original con posibles errores.

3
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1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, toda vez que han dado un trato desigual a los
concursantes admitidos en la Convocatoria 27 con la expedición del Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021» y de las resoluciones EJR23 por medio de las cuales la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» ha resuelto las solicitudes de exoneración
u homologación del Curso de Formación Judicial Inicial.

Manifestó que durante las fases I y II del concurso todos los concursantes habían
sido tratados en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, pero que en la fase
III (Curso de Formación Judicial Inicial), regulada por el Acuerdo PCSJA19-11400
de 19 de septiembre de 2019, se introdujo un trato diferente e injustificado para un
grupo de participantes, a quienes se les permite solicitar la homologación o
exoneración del mencionado curso, así como tener una calificación sustituta del
20% (los denominó como grupo A).

Señaló que el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 no respetó
la máxima que prohíbe «un tratamiento desigual entre iguales o igual entre
desiguales», comoquiera que creó dos grupos de participantes sin ninguna
motivación: (i) grupo A: conformado por funcionarios o exfuncionarios judiciales, o
personas que han realizado un curso de formación judicial con anterioridad, y (ii)
grupo B: demás participantes externos que no han tenido ninguna vinculación con
la Rama Judicial.

Explicó que ni el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 ni el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 cumplieron con los supuestos en
los que la Corte Constitucional ha aceptado como razonable los tratos
diferenciados entre los participantes de los concursos de méritos, esto es,
consagrar acciones afirmativas a favor de grupos históricamente discriminados y
reservar un porcentaje de las plazas a proveer para los funcionarios
escalafonados.

Alegó que mientras el grupo B debe presentar 24 evaluaciones en cada uno de los
programas que conforman la Subfase General, el grupo A solo tendrá una nota
sustituta equivalente a la última calificación de servicios (si es exonerado) o la
calificación de uno de los cursos de formación anteriores (si es homologado). En
ese sentido, reprochó que sí existe un trato diferenciado, teniendo en cuenta que
para el primer grupo la calificación es mucho más restrictiva, rigurosa y difícil;
situación contraria a los precedentes de la Corte Constitucional4 y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado5.

4 El actor citó las sentencias C-588 de 2009 y C-249 de 2012.
5 El accionante refirió la sentencia del 1.° de marzo de 2018 de la Sección Segunda, Subsección A

del Consejo de Estado. Radicado. 2017-00109, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Accionante:
Orlando Palacios.

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Comentó que dada su calidad de profesor universitario por más de 15 años en los
cursos de Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho,
Argumentación Jurídica, Hermenéutica, Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional, Responsabilidad del Estado, Precedente Judicial, entre otros,
nunca ha tenido alguna relación laboral con la Rama Judicial, por lo que pertenece
al grupo B y, por lo tanto, adquiere las consecuencias desventajosas que ello
implica.

Puso de presente que las homologaciones y exoneraciones permitidas por el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 y materializadas en las
resoluciones de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», que a su vez
desarrollan el contenido del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996,
reproducen prohibiciones declaradas inexequibles por la Corte Constitucional6, al
diferenciar a los funcionarios judiciales del resto de los concursantes y transformar
un concurso que inicialmente debía ser público y abierto, en uno cerrado de
ascenso.

Consideró que los artículos 160 y 168 de la Ley 270 de 1996, así como la
sentencia C-037 de 1996, deben ser reinterpretados, pues no se adecuan a las
reglas jurisprudenciales vigentes que prohíben reemplazar una etapa del concurso
con la calificación de desempeño y tener reglas más estrictas para el ingreso que
para el ascenso en la carrera.

De igual manera, agregó:

Por ejemplo, para el cargo de magistrado de tribunal administrativo, en este
momento, hay alrededor de 50 vacantes, vacantes que, se rumora, son similares al
número de participantes “exonerados” por las Resoluciones ERJ23, sobre todo la
ERJ23-172 y su anexo, ya que esta decisión favoreció a más de 40 concursantes
para el mencionado cargo con notas de 1000, 990, 980, 970, 960, 950, 940, (…),
notas que corresponden a la “última calificación de servicios” que obtuvieron como
jueces administrativos. Por lo cual, estas serán las calificaciones que les quedarán
en las Subfases General y Especializada de la Fase III. Notas que sin duda los
ubicarían en los primeros 50 lugares de la lista de legibles, dadas las diferencias
milimétricas de las pruebas de conocimientos y aptitudes, mencionados con
anterioridad.

Reprochó que las figuras de la homologación y la exoneración han sido
declaradas contrarias a la Constitución Política en los concursos de méritos
desarrollados en los casos de la Procuraduría7, la DIAN8, las Superintendencias9,
el Ministerio de Defensa Nacional10, la Fiscalía11, el INPEC12 y en la carrera
administrativa general13, razón por la cual debe ser aceptado que ocurra lo mismo
en el concurso de la Rama Judicial.

6 Al respecto, el tutelante citó las sentencias C-836 de 2001, T-292 de 2006, C-335 de 2008, C-022

de 1996 y C-634 de 2011.
7 «Sentencia C-266 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda».
8 «Sentencia C-1262 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto».
9 «Sentencia C-049 de 2006. M.P. Jaime Araújo».
10 «Sentencias C-211 de 2007. M.P. Álvaro Tafur y C-753 de 2008. M.P. Álvaro Tafur».
11 «Sentencias C-034 de 2015 M.P. Jorge Pretelt y C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo».
12 «Sentencia C-534 de 2016. M.P. Maria Victoria Calle».
13 «Sentencia C-588 de 2009. M.P. Gabriel Mendoza y C-249 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao».

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1.5. Trámite de la acción

Con auto de 26 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»,
como autoridades accionadas.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados a todos los aspirantes a los cargos de
magistrados y jueces de la República de todas las especialidades, cobijados por el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 proferido por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, los discentes que
superaron las fases I y II de la etapa de selección de la Convocatoria 2714, para
que si lo consideraba procedente intervinieran en el presente asunto.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

La directora de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad o que, en su defecto, se niegue
el amparo solicitado, ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor.

En primer lugar, señaló que la tutela no es procedente para solicitar la protección
de las garantías constitucionales que el accionante considera violadas, pues para
ello existen los mecanismos idóneos y eficaces consagrados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de los
cuales se pueden atacar incluso las decisiones previas a la lista de elegibles.

Explicó que en el caso concreto los argumentos que plantea el accionante
corresponden a cargos de nulidad contra el acto administrativo general que regula
el IX Curso de Formación Judicial Inicial, por lo que sus reparos deben tramitarse
a través del medio de control de nulidad, establecido en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011.

Ahora bien, sobre el perjuicio irremediable, consideró que este no se configura,
comoquiera que el tutelante «está habilitado para seguir adelantando los
diferentes módulos del IX Curso de Formación Judicial Inicial; se produciría un
perjuicio si la Escuela Judicial obstaculizara o negara su participación en el curso
concurso, dado el carácter eliminatorio de esta etapa del proceso meritocrático».

14 La Unidad de Administración de Carrera Judicial allegó la constancia de publicación en su
página web de la presente acción constitucional con efectos de notificación a los terceros con
interés.

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De otro lado, consideró que tampoco se vulneran las garantías fundamentales del
accionante, por las siguientes razones:

Indicó que el Consejo de Estado ha determinado que los actos administrativos que
expide el Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la carrera
judicial son reglamentos que desarrollan la Ley 270 de 1996, estatutaria de
administración de justicia, con la cual se definen los límites a los que debe
sujetarse esa actividad.

Por lo tanto, expuso que al expedir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura no se arrogó
competencias del legislador, puesto que esa es una manifestación del amplio
margen de acción que tiene en ejercicio de la potestad reglamentaria que se le ha
atribuido la Constitución y la ley.

Puso de presente que, de acuerdo con lo el numeral 2.° del artículo 164 de la Ley
270 de 1996 y el artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección y
por ello es de perentorio cumplimiento para los aspirantes y para la administración.
En ese sentido, concluyó:

En esta misma vía, se concluye que las disposiciones normativas consagradas en
el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 se adoptó el Acuerdo
Pedagógico que rige el IX Curso de formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
promoción 2020-2021, materializan la potestad reglamentaria que la propia
Constitución Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura,
particularmente en lo atinente a la facultad para definir los requisitos para acceder a
la homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Además,
se indica que aquel acto administrativo cuenta con presunción de legalidad, goza de
fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento, tanto para la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla como para los aspirantes.

Explicó que en desarrollo de lo consagrado en el parágrafo del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996, el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019
reguló dos situaciones jurídicas diferentes para los aspirantes que superaron las
fases I y II de la etapa de selección y que van a realizar el IX Curso de Formación
Judicial Inicial:

(i) concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de carrera y que
soliciten la exoneración del curso, a quienes se les «tomará la última calificación
de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que
sea superior a 80 puntos», y

(ii) aspirantes que sin ser funcionarios de carrera hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección anteriores,
quienes pueden solicitar la homologación «y se tomará la calificación obtenida en
el curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2)
subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos».

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Agregó que las figuras de homologación y exoneración del IX Curso de Formación
Judicial Inicial contenidas en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 se construyeron conforme con lo dispuesto en el Capítulo II
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, particularmente en el parágrafo
del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en el que se dispuso que «[l]os
funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación
judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en
este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación».

Alegó que las mencionadas figuras, al emanar de un mandato legal superior que
tiene plena vigencia, gozan de presunción de legalidad y fuerza vinculante por lo
que son de obligatorio cumplimiento para el Consejo Superior de la Judicatura y
para todos los participantes de la Convocatoria 27.

Finalmente, destacó que no existe un sistema de ascenso para los servidores
judiciales, sino que los procesos de selección para el ingreso a la Rama Judicial
son abiertos y públicos, por lo que al efectuarse «una interpretación sistemática
del vocablo “ascenso” contenido en el parágrafo del artículo 160 ejusdem, aquel
entraña una concepción de mejoramiento de las condiciones profesionales del
servidor judicial en carrera, mas no de movilidad laboral vertical bajo el
presupuesto que el ascendido tiene prelación porque ya hace parte de la
organización, que es justamente la característica principal de los procesos de
ascenso».

1.6.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial

La directora de la unidad pidió que se le desvincule del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva o que, en su defecto, se nieguen las
pretensiones elevadas por el accionante.

Refirió que la acción constitucional gira entorno a las inconformidades frente a las
decisiones de homologación o exoneración adoptadas dentro del proceso de
selección, así como sobre la interpretación que el actor realiza del Acuerdo
Pedagógico PCJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019. No obstante, explicó
que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no tiene competencia ni
injerencia para emitir algún pronunciamiento sobre lo peticionado, dado que ello
corresponde a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Julián David Agudelo Osorio contra el Consejo Superior
de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del señor Agudelo Osorio por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», al proferir el Acuerdo PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 201915 y las resoluciones EJR23 por medio de las
cuales se han resuelto unas solicitudes de exoneración u homologación del Curso
de Formación Judicial Inicial adelantado para los aspirantes a los cargos de
magistrados y jueces, en el marco de la Convocatoria 27.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el
caso concreto.

2.3. Cuestión previa

En el presente asunto, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Para la sala, la Unidad de Administración de Carrera Judicial está legitimada para
comparecer a esta acción constitucional, toda vez que la parte actora invocó la
vulneración de sus derechos ante una presunta actuación de dicha autoridad en el
una de las fases del concurso de méritos adelantado para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Por esta razón, es preciso estudiar si
la entidad accionada incurrió o no en la acción que se reprochó como vulneradora
de garantías fundamentales.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que
resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

15 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial

Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021»

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En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia16.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias
que se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir
medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

16 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro
que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es
suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se
puede dar el caso de que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que a la luz del ordenamiento contencioso se encuentre revestida
de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En síntesis, en el sub examine la parte tutelante alegó que se vulneraron
sus derechos fundamentales, comoquiera que en el trámite del concurso de
méritos que se adelantó para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, denominado Convocatoria 27, se expidió el Acuerdo PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021», con el cual, a juicio del actor, se introdujo un trato
diferenciado e injustificado para un grupo de participantes, a quienes se les
permite solicitar la homologación o exoneración del mencionado curso.

Por lo tanto, solicitó «dejar sin efectos y/o inaplicar el Capítulo V. numeral 3 del
Acuerdo Pedagógico PCSJA 19-11400 del Consejo Superior de la Judicatura», así
como la inaplicación de las resoluciones EJR23 por medio de las cuales la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» ha resuelto solicitudes de exoneración u
homologación del Curso de Formación Judicial Inicial.

Al respecto, es importante precisar que con el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, se adelantó el proceso de selección para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado Convocatoria 27, que en
su artículo 3.° estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio
cumplimiento tanto para la administración como para los participantes, quienes con
su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente
Acuerdo.

Además, en cuanto a las fases que conforman el mencionado concurso de
méritos, en el acuerdo se determinó, entre otras cosas, lo que se transcribe a
continuación:

4. ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación.

4.1 Etapa de Selección

Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II –
Verificación de requisitos mínimos y la Fase III – Curso de Formación Judicial
Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio. (Artículos 164 - 4 y 168 LEAJ).
[…]

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Fase III. Curso de Formación Judicial Inicial

Los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos y de aptitudes y que
reúnan los requisitos para el cargo de aspiración, serán convocados a través de la
página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a participar en la Fase III -
Curso de Formación Judicial Inicial, que estará a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura a través de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla». Para tal efecto
deberán inscribirse obligatoriamente, en la fecha, lugar y hora que se indique en la
citación. La no inscripción conllevará el retiro del proceso de selección del o de la
aspirante.
[…]

Acuerdo Pedagógico: El Curso de Formación Judicial Inicial se regirá por las
anteriores disposiciones y por las que se señalen en el correspondiente Acuerdo
Pedagógico, que expida el Consejo Superior de la Judicatura para el efecto y que
se constituye en norma rectora de su desarrollo en todas las sub fases, el cual será
publicado en la Gaceta Judicial y en la página web de la Rama Judicial -
www.ramajudicial.gov.co-.17

Ahora bien, en virtud de lo anterior el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el
Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021», en el que se establecieron, entre otras
reglas, los requisitos para solicitar la homologación o exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Con fundamento en el mencionado acuerdo, así como en aplicación a lo previsto
en el parágrafo del artículo 16018 de la Ley 270 de 1996, la directora de la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» ha proferido una serie de resoluciones a través de
las cuales resuelve las diferentes solicitudes de exoneración y homologación que
han presentado los participantes de la Convocatoria 27, respecto de las cuales el
actor también solicitó su inaplicación.

Pues bien, una vez realizado el anterior recuento, para la sala el presente asunto
se torna improcedente, teniendo en cuenta que los reproches del tutelante se
dirigen a cuestionar no solo un acto administrativo de carácter general, como lo es
el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, sino además una serie
de actos administrativos particulares expedidos por la Escuela Judicial «Rodrigo
Lara Bonilla».

Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido por la parte actora
configura las causales de improcedencia fijadas en los numerales 1° y 5º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que señalan:

Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

17 Se subraya.
18«PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación

judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se
tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».

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[…]

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. (Énfasis
propio)

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y
proteger los derechos de las personas19.

De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector
de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar
una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»20.

En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
esto es, el de simple nulidad para controvertir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19
de septiembre de 2019, así como el de nulidad y restablecimiento del derecho
para reprochar las resoluciones a través de las cuales se deciden las solicitudes
de exoneración y homologación del del IX Curso de Formación Judicial Inicial,
impide que el juez de tutela se pronuncie sobre la validez de las decisiones del
Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»,
los cuales deben ser controvertidos ante el juez natural de la causa ordinaria en
virtud de lo estipulado en la Ley 1437 de 2011, donde además se pueden solicitar
las medidas cautelares pertinentes.

Al respecto, es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de
la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado
por el referido numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 si, al existir
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el
ordenamiento jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991 se colige
que la garantía para la efectividad material de los derechos fundamentales no es
un asunto exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta de que todos los
mecanismos ordinarios y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar
la defensa de aquellos.

19
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
20
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.

13
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En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia T – 030 de
2015: «[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas,
puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como
mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando
quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa
pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]».

De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.

Ahora, conviene precisar que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, solo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido de dicho
acto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la
facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la
decisión de fondo por parte del juez competente21.

Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por la actora.

La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:

Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a
un perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado
que únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente,
esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya
sustentado en la apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que
involucra gravedad, desde el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de
la naturaleza del derecho fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en
el sentido de que sea necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que
se consume una lesión antijurídica de connotación irreparable (…)22.

En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que
de los reparos planteados por la parte accionante no se advierte una violación
protuberante que permita establecer de plano que las medidas adoptadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, conducentes a establecer el procedimiento
para la homologación y exoneración del Curso de Formación Judicial Inicial, sean
impertinentes.

21 Ver sentencia C-312 de 28 de Noviembre de 2019 , M.P. Alberto Rojas Ríos
22 «T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».

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El tutelante en su escrito de tutela señaló que la presente acción supera el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que:

[…] el medio de control de nulidad y restablecimiento contra las casi doscientas
Resoluciones EJR23 y de nulidad contra el Acuerdo Pedagógico PCJA19-11400
serían mecanismos ineficaces y desproporcionados pues se requeriría tantas
demandas como Resoluciones y conocer específicamente cuáles “exoneraciones”
y “homologaciones” involucran a uno de los 220 admitidos al cargo de magistrado
de tribunal administrativo. Además, sería demasiado costoso demandar cada uno
de esos actos particulares (de trámite), más el Acuerdo Pedagógico PCJA19-
11400, sólo para exigir que sujetos iguales sean tratados de manera igual.

Sin embargo, esta simple afirmación no prueba siquiera sumariamente que con los
mencionados actos administrativos se configure la amenaza de un perjuicio
irremediable que implique la necesidad y urgencia de que el juez constitucional
supla las funciones de la autoridad judicial de la causa en el estudio de validez del
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, así como de las múltiples
resoluciones a través de las cuales se deciden las solicitudes de exoneración y
homologación del del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por el accionante, con fundamento en la cual pretende que el
juez de tutela realice un pronunciamiento respecto de las directrices que
implementó del Consejo Superior de la Judicatura a través del del Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de amparo, debido
a que no satisface el presupuesto de la subsidiariedad y por dirigirse contra un
acto administrativo general y abstracto; máxime cuando se insiste en que en el
presente asunto no se acreditó la amenaza de un perjuicio irremediable.

2.7. Conclusión

La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Julián David Agudelo Osorio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla», comoquiera que la solicitud de amparo se encuadra en las causales de
improcedencia señaladas en los numerales 1º y 5º del Decreto 2591 de 1991.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial.

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SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Julián David Agudelo Osorio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla».

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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