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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00271-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00271-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00271-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00271-01
Demandante: Julián David Agudelo Osorio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00271-01
Demandante JULIÁN DAVID AGUDELO OSORIO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Acción de tutela contra acto administrativo general. Acuerdo que regula
la figura de la homologación y/o exoneración del curso de formación
judicial. El requisito general de la subsidiariedad. La legitimación en la
causa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Julián David Agudelo Osorio
contra la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad de Administración
de Carrera Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Julián
David Agudelo Osorio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de enero de 20241, el señor Julián David Agudelo Osorio instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: solicito, respetuosamente, al máximo tribunal de lo contencioso administrativo,
inaplicar por inconstitucional, Art. 4 de la CP, el parágrafo de la Ley 270 de 1996. Exactamente
frente a las expresiones subrayadas: “(…) Los funcionarios de carrera que acrediten haber
realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales
ascensos (…) se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación” (subrayado propio) Esta disposición es absolutamente opuesta al
derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (Art. 40 numeral 7
de la CP) y a las sentencias que desarrollan este derecho, ya que ha creado un “trato
preferente” e injustificado aplicable únicamente a los funcionarios que ya están vinculados a
la Rama Judicial y aspiran ascender. Bajo la teoría de la “Constitución Viviente” esta solicitud
sería posible.
SEGUNDA: solicito dejar sin efectos y/o inaplicar el Capítulo V. numeral 3 del Acuerdo
Pedagógico PCSJA 19-11400 del Consejo Superior de la Judicatura, que regula las figuras
de la “exoneración” y “homologación” del IX Curso de Formación Judicial, por desconocer

1 Índice 2 en Samai.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00271-01
Demandante: Julián David Agudelo Osorio

flagrantemente mi derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos (violación directa
de la CP) así como por reproducir contenidos normativos declarados inexequibles por la Corte
Constitucional130, Art. 243 de la CP. Igualmente, este acto administrativo es inválido por
apartarse, sin motivación alguna, de los precedentes de la Corte Constitucional. Particularmente, las expresiones resaltadas: “(…) los discentes que sean o hayan sido
funcionarios/as judiciales de carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial y en tal caso se tomará la última calificación de servicio como
sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, (…) Así mismo, los discentes que, sin
haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de
formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores,
podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea
superior a 800 puntos”. (subrayado propio) Estas proposiciones normativas han llevado a
considerar erróneamente que es posible “pretermitir” la III Fase de la Convocatoria 27, con
sus respectivas evaluaciones y así reemplazar el 20 % del curso-concurso por notas
“sustitutas”, únicamente aplicables a favor de algunos concursantes, principalmente, los
concursantes que ya son funcionarios judiciales (…). TERCERA: como consecuencia de la anterior declaración solicito que se expulsen del
ordenamiento jurídico y/o inapliquen las Resoluciones EJR23-110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189;
las Resoluciones EJR23-208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221; las Resoluciones EJR23-236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, (…) y ss. hasta la 325; las Resoluciones EJR23-327 y 328; las Resolución EJR23-
418 del 28 de diciembre de 2023, en las que se encuentren concursantes “exonerados” y/o
“homologados”, del grupo de los 220 participantes que aspiramos al cargo de magistrado de
tribunal administrativo. De quienes, por la reserva legal del concurso, desconozco los
nombres completos, y por tanto me es difícil identificar en las cerca de doscientas
Resoluciones EJR23. CUARTA: solicito que se restablezca mi derecho a la igualdad de trato ante la ley, Art. 13 de
la CP; la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos, Art. 40 numeral 7 de
la CP, el mérito, Art. 125 de la CP, el derecho a tener concursos públicos y abiertos en las
Rama Judicial, Arts. 160 y ss. de la Ley 270, ordenándole a la EJRLB, a la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura que tomen las
medidas necesarias para que todos los 220 concursantes admitidos, al cargo de magistrado
de tribunal administrativo, que aprobaron las Fases I y II, sin ningún “trato preferente”, ni
“exoneración”, “homologación” y sus equivalentes se sometan a las mismas fases, etapas y
evaluaciones consagradas en la Convocatoria 27. Esta orden no debe generar mayor
traumatismo, pues sólo se ha culminado, sin ninguna evaluación, el programa de la Subfase
General denominado: “Habilidades Humanas”, programa al que se puede acceder
virtualmente, bajo la modalidad blearning, en los horarios y espacios que cada discente
considere.

Esta orden, igualmente, debe incluir que las evaluaciones de la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, programadas para los días 4 y 5 mayo de 2023,
incluyan a todos los 220 concursantes al cargo de magistrado de tribunal administrativo,
concursantes que deben ser evaluados en igualdad de condiciones, exigencia y mérito que
los demás participantes. QUINTA: en tal sentido, solicito que los efectos del fallo que resuelva estas pretensiones sean
retroactivos e inter comunis para evitar consolidar situaciones jurídicas particulares contrarias
al mérito y la igualdad. SEXTA: teniendo en cuenta que los 3712 concursantes admitidos, los 536 beneficiarios de
“homologaciones” y “exoneraciones” de todas las especialidades y cargos, los 220
concursantes que aprobaron el examen para magistrados de tribunal administrativo, entre
otros, tendrían interés en el resultado de la presente acción de tutela y, con la intención de
evitar una posible nulidad, solicito, respetuosamente, que todos los aspirantes admitidos sean
vinculados y notificados de la presente acción en sus respectivos correos electrónicos. Correos, nombres e identificación que por la reserva legal pueden ser suministrados por la
EJRLB». 2

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Demandante: Julián David Agudelo Osorio

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nro. 27).

2.2. Julián David Agudelo Osorio participó en el concurso de méritos, como
aspirante a magistrado de tribunal administrativo.

2.3. El tutelante aseguró que el 3 de diciembre de 2023 inició la fase tres de la
convocatoria consistente en el curso de formación judicial, la cual él está
realizando por haber superado las etapas anteriores.

Asimismo, sostuvo que 536 concursantes que aprobaron las pruebas de
conocimientos no tendrán que asistir y aprobar el mencionado curso de
formación, debido a que esa fase les fue homologada o exonerada, mediante
actos administrativos a los cuales el actor se refirió como resoluciones EJR23.

La decisión de conceder la homologación o exoneración se basó en el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción
2020-2021». En este se dispuso que quienes hayan sido funcionarios judiciales
de carrera o hayan cursado y aprobado un curso de formación judicial como
etapa de convocatorias selección anteriores podrán solicitar la homologación
o exoneración del curso. Así se dispuso en dicho instrumento normativo:
«3. HOMOLOGACIONES Y/O EXONERACIONES DEL IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el acceso por
primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación del
Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que señala la ley.
Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera, podrán
solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se tomará la
última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases,
siempre que sea superior a 80 puntos. Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un
cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial
inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán solicitar la
homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación judicial inicial
cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800
puntos. De haber cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará
como sustitutiva la mayor calificación obtenida».

3. Fundamentos de la acción

El accionante reprochó que en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de
2019, «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas
las especialidades, Promoción 2020-2021», se consagraran las figuras de la
homologación y exoneración para funcionarios judiciales de carrera y para quienes
hayan cursado y aprobado un curso de formación judicial como etapa de
convocatorias previas. Asimismo, reprochó que se hayan expedido centenares de
resoluciones EJR23 que resolvieron favorablemente las solicitudes de
homologaciones y exoneraciones del curso de formación judicial.
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Demandante: Julián David Agudelo Osorio

A su juicio, la disposición que consagra la homologación y exoneración implica un
trato diferencial injustificado y discriminatorio contra aquellos que jamás han sido
jueces en carrera ni han participado en convocatorias anteriores, pues al grupo de
personas beneficiadas se les asigna una nota sustitutiva consistente en la última
calificación de servicio o en la calificación obtenida en el curso de formación judicial
pasado, mientras que las personas que como él no cumplen los supuestos para la
homologación o exoneración obtienen su nota de una manera «mucho más restrictiva,
rigurosa y difícil». Estos últimos deben presentar las evaluaciones de cada uno de los
ocho programas y en estos se deberán hacer tres pruebas: una de control de lectura,
otra de análisis jurisprudencial o de casos y otra de un taller virtual, para un total de
veinticuatro evaluaciones.

En suma, mientras que los concursantes que no cumplen los requisitos para la
homologación o exoneración tienen que aprobar todas y cada una de las fases del
concurso, es decir la prueba de conocimientos y aptitudes (fase I), la verificación de
requisitos (fase II) y el curso de formación judicial (fase III), quienes hayan sido
jueces en carrera judicial o quienes hayan participado en concursos anteriores y
hayan superado el curso de formación judicial «no tienen que agotar todas las etapas ni
realizar todas las evaluaciones, ya que algunas de ellas no le son exigibles, particularmente la
Fase III, además tienen una calificación “sustituta” marcadamente superior». Es decir, los
concursantes externos a la Rama Judicial y a concursos previos no tienen ninguna
ventaja, en cambio los descritos en la norma sí pueden solicitar beneficios que no
se conceden a los demás participantes.

También sostuvo que la situación descrita es contraria a los precedentes de la Corte
Constitucional y de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualizó que, en
materia de concurso de méritos, la primera de estas corporaciones ha proscrito
diferenciaciones injustificadas a favor de los concursantes que se encuentran
vinculados a la respectiva entidad, por ejemplo, cuando se presentan ventajas en la
calificación solo aplicables a los concursantes que sean servidores públicos inscritos
en carrera que buscan ascender. Aseguró que tal precedente se encuentra
contenido en las Sentencias C-266 de 2002, C-1262 de 2005, C-1265 de 2005, C-
049 de 2006, C-211 de 2007, C-753 de 2008, C-588 de 2009, C-249 de 2012, C-
123 de 2013, C-288 de 2014, C-034 de 2015, C-534 de 2016, SU-067 de 2022 y C-
102 de 2022.

Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional también ha dispuesto que los tratos
diferenciados, tratándose de concursos de mérito, solo serían admisibles si se
demuestra que se cumplieron los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto del test de razonabilidad integrado. E indicó que
en las Sentencias C-588 de 2009, C-249 de 2012 y C-534 de 2016 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la figura de la homologación y sus equivalentes
calificándola como una sustitución de la Constitución, por involucrar un trato
desigual a favor de ciertos concursantes.

Igualmente, se refirió a la sentencia del 1 de marzo de 2018 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en la cual se consideró transgredido
el derecho a la igualdad por haber calificado de dos formas distintas a dos
concursantes que aspiraban ocupar un mismo cargo en la Universidad Tecnológica
del Chocó. Existían unas reglas de calificación para quienes aspiraban ingresar a
dicha institución y otras para quienes ya trabajaban allí. Estas reglas de la
convocatoria fueron inaplicadas por el Consejo de Estado que ordenó recalificar a
los concursantes bajo los mismos criterios.
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A su vez, sostuvo que ni en la motivación de las numerosas resoluciones EJR23 ni
en el Acuerdo PCJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 (acto que regula los
requisitos para la homologación o exoneración), ni en el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16
de agosto de 2018 (convocatoria del concurso) se explicaron las razones por las
cuales el Consejo Superior de la Judicatura se está apartando de la línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional que prohíbe las homologaciones y sus
equivalentes en los concursos de méritos. Señaló que en los actos mencionados
tampoco se dice nada sobre la prohibición de los tratos preferentes entre los
concursantes vinculados a la Rama Judicial en carrera, respecto de los
concursantes externos.

Finalmente, adujo que entre los puntajes de los concursantes admitidos solo hay
diferencias milimétricas e incluso empates que se resuelven en las fases y
calificaciones posteriores. A su juicio, en estas últimas es donde se debería librar la
verdadera competencia entre los mejores concursantes, en una especie de fase
final. Indicó que cada ventaja por mínima que sea marcará la diferencia entre los
competidores y resaltó que el curso de formación judicial representa un 20% en el
puntaje final.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 26 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Julián David Agudelo Osorio contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; se vinculó a «todos los aspirantes a cargos
de magistrados y jueces de la Republica (sic) de todas las especialidades, cobijados por
el Acuerdo PCSJA19- 11400 de 19 de septiembre de 2019, esto es, los discentes que
superaron las fases I y II de la etapa de Selección Concurso de Méritos (Convocatoria
27)»; y se dispuso efectuar las notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla sostuvo que en el caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que para controvertir el Acuerdo PCSJA19-11400 de
19 de septiembre de 2019 el actor puede acudir al medio de control de nulidad.
Igualmente, adujo que no es procedente atacar un acto administrativo de
carácter general a través de la acción de tutela.

A lo anterior agregó que en el caso no se configura perjuicio irremediable
alguno, puesto que el accionante está habilitado para seguir adelantando los
diferentes módulos del curso de formación judicial. En su criterio, se produciría
un perjuicio si se obstaculizara o negara su participación en el referido curso,
dado el carácter eliminatorio de esta etapa del proceso meritocrático.

De otra parte, manifestó que con fundamento en los artículos 256 y 257 de la
Constitución Política el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial y, por ende, está facultado
para expedir normas de carácter general que desarrollen el sentido de la ley
para su ejecución. A su vez, se refirió a los parágrafos de los artículos 162 y
164 de la Ley 270 de 1996 en los cuales también se consagra dicha facultad
reglamentaria:
«ARTÍCULO 162. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. (…) La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará
la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los
reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones.»
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«ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS PARÁGRAFO 1o. (…) La Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los
procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las
diferentes pruebas que conforman la primera».

Con fundamento en lo anterior, aseguró que el Acuerdo PCSJA19-11400 del
19 de septiembre de 2019 se expidió con fundamento en la potestad
reglamentaria otorgada constitucional y legalmente al Consejo Superior de la
Judicatura. E indicó que lo allí establecido sobre la homologación y
exoneración se encuentra en armonía con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 160 de la Ley 270 de 1996, según el cual «Los funcionarios de carrera que
acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo
para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las respectivas
calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».

Sostuvo que, de acuerdo con esa norma, toda persona que aspire a
desempeñar cualquier cargo como funcionario en el régimen de carrera judicial
requerirá la aprobación del curso de formación judicial inicial. Asimismo, el
parágrafo dispone que los funcionarios de carrera que acrediten haber
realizado el curso de formación judicial no están obligados a repetirlo y se
tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de la
evaluación.

Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
o en su defecto que se niegue el amparo solicitado.

4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que las pretensiones se relacionan con decisiones adoptadas por la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Además, precisó que la fase III
consistente en el curso de formación judicial inicial está a cargo
exclusivamente de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y añadió que de
su parte no existe vulneración alguna a derechos fundamentales.

Por lo expuesto, solicitó su desvinculación o la negativa de la acción de tutela
interpuesta.

5. Sentencia impugnada

Mediante sentencia de 15 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta
negó la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que la parte actora
invocó la vulneración de sus derechos ante una presunta actuación de dicha
autoridad en una de las fases del concurso de méritos. Por esta razón, sostuvo que
era necesario «estudiar si la entidad accionada incurrió o no en la acción que se reprochó
como vulneradora de garantías fundamentales».

Seguido, la autoridad judicial explicó que según el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991 la tutela es improcedente cuando se controvierten actos de carácter general,
impersonal y abstractos. Por consiguiente, sostuvo que la tutela interpuesta es
improcedente, debido a que el actor cuestiona un acto administrativo de carácter
general como lo es el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019.

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A su vez, explicó que dicho acto puede ser controvertido a través del medio de
control de nulidad y que las resoluciones en las cuales se deciden las solicitudes de
exoneración y homologación también pueden ser demandadas mediante la nulidad
y restablecimiento del derecho. De ahí que la existencia de esos otros mecanismos
de defensa impide que el juez de tutela se pronuncie sobre la validez de los actos
reprochados y denota el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Agregó que en el caso no se configura un perjuicio irremediable, en razón a que no
se advierte una situación que implique una necesidad y urgencia tal que facultara al
juez constitucional para suplir las funciones de la autoridad judicial de la causa.

Por las razones expuestas, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

6. Impugnación

El tutelante impugnó la sentencia de primera instancia. En primer lugar, argumentó
que la acción de tutela sí es procedente para discutir actos administrativos en los
concursos de méritos tal como se dispuso en la Sentencia SU-067 de 2022, que
justamente versó sobre irregularidades en la Convocatoria 27 de la Rama Judicial.
Indicó que en dicha providencia se estableció que la acción de tutela es procedente
tratándose de concursos de méritos cuando: «i) la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) el acto acusado defina una situación especial y
sustancial que se proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real
de un derecho constitucional fundamental».

Sobre tales requisitos, aseguró que en el caso la actuación administrativa aún no
ha concluido porque no se ha expedido la lista de elegibles ni se han dado los
nombramientos como resultado de la Convocatoria 27. Y sostuvo que para la Corte
la lista de elegibles sería el único acto definitivo demandable ante lo contencioso
administrativo, por lo cual la tutela sería procedente frente a los demás actos de
trámite, por ejemplo, frente a las resoluciones EJR23 de homologación y
exoneración y el Acuerdo Pedagógico PCJA19-11400.

Igualmente, aseveró que las múltiples resoluciones EJR23 definen una situación
especial y sustancial al determinar cuáles de los concursantes no deben realizar y
aprobar el curso de formación judicial y a cambio tendrán una nota sustituta. Esta
es una situación sustancial en el concurso pues equivale al 20% de las pruebas. A
su vez, aseguró que las mencionadas resoluciones EJR23 y el Acuerdo Pedagógico
PCJA19- 11400 vulneran el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos
públicos, pues gracias a estos actos administrativos se dan calificaciones distintas
y ventajosas solo aplicables a los concursantes que ya se encuentran vinculados a
la Rama Judicial discriminando a quienes no lo están.

Consideró que el medio de control de nulidad y restablecimiento contra las
resoluciones EJR23 y el de nulidad contra el Acuerdo Pedagógico PCJA19-11400
serían mecanismos ineficaces y desproporcionados pues se requeriría tantas
demandas como resoluciones. Además, con la nueva postura de la Sentencia SU-
067 de 2022, si las resoluciones EJR23 se consideran actos de trámite, la tutela
sería procedente directamente.

En segundo lugar, aseguró que en el caso sí se presenta un perjuicio irremediable
que lesiona gravemente el derecho a la igualdad en el acceso al cargo de
magistrado, ya que el número de concursantes exonerados y homologados es
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superior al número de vacantes a proveer. Sostuvo que las 50 vacantes existentes
para el cargo de magistrado serán ocupadas no por las personas que están
efectuando el curso de formación, sino por los 85 concursantes exonerados por ser
funcionarios judiciales y las 14 personas homologadas por haber realizado un curso
de formación judicial anterior. Lo que da un total de 99 aspirantes favorecidos con
notas sustitutas altísimas equivalentes al 20% del puntaje final del concurso.

Por lo tanto, sostuvo que tal circunstancia implica que los participantes no
beneficiarios de la homologación o exoneración tendrían posibilidades muy bajas o
nulas de ser nombrados, pues las notas correspondientes a la calificación de
servicios tienden a ser altísimas.

En suma, insistió que lo narrado supone una ventaja que constituye un trato
preferente, desigual y contrario al test de razonabilidad y a la jurisprudencia
constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió
razón al juez de primera instancia al declarar improcedente la tutela, por considerar
que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad.

En caso de superar tal análisis, y de encontrar satisfechos los demás requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela como el de la legitimación en la causa, la Sala
determinará si el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos del señor Julián David
Agudelo Osorio. Lo anterior como consecuencia de lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021»
y por haber expedido centenares de resoluciones EJR23 pronunciándose
favorablemente sobre solicitudes de exoneración y homologación del curso de
formación judicial.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

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A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»2.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha
sostenido3 que gran parte de las decisiones allí dictadas son actos

2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
3 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1],
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
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administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar
continuidad a la convocatoria. Contra los actos de trámite no proceden los
recursos ni las acciones contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela
es el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales de los concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado
de fondo las tutelas en las que se discuten decisiones de mero trámite.

Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso
y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer
los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
un concurso de méritos4, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que
establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.

A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los
participantes del concurso de méritos, porque también se trata de un acto
administrativo definitivo5. En esos casos, se ha concluido que la tutela es
improcedente, ya que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se
dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite.
No obstante, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene
el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso,
por ejemplo) la acción de tutela es improcedente, porque existen otras vías de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas
cautelares.

4. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19916 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un

entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.
4 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
5 Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-
02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
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representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso7 (cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha
norma señala que (v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en las acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales. Así, en Sentencia T–403 de 1995
precisó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso,
proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la
resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la
demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este
aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, mediante
tutela, defender varios derechos ajenos como si fueran suyos…».

Asimismo, en la Sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».

En la Sentencia T–697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia
de la legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador,
sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al
reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones
de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo». Y en la Sentencia T–878 de 2007 la
Corte Constitucional fue enfática en señalar que, pese a la informalidad de la acción
de tutela, “…la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro
del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada”8.

propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
7 Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia
T-004 de 2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar
que está actuando en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está
imposibilitado para ejercer directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán
denotar fuerza mayor o caso fortuito; (iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que
deba existir una relación formal entre el agente y el agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del
proceso.
8 En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006,
T-451 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
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5. Análisis del caso

5.1. El señor Julián David Agudelo Osorio cuestiona, por una parte, el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción
2020-2021», porque en su criterio las figuras de exoneración y homologación
del curso de formación judicial allí consagradas implican un trato diferencial
injustificado y discriminatorio contra aquellos que jamás han sido jueces en
carrera ni han participado en convocatorias anteriores de la Rama Judicial.

Sería del caso analizar los argumentos propuestos. Sin embargo, la Sala
advierte que el referido acto, que es de carácter general es el que regula el IX
curso de formación judicial inicial. Es decir, el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19
de septiembre de 2019 no es un acto administrativo que se limite a impulsar ni
a dar continuidad a la convocatoria, sino que se trata del acto general que
regula una fase del concurso.

En esa medida, se encuentra que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad frente al cargo sobre el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019, debido a que el demandante cuenta con otro medio de
defensa judicial a través del cual puede controvertir dicho acto administrativo:
el medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437
de 20119.

5.2. Con todo, existen casos excepcionales en los que a pesar de la existencia de
otro medio de defensa judicial es posible que la tutela proceda como
mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no
significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales,
que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control
de nulidad es idóneo y eficaz para controvertir actos de carácter general. Y es
así porque el legislador, justamente, creó esa vía procesal para cuestionar la
legalidad de esa clase de actos administrativos.

El medio de control de nulidad, además, posibilita el empleo de medidas
cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011,
garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso
administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de
vasta magnitud originado por las figuras de exoneración y homologación del
curso de formación judicial, las medidas cautelares garantizan la idoneidad y
celeridad del medio de control referido.

En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: «La exigencia de la legitimidad activa en la
acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero
significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido
de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos
para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo».
9 Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. […]
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Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»10.

En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, a los 15 días hábiles11 siguientes a la admisión de la demanda,
de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que las figuras de exoneración y homologación del curso de
formación judicial no necesariamente constituyen una actuación que ocasione
un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental del actor
y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, en tanto
que existe la posibilidad de que este último obtenga un puntaje incluso superior
que el de las personas a quienes se le exoneró u homologó el mencionado
curso.

Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Ni existe un perjuicio que cumpla con las características dispuestas
por la jurisprudencia constitucional para ser considerado como irremediable ni
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control de nulidad. A
causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso.

5.3. Adicional a las razones expuestas previamente, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente «Cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto». Esta limitación responde a la
naturaleza de la acción de tutela, ya que esta fue concebida como un
mecanismo subsidiario que únicamente procede ante la inexistencia de otros
medios de defensa judicial.

Por ende, como existen otros mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé
para cuestionar la legalidad de actos generales, tal como el medio de control
de nulidad, por regla general la acción de tutela contra estos no procede. Y es
que al considerar que la acción de tutela busca evitar un daño concreto sobre
los derechos fundamentales de una persona, no tiene sentido admitir la
procedencia de esta acción para debatir aspectos sobre actos generales, ya
que estos no se dirigen hacia alguien particular.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
11 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.
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5.4. Por otra parte, el tutelante reprochó el hecho de que se hayan expedido
centenares de resoluciones EJR23 pronunciándose favorablemente sobre
solicitudes de exoneración y homologación del curso de formación judicial .
Frente a tal cargo la Sala advierte que, el accionante no cuenta con
legitimación en la causa por activa para controvertir dichos actos
administrativos.

Al respecto es indudable que el accionante tiene un interés directo en las
actuaciones relacionadas con el concurso de méritos, dada su participación
como candidato al cargo de magistrado de tribunal. Sin embargo, ese interés
no lo legitima para controvertir las calificaciones de sus pares producto de los
trámites de homologación o exoneración, puesto que tal circunstancia no
afecta su puntaje ni su desempeño en el curso de formación judicial que
únicamente depende de sus propias habilidades y disciplina. En criterio de la
Sala, el único legitimado para controvertir la decisión sobre la homologación o
exoneración y el puntaje derivado de esta es el participante a quien atañe tal
decisión.

En otras palabras, pese al interés en términos generales que le asiste al actor
frente al concurso de méritos en el cual está participando, tal circunstancia no
lo legitima para controvertir los actos administrativos particulares que atañen
a otros participantes, pues estos no se relacionan directamente con su puntaje
ni la posibilidad de continuar en el concurso de méritos. Por el contrario, cada
una de las resoluciones EJR23 en las que se resolvieron las solicitudes de
homologación o exoneración de participantes únicamente atañen al
participante específico a quien se refiere el acto administrativo. Y por esto, tal
decisión particular solo podría ser controvertida por el respectivo concursante.

Así las cosas, el tutelante no tiene legitimación para controvertir actos
administrativos particulares que no atañen a su situación propia, sino que
conciernen a otros participantes.

Por lo expuesto, independientemente de que las resoluciones EJR23 sean
actos de trámite (aspecto relevante para el estudio de la subsidiariedad), la Sala
considera que el accionante carece de legitimación en la causa por activa para
controvertir dichos actos administrativos particulares, pues estos no resuelven
una situación particular de él, sino de otros participantes. En consecuencia, la
tutela es improcedente en lo que concierne al reproche sobre las resoluciones
EJR23.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, se concluye que la acción de tutela es improcedente
pues no se satisface el requisito de subsidiariedad frente al cargo relacionado con
el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, ya que existe otro medio
de defensa judicial al cual el actor puede acudir para controvertir dicho acto
administrativo general.

A su vez, la tutela es improcedente frente al reproche sobre las resoluciones EJR23,
puesto que el accionante no tiene legitimación en la causa por activa para
controvertir actos administrativos particulares que resolvieron situaciones de otros
participantes relacionadas con las solicitudes de homologación y exoneración del
curso de formación judicial; esta circunstancia que no se relaciona directamente con
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el puntaje del tutelante o con su continuación en el concurso, pues lo cierto es que
la calificación de esa última etapa únicamente depende del desempeño propio del
actor.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero por las
razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, pero por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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