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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00273-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00273-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00 Actor: Gaspar Arcesio Ramírez SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00273-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas
jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de sentencia presentado a
consideración de la Sala por la Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña
Garzón, la Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gaspar Arcesio Ramírez
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir los autos de 2 de

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

febrero de 2022 y 15 de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 761093333002201900077-00, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, mediante la Resolución núm. 421.05.005-377 de 19 de
noviembre de 2012, le fue reconocida una pensión de jubilación a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a partir del 15 de julio de 2012.
Al respecto, precisó que, el FOMAG, por intermedio de la Fiduprevisora S.A., le
descuenta el equivalente al 12% de cada mesada pensional, incluyendo las
mesadas adicionales de junio y diciembre, con el objetivo de satisfacer los aportes
al sistema de salud.

4. Adujo que, el día 24 de enero de 2017 presentó petición ante el FOMAG
solicitando el reajuste y devolución del aporte total realizado a las mesadas
ordinarias y adicionales de la pensión, con indexación, al igual que el reajuste anual
de la mesada pensional conforme al salario mínimo.

5. Señaló que, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, con el fin de que i) se declarara la
nulidad del acto ficto o presunto surgido ante la falta de respuesta a dicha petición;
y ii) a título de restablecimiento del derecho, se declarara que “[…] pertenece al
régimen exceptuado consagrado en el artículo 279 de la 100 de 1993,
encontrándose cobijada por la Ley 812 de 2003, por lo tanto su pensión debe
reajustarse conforme a la Ley 91 de 1989 y el artículo 1º de la Ley 71 de 1988,
reintegrándose los valores descontados por concepto de salud que excedan del 5%
de las mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre, así como el reajuste
de su mesada pensional conforme al salario mínimo legal […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

6. Manifestó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Buenaventura, mediante sentencia de 28 de octubre de 2020, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del acto
ficto o presunto demandado.

7. Expuso que, inconforme con la decisión mencionada supra, interpuso recurso
de apelación, el cual fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y radicado en esa Corporación el 25 de marzo de 2021.

8. Indicó que, el 15 de julio de 2021, previo a la admisión del recurso, en su
condición de apelante único, presentó memorial desistiendo del mismo debido a que
el Consejo de Estado había proferido una sentencia de unificación frente al tema
objeto de litigio que le resultaba totalmente contraria a sus pretensiones.

9. Señaló que, el 23 de septiembre de 2021 el apoderado del FOMAG presentó
memorial de oposición al desistimiento de la demanda y solicitó que en la sentencia
que se profiriera en el asunto se aplicara la “[…] sentencia de unificación SUJ-024-
CE-S2-2021 de 3 de junio de 2021 […]”.

10. Advirtió que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de
2 de febrero de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO. - NEGAR el desistimiento del recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia No. 067 del 28 de octubre de 2020, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. - ADMITIR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia No.
067 del 28 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Buenaventura.

TERCERO. - INFORMAR a las partes que podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado hasta la ejecutoria del presente auto.

Por su parte el Agente del Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se
admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia
[…]”.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

“[…] para el caso de los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, por tratarse de un asunto no regulado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son aplicables las normas del
Código General del Proceso actual ordenamiento jurídico procesal.

Así las cosas, el artículo 316 del CGP faculta a las partes para desistir de los recursos
interpuestos siempre que cumplan los requisitos legales exigidos.

De igual manera, mediante escrito allegado vía correo electrónico el 23 de septiembre
de 2021, el apoderado de la entidad demandada presenta memorial de oposición al
desistimiento señalando textualmente lo siguiente […]”.

[…]

“[…] La anterior disposición, si bien establece que las partes pueden desistir de los
recursos interpuestos y que el desistimiento deja en firme la providencia recurrida,
también señala que cuando exista oposición al desistimiento por la parte contraria, el
juez se abstendrá de aceptarlo.

Así las cosas, el Despacho no aceptará el desistimiento del recurso de apelación
interpuesto por la apoderada sustituta de la parte demandante […]”.

[…]

“[…] En el presente asunto, la parte demandada presentó oposición al desistimiento
por lo que hay lugar a abstenerse de aceptar el desistimiento solicitado y se procederá
a admitir el recurso de apelación.

Ahora bien, revisado el expediente se observa que cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 247 del CPACA y 192 inciso 4 ibídem, toda vez que: i)
en contra de la sentencia No. 067 del 28 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, notificada vía correo electrónico el 28
de octubre de 2020; la parte demandante presentó recurso de apelación el 29 de
octubre de 2020. El recurso se presentó dentro de los 10 días siguientes a su
notificación, término que vencía el 12 de noviembre de 2020; ii) El apoderado cuenta
con poder vigente; iii) La sentencia fue condenatoria, por lo que fue necesario realizar
la audiencia de conciliación contemplada en el inciso 4º del artículo 192 del CPACA;
y, iv) No obra solicitud de pruebas en segunda instancia, por lo cual es procedente su
admisión.

El artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
eliminando la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad
de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se
hubiere decretado pruebas.

En el presente caso no es necesario practicar pruebas en consecuencia no se
dispondrá de alegaciones por las partes, pero se informará que podrán pronunciarse
en relación con el recurso de apelación formulado hasta la ejecutoria del presente
auto. Por su parte el Agente del Ministerio Público podrá emitir concepto, desde que
se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para
sentencia […]”.

11. Sostuvo que, interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y solicitó
que se declarara la nulidad de las actuaciones posteriores al desistimiento.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

12. Manifestó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto
de 15 de septiembre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto interlocutorio nro. 24 del 2 de febrero de 2022,
por el cual se negó el desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia presentado por el demandante, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de nulidad propuesta por el demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En primer lugar, precisa el Despacho que de conformidad con el artículo 243 del
CPACA, el auto por el cual se niega el desistimiento del recurso de apelación contra
la sentencia no es susceptible del recurso de apelación, amén de que se le recuerda
a la parte que nos encontramos en el trámite de apelación de una sentencia, es decir
en segunda instancia, no siendo procedente ningún recurso de apelación en el trámite
de segunda instancia.

No obstante, el artículo 318 del CGP, establece que “Cuando el recurrente impugne
una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la
impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya
sido interpuesto oportunamente”. Por lo tanto, se adecuará el recurso interpuesto al
recurso de reposición, regulado en el artículo 242 del CPACA […] En consecuencia,
el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto
interlocutorio nro. 24 del 2 de febrero de 2022, es procedente toda vez que se
interpuso dentro del término con expresión de las razones que lo sustentan.

Ahora, respecto al desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, se tiene que esta figura no está prevista expresamente en el
CPACA, por lo que en virtud de la remisión expresa del artículo 306 ibidem, es
aplicable el artículo 316 del Código General del Proceso […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se extrae, que en efecto las partes pueden desistir de los recursos
interpuestos. Empero, dicha normativa consagró claramente que, ante la oposición
del demandado, el Juez debe abstenerse de aceptar el desistimiento solicitado.

En ese contexto, el 23 de septiembre de 2021, la entidad demandada NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG allegó escrito mediante el cual se opuso al
desistimiento del recurso de apelación formulado por la parte actora, solicitó fallar el
proceso conforme a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado
SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021 y condenar en costas al demandante

Así las cosas, dado que la entidad demandada se opuso a la solicitud de desistimiento
del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, presentado por el
demandante, no es procedente aceptar el desistimiento solicitado; por lo tanto, no hay
lugar a reponer el auto interlocutorio nro. 24 del 2 de febrero de 2022.

Por otro lado, frente a la solicitud de nulidad del recurrente, se tiene que la solicitud
de desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

conlleva la pérdida de competencia de este Despacho, pues de acuerdo con el
artículo 316 ya citado, la solicitud de desistimiento debe ser presentada ante el
superior cuando el recurso de apelación ya fue remitido a este, como sucedió en el
presente asunto; por lo tanto, a este Despacho le corresponde decidir sobre su
aceptación previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

De esta manera no se configura la causal de nulidad alegada por el demandante, en
la medida que este Despacho es competente para decidir sobre la solicitud de
desistimiento del recurso de apelación presentada por la parte actora, por lo que se
denegará la solicitud de nulidad presentada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación N.º
76109333300220190007700, todas las actuaciones que se han surgido con
posterioridad al día 16 de julio de 2021, fecha en que el Accionante radicó ante la
Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación; procediendo
especialmente a Revocar y dejar sin efectos el Auto No. 24 del 02 de febrero de 2022
y el Auto No. 384 del 15 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.

• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura No. 67
del 28 de octubre de 2020.

• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan los
tramites (sic) de ejecutoria y archivo.

5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se dé estricta aplicación al
Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta situación
[…]”.1

14. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que la autoridad judicial
accionada incurrió en desconocimiento de la normativa que rige el asunto objeto de
estudio y de la voluntad del demandante, decidiendo a su arbitrio continuar con el
proceso hasta que se profiera sentencia, desconociendo que la solicitud de
desistimiento del apelante único genera una pérdida de competencia.

15. Resaltó que la providencia cuestionada incurrió en “[…] desaciertos
procedimentales, en incorrecta aplicación de la Ley y en desconocimiento de hechos

1 Transcripción literal del texto.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

relevantes del proceso […]”, toda vez que, conforme lo disponen los artículos 81 y
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en concordancia con el artículo 316 del Código General del Proceso, las partes
podrán desistir de los recursos interpuestos salvo que se haya proferido sentencia
de segunda instancia que lo resolviera, lo cual no había ocurrido en el presente
caso.

16. Adujo que el recurso de apelación es un acto libre y voluntario de los sujetos
procesales y, en este caso, quien desiste es el mismo sujeto procesal que lo
interpuso, razón por la que dicha potestad no está sometida al criterio del
Magistrado que recibe la solicitud de desistimiento, ni debe darse traslado a la
contraparte, por cuanto la disposición de ese derecho está en cabeza de la parte
que lo solicita, por lo que no existiría impedimento alguno para aceptar el
desistimiento.

Actuación

17. El Despacho sustanciador2, mediante auto de 23 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a la Fiduprevisora S.A. y al Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, concediéndoles el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe en los siguientes
términos:

“[…] De ahí, surge la inconformidad del accionante, pues conforme a la sentencia de
unificación anteriormente mencionada, tendría que analizarse (en sede de apelación)
si la decisión tomada en primera instancia resulta ser, en términos del Consejo de
Estado, abiertamente ilegítima, con miras a no afectar el principio de la no reformatio
2 Despacho de la Consejera de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

in pejus […] Por tanto, no resta salida diferente a este cuerpo colegiado analizar si
efectivamente la sentencia de primera instancia debe o no ser revocada, pero que en
todo caso será objeto de estudio en el momento procesal oportuno.

Efectivamente, mediante auto interlocutorio nro. 24 del 2 de febrero de 2022 se negó
el desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
presentado por el demandante y se admitió el mismo, de conformidad con el numeral
4 del artículo 316 del CGP, toda vez que la entidad demandada se opuso al
desistimiento solicitado.

La figura del desistimiento, no está prevista expresamente en el CPACA, por lo que
en virtud de la remisión expresa del artículo 306 ibidem, es aplicable el artículo 316
del Código General del Proceso […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se extrae, que en efecto las partes pueden desistir de los recursos
interpuestos. Empero, dicha normativa consagró claramente que, ante la oposición
del demandado, el Juez debe abstenerse de aceptar el desistimiento solicitado.

En ese contexto, el 23 de septiembre de 2021 la entidad demandada NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG allegó escrito mediante el cual se opuso al
desistimiento del recurso de apelación formulado por la parte actora (índice 006) y
solicitó fallar el proceso conforme a la sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021 y condenar en costas
al demandante.

Así las cosas, dado que la entidad demandada se opuso a la solicitud de desistimiento
del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, presentado por el
demandante, no es procedente aceptar el desistimiento y por lo tanto, no se ha
afectado ningún derecho fundamental de la parte demandante.

Por último, teniendo en cuenta las pretensiones de la acción tutelar, sea prudente
manifestarle a la alta corporación que “dejar en firme la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura No. 67 del 28 de
octubre de 2020” tal como lo solicita el quejoso, sería desconocer y pasar por alto la
sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021, que entre otras
cosas impuso como deber de los docentes pensionados el descuento en salud en el
porcentaje del 12% de las mesadas adicionales de junio y diciembre de los docentes
[…]”.

19. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] Una vez revisado el proceso bajo radicado 002-2019-00077-00, se puedo (sic)
observar que el mismo cuenta con sentencia de primera instancia No. 67 de fecha 28
de octubre de 2020, proferida por el suprimido Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Buenaventura, y en la actualidad se encuentra en el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en razón al recurso de alzada presentado por el
apoderado judicial del demandante GASPAR ARCESIO RAMIREZ CAMPAZ; por lo
tanto, los argumentos soporte de las decisiones tomadas, se encuentran dentro del
expediente ordinario, del cual se comparte copia del mismo […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

20. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Igualmente, manifestó
que la acción de tutela resultaba improcedente debido a que el actor contaba con
medios idóneos no subsidiarios para la defensa de sus derechos fundamentales y,
además, los mismos no fueron transgredidos ni se configuró un perjuicio
irremediable

21. La Fiduprevisora S.A. adujo que carece de legitimación en la causa por
pasiva e indicó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que las
autoridades judiciales actuaron conforme a la normativa establecida sin que se
pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido, entre
otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura allegaron copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
761093333002201900077-00.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

Generalidades de la acción de tutela

24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

25. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

26. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

27. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

28. La Sala advierte que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S.A. solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

29. Al respecto, es preciso indicar que fueron vinculadas al proceso de tutela de
la referencia como terceros con interés legítimo, en la medida en que conforman la
parte demandada dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761093333002201900077-00, es decir que les asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.

30. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación – Ministerio

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

de Educación Nacional y a la Fiduprevisora S.A. les asiste interés en la decisión de
tutela que esta Sala profiera.

31. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A.

Problemas jurídicos

32. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en determinar: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir los autos de 2 de febrero de
2022 y 15 de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 761093333002201900077-00, incurrió en un defecto sustantivo
por interpretación irrazonable de normas jurídicas.

33. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos
de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de normas jurídicas; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; viii) análisis del caso concreto; y finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

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Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

35. Esta Sección9 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del requisito general
de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo
en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

37. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”10.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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38. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

39. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos o causales especiales ya explicados,
permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje
en dichos parámetros.

40. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

41. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto

42. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

43. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:

43.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

43.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas.

43.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

43.4. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez14.

13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
14 Puesto que el auto que resolvió no reponer lo resuelto frente a la solicitud de desistimiento, se profirió el 15 de

septiembre de 2023, se notificó el 19 de septiembre de 2023, mientras que la tutela se interpuso el 22 de enero
de 2024, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia
cuestionada.

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Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

43.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.

43.6. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

43.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica

44. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una
vía de hecho por defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada,
o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica. 15

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente16 o porque ha sido derogada17, es inexistente18,
inexequible19 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador20.

b. No se hace una interpretación razonable de la norma21.

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes22.

d. La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición25.

15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de

24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
16Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
17Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
19Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9

de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
23Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma26.

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”.

45. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede
incurrir un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al caso
concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

46. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la
Corte Constitucional ha considerado:

“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco
del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias
indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su
conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad,
la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.27

La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que
tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación
del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma
jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que
se derivan de ella.28

La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas29. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la

26Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
27 Constitución Política, Artículo 230.
28 La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de

su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que
una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar
contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
29 Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y

T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores30 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.

17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra
la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al
ordenamiento jurídico.31

Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos
circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance
que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.

18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo
por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente
una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la
disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad. Sin embargo,
el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia dogmática
respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino,
solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido,
consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las
fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que
sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente”.32[…]”33

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

30
Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
31 Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre

Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica
de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir.
Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior)
del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que
ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales;
en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales,
puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
32 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional34 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

49. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

34 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

50. Atendiendo a que la Corte Constitucional35 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

51. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

52. Atendiendo a que, la Corte Constitucional36 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta

35 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

53. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir los autos de 2 de
febrero de 2022 y 15 de septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 761093333002201900077-00, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

54. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

55. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

56. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

56.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 761093333002201900077-00.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

Solución del caso concreto

57. El actor manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento de la normativa que rige el asunto objeto de estudio y de la
voluntad del demandante, decidiendo a su arbitrio continuar con el proceso hasta
que se profiera sentencia, desconociendo que la solicitud de desistimiento del
apelante único genera una pérdida de competencia.

58. Resaltó que la providencia cuestionada incurrió en “[…] desaciertos
procedimentales, en incorrecta aplicación de la Ley y en desconocimiento de hechos
relevantes del proceso […]”, toda vez que, conforme lo disponen los artículos 81 y
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en concordancia con el artículo 316 del Código General del Proceso, las partes
podrán desistir de los recursos interpuestos salvo que se haya proferido sentencia
de segunda instancia que lo resolviera, lo cual no había ocurrido en el presente
caso.

59. Adujo que el recurso de apelación es un acto libre y voluntario de los sujetos
procesales y, en este caso, quien desiste es el mismo sujeto procesal que lo
interpuso, razón por la que dicha potestad no está sometida al criterio del
Magistrado que recibe la solicitud de desistimiento, ni debe darse traslado a la
contraparte, por cuanto la disposición de ese derecho está en cabeza de la parte
que lo solicita, por lo que no existiría impedimento alguno para aceptar el
desistimiento.

60. Por su parte, la autoridad judicial accionada, en el auto de 2 de febrero de
2022, consideró que:

“[…] para el caso de los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, por tratarse de un asunto no regulado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son aplicables las normas del
Código General del Proceso actual ordenamiento jurídico procesal.

Así las cosas, el artículo 316 del CGP faculta a las partes para desistir de los
recursos interpuestos siempre que cumplan los requisitos legales exigidos.

De igual manera, mediante escrito allegado vía correo electrónico el 23 de septiembre
de 2021, el apoderado de la entidad demandada presenta memorial de oposición
al desistimiento señalando textualmente lo siguiente […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

[…]

“[…] La anterior disposición, si bien establece que las partes pueden desistir de
los recursos interpuestos y que el desistimiento deja en firme la providencia
recurrida, también señala que cuando exista oposición al desistimiento por la
parte contraria, el juez se abstendrá de aceptarlo.

Así las cosas, el Despacho no aceptará el desistimiento del recurso de apelación
interpuesto por la apoderada sustituta de la parte demandante […]”.

[…]

“[…] En el presente asunto, la parte demandada presentó oposición al
desistimiento por lo que hay lugar a abstenerse de aceptar el desistimiento
solicitado y se procederá a admitir el recurso de apelación.

Ahora bien, revisado el expediente se observa que cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 247 del CPACA y 192 inciso 4 ibídem, toda vez que: i)
en contra de la sentencia No. 067 del 28 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, notificada vía correo electrónico el 28
de octubre de 2020; la parte demandante presentó recurso de apelación el 29 de
octubre de 2020. El recurso se presentó dentro de los 10 días siguientes a su
notificación, término que vencía el 12 de noviembre de 2020; ii) El apoderado cuenta
con poder vigente; iii) La sentencia fue condenatoria, por lo que fue necesario realizar
la audiencia de conciliación contemplada en el inciso 4º del artículo 192 del CPACA;
y, iv) No obra solicitud de pruebas en segunda instancia, por lo cual es procedente su
admisión.

El artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
eliminando la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad
de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se
hubiere decretado pruebas.

En el presente caso no es necesario practicar pruebas en consecuencia no se
dispondrá de alegaciones por las partes, pero se informará que podrán pronunciarse
en relación con el recurso de apelación formulado hasta la ejecutoria del presente
auto. Por su parte el Agente del Ministerio Público podrá emitir concepto, desde que
se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para
sentencia […]”. (Resaltado por la Sala)

61. Igualmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el auto de 15
de septiembre de 2023, consideró que:

“[…] En primer lugar, precisa el Despacho que de conformidad con el artículo 243 del
CPACA, el auto por el cual se niega el desistimiento del recurso de apelación contra
la sentencia no es susceptible del recurso de apelación, amén de que se le recuerda
a la parte que nos encontramos en el trámite de apelación de una sentencia, es decir
en segunda instancia, no siendo procedente ningún recurso de apelación en el trámite
de segunda instancia.

No obstante, el artículo 318 del CGP, establece que “Cuando el recurrente impugne
una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la
impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya
sido interpuesto oportunamente”. Por lo tanto, se adecuará el recurso interpuesto al

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

recurso de reposición, regulado en el artículo 242 del CPACA […] En consecuencia,
el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto
interlocutorio nro. 24 del 2 de febrero de 2022, es procedente toda vez que se
interpuso dentro del término con expresión de las razones que lo sustentan.

Ahora, respecto al desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, se tiene que esta figura no está prevista expresamente en el
CPACA, por lo que en virtud de la remisión expresa del artículo 306 ibidem, es
aplicable el artículo 316 del Código General del Proceso […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se extrae, que en efecto las partes pueden desistir de los
recursos interpuestos. Empero, dicha normativa consagró claramente que, ante
la oposición del demandado, el Juez debe abstenerse de aceptar el
desistimiento solicitado.

En ese contexto, el 23 de septiembre de 2021, la entidad demandada NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG allegó escrito mediante el cual se opuso
al desistimiento del recurso de apelación formulado por la parte actora, solicitó
fallar el proceso conforme a la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021 y condenar en costas al
demandante

Así las cosas, dado que la entidad demandada se opuso a la solicitud de
desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
presentado por el demandante, no es procedente aceptar el desistimiento
solicitado; por lo tanto, no hay lugar a reponer el auto interlocutorio nro. 24 del
2 de febrero de 2022.

Por otro lado, frente a la solicitud de nulidad del recurrente, se tiene que la solicitud
de desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no
conlleva la pérdida de competencia de este Despacho, pues de acuerdo con el
artículo 316 ya citado, la solicitud de desistimiento debe ser presentada ante el
superior cuando el recurso de apelación ya fue remitido a este, como sucedió en el
presente asunto; por lo tanto, a este Despacho le corresponde decidir sobre su
aceptación previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

De esta manera no se configura la causal de nulidad alegada por el demandante, en
la medida que este Despacho es competente para decidir sobre la solicitud de
desistimiento del recurso de apelación presentada por la parte actora, por lo que se
denegará la solicitud de nulidad presentada […]”.

62. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, al no
encontrarse regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo la figura del desistimiento del recurso de apelación,
resultan aplicables, por remisión expresa del artículo 306 de dicho código, las
normas del Código General del Proceso, en este caso en particular, el artículo 316,
el cual dispone:

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

“[…] ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las
partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las
excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir
de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo,
respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se
presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias
para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el
caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo
que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los
siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén
vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que
de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado
en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al
demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de
aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el
desistimiento sin condena en costas y expensas […]”. (Resaltado por la Sala)

63. Nótese que, la norma prevé los requisitos que se deben cumplir para que se
acepte el desistimiento, entre ellos, i) que se trate, en este caso, de un recurso que
haya sido interpuesto por quien solicita desistir; ii) que se corra traslado de la
solicitud de desistimiento para que el demandado tenga la oportunidad de
pronunciarse sobre el desistimiento y sobre la procedencia de la condena en costas
y, como consecuencia de ese traslado, iii) que el demandado no se oponga al
desistimiento.

64. En el caso sub examine, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca interpretó la norma de conformidad con los supuestos del caso del
actor, a saber, la existencia clara de la oposición de la demandada frente al
desistimiento presentado por el demandante, sin que en efecto se reúnan los
requisitos para que este haya sido aceptado.

65. La Sala observa que dicha interpretación resulta razonable, teniendo en

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

cuenta que hubo una oposición de la demandada frente al desistimiento del recurso
de apelación presentado en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761093333002201900077-00.

66. Al respecto, la Sala advierte que la Corte Constitucional37 ha considerado
que el derecho fundamental del debido proceso está integrado por las siguientes
garantías mínimas: “[…] (i) El derecho a la jurisdicción, que a
su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y
autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar
las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de
lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el
funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por
la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el
empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener
una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo
y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la
ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o
la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con
fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico,
sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas […]”;
garantías que, en el caso concreto, no fueron desconocidas, en la medida en que
el Tribunal accionado interpretó en debida forma el artículo 316 del Código General

37 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 4 de junio de 2014. C.P. Mauricio González Cuervo.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

del Proceso.

67. Se debe recordar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe
acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma
jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso, toda
vez que el ejercicio hermenéutico de interpretación del artículo 316 del Código
General del Proceso, se realizó de manera razonable.

68. Además, la Corte ha dicho que se trata de una de las causales más
restringidas, dado que la interpretación de la ley es un escenario en el que se
evidencian con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial que dentro del marco del Estado Social de Derecho se busca proteger al
operador judicial de injerencias indebidas en su rol de resolver las controversias
jurídicas que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que
estimen más ajustada al ordenamiento jurídico.

Conclusiones de la Sala

69. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones de la solicitud de amparo
presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Núm. único de radicación: 110010315000202400273-00
Actor: Gaspar Arcesio Ramírez

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CAMILO CALDERÓN RIVERA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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