Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00277-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00277-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00277-00
Accionante: Luis Carlos Hoyos Trejos y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de reparación directa,
por privación injusta de la libertad, en la cual se confirmó la providencia recurrida en
la que se negaron las pretensiones de la demanda.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Luis Carlos Hoyos
Trejos, Héctor Fabio Granada Zuleta, Graciela Trejos de Hoyos, María Gislena
Hoyos Trejos y Víctor Andrés Hoyos Trejos contar el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
ANTECEDENTES
Los accionantes, mediante apoderado, interponen acción de tutela con el fin de
obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso presuntamente
vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia
del 27 de julio de 2023 dentro del medio de control de reparación directa con
radicado núm. 76111-33-33-001-2015-00115-01.
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HECHOS
El 28 de mayo de 2012 a las 2:30 horas, mientras se encontraba desempeñando
las labores de vigilancia nocturna, el señor Luis Carlos Hoyos Trejos fue capturado
por miembros de la Policía Nacional en la esquina de la carrera 21 con calle 26 en
el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, quienes le endilgaron estar comprometido
en un hurto cometido en el supermercado Surtifamiliar, donde fueron capturadas
otras personas.
El 23 de agosto de 2012, la Fiscalía Novena Seccional de Tuluá presentó escrito de
formulación de acusación, entre otros, contra el señor Hoyos Trejos, cuya audiencia
se realizó el 14 de septiembre del mismo año.
El 18 de octubre de 2012, la fiscalía presentó acta de preacuerdo suscrita por los
demás procesados, quienes aceptaron los cargos endilgados por la comisión de los
delitos de hurto calificado y agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y
porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a excepción del señor
Hoyos Trejos, que no aceptó los cargos, por lo que frente a aquellos se realizó
audiencia de individualización de pena y sentencia con preacuerdo el 12 de
diciembre de 2012.
El 16 de noviembre de 2012 la Fiscalía Novena Seccional de Tuluá solicitó la
preclusión de la investigación contra el señor Hoyos Trejos, la cual fue decretada el
12 de diciembre de 2012, por lo que la boleta de libertad fue expedida el 13 de
diciembre de 2012.
En atención a lo acontecido, el 12 de marzo de 2015, el señor Hoyos Trejos y los
demás accionantes instauraron demanda de reparación directa contra La Nación -
Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Policía Nacional con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por la privación de la libertad sufrida entre el 28 de mayo y el 13 de
diciembre de 2012, es decir, por 6 meses y 15 días.
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El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga profirió
sentencia de primera instancia el 28 de agosto de 2017 en la que declaró la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
y las condenó al pago de perjuicios.
Apelada la decisión por las entidades accionadas, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca a través de providencia del 27 de julio de 2023 revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no obraba en el plenario prueba que evidenciara una falla en el servicio por
parte de la Fiscalía General de la Nación o la Rama Judicial.
Los accionantes manifiestan que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció las pautas jurisprudenciales contenidas en las sentencias del 30 de
enero de 2013 (radicado núm. 85001-23-31-000-2001-00056-01) en la que se
estableció el criterio de responsabilidad objetiva en materia de privación injusta de
la libertad cuando se determina la preclusión de la investigación o se profiere
sentencia absolutoria; y del 9 de septiembre de 2022 (radicado núm. 25000-23-36-
000-2012-00751-01) proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado).
Asimismo, sostienen que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, pues no tenía
soporte probatorio para llegar a la conclusión a la que arribó en la sentencia de
segunda instancia.
PRETENSIONES
Los accionantes solicitan que se les ampare el derecho fundamental al debido
proceso y que, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia del 27 de julio
de 2023 para que, en su lugar, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiera
una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones
expuestas.
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ACTUACIÓN PROCESAL
El 25 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela en auto en el que se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado y la Nación
• Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, y a los demás intervinientes del
medio de control de reparación directa con radicado núm. 76111-33-33-001-2015-
00115-01.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió ser desvinculada de la
presente acción de tutela, toda vez que el reproche se dirige concretamente contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación señaló que la acción de tutela de la referencia
es improcedente, puesto que la parte accionante no explicó por qué no utilizó los
mecanismos de defensa judicial con los que cuenta ni sustentó las causales
específicas de procedibilidad y lo que pretende es retrotraer actuaciones
procesales.
Sobre el particular, expuso que, para cuestionar la decisión judicial de segunda
instancia, en la Ley 1437 de 2011, se prevén distintos recursos, a pesar de lo cual
los interesados no explicaron por qué no los utilizaron, por lo cual no se cumple el
requisito de subsidiariedad y tampoco se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño
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la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
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habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En la presente acción de tutela, los accionantes afirman que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del 27 de julio de 2023 por
medio de la cual revocó el fallo de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa por lo que consideró una
privación injusta de la libertad, incurrió en desconocimiento del precedente y en
defecto fáctico.
Así, denota que 1) el caso reviste una marcada relevancia constitucional, en tanto
a través de esta acción de tutela se persigue la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia: 2) el
accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí
expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la decisión dictada dentro del proceso ordinario; 4) no se está
invocando una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata
de una sentencia de tutela.
Dilucidado lo anterior, y al avizorarse el cumplimiento de las demás exigencias
generales de procedibilidad, debe verificarse si se configuran los defectos atribuidos
a la providencia del 27 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
En primer término, la parte accionante afirma que el tribunal desconoció el criterio
jurisprudencial contenido en las sentencias del 30 de enero de 2013 (radicado núm.
85001-23-31-000-2001-00056-01) en la que se estableció el criterio de
responsabilidad objetiva en materia de privación de la libertad; y del 9 de septiembre
de 2022 (radicado núm. 25000-23-36-000-2012-00751-01) en las que se
reconocieron los perjuicios causados en un asunto de contornos fácticos similares
a los que se exponen en el presente asunto.
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Al respecto, la Sala observa que el Tribunal, para fundamentar su decisión, hizo
referencia a la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de lo que
se denomina privación injusta de la libertad, y describió que, en un primer momento,
se optó por aplicar el régimen subjetivo de falla en el servicio; que en un segundo
momento, partiendo de al sentencia de unificación del 28 de agosto de 20133,
acogió la tesis según la cual el régimen aplicable era el objetivo para los casos
expresamente establecidos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 como
configurativos de detención injusta por haber tenido lugar la absolución del
sindicado o la preclusión de la investigación con ocasión de que: i) el hecho no
existió, ii) el sindicado no lo cometió, o iii) la conducta no constituía hecho punible;
y se dispuso que existía un evento adicional que también desata el estudio del caso
mediante el régimen objetivo, el cual tiene lugar cuando el fundamento del fallo
absolutorio lo constituyera la duda probatoria a favor del sindicado (in dubio pro reo);
y un tercer momento, marcado por la expedición de la sentencia SU-072 de 2018,
en la que la Corte Constitucional señaló que el régimen objetivo de responsabilidad
del Estado es de carácter residual, y por tanto, solo se aplica en aquellos eventos
donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia, y agregó
que, en los casos de privación injusta de la libertad, el estudio implica profundizar
en un análisis que permita precisamente determinar si la privación de la libertad fue
injusta o no.
En ese escenario, precisó que, en la actualidad, la orientación jurisprudencial
consiste en que al abordarse el estudio del régimen de responsabilidad del Estado
aplicable a los asuntos donde se discute la privación injusta de la libertad, se ha
optado por apartarse de la aplicación primigenia del régimen objetivo de
responsabilidad en estos casos, para considerar que como la privación de la libertad
debe ser injusta para que proceda el resarcimiento del perjuicio, ello
necesariamente conlleva a profundizar en el estudio de la conducta de las
entidades, de tal suerte que logre corroborarse la materialización de este ingrediente
especial.
Por tanto, al ser esta la postura jurisprudencial vigente al momento de desatar el
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Dr. Enrique Gil Botero., radicación: 05001-23-31-000- 1996-00659-
01 (25.022).
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recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, procedió
a abordar el análisis del asunto bajo esta óptica4 para establecer si se encontraba
configurada la falla en el servicio.
En ese sentido, sostuvo que a pesar de que en el expediente obraba el acta de
audiencia de legalización de captura de 29 de mayo de 2012, lo cierto es que no se
aportó el CD donde se encontrara digitalmente el recuento de la diligencia, lo cual
le imposibilitó conocer el fundamento bajo el cual el juez impuso la medida de
aseguramiento; no obstante, como una aproximación subsidiaria de los hechos que
le fueron presentados al juez, tomó lo descrito por el fiscal 09 Seccional de Tuluá
en el escrito de acusación.
A partir de ello, coligió que la medida restrictiva de la libertad de detención
preventiva fue debidamente solicitada y sustentada por el Fiscal en la investigación
penal teniendo como base los elementos de prueba recaudados hasta ese momento
procesal pues las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales fue
capturado (flagrancia), así lo ameritaban, independientemente de que luego, en
etapa avanzada de la investigación y posterior a tomar las respectivas declaraciones
tanto de los testigos como de los demás capturados en el supermercado, se haya
podido determinar que el señor Luis Carlos Hoyos no tenía relación alguna ni con el
ilícito por el cual fue capturado ni con los demás sujetos aprehendidos.
Por tanto, no encontró acreditado que la Fiscalía General de la Nación hubiera
incurrido en una conducta contraria a sus deberes dentro de la investigación que
configurara una falla en el servicio y que permitiera considerar la privación de la
libertad del demandante como injusta.
Visto lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado, toda vez que para
abordar el análisis del asunto, hizo referencia a la evolución jurisprudencial que ha
tenido dicha materia en el Consejo de Estado y puso de relieve que el criterio de
responsabilidad objetiva que imperó a partir del 2013 fue replanteado en
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia
del 8 de mayo de 2023, radicación: 17001-23-31-000-2012-00322 01(53.555).
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providencias posteriores que indican que dichos temas deben ser analizados de
manera preferente bajo el título de imputación de falla en el servicio. Por tanto, el
Tribunal aplicó el criterio vigente al momento de resolver la controversia, razón por
la cual no es dable considerar que se incurrió en un error al no aplicar la postura
jurisprudencial anterior que ya había sido replanteada al momento de proferir la
sentencia que ahora se acusa.
Asimismo, se advierte que el Tribunal resolvió el asunto con base en las pruebas
legalmente aportadas al proceso por las partes, frente a lo cual es importante
recordar que le incumbe a la parte accionante la carga de la prueba de demostrar
los hechos que pretende hacer valer en su demanda, por lo que se descarta,
también, que el tribunal incurriera en un defecto fáctico en tanto resolvió el asunto
con base en los elementos materiales probatorios que fueron decretados y
practicados en el proceso de reparación directa.
En ese orden de ideas, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, se negará el
amparo deprecado por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo deprecado por la parte accionante, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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