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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00282-00

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00282-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00 Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00282-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE
LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO, CON LA
FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE. LA
ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE PARA ESTUDIAR LOS REPROCHES
RELATIVOS A LA CONDENA EN COSTAS IMPUESTA AL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA al

haber proferido las providencias de 13 de mayo de 2020 y 30 de

marzo de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2019-00316-01.

I.2.- Hechos

I.2.1- De la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 2007-00292-00

1
En adelante el Tribunal
2
En adelante la Sección Tercera

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

Afirmó que mediante el Decreto núm. 0040 de 12 de agosto de 2003

fue designado en el cargo de Gerente de “SALUDCHIQ SUCRE ESE

IPS” en el MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ3.

Alegó que el día 13 de agosto de 2003 tomó posesión de dicho cargo

y mediante Decreto núm. 0057 de 30 de abril de 2004 se revocó su

designación.

Argumentó que en virtud de los actos administrativos mencionados

existió una relación laboral entre las partes y durante los ocho meses

que laboró en el cargo no fue afiliado al Sistema General de

Seguridad Social, ni se le pagaron los salarios causados, prestaciones

sociales, cesantías y vacaciones, entre otros emolumentos.

Adujo que de conformidad con el Acuerdo núm. 014 de 15 de julio

de 2002, su nombramiento fue por un lapso de tres años,

prorrogables sucesivamente por períodos iguales y, al terminarse

prematuramente la designación, se debía condenar a la entidad al

pago de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de

percibir hasta el vencimiento del plazo pactado.

3
En adelante el Municipio

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

Refirió que el 11 de abril de 2005 solicitó al MUNICIPIO el pago de

los emolumentos adeudados y que dicha petición fue denegada

mediante el oficio núm. ACHI-SGAJ-0284 de 29 de abril de 2005 y,

que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición en subsidio

de apelación.

Destacó que mediante acto de 26 de mayo de 2005 el MUNICIPIO

no repuso la decisión contenida en el oficio núm. ACHI-SGAJ-0284

de 29 de abril de 2005 y concedió en el efecto suspensivo el recurso

de apelación sin dar respuesta de fondo al mismo, por lo que se

configuró el silencio administrativo negativo y se generó un acto

administrativo ficto o presunto.

Comentó que el 23 de marzo de 2007, promovió demanda de nulidad

y restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo ficto

o presunto, identificada con el número único de radicación 15001-

23-31-000-2007-00292-00 que, en primera instancia le correspondió

al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ que, mediante

sentencia de 5 de marzo de 2015, declaró probada de oficio la

excepción de inepta demanda, decisión que fue confirmada por la

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO4 a través de providencia de 27 de noviembre de 2017.

I.2.2- De la acción de tutela 2018-00429-00

Inconforme con lo anterior, promovió acción de tutela contra las

providencias de 5 de marzo de 2015 y 27 de noviembre de 2017,

proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y la

SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número

único de radicación 2007-00292-00.

Alegó que la acción de tutela aludida fue identificada con el número

único de radicación 11001-03-15-000-2018-00429-00 y atribuida

para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN CUARTA DEL

CONSEJO DE ESTADO5 que, mediante providencia de 24 de mayo

de 2018 denegó el amparo deprecado, decisión que fue objeto de

impugnación que fue desatada por la SECCIÓN QUINTA DEL

CONSEJO DE ESTADO6 que, a través de sentencia de 12 de julio de

2018, confirmó el fallo de primera instancia, al estimar que no se le

4
En adelante la Sección Segunda
5
En adelante la Sección Cuarta
6
En adelante la Sección Quinta

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

impuso una carga excesiva en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho.

I.2.3- De la solicitud de revisión a la Corte Constitucional de
la acción de tutela 2018-00429-00/01

Destacó que mediante escrito radicado en el mes de agosto de 2018

solicitó a la Corte Constitucional la selección para revisión de la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2018-

00429-00/01 y, mediante auto de 30 de agosto de 2018, dicha

Corporación dispuso no seleccionar el proceso.

Comentó que mediante solicitud de 18 de septiembre de 2018

presentó insistencia de revisión ante la Corte Constitucional, la cual

fue denegada.

I.2.4- Del medio de control de reparación directa 2019-
00316-01

Sostuvo que el 30 de abril de 2019 promovió demanda contra la

NACIÓN-RAMA JUDICIAL en ejercicio del medio de control de

reparación directa, con el fin de que se le declarara administrativa y

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

patrimonialmente responsable por los perjuicios que le fueron

causados por el error jurisdiccional que cometió la SECCIÓN

SEGUNDA al efectuar una indebida valoración probatoria e incurrir

en exceso de ritual manifiesto en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho. Así mismo, alegó que los fallos de

tutela de las SECCIONES CUARTA y QUINTA desconocieron el

precedente jurisprudencial y, además, alegó que la CORTE

CONSTITUCIONAL también incurrió en error en el auto que decidió

no seleccionar la tutela, por lo que solicitó la indemnización de

$1.057’194.075.00 en su favor, por lucro cesante.

Expuso que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 25000-23-36-000-2019-00316-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia

de 13 de mayo de 2020 denegó las pretensiones y que dicha decisión

fue confirmada por la SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 30

de marzo de 20227, con fundamento en el artículo 66 de la Ley 270

de 7 de marzo de 19968, que no permite la reclamación por error

judicial de las Altas Cortes.

7
Notificada electrónicamente el 26 de julio de 2023
8
Estatutaria de la Administración de Justicia

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, en el proceso de reparación directa, en las

providencias cuestionadas se incurrió en desconocimiento del

precedente jurisprudencial relacionado con la teoría del acto

integrador, contenido en la sentencia del Consejo de Estado de “…4

de noviembre de 2010 de la Subsección B M.P. Víctor H. Alvarado A.

(No. 0476-2009) …”, así como la sentencia T-466 de 2013, conforme

a las cuales se debía entender que el acto que resolvió el recurso de

reposición contra el acto administrativo definitivo también fue

demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

y, en consecuencia, lo procedente era dar trámite a la demanda.

Resaltó que los fundamentos de las sentencias aludidas debían ser

aplicados al caso objeto de estudio, habida cuenta que demostraban

que las decisiones cuestionadas incurrieron en errores y fallas

judiciales, pues la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho reunía todos los requisitos exigidos; sin embargo, después

de diez años se descartó esa conclusión, pese a que la admisión de

la demanda ya había sido objeto de análisis y se profirió una decisión

inhibitoria para no pronunciarse respecto del fondo del asunto, pues

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

lo procedente era inadmitir la demanda, pero no privilegiar la forma

sobre la sustancia.

Alegó que a partir de la expedición del CPACA era innecesario exigir

que se demandara el acto que resolvió el recurso de reposición,

teniendo en cuenta que el artículo 163 de dicha normativa dispone

que se debía entender de pleno derecho demandado, por lo que

existía absoluta claridad y certeza que el acto que negó la reposición

también fue acusado.

Igualmente sostuvo que las autoridades judiciales accionadas no

tuvieron en cuenta que las providencias proferidas dentro del proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho no fueron debidamente

motivadas y, además, efectuaron una indebida valoración probatoria

y un excesivo ritual manifiesto, al inhibirse de fallar porque no se

demandó la decisión que resolvió el recurso de reposición contra el

acto administrativo definitivo, lo cual configuraba una evidente

denegación del acceso a la justicia y, en consecuencia, demostraba

el error jurisdiccional alegado en el proceso de reparación directa, en

el cual se había señalado que el mismo se había utilizado como una

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

instancia adicional para ventilar un desacuerdo con lo decidido en el

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Adujo que las providencias acusadas omitieron la inexistencia de las

pruebas requeridas por el Código General del Proceso para

condenarlo en costas, que fueron tasadas “[…] en la exagerada suma

de más de $31.000.000 sin estar comprobadas, desatendiendo los

precedentes del consejo de estado, en clara desigualdad judicial

[…]”, toda vez que ninguna prueba obrante en el expediente

acreditaba que efectivamente se causaron las costas o las agencias

en derecho.

Advirtió que “[…] existen múltiples e innumerables decisiones que no

condenan en costas a la Nación cuando pierde el proceso o resulta

condenada y también cuando los actores son los vencidos. Pero, en

nuestro caso, se condenó por el simple hecho de no haber triunfado,

sin tener en cuenta que ni las costas ni las agencias en derecho están

causadas ni probadas como lo exige la ley procesal […]”, lo cual ponía

de manifiesto el enriquecimiento injusto de la Nación y, además, que

se había incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial

del Consejo de Estado contenido en las sentencias de 16 de abril de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

20159, 18 de mayo de 201810, 22 de octubre de 201811, 26 de

noviembre de 202012 y la providencia SC3-06-21-3176 de 23 de junio

de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca13.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como violados y, en consecuencia:

“[…] se sirva amparar los derechos fundamentales que se
consideran violentados, anulando o dejando sin efecto o sin
eficacia jurídica las sentencias tuteladas, ordenándoles dictar
una nueva teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales
citados y, en especial, imponiéndoles corregir las vías de hecho
o defectos atrás referidos y demostrados, recordándoles que
deben emitir sus fallos con absoluto apego al “…imperio de la
ley…”, como lo ordena el artículo 230 Superior, dictando unas
decisiones que se acomoden al valor JUSTO que les exige el
Preámbulo Superior.

Como quedó demostrado el error judicial estaba probado y fue
negado contraevidente, contra ley y contra precedentes.
Contradictorio e injusto es que, en casos iguales, precedentes
en los que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
protegido los derechos sustanciales reclamados por injustos
fallos inhibitorios e inconstitucionales denegaciones de justicia,
no se hubiese dispensado igual dispensa judicial.

9
Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicación núm. 25000-23-24-
000-2012-00446-01, actor: C.I. CITITEX DE COLOMBIA S.A. HOY CITITEX UAP S.A contra DIAN
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. M.P. Carmelo Perdomo Cueter. Radicación núm: 17001-23-33-
000-2012-00315-01(1534-14). Actor: GABRIEL JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO contra SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. M.P. Carmelo Perdomo Cueter. Radicación núm. 18001-23-
33-000-2014-00229-01(3494-16). Actora: ROSA NELLY SÁNCHEZ RINCÓN contra UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
12
Consejo de Estado. Sección Cuarta. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Radicación núm. 25000-23-
37-000-2013-00443-01 (21329) de CEMEX COLOMBIA S.A. contra DIAN
13
Medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-
714-2014-00065-04; Actora: Ana Mercedes Gómez Rodríguez y otros vs. Nación.

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Así mismo injusto también es que en iguales ANYRD donde el
Consejo de Estado ha admitido las demandas por encontrarlas
en forma y al final pesar de encontrarlas que no están en forma,
supere tales presuntos defectos y dicté sentencia de fondo, no
hubiese hecho lo mismo en la presente, donde también el
presunto defecto era absolutamente superable como lo indicó el
salvamento de voto.
Finalmente, también es injusto que luego de 10 años de haberse
admitido la ANYRD por estar la demanda en forma, el Consejo
de Estado se hubiera inhibido por encontrarla que no está en
forma. El usuario judicial merece respeto, así como sus legítimas
expectativas derivadas del auto admisorio.

Así, injusto es que se hubiesen negado los errores judiciales bajo
los graves defectos atrás referidos y demostrados y bajo una
inadecuada motivación o una motivación que presenta graves y
profundos defectos al no dar respuesta a todos los soportes de
la demanda de reparación directa, como era su deber al tenor
del art. 55 de la ley 270 de 1996, afectándose los derechos
sustanciales y fundamentales, en evidente desigual dispensa y
trato judicial discriminatorio […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN TERCERA, por intermedio del Consejero

WILLIAM BARRERA MUÑOZ, manifestó que no fue el ponente de

la sentencia que se cuestiona a través de la presente solicitud de

amparo constitucional, dado que la misma fue proferida el 30 de

marzo de 2022 y se posesionó en el cargo el 24 de noviembre de

2023, por lo cual se debía abstener de emitir pronunciamiento alguno

frente al particular.

I.4.2.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital

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contentivo del medio de control reparación directa objeto de análisis,

sin realizar pronunciamiento alguno frente a la solicitud de amparo

de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efectos las providencias de 13 de mayo de 2020 y 30 de

marzo de 2022, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

TERCERA, respectivamente, dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2019-00316-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, habida

cuenta que, a juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas

desconocieron el precedente jurisprudencial de la teoría del acto

integrador, conforme a la cual la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho que presentó reunía todos los requisitos

exigidos y, pese a ello, se privilegió la forma sobre la sustancia, lo

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

cual demostraba que se configuró un error jurisdiccional, pues se

profirió una decisión inhibitoria que declaró probada la excepción de

inepta demanda para no pronunciarse respecto del fondo del asunto,

aun cuando la admisión de la demanda ya había sido objeto de

análisis.

Agregó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en

cuenta que las providencias proferidas dentro del proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho no fueron debidamente motivadas y,

además, efectuaron una indebida valoración probatoria y un excesivo

ritual manifiesto, al inhibirse de fallar porque no se demandó la

decisión que resolvió el recurso de reposición contra el acto

administrativo definitivo, que configuraba una denegación del acceso

a la justicia, lo cual demostraba el error jurisdiccional alegado en el

proceso de reparación directa.

Advirtió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente jurisprudencial conforme al cual no

se ha condenado en costas a la Nación cuando es la que pierde el

proceso; no obstante, en su caso, sí fue condenado al pago de unas

19

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

costas tasadas en 31’000.000 sin que existiera prueba alguna que

acreditara que las mismas se habían causado.

Aclarado lo anterior, la Sala conviene en mencionar que el objeto de

estudio del presente asunto se circunscribirá a la providencia de 30

de marzo de 2022, proferida por la SECCIÓN TERCERA, habida

cuenta que la misma fue la que puso fin al debate procesal.

Por lo anterior, la Sala debe determinar i) si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada

por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta

Corporación y, de superarse tal derrotero, ii) si la autoridad judicial

accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el

actor.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

20

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 14, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».15

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

14
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

21

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Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

22

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela

[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

23

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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [23]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

24

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Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

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una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, frente a la inconformidad del actor

relacionada con que la SECCIÓN TERCERA no tuvo en cuenta que

las providencias proferidas dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho incurrieron en los defectos sustantivo,

fáctico por valoración defectuosa del material probatorio,

procedimental por excesivo ritual manifiesto y falta de motivación, la

Sala advierte que la presente acción de tutela no cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en que

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

lo pretendido por el señor SÁNCHEZ MÉNDEZ es que se realice un

nuevo análisis del asunto puesto a consideración del juez natural de

la causa, como si este mecanismo constitucional se tratara de una

instancia adicional al proceso ordinario.

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por los jueces naturales del litigio.

En efecto, la Sala observa que en la sentencia cuestionada la

SECCIÓN TERCERA realizó un análisis de las pruebas obrantes en

el expediente, así como de la situación fáctica y jurídica dispuesta

para el asunto, de lo cual concluyó que las decisiones del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho se encontraban ajustadas a

derecho y, en consecuencia, no se había configurado un error

jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, precisó que no se estaba en presencia de un

error jurisdiccional, pues no se apreciaba en las decisiones judiciales

cuestionadas una actuación caprichosa o subjetiva del fallador, sino

que lo pretendido por el actor era que se revisaran los fundamentos

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jurídicos de las providencias proferidas dentro del proceso nulidad y

restablecimiento del derecho y su valoración probatoria, lo cual en

manera alguna configuraba un daño antijurídico.

Igualmente, resaltó que el título de imputación de error judicial no

constituye una instancia adicional que permita la impugnación de las

providencias, ni tampoco se podía predicar la configuración del

mismo porque una de las partes esté en desacuerdo con las

consideraciones contenidas en las decisiones judiciales.

Para el efecto, la SECCIÓN TERCERA en la sentencia acusada

consideró lo siguiente:

“[…] 8. Según la demanda, la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en una indebida valoración probatoria y en un
excesivo ritual manifiesto, al inhibirse de fallar porque no se
demandó la decisión que resolvió el recurso de reposición contra
el acto administrativo definitivo. Así mismo, alegó que los fallos
de las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado también
se equivocaron porque desconocieron el «precedente
jurisprudencial».

Está acreditado que el 5 de marzo de 2015 el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró de oficio la excepción de inepta
demanda de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho para el pago de salarios y prestaciones sociales de
Daniel Alfonso Sánchez Méndez [hecho probado 6.2]. La Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó esta decisión [hecho
probado 6.4]. Estimó que se debió demandar tanto el acto
administrativo del 29 de abril de 2005 −que resolvió la petición
de Daniel Alfonso Sánchez Méndez− como el oficio que resolvió

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
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el recurso de reposición y concedió el de apelación contra esa
decisión:

[…] es imperativo demandar no solo el acto administrativo
definitivo, sino también los que resuelven confirmarlo o
modificarlo, es decir, que en el evento en que el acto
administrativo definitivo conforme con otros una unidad jurídica,
deben demandarse todos ellos y no solo uno de ellos.
Ahora bien, en el caso bajo análisis no se demandó el acto
administrativo por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición propuesto en contra del acto principal, es decir, no se
hizo una proposición jurídica completa […].

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver la
acción de tutela interpuesta por Daniel Alfonso Sánchez
Méndez en contra de las decisiones mencionadas, negó el
amparo [hecho probado 6.6]. La Sección Quinta del Consejo
de Estado confirmó esa decisión [hecho probado 6.8].
Consideró que la demandante no formuló en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho pretensión alguna
contra el acto del 26 de mayo de 2005 que resolvió el
recurso de reposición y concedió el de apelación que
promovió el solicitante:

[…] Es claro para este juez constitucional, que no existe una
pretensión directa de nulidad contra el acto de 26 de mayo de
2005, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición que
promovió el tutelante y de la revisión de pie de página de la
petición del numeral 1.3, claramente se evidencia que es una nota
informativa; motivo por el cual, no se cumplió la carga establecida
en el artículo 138 del CCA, norma vigente al momento de
presentación de la demanda, por lo que razonablemente, la
autoridad judicial cuestionada concluyó que en el presente caso,
no se estructuró la proposición jurídica completa, para poder
estudiar el fondo del asunto como ya se explicó.
[…] El hecho de que la demanda se hubiese admitido hace 10 años,
fue porque prima facie aquella cumplió con los requisitos formales
para darle trámite, pero cuando se hace un estudio de fondo, tanto
en primera instancia como en segunda instancia, los jueces
naturales evidenciaron que la parte demandante incumplió el
deber fijado en el artículo 138 del CCA, de estructurar la
proposición jurídica completa para poder resolver de fondo.
Finalmente, en cuanto al salvamento de voto que presentó el
Consejero de Estado doctor William Hernández Gómez, frente a la
providencia judicial de segunda instancia del proceso ordinario, el
mismo no es vinculante, pues dicha actuación es una facultad que
el ordenamiento jurídico otorga a los jueces de la República de
cuerpos colegiados, para exponer las razones por las que no están

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
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de acuerdo con la posición mayoritaria de la sala de decisión […]
(f. 164-171 c. 3).

De la lectura de las providencias se aprecia que la aplicación de
las normas invocadas, que el actor afirma fue indebida, fue
producto de la forma en que, de acuerdo con la sana crítica,
valoraron las pruebas para adoptar la decisión. Los argumentos
de la demandante muestran un desacuerdo con la interpretación
de la demanda y la aplicación normativa y jurisprudencial que
hicieron las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado,
pues insiste en que desconocieron el precedente jurisprudencial
sobre el acceso a la administración de justicia y la prohibición de
fallos inhibitorios. La discusión propuesta por la demandante gira
en torno a un asunto que no corresponde al juez de la
responsabilidad civil del Estado cuando se analizan los daños
producidos por error jurisdiccional, pues se pretende que se
juzguen las decisiones adoptadas, en cuanto a la valoración de
pruebas y la aplicación de la ley.

Estas decisiones se tomaron con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 138 CCA −norma aplicable para la época de los
hechos−, según el cual, cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo, si el acto definitivo fue objeto de recursos,
también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen
o confirmen. La ausencia de este requisito impide un
pronunciamiento de fondo, pues el juez no puede suplir la
inactividad procesal del demandante sobre este punto.

Así mismo, como el fallo del 24 de mayo de 2018 de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de tutela en
primera instancia no estaba en firme, pues contra esa decisión
se interpuso recurso de apelación [hecho probado 6.7], la acción
de reparación directa por error judicial es improcedente frente a
esta decisión, según el artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996.

La tutela contra providencia judicial tiene un carácter
excepcional, por ello, no le corresponde al juez del amparo
revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez
natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la
controversia. Este recurso judicial tampoco constituye una
instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para
refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para
que la parte desfavorecida por una decisión proponga «una
mejor solución» al caso.

El título de imputación de error judicial no constituye una

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instancia adicional que permita la impugnación de las
providencias, ni mucho menos se configura por el hecho de que
la parte esté en desacuerdo con las consideraciones contenidas
en las decisiones judiciales. Como no se está en presencia de un
error jurisdiccional, pues no se aprecia en las decisiones
judiciales una actuación caprichosa o subjetiva del fallador y lo
que el demandante pretende es que se revisen los fundamentos
jurídicos de las providencias y su valoración probatoria, no se
configuró un daño antijurídico.

9. La demanda también alega error jurisdiccional en el auto de
la Corte Constitucional que excluyó de revisión eventual la tutela
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Está acreditado que Daniel Alfonso Sánchez Méndez solicitó a la
Corte Constitucional que seleccionara para revisión la tutela
fallada por el Consejo de Estado [hecho probado 6.9].
Posteriormente, la Corte Constitucional resolvió no seleccionar
la tutela para revisión [hecho probado 6.10].

La Sala reitera que el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991,
expedido con fundamento en el literal b) del artículo transitorio
5 de la Constitución, dispuso que el auto de selección se
expediría sin motivación expresa y según el criterio de los
Magistrados designados para tal fin. El legislador no previó la
revisión como una instancia judicial a la que las personas tengan
«derecho» a acceder, sino como un mecanismo de unificación
jurisprudencial sometido a una decisión sin motivación expresa
y según el criterio de la Corte Constitucional. Como la revisión
de tutela no es una etapa procesal que se pueda catalogar como
un derecho de las personas y como esa providencia no contiene
una decisión motivada, no puede alegarse como fundamento de
un error jurisdiccional con las características que exige el artículo
66 de la Ley 270 de 199624 […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

la SECCIÓN TERCERA afirmó que las decisiones del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho se tomaron con fundamento

24
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de mayo de 2019, Rad.
57.630 [fundamento jurídico 11].

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en lo dispuesto en el artículo 138 CCA, toda vez que era la norma

aplicable para la época de los hechos, conforme a la cual tratándose

de la impugnación de un acto administrativo se debía tener en cuenta

que si el acto definitivo fue objeto de recursos, también deberían

demandarse las decisiones que lo modificaran o lo confirmaran pues

la ausencia de ese requisito impedía efectuar un pronunciamiento de

fondo, ya que al tratarse de una justicia rogada, el juez no podía

suplir la inactividad procesal del demandante.

Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada encontró que la

acción de reparación directa era improcedente para cuestionar los

fallos proferidos dentro de la acción de tutela que el actor promovió

en contra de las sentencias dictadas en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho.

Asimismo, precisó que el auto de la Corte Constitucional que excluyó

de revisión eventual la tutela proferida por la Sección Quinta del

Consejo de Estado, también se encontraba ajustado a derecho, toda

vez que la revisión de tutela no es una etapa procesal que se pueda

catalogar como un derecho de las personas y como esa providencia

no contenía una decisión motivada, no podía alegarse como

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fundamento de un error jurisdiccional.

Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en

costas impuesta al actor, la Sala observa que dicho cuestionamiento

carece de relevancia constitucional, en razón a que el disenso

deviene de un asunto de contenido económico, derivado de un

debate estrictamente normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202125, esta Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad judicial
demandada, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que a continuación se
explican:
[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos
361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de las costas
procesales, por cuanto se trata de un asunto de carácter legal y
económico que no le corresponde decidir al juez de tutela, sino al juez
natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala
no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la
medida que, si bien enuncia la trasgresión de derechos
fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen en un
asunto de contenido económico que tiene como fundamento
para su reconocimiento un debate estrictamente normativo y
de interpretación judicial […]”. (Destacado fuera de texto)

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC)

33

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Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202126, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de contenido
económico, como lo es la condena en costas, el cual ya fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene
su origen en un asunto de contenido económico que tiene como
fundamento para su reconocimiento un debate estrictamente
normativo y de interpretación judicial. De igual manera, la Sala al
estudiar la solicitud de tutela tampoco encuentra establecida de forma
clara, la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados supra. Con fundamento en las consideraciones jurídicas
establecidas, la Sala considera que, frente a dicho cuestionamiento,
la presente acción de tutela resulta improcedente […]”

Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia

es improcedente por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, porque a través de esta el actor lo que

pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo

se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario,

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

34

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sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad accionada pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que, en su sentir, conforme a las pruebas allegadas la SECCIÓN

TERCERA debió declarar que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en error jurisdiccional en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho y en la acción de tutela que promovió

contra los fallos proferidos en el mismo, con base en lo que puso de

presente en su demanda ordinaria.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral a las pruebas que fueron

allegadas al proceso ordinario, con la finalidad de que se corrija el

análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la

interpretación que propone.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00282-00
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centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201727, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201828, se sostuvo

lo siguiente:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

27
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
28
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala echa de menos la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de

los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Actor: DANIEL ALFONSO SÁNCHEZ MÉNDEZ

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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