Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00286-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de febrero de 2024
Demandante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00286-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-00
Demandantes: JAIRO ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN D Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
El señor Jairo Enrique Garzón Rodríguez en nombre propio, instauró acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., con el fin de que le sean protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso y el derecho a la defensa e igualdad ante la
ley.
La parte accionante consideró vulneradas tales garantías con la providencia
del 7 de diciembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó el fallo emitido por
el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
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Demandante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
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restablecimiento del derecho instaurado por el accionante contra la
Contraloría de Bogotá D.C.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
Primero. Revocar las sentencias proferidas por el juzgado Veintidós (22)
Administrativo del Circuito de Bogotá del 15 de septiembre de 2023 y del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA el
7 de diciembre de 2023.
Segundo. Que se reconozca mi calidad de pre pensionado, para el año 2022,
Pues es evidente que cumplo con los requisitos para que se cumpla la
estabilidad laboral reforzada.
Tercero. Se me restituya el daño causado, entonces se ordene el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir con ocasión de mi desvinculación.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que el 25 de enero del 2019 fue nombrado con
carácter ordinario, en el empleo denominado gerente, código 039, grado 01
de la planta global de la Contraloría de Bogotá D.C. y, ejerció labores desde
el 11 de febrero de 2019.
Indicó que, el 18 de mayo del año 2022, presentó una petición ante el
contralor de Bogotá D.C., con la cual solicitó protección especial laboral
reforzada, porque consideró que tenía la calidad de prepensionado y que, al
pertenecer al régimen de prima media con prestación definida, tendría
derecho a su pensión cuando cumpla los 62 años.
Señaló que, mediante la Resolución 70000-3817 del 27 de mayo de 2022, se
declaró insubsistente su nombramiento en la planta global de la mencionada
entidad.
Adujo que, con oficio del 8 de junio de 2022, el director de Talento Humano le
informó que, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-003 de 2018, él no contaba con el estatus de prepensionado,
pues no se acreditó el riesgo de frustración de su derecho pensional.
Refirió que, el 29 de mayo de 2022 hizo entrega del puesto de trabajo en
cumplimiento a la orden recibida que declaró insubsistente su nombramiento.
Mencionó que presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la citada resolución y del oficio en cuestión, la cual
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Demandante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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correspondió al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial Bogotá
D.C., el cual, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2023 negó las
pretensiones de la demanda, pues no se encontró probada causal de nulidad
alguna sobre los actos enjuiciados.
Expuso que presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior,
pues tenía la condición de pre pensionado para junio de 2022 y, justamente
le faltaban 7 meses y medio para tener la condición de prepensionado.
Añadió que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D con sentencia del 7 de diciembre de 2023, confirmó el fallo de
primera instancia, al considerar que, el demandante no tenía la calidad de
prepensionado en los términos de la sentencia SU-003 de 2018 puesto que,
ya tenía el “…tiempo exigido en el Régimen General de Pensiones para
acceder a la pensión de vejez, por lo que el oficio del 8 de junio de 2022 que
negó la condición de pre pensionado, suscrito por el Director de Talento
Humano de la Contraloría de Bogotá D.C., en la que señaló que el señor
Jairo Enrique no tiene la condición de pre pensionado, así como el acto que
declaró insubsistente su nombramiento no adolecen de nulidad, pues, se
insiste que de conformidad con la jurisprudencia, no tenía la calidad de pre
pensionado, como acertadamente lo indicó el a quo.”
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora hizo referencia al contenido de las sentencias T-608 de 2019,
T-595 de 2016 y T-385 de 2020, para referirse al derecho de acceso a la
justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva y, a la estabilidad laboral reforzada
de personas próximas a pensionarse.
Citó los artículos 11, 25, 48, 49, 53 superior, que contemplan los derechos a
la vida en conexidad con el de la salud, al trabajo, a la seguridad social
integral y al mínimo vital, el derecho a la pensión de vejez y el régimen de
transición (Acuerdo 049/90) y, retén social a prepensionados. Citó el
concepto 253941 de 2021 Departamento Administrativo de la Función
Pública.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 25 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
y del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
A su vez, se ordenó la vinculación de los magistrados de la Contraloría de
Bogotá D.C. Se requirió expediente objeto de demanda.
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1.6. Contestaciones
Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
La Secretaría de dicha corporación allegó copia digital del expediente
ordinario objeto de demanda. Sin embargo, no allegó memorial refiriéndose a
los hechos de la demanda.
1.6.2. Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Esta autoridad judicial se opuso a las pretensiones de la demanda pues no
transgredió los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda
vez que, por el contrario, observó el debido proceso, y el expediente que fue
adelantado el trámite procesal con apego a las normas que rigen el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En el caso concreto fue
impartida la sentencia que en derecho corresponde y fue garantizado el
derecho de contradicción, al conceder el recurso de apelación ante el
superior.
Solicitó que, se declare improcedente la presente acción de tutela, en
atención que no satisface los requisitos para la prosperidad del amparo y, en
consecuencia, pidió que se le exonere de toda responsabilidad. Aportó copia
digital del expediente ordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales del accionante, al confirmar
la decisión que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra el acto
que declaró insubsistente su nombramiento en la Contraloría de Bogotá D.C.
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Al respecto, se precisa que, si bien la parte accionante cuestionó tanto la
sentencia de primera como la segunda instancia dictadas en el proceso
ordinario, lo cierto es que, el siguiente análisis recaerá sobre la sentencia de
segunda instancia demandada, pues le puso fin a la controversia ordinaria.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.2
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
1
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.
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fondo del asunto –procedencia adjetiva–.3
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20224, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de
procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía
de relevancia constitucional.
3
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
4
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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Demandante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
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En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
La citada corte consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal5 (Énfasis de la sala).
El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
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Sentencia SU 573 de 2019.
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2.5. Caso concreto
La parte actora consideró vulneradas tales garantías con la providencia del 7
de diciembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó el fallo emitido por
el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el accionante contra la
Contraloría de Bogotá D.C.
Para ello, el accionante refirió como fundamentos de la vulneración el
contenido genérico sobre los derechos constitucionales de acceso a la
justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva y, a la estabilidad laboral reforzada
de personas próximas a pensionarse, así como de las prerrogativas relativas
a la salud, al trabajo, a la seguridad social integral y al mínimo vital, el
derecho a la pensión de vejez y el régimen de transición y, al retén social a
prepensionados; pero no expuso algún argumento tendiente a desvirtuar el
sentido de la decisión acusada.
Por tanto, para resolver, se precisa que, no se encuentra cumplido el
requisito de la relevancia constitucional por los siguientes motivos:
Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel…”6. De igual manera, se precisa el aludido
requisito tiene tres finalidades, a saber:
(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces10.
Así las cosas, en la controversia que se plantea en el marco de una acción
de tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo
contrario, el juez de esta vía tendría que inmiscuirse en cuestiones que
desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
6
Sentencia SU 573 de 2019.
7
“Sentencia C-590 de 2005.”
8
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
9
“Sentencia C-590 de 2005.”
10
“Sentencia T-102 de 2006.”
8
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De modo que, falta la carga argumentativa necesaria para estudiar el fondo
del asunto. Por lo que, se observa es que el demandante busca es un
cambio en la forma en que la autoridad judicial acusada resolvió el asunto en
segunda instancia, de manera desfavorable, sin cumplir con la respectiva
carga argumentativa con la cual acreditara el presupuesto de la relevancia
constitucional.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que
implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural.
Por consiguiente, para la sala el accionante pretende convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión
logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia
judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que
implique la intervención del juez constitucional.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias
de unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
Así, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se circunscribe a
cuestionar el análisis valorativo realizado por la judicatura reprochada con la
finalidad de debatir lo que ya fue objeto de estudio por esa autoridad judicial.
Para la sala, lo cuestionado en esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente en el defecto invocado, para justificar la relevancia
del caso, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia
dictada por la autoridad censurada y que, sea tal la trascendencia, que deba
intervenir.
Por lo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó
la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente
natural.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención en sede constitucional.
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Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera competencia del juez
natural. En consecuencia, se declarará la improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
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