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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00286-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00286-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00286-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: JAIRO ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “D” Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado - Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jairo Enrique Garzón
Rodríguez contra la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Jairo Enrique Garzón Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias del 15 de septiembre y 7 de diciembre de 2023, proferidas
por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección Segunda
• Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 11001-33-35-022-2022-00344-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que nació el 16 de enero de 1961 y que tiene 63 años de edad.

2.2. Relató que el 25 de enero de 2019 fue nombrado en el empleo denominado
Gerente, código 039, grado 01, de la planta global de la Contraloría de Bogotá, cargo
del cual tomó posesión el 11 de febrero de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

2.3. Manifestó
que el 18 de mayo de 2019 solicitó a la Contraloría de Bogotá el
reconocimiento del derecho a la protección laboral por su condición de pre-
pensionado. Sin embargo, mediante Oficio de 8 de junio de 2022, la entidad negó su
solicitud.

2.4. Refirió que, mediante la Resolución núm. 01189 de 27 de mayo de 20221, la
Contraloría de Bogotá lo declaró insubsistente en el empleo denominado “[…]
GERENTE CÓDIGO 039, GRADO 01, de la Planta Global de la Contraloría de
Bogotá […]”.

2.5. Precisóque, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-33-35-022-2022-00344-00/01 contra la
Contraloría de Bogotá, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo
contenido en el Oficio de 8 de junio de 2022, a través del cual “[…] la entidad
demandada negó el derecho que le asiste al actor como prepensionado […]” y la
Resolución núm. 01189 de 2022.

2.6. Indicó que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 15 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el accionante no cumplía con los requisitos para acceder a la
estabilidad laboral reforzada por la condición de prepensionado porque mediante la
Resolución núm. 41864 de 15 de febrero de 2023 se le reconoció su pensión de
vejez.

2.7. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la Sección
Segunda - Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 7 de diciembre de 2023, confirmó el fallo de primera instancia.

2.8. Manifestó que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales vulneraron
su derecho fundamental “[…] al debido proceso, derecho a la defensa e igualdad
ante la ley […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero. Revocar las sentencias proferidas por el juzgado Veintidós (22)
Administrativo del Circuito de Bogotá del 15 de septiembre de 2023 y del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA el 7
de diciembre de 2023.

Segundo. Que se reconozca mi calidad de pre pensionado, para el año 2022,
Pues es evidente que cumplo con los requisitos para que se cumpla la estabilidad
laboral reforzada.

1 “Por la cual se declara insubsistente un nombramiento de carácter ordinario”

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

Tercero. Se me restituya el daño causado, entonces se ordene el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir con ocasión de mi desvinculación […]”.
(Negrilla original del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 25 de enero de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Consejo de Estado - Sección Quinta, admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés en el resultado
del proceso a la Contraloría de Bogotá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegó el siguiente informe:

5.1. El Juez Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá rindió informe de las
actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
solicitó “[…] declarar improcedente la presente acción de tutela, teniendo en cuenta
que no satisface los requisitos para la prosperidad del amparo […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 22 de febrero de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que “[…] el accionante
pretende convertir esta acción de tutela en una tercera instancia, pues no es
suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es necesario que
la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada
de una providencia judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales
y, ii) que implique la intervención del juez constitucional […]”.

7. Adicionalmente, precisó que “[…] lo cuestionado en esta solicitud de amparo
carece de la carga argumentativa suficiente en el defecto invocado, para justificar la
relevancia del caso […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia indicando que se “[…]
desconoció la estabilidad laborar reforzada en mi calidad de Pre-Pensionado por
tener una expectativa legitima respecto del derecho a la pensión de vejez y cumplir
con los requisitos para tal calidad que son a faltan de 3 años o menos para reunir los
requisitos de edad y las semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez
[…]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar
que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las sentencias de 15 de septiembre y 7 de diciembre 2023, proferidas
respectivamente por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a
través de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-33-35-022-2022-00344-00/01. Sin
embargo, la Sala solo analizará si la providencia de 7 de diciembre de 2023, proferida
por el Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante
porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. El señor Jairo Enrique Garzón Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias del 15 de septiembre y 7 de diciembre de 2023, proferidas
por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección Segunda
• Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 11001-33-35-022-2022-00344-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado

Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de

agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos

de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir
la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena
del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla
fuera del texto]

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202216 precisó, en relación

con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.

[…]

14 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra

Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
17
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023 .

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

17 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución
Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales “[…] al debido proceso, derecho a la defensa e igualdad ante la ley
[…]” e hizo referencia al contenido de las sentencias “[…] T-608 de 2019, T-595 de
2016 y T-385 de 2020 […]” para referirse al derecho de acceso a la administración
de justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la estabilidad laboral reforzada de
personas próximas a pensionarse. Asimismo, citó los artículos “[…] 11, 25, 48, 49,
53 […]” de la Constitución Política.

30. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en tanto que no se
identificaron los defectos en los que se habría incurrido en la providencia judicial
cuestionada.

31. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que el accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.

32. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

33. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de tutela,
dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial
que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”19. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
19 Sentencia SU-074 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00286-01
Accionante: Jairo Enrique Garzón Rodríguez

verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]

34. Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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