Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00299-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00299-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00299-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00299-00
Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00299-00
Demandante: MARÍA ANGÉLICA OVIEDO DÍAZ, QUIEN ACTÚA COMO
GUARDADORA DE SEBASTIÁN ANDRÉS OVIEDO DÍAZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se pretende el reconocimiento y pago de
pensión de jubilación
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Angélica Oviedo Díaz1, quien actúa como
guardadora del menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz, contra la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, que considera vulnerados al incurrir en mora judicial injustificada porque no
ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 23001-23-33000-2016-00560-
00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora mencionó que el señor Ricardo Esteban Oviedo Montero, quien
fue su padre, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, la cual le correspondió por reparto a
la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Indicó que el señor Oviedo Montero falleció el 28 de julio de 2020 y, con
posterioridad, el 15 de abril de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Administrativo
de Córdoba profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las
pretensiones del medio de control y condenó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, a reconocer y pagar la pensión de jubilación solicitada “desde el 28 de abril
1 Presentada el 23 de enero de 2024.
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Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
del 2003, que se hizo exigible a partir del retiro forzoso del servicio desde el 31 de
mayo de 2011”.
Por último, refirió que desde hace más de dos años el expediente se encuentra en
el Consejo de Estado, “por lo que se encuentra vulnerando mi derecho al debido
proceso y mi derecho al mínimo vital toda vez que esos recursos económicos si
sale avante el derecho sirven para la subsistencia de mi hermano y la educación la
cual está ad portas de entrar a la universidad y por los problemas económicos este
no va a poder entrar a la universidad”.
2. Fundamentos de la acción
La señora María Angélica Oviedo Díaz, quien obra en calidad de guardadora del
menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz, sostuvo que la autoridad judicial
demandada vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital
y a la seguridad social, “al no definir mi situación” con la decisión de sentencia de
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el No. 23001-23-33000-2016-00560-00.
Aseveró que el Estado sirve como garante, inspector y vigilante para impedir que
se vulneren los derechos fundamentales, para lo cual se sustentó en la sentencia
T-149 de 2013 en la que se precisó el ámbito de protección de la acción de tutela
y en el artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado en los Decretos 2591
de 1991 y 306 de 1992. Agregó que este mecanismo de protección constitucional
solo opera de manera subsidiaria y excepcional para el amparo inmediato de las
garantías constitucionales fundamentales, que no tengan otro medio de resguardo.
Hizo referencia a lo señalado en las sentencias T-225 de 1992, T-067 de 1994 y
SU-200 de 1997 respecto a la naturaleza del perjuicio irremediable. A su vez,
mencionó la sentencia T-002 de 1995 y trajo a consideración los artículos 48 y 53
de la Constitución Política, las sentencias T-678 de 2017 y T-043 de 2019, en la
que se reiteró la T-028 de 2017, T-378 de 2018, T-225 de 2018, T-628 de 2007 y
T-200 de 2010, así como el contenido de la Observación General No. 19 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes:
“PRIMERO: Señor Juez, pido a usted TUTELAR los Derechos Fundamentales tales
como el Derecho al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, como
vulnerados por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.
SEGUNDO: Consecuencialmente, que se ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, representado legalmente por su presidente o por quien haga sus veces al
momento de la notificación de la presente acción, proferir sentencia de segunda
instancia lo más pronto posible”.
4. Pruebas relevantes
La accionante aportó copia de su cédula de ciudadanía, de la tarjeta de identidad
del menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz, de los registros civiles de defunción
Nos. 9159660 y 10131041 de los señores Carmen Alicia Díaz Quintana y Ricardo
Esteban Oviedo Montero y copia del acta de la audiencia llevada a cabo el 25 de
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Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
noviembre de 2021, ante el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Oralidad
de Montería, en la cual fue designada como guardadora de Sebastián Andrés
Oviedo Díaz.
Con el informe rendido por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado se remitió el link del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Ricardo Esteban Oviedo Montero contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP y la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones (rad. No. 23001-23-33-000-2016-00560-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de enero de 2024, la magistrada sustanciadora dispuso la admisión
de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la parte
demandante, a la autoridad judicial demandada -Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado- y a la Sala Segunda del Tribunal Administrativo
de Córdoba, a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP, en calidad de terceros con interés, así
como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les
remitió copia de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 158549 a
158555 de 30 de enero de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las partes
la precitada providencia2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Mediante escrito de 31 de enero de 2024, el magistrado titular solicitó declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que se superó la
etapa inicial de admisión del recurso de apelación con auto de 31 de enero de
2024, el cual una vez ejecutoriado ingresará al despacho para fallo en el turno
respectivo.
Señaló que la Sección Segunda de la corporación actualmente tramita 13.830
procesos activos, dentro de los que no se encuentran los asuntos de índole
constitucional, lo cual genera un volumen considerable de carga laboral que
justifica la creación del sistema de turnos en torno a su reparto.
2 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo
electrónico: chiquita2545@gmail.com; notifcpalomino@consejoestado.ramajudicial.gov.co;
notifsibarra@consejoestado.ramajudicial.gov.co; notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
lyxim.rojas@gmail.com; notifcpalomino@consejodeestado.gov.co;
javilas@consejodeestado.gov.co; daniangap0128@gmail.com; kossaa@consejodeestado.gov.co;
aespinosah@consejodeestado.gov.co; notifjportocarrero@consejodeestado.gov.co;
fulana06@gmail.com; notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co;
notificacionestutelas@colpensiones.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co; setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tadmin02crb@notificacionesrj.gov.co; notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co;
defensajudicial@ugpp.gov.co
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Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
Para terminar, indicó que se posesionó en el cargo de magistrado el 18 de octubre
de 2023.
6.2. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
A través de escrito de 31 de enero de 2024, remitido por correo electrónico, la
directora de acciones constitucionales de la entidad solicitó la desvinculación del
asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, pidió la
declaratoria de improcedencia de la solicitud porque, a su juicio, no se cumple con
la totalidad de los requisitos de la acción de amparo.
Refirió que una vez consultado el sistema documental no se encontró petición
radicada por la actora, como tampoco prueba de ello, y adujo que no tiene
competencia para acceder a lo pretendido como lo es proferir la sentencia de
segunda instancia, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
respecto del cual se alega la mora judicial.
Citó el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, así como el auto No. 005 de 2001
relativo a la falta de legitimación en la causa por pasiva, y sostuvo que en virtud
del Decreto 2011 de 2013 Colpensiones solo puede asumir asuntos relativos a la
administración del régimen de prima media con prestación definida en materia
pensional.
Finalmente, hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991
y a la sentencia T-130 de 2014, y precisó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, ni tiene responsabilidad en su transgresión.
6.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Por medio de memorial allegado el 1 de febrero de 2024, la apoderada judicial de
la entidad rindió informe en el que solicitó la desvinculación del asunto por carecer
de competencia para tramitar el impulso procesal pretendido por la actora.
Mencionó que “(...) la presente acción de tutela es abiertamente improcedente respecto
de la UGPP porque no tiene competencia en relación a lo pretendido por el actor en la
presente acción de tutela, y en este sentido, es válido considerar que la UGPP no es
sujeto pasivo de la acción de tutela y el trámite de las pretensiones que le sirven de objeto
como lo indica la aquí accionante en el escrito de tutela corresponden al CONSEJO DE
ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B contra quien dirigió la acción de tutela,
es decir, esta es la entidad accionada dentro del trámite de la presente acción de tutela, a
quien le corresponde resolver de fondo las pretensiones incoadas por la parte actora en la
presente acción de tutela, encontrándose así ésta Unidad ante una evidente ausencia de
legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 ...”.
Indicó que la UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que tiene dentro de sus obligaciones el reconocimiento de derechos
pensionales, lo relativo a la liquidación y pago de las contribuciones parafiscales
de la protección social.
Sostuvo que los argumentos y pretensiones de la demanda de tutela no están
encaminados a demostrar la vulneración de algún derecho fundamental y que, en
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consideración con lo señalado en los artículos 6 de la Constitución Política y 5 de
la Ley 489 de 1998, no se puede condenar a una entidad a enfrentar una
obligación que le resulta imposible asumir.
Por último, reiteró que las pretensiones están dirigidas contra una autoridad
judicial y, en tal sentido, resulta procedente su desvinculación del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, argumentaron la falta de legitimación en la causa por
pasiva, debido a que consideran que no son responsables de materializar las
pretensiones del demandante, comoquiera que la afectación alegada está
relacionada con una autoridad judicial.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de
ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- y la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-, atendiendo que el reproche de la parte actora se circunscribe a la
tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que las entidades ostentan la calidad de
demandadas, motivo por el cual tienen interés en el resultado del presente asunto.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado vulneró a la parte actora los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, con la supuesta mora
judicial en la que ha incurrido al no proferir sentencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 23001-23-
33-000-2016-00560-00.
3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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4. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia4.
En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20135 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la
resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la
obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.
Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en
aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para
establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han
intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo6.
Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20167 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables8. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial9.
Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
4 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Exp. 2012-00052-01(AC).
5 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6 Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
9 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
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la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.
En sentencia T-441 de 202010, la Corte Constitucional acogió dicha postura e
indicó que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del
Estado social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios,
derechos y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta
prerrogativa no se agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las
autoridades judiciales, pues también se extiende a la salvaguarda de obtener
decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben ser adoptadas en un
término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que
implica para el juez de tutela que en caso de verificar la existencia de mora judicial
pueda ordenar la resolución del asunto en un término perentorio o con
observancia de los plazos previstos en la ley.
La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 11, en la que se establecieron
criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación
al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho
de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo
razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1
en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.
La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
Genie Lacayo contra Nicaragua12, donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”13
Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia14, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la
materia objeto de controversia”.
10 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo,
Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013,
(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
12 Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
13 Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº
195-A, párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº
262, párrafo 30.
14 Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.
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como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
En definitiva, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia
de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa como guardadora del
menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz, promovió acción de tutela contra la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que pide el
amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados porque ha
incurrido en mora judicial injustificada al no proferir sentencia de segunda instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
23001-23-33000-2016-00560-00.
A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada vulneró las
precitadas garantías constitucionales porque no ha dictado decisión de segunda
instancia en un término razonable, a lo que agregó que se discute un asunto de
carácter prestacional, como es el reconocimiento pensional de su difunto padre, el
cual, en caso de resultar favorable, sería destinado a cubrir, entre otros, los gastos
para los estudios universitarios y la manutención de su hermano menor Sebastián
Andrés Oviedo Díaz.
5.2. El titular del despacho judicial accionado señaló que en el asunto se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia fue admitido por auto de 31 de enero de
2024, a lo que agregó que se posesionó en el cargo a partir del 18 de octubre de
2023.
De acuerdo con la información suministrada en el Sistema para la Gestión Judicial
SAMAI, se destacan las siguientes actuaciones:
• El 16 de abril de 2021, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba profirió sentencia de primera instancia, en la que
accedió a la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.
• Por auto de 1 de octubre de 2021 se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera
instancia.
• El 23 de noviembre de 2021, el asunto se repartió a la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
• Por auto de 31 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación.
5.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala debe indicar, en primer término, que
en el presente caso no se configura la carencia actual de objeto, como quiera que
la pretensión de la parte actora gravita en que la autoridad judicial accionada dicte
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Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
sentencia de segunda instancia, lo cual no ha ocurrido. De ello da cuenta el
informe rendido en este trámite constitucional, en el que el magistrado ponente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho indicó que el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia fue admitido por
auto de 31 de enero de 2024, y que una vez se surta la ejecutoria de la
providencia el proceso ingresará al despacho con el fin de asignar turno para fallo.
De otra parte, si bien el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de 16
de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba ha
desconocido la noción de plazo razonable, pues han transcurrido un poco más de
dos años desde que se repartió el asunto sin que se hubiera admitido el recurso
de apelación, la misma no es endilgable al actual titular del despacho15, quien se
posesionó en el cargo el 18 de octubre de 2023. Esa dilación en el trámite del
recurso de apelación no ha permitido que el asunto sea enlistado para fallo, es
decir, no tiene en la actualidad asignado un turno para decisión. Sin embargo, se
reitera, el magistrado que recién ha asumido la titularidad del despacho en el que
se encuentra repartido el asunto dispuso la admisión del recurso de apelación.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-099 de 202116 señaló que “El
desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la
administración de justicia. No obstante, si bien la administración de justicia debe ser en
tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo
retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución. Para que esto ocurra, se debe probar que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable. Como ya se ha advertido, el concepto
de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al análisis de las
especificidades de cada caso en particular”.
En ese marco, la Sala observa que la dilación para que se dicte sentencia de
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no es
imputable al actual titular del despacho demandado, principalmente, porque como
lo mencionó la Corte Constitucional en la sentencia SU-179 de 202117, si bien la
congestión judicial “no constituye por sí misma una excusa válida para dejar de atender
los deberes propios del cargo, sí es un problema estructural que afecta la adecuada
prestación del servicio público de administración de justicia”.
Resulta pertinente mencionar que esta Sala18, en consonancia con la
jurisprudencia de la Corte IDH19 y y la Corte Constitucional20, ha manifestado que,
15 M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
16 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
17 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-
000-2019-00316-00; sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00;
sentencia de 21 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00, sentencia de 14 de
junio de 2018, 11001-03-15-000-2017-03278-00; sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. Nº
11001-03-15-000-2017-00571-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
19 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo,
Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013,
(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00299-00
Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
para analizar la configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no
solo la tardanza en emitir la decisión, sino también otros aspectos tales como: la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las
autoridades judiciales y la congestión judicial.
Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela porque si bien
en el asunto se ha desconocido la noción de plazo razonable, no derivó del actual
titular del despacho a cargo del proceso, a lo que se debe agregar que impulsó el
asunto con la providencia de 24 de enero de la presente anualidad, en la que se
admitió el recurso de apelación21.
5.4. Lo anterior, no obsta para que la Sala pase desapercibido que el menor
Sebastián Andrés Oviedo Díaz, es un sujeto de especial protección constitucional
(art. 44 de la Constitución), huérfano de padres, y quien tiene como guardadora a
su hermana María Angélica Oviedo Díaz, de lo cual da cuenta la sentencia de 25
de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito
en Oralidad de Montería dictada en el marco del proceso de designación de
guardador (rad. 2300131100022010016200).
Valga indicar que la Corte Constitucional22 “(...) ha reconocido el carácter prevalente
de los derechos de los niños y las niñas, poniendo a consideración el grado de
vulnerabilidad de los menores y sus necesidades especiales para lograr su correcto
desarrollo, crecimiento y formación, teniendo en cuenta que cada uno de ellos demanda
condiciones específicas que deben ser atendidas por su familia, la sociedad y el Estado,
por lo tanto, los servidores judiciales deberán tener en cuenta las condiciones especiales
de cada caso en su totalidad, con la finalidad de dar prevalencia a sus derechos y
encontrar la mejor solución de acuerdo a los intereses de estos, con arreglo a los deberes
constitucionales y legales que tienen las autoridades para la preservación y bienestar
integral de los niños, niñas y adolescentes que requieren protección, exigiendo así un
mayor grado de cuidado a los juzgadores al momento de adoptar decisiones que puedan
afectarlos de manera definitiva e irremediable”.
Como se evidenció, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 23001-23-33000-2016-00560-01, se debate lo relativo al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del señor Ricardo Esteban
Oviedo Montero, quien fue padre del menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz y su
guardadora, situación que conduce a establecer que los mismos tienen interés en
las resultas de ese trámite judicial.
En ese orden de ideas, teniendo en consideración que el resultado del mismo
eventualmente puede repercutir en el reconocimiento de la pensión de
sobrevivencia del menor Sebastián Andrés Oviedo Díaz, quien se reitera es un
sujeto de especial protección constitucional, la Sala estima necesario instar al
magistrado sustanciador del proceso que cursa en la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, para que una vez ingrese el expediente al
despacho para fallo, en uso de sus facultades, adopte las medidas pertinentes
con el fin de darle prelación a la sentencia de segunda instancia que se debe
proferir en el asunto.
20 Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-
030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, entre otras.
21 En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia de 21 de septiembre de 2023, exp.
11001031500020230425800, M.P. Wilson Ramos Girón.
22 Sentencia T-731 de 2017, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00299-00
Demandante: María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa
como guardadora de Sebastián Andrés Oviedo Díaz
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación formuladas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- y la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora María Angélica Oviedo Díaz, quien actúa como guardadora del menor
Sebastián Andrés Oviedo Díaz.
Tercero.- ÍNSTASE al magistrado sustanciador del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 23001-23-33000-2016-00560-01,
que cursa en la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, para
que una vez ingrese el expediente al despacho para fallo, en uso de sus
facultades, adopte las medidas pertinentes con el fin de darle prelación a la
sentencia de segunda instancia que se debe proferir en el asunto.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
ACLARA EL VOTO
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