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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00305-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00305-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, respecto del argumento de que la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en incongruencia, de conformidad con lo expuesto en el numeral 2.5.1, literal c, ut supra. Segundo. Denegar el amparo invocado por las empresas INGEOMEGA, S. A. S., y la Unión Temporal INGEOMEGA, S. A. S., - ELECTROCIVIL, S. A., de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Tercero. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00305-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

4 de abril de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00305 00
Demandantes: INGEOMEGA, S. A. S., y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00305 00
Demandantes: INGEOMEGA, S. A. S., y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
controversias contractuales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
las empresas INGEOMEGA, S. A. S., y la Unión Temporal INGEOMEGA, S. A. S., -
ELECTROCIVIL, S. A., por conducto de apoderado judicial, formularon demanda en orden

a que se les ampare el derecho fundamental al debido proceso, el cual consideran
vulnerado con la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del expediente 05001 23 33 000 2012
00589 01.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se deje sin efectos el fallo acusado,
y, en su lugar, que se ordene a la mencionada corporación expedir nuevamente la

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sentencia de segunda instancia en la que se acceda favorablemente a sus
pretensiones.

1.1.2. Los hechos

Aunque el escrito de la demanda es confuso y la mayoría de los supuestos fácticos allí
narrados corresponden a apreciaciones sobre la decisión cuestionada, la Sala tendrá
como hechos relevantes lo siguientes:

1.1.2.1. Las empresas INGEOMEGA y ELECTROCIVIL formularon demanda de
controversias contractuales contra las Empresas Públicas de Medellín, E. S. P. (EPM),
con el fin de que se anularan i) el numeral 4.5.6., del pliego de condiciones y
especificaciones del proceso de contratación n.º 047718 del 9 de octubre de 2007; ii) la
cláusula séptima del acta de modificación bilateral n.º 2 del Contrato 10000131682; y
iii) el Acta de Liquidación Unilateral del referido contrato.

Así mismo, en la cuarta pretensión, los accionantes pidieron que se declarara que EPM
«incumplió, en forma grave y reiterada», el mencionado contrato.

1.1.2.2. En cuanto a la mencionada cuarta pretensión, dirigida a declarar el
incumplimiento del Contrato n.º 10000131682, el Consejo de Estado interpretó
erróneamente que dicha súplica correspondía al restablecimiento del equilibrio de la
ecuación económica del contrato, afectado por circunstancias imprevisibles, acaecidas
con posterioridad a su celebración, bajo lo dispuesto en el artículo 868 del Código de
Comercio.
1.1.2.3. En el fallo de segunda instancia no se tuvieron en cuenta algunas normas
legales consagradas en el Código Civil (como lo es el artículo 1522), ni se analizó que
el acta de liquidación unilateral del contrato no detenta la naturaleza de acto
administrativo» ni que la ley no faculta a las entidades públicas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios para liquidar unilateralmente los contratos.

1.1.2.4. En la sentencia del Consejo de Estado se rechazaron las solicitudes
incorporadas en el recurso de apelación, relativas a la nulidad del aparte indicado del

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pliego de condiciones introducido en el numeral 4.5.6., de este documento, y fuera de
ello se revocó la sentencia del a quo.

1.1.2.5. En la demanda presentada contra las Empresas Públicas de Medellín se
reseñaron, como fundamento de derecho, tanto normas regulatorias del derecho
público como del derecho privado. Sin embargo, el fallador de segunda instancia
desconoció varias de las disposiciones citadas, lo cual derivó en la denegatoria de las
pretensiones.

1.1.2.6. La sentencia del Consejo de Estado, en parte, no guardó relación con las
pretensiones de la demanda y, por ende, tampoco con lo debatido en el recurso de
apelación interpuesto por los demandantes contra el fallo de primera instancia.

1.1.2.7. En la sentencia objeto de tutela se expuso que los reconocimientos por
mayor obra ejecutada se basaban en los anexos documentales aportados por la parte
actora, que en modo alguno contaban con la verificación de ejecución real, sin que el
ad quem tuviera en cuenta que al proceso sí se anexaron los documentos públicos
elaborados y suscritos por la entidad demandada, en los que constan las cantidades
inicialmente previstas para la ejecución del contrato.

1.1.3. Fundamentos de derecho

Las empresas accionantes argumentaron que la sentencia tutelada les vulneró su
derecho al debido proceso, por las siguientes razones:

i) Al resolver la solicitud de nulidad del numeral 3.4.6., del Pliego de Condiciones,
el Consejo de Estado no tuvo en cuenta, «hasta el punto de no valorarlo», el contenido
del artículo 1522 del Código Civil, referido al objeto de las obligaciones, el cual fue
citado en la demanda para demostrar que la entidad incurrió en culpa grave por los
viajes perdidos y los sobrecostos generados por ello.

Además, que no se tuvo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín, E. S. .P,
incumplieron gravemente la obligación de planeación del Contrato n.º 10000131682,
ya que se presentó una marcada desproporción entre las cantidades de obra
estimadas en el pliego y en la oferta, frente a las cantidades de obra efectivamente

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ejecutadas por el contratista, lo cual quedó plenamente demostrado con el dictamen
pericial de parte, al que no se le dio la valoración ni la práctica legal correspondiente.

ii) Se confundió la cuarta pretensión de la demanda y se incurrió en
incongruencia, en el sentido de que esta se enmarcó en la teoría de la imprevisión
desarrollada en el artículo 868 del Código de Comercio, cuando en realidad iba
encaminada a declarar la responsabilidad por el incumplimiento de los artículos 1465
del Código Civil y 870 del Código de Comercio.

iii) El fallador de segunda instancia desconoció el derecho del contratista a solicitar
y obtener la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral, por cuanto el
numeral 1.3.3.1., de la Resolución 151 de 2001, proferida por la Comisión Reguladora
de Agua Potable y Saneamiento Básico, «aplicable al caso concreto en virtud de lo
ordenado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 – modificado por el artículo 3º de la
Ley 689 de 2001», si bien autorizó que, en el tipo de contratos como el suscrito por los
accionantes, se incorporarían las cláusulas excepcionales o exorbitantes
contempladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, dentro de ellas se excluyó la de
liquidación unilateral.

iv) Se debió tener en cuenta la prueba pericial aportada, en la cual se encuentra
todo el respaldo probatorio para controvertir el argumento del ad quem respecto de
que no contaba con suficientes documentos que demuestran que las obras ejecutadas
fueron superiores a las pactadas en el pliego de condiciones.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 22 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela de la referencia,
pero solamente respecto de la sociedad INGEOMEGA, S. A. S., y de la Unión
Temporal INGEOMEGA, S. A. S. – ELECTROCIVIL, S. A, como demandantes, y
ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, como demandados, y a las Empresas Públicas de Medellín, E. S. P.,
como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Empresas Públicas de Medellín, E. S. P. (EPM)

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La mencionada entidad, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de la
presente acción de tutela, y pidió declararla improcedente, porque el asunto discutido
no tiene relevancia constitucional.

1.3.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

La aludida corporación, a través del magistrado Fredy Ibarra Martínez, solicitó declarar
improcedente e infundada la presente acción de tutela, por los siguientes motivos:

i) No existe relevancia constitucional, ya que los actores pretenden crear una
tercera instancia frente a una sentencia que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio
y jurídico. Además, en esta se expuso claramente que los reconocimientos por mayor
obra ejecutada por la contratista se «basan en los anexos documentales aportados por
la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan
los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda», sin
que cuenten con el soporte de verificación por parte de la interventoría.

ii) La parte demandante está en desacuerdo con la decisión, pero no porque se
haya dejada de hacer una debida y correcta valoración probatoria, sino por la
verdadera intención de revivir el debate procesal ya concluido.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la
misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 19 de octubre de 2023,

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proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492

de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

2.4.1. Las sociedades INGEOMEGA, S. A., y Electrocivil, S. A., formularon demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra las Empresas
Públicas de Medellín, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:3

1. Que se declare la nulidad absoluta por ilicitud del objeto del numeral 4.5.6. del
pliego de condiciones y especificaciones del proceso de contratación No
047718, abierto por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. el 9 de
octubre de 2007, en cuanto dispone que "no se pagarán viajes perdidos por
ningún concepto".

2. Que se declare la nulidad de la cláusula SÉPTIMA del ACTA DE
MODIFICACIÓN BILATERAL N° 2 AL CONTRATO No 10000131682,
celebrado entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y la UNIÓN
TEMPORAL INGEOMEGA S.A. & EL[E]CTROCIVIL S.A., en la que se incluyó
una cláusula de exoneración de responsabilidad en favor de la entidad
accionada, en los siguientes términos: «EL CONTRATISTA declara que no
efectuará ninguna reclamación a LAS EMPRESAS, con ocasión de los pactado
en esta acta y manifiesta que por este hecho no habrá lugar al pago de ninguna
indemnización por parte de Éstas, toda vez que solamente se pagará la obra
adicional realmente ejecutada con sus correspondientes reajustes».

3. Que se declare la nulidad del ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL AL
CONTRATO N° 10000131682, celebrado entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P. y la UNIÓN TEMPORAL INGEOMEGA S.A. &
EL[E]CTROCIVIL S.A., expedida por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P. y notificada mediante el oficio No 1664767 del 16 de septiembre de
2010.

4. Que se declare que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. incumplió,
en forma grave y reiterada, el CONTRATO No 10000131682, celebrado entre
las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y la UNIÓN TEMPORAL
INGEOMEGA S.A. & EL[E]CTROCIVIL SA. .

5. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN E.S.P. a reconocer y pagar los daños patrimoniales

3
Folios 1249 y 1250, cuaderno 2, del expediente 05001 23 33 000 2012 00589 00.

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ocasionados a INGEOMEGA S.A. y ELECTROCIVIL S.A. durante la ejecución
y liquidación del CONTRATO No 10000131682, los cuales, (sic) debidamente
indexados por la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del DANE
hasta julio de 2012, se estiman en la suma de $1.456.184.140,00.
discriminados en el acápite de cuantía, correspondiéndole a cada una de las
sociedades demandantes el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la
condena.

2.4.2. El 12 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la
nulidad de la cláusula séptima del Acta de Modificación Bilateral n.º 2 y del Acta de
Liquidación Unilateral del Contrato n.º 100000131682, y condenó a las Empresas
Públicas de Medellín a realizar de nuevo la liquidación del contrato y a pagarle a las
entidades demandantes los perjuicios patrimoniales causados a las sociedades
contratistas.

2.4.3. El 19 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el asunto sub lite

a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?: Sí, en la medida de que el debate
gira en torno a la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

b) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez? Sí, comoquiera que
la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable, que no supera los 6
meses después de la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, dentro del expediente 05001 23 33 000 2012 00589 01.

c) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
del medio de controversias contractuales que dio origen a la sentencia objeto de
la tutela de la referencia?

Sobre este punto, cabe advertir que este requisito se encuentra satisfecho
parcialmente, ya que si bien la providencia cuestionada se emitió en segunda
instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, lo cierto es que el
reparo tendiente a demostrar que la sentencia del 19 de octubre de 2023 incurrió en

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incongruencia se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que prevé
el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, el cual debe ser resuelto a través del recurso
extraordinario de revisión.4

Por consiguiente, esta corporación rechazará la acción de tutela de la referencia, solo
frente a la mencionada censura, y resolverá los demás argumentos al no enmarcarse
en alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión
o de unificación de jurisprudencia, propios de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

d) Por otro lado, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.

e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite ordinario de reparación directa.

2.5.2. Solución del problema jurídico

En el presente caso se tiene que el apoderado de las sociedades tutelantes argumentó
que a través de la sentencia de segunda instancia del 19 de octubre de 2023 se le
desconoció su derecho fundamental al debido proceso, grosso modo, por las
siguientes razones:

En primer lugar, los accionantes indicaron que el Consejo de Estado, al resolver la
solicitud de nulidad del numeral 3.4.6., del pliego de condiciones, no tuvo en cuenta el
contenido del artículo 1522 del Código Civil, referido al objeto de las obligaciones, el
cual fue citado en la demanda para demostrar que la entidad incurrió en culpa grave
por los viajes perdidos y los sobrecostos generados por ello.

Además, que no se tuvo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín, E. S. .P,
incumplieron gravemente la obligación de planeación del Contrato n.º 10000131682,
ya que se presentó una marcada desproporción entre las cantidades de obra
estimadas en el pliego y en la oferta, frente a las cantidades de obra efectivamente

4 Al respecto, ver la sentencia del 31 de mayo de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, bajo el radicado 11001 03 15 000 2008 00294 00, con ponencia del magistrado
Mauricio Torres Cuervo. Posición reiterada recientemente en la sentencia del 15 de febrero de 2024, emitida por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001 03 25 000 2021 00194 00
(1138-2021), con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.

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ejecutadas por el contratista, lo cual quedó plenamente demostrado con el dictamen
pericial de parte, al que no se le dio la valoración ni la práctica legal correspondiente.

En segundo lugar, que el fallador de segunda instancia desconoció el derecho del
contratista a solicitar y obtener la declaración de nulidad del acta de liquidación
unilateral, por cuanto el numeral 1.3.3.1., de la Resolución 151 de 2001, proferida por
la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, «aplicable al caso
concreto en virtud de lo ordenado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 – modificado
por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001», si bien autorizó que, en el tipo de contratos
como el suscrito por los accionantes, se incorporarían las cláusulas excepcionales o
exorbitantes contempladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, dentro de ellas se
excluyó la de liquidación unilateral.

En tercer lugar, que no se le dio valor probatorio al dictamen pericial de parte aportado
por las empresas demandantes, ya que en este sí se demostraba que las obras
ejecutadas fueron superiores a las pactadas en el pliego de condiciones.

En este orden de ideas, la Sala no advierte un desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso invocado por las accionantes, ya que los argumentos
expuestos no permiten inferir la manera en la que la providencia tutelada desconoció
la mencionada prerrogativa constitucional, puesto que, por el contrario, se evidencia
un claro interés en reabrir el debate jurídico para que se decida el litigio de manera
favorable a sus intereses y según su interpretación normativa.

De igual manera, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en la
sentencia cuestionada, contrario a lo estimado por la parte actora en la presente acción
de tutela, concluyó de manera preliminar que el Contrato n.º 10000131682, suscrito
por EPM y la Unión Temporal INGEOMEGA, S. A. S., - ELECTROCIVIL, S. A., se regía por el
derecho privado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el presunto incumplimiento
contractual por parte de las Empresas Públicas de Medellín, indicó que no era posible
determinarlo, ya que no se allegaron las verificaciones por parte de la interventoría o
las constancias de la efectiva ejecución de las obras adicionales realizadas. Sobre este
punto, el ad quem precisó lo siguiente:

Con excepción de los soportes de servicio pedido que se aportaron en original,
sobre los cuales, se insiste, es imposible verificar su contenido, los demás

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documentos fueron elaborados por la parte actora sin que en forma alguna se
acompañaran de una verificación por parte de la interventoría o constancia de
la efectiva ejecución de tales obras para el cumplimiento del contrato no.
10000131682 de 2008, máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula cuarta del negocio jurídico en comento "cada mes
calendario se medirá conjuntamente entre EL CONTRATISTA y la
interventoría, la obra ejecutada a satisfacción, lo cual se hará constar en actas
firmadas por ambas partes" (fls. 557 y 558 ibidem).
Es especialmente relevante advertir que al expediente no fue aportada una sola
acta de pago o de verificación de cantidades de obra, elementos estos
indispensables para establecer que efectivamente las obras y servicios sobre
los que sustenta la totalidad de los pedimentos el actor, en efecto fueron
ejecutados, recibidos por las Empresas Públicas de Medellín ESP y a la fecha
no han sido reconocidos por esta.

[…]

En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales ítems, cantidades y
valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su
correspondiente pago o denegación de pago, aspectos que deberían estar
constatados con las actas de corte de obra y pago suscritos por la interventoría
del contrato y por la propia parte actora, esto con el fin de establecer con la
certeza requerida el incumplimiento de la entidad contratante reclamado con la
demanda.

Por lo tanto, contrario a lo decidido por el tribunal de primera instancia, para la
Sala no existe fundamento que permita acreditar, idónea y válidamente, que
las Empresas Públicas de Medellín ESP incumplieron las obligaciones que
adquirieron con la suscripción del contrato no. 10000131682 de 2018.

En igual sentido, y en concordancia con los apartes transcritos, la Subsección estima
que el Consejo de Estado sí tuvo en cuenta el dictamen pericial de parte allegado por
la Unión Temporal contratista, empero, tal y como se mencionó en precedencia,
concluyó que dicha prueba no era suficiente para demostrar el incumplimiento
contractual por parte de EPM.

Así las cosas, no se observa la materialización de algún defecto especial de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que, se itera, los
argumentos esbozados por el apoderado de la parte actora tienden a reabrir el debate
judicial concluido, y no demuestran cómo se le vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, por lo que se denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00305 00
Demandantes: INGEOMEGA, S. A. S., y otro

F A L L A:

Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, respecto del
argumento de que la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en incongruencia, de conformidad
con lo expuesto en el numeral 2.5.1, literal c, ut supra.

Segundo. Denegar el amparo invocado por las empresas INGEOMEGA, S. A. S., y la
Unión Temporal INGEOMEGA, S. A. S., - ELECTROCIVIL, S. A., de acuerdo con lo expuesto
en este proveído.

Tercero. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Aclaración de voto
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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